Abdelaziz se escabulle entre la gente justo al bajarse del autobús, con una alforja en mano y rostro de alivio y cansancio. Tiene 21 años y es de Guinea Conakry. Acaba de llegar al centro de tránsito de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en Agadez (Níger), desde Argelia. La policía argelina le detuvo mientras trabajaba en una cantera en Argel. Se lo requisó todo y lo metió en un autobús de vuelta. Lo mismo le sucedió a Ousmane, de Guinea Bissau. “Fui al hospital para que me quitaran una muela y allí me cogieron. Hablé hasta no poder más, pero me dijeron que no tenía derechos porque no tenía papeles. Me lo quitaron todo y me enviaron al desierto”.
Les abandonaron en pleno Sáhara, después de maltratarles y humillarles. “La policía nos trató como animales, nos pegó con bastones”, afirma Mamadou. Todos tuvieron que andar 14 kilómetros para llegar a Níger, uno de los países más pobres del planeta, convertido en frontera de la UE. El “basurero donde se tira todo lo que la UE rechaza”, en palabras del periodista nigerino, Ibrahim Manzo Diallo.
La arena y el calor sofocante marcan el día a día en este lugar, principal cruce migratorio de África. Los migrantes expulsados de Argelia, más de 35.000 desde 2014 y solo 11.000 en 2018, coinciden aquí, en las instalaciones de la OIM, con repatriados de Libia. La mayoría pasó por ambos países, no siempre con la voluntad de llegar a Europa –según la ONU, el 70% de las migraciones de África Subsahariana se dan en el interior del continente–. “Podría estar aquí dos semanas explicándote todo lo que he vivido en Libia y no acabaría. Vendían a personas como ovejas”, relata Ibrahim, de Senegal. “Estuve en Libia dos años y luego trabajé en Argel durante tres más. Un día, la policía llegó, me atrapó y me expulsó. Hemos sufrido mucho”, narra Ousmane.
En las infraestructuras de la agencia vinculada a la ONU juegan al fútbol, reciben atención médica y psicológica y esperan su turno, a menudo lento, para su repatriación. “La capacidad del centro es de entre 400 y 500 plazas, pero a veces hemos tenido que gestionar hasta 1.800 personas por el retraso en la obtención de documentos”, describe el director de la instalación, Lincoln Gaingar. Con fondos europeos, la OIM recoge a los migrantes en el lado nigerino de la frontera con Argelia y organiza caravanas de vuelta a sus países de origen. A este programa lo llama “retorno voluntario”. Buena parte de la sociedad civil y expertos lo califica como regresos “claramente forzados”. “No se deciden de forma libre, sino condicionados por una expulsión previa”, explica el sociólogo burkinés Idrissa Zidnaba. “Argelia hace el trabajo sucio de Europa, que luego se cobra en sus negociaciones con la UE”, afirma Mahamadou Goita, activista maliense pro derechos humanos.
El aumento de las deportaciones es una de las estrategias de la UE para construir su particular valla en medio del desierto. Otras pasan por el refuerzo del control de fronteras, las trabas a los defensores de los migrantes o la utilización de fondos de ayuda al desarrollo condicionados a frenar a quienes intentar alcanzar las costas europeas. Todo un dispositivo de contención desplegado en Níger, que ejerce de muro invisible de Europa.
Un pequeño hangar de tela intenta protegerles del sol ardiente a media mañana. Algunos han salido, pero otros, la mayoría, pasa el día en el gheto –albergue clandestino, propiedad de traficantes– sin saber muy bien qué hacer ni cómo seguir. “Estamos bloqueados, pero no queremos volver atrás, nuestro objetivo es Europa”, explica Hassan, de Guinea Conakry. “La vida en África no merece la pena, queremos ir a Europa para ganar dinero y regresar”, afirma Mahamadou, de Gambia.
En una habitación adyacente, el pequeño Melvin duerme plácidamente. Su madre ha salido a buscar trabajo con el fin de reunir la cantidad necesaria para pagar un pasaje hacia el norte. “Los precios dependen del traficante, pero están entre 800.000 y un millón de FCFA –unos 1.500 euros–”, según Daouda. La ruta está cada vez más difícil por los obstáculos que la UE y el Gobierno de Níger imponen a la travesía.
El principal escollo llegó en 2015 en forma de ley, la 036, muy conocida en el país, que establece como delito el tráfico ilegal de personas para desmantelar redes en Agadez. Se confiscaron 200 vehículos, se detuvo a decenas de transportistas y se asestó un duro golpe a la economía regional, históricamente dedicada al contrabando –desde tejidos, oro y sal en la Edad Media hasta armas, drogas y personas, en la actualidad–.
“Hemos practicado una represión enorme, lo admito. En Agadez, la población rechaza la ley y pide su modificación, pero somos inflexibles y no la cambiaremos. Agadez dice que su economía se fundamenta en el tráfico ilícito de migrantes, pero yo me pregunto. ¿A pesar de que la droga sustente a centenares de familias se tiene que autorizar? La respuesta es no”, afirma la directora de la agencia contra la trata de personas de Níger, Gogé Maimouna Gazibo.
Las autoridades locales, por su parte, denuncian falta de previsión y de entendimiento, así como que se priorice la visión securitaria por delante del desarrollo en una de las regiones más necesitadas del planeta. “El bloqueo brusco del comercio sin atender las necesidades de nuestra población ha comportado el despliegue de vías alternativas que mantienen el tráfico de manera más informal, mucho más peligrosa y extremadamente cara”, asegura el vicealcalde de Agadez, Ahmed Koussa.
Algunos han dejado de formar parte del negocio con el programa de reconversión de traficantes lanzado por la UE. “Me dieron tres motos y ahora trabajo como taxi-moto. Ahora no me pongo en riesgo, pero nos dan muy poco. Nosotros estamos habituados a ganar mucho dinero”, explica Laouli, extraficante, durante una reunión de la asociación que han creado para canalizar las ayudas europeas. Los retrasos y la insuficiencia son sus quejas recurrentes. “Nos prometieron un millón de FCFA para poner en marcha una actividad empresarial y abandonar el tráfico con el que ganábamos dos o tres millones de FCFA por semana –unos 3.000 euros–. Pero hasta ahora, no hemos recibido nada”, asegura Ahmed, exconductor de la ruta hacia Libia.
El Estado reconoce que, de las más de 5.000 personas que debían recibir fondos, solo se ha apoyado a 370. “Aunque las medidas son escasas, nuestra voluntad es que el Estado esté presente, que estas personas vean que no les dejamos, porque el riesgo en el norte es que se incendie [que grupos rebeldes de la zona vuelvan a coger las armas]”, asegura el director de estabilización de la Alta Autoridad para la Consolidación a la Paz de Níger, Hamidou Boubacar.
Los flujos a través de Níger se han reducido un 90%, según la OIM
Tanto la UE como la OIM afirman que los flujos a través de Níger se han reducido notablemente, en un 90%, pasando de 330.000 personas en 2016 a 18.000 en 2017 y a menos de 10.000 en 2018. El tráfico continúa, pero de forma menos visible. Los vehículos siguen agolpándose al comienzo de la semana a las afueras de Agadez para iniciar su viaje, en “el convoy de los lunes”, pero hay menos coches y más militares en el puesto de control. Los viajeros se apean antes de la barrera, cruzan a pie y vuelven a subir al vehículo, corriendo. Unos palos en la parte trasera de la pick-up sobresalen. Son su apoyo para evitar caídas durante el trayecto, a gran velocidad para evitar ser vistos.
Cada coche acoge a unas 25 personas hacinadas. El desierto aguarda y la muerte acecha. “Dicen que ahora ya no hay migrantes en Agadez, pero sí los hay, aunque más escondidos”, reconoce Bachir, que mantiene su actividad ligada a la migración. “Antes la gente iba en convoy por la vía principal y no podías estar un día sin ver a alguien. Ahora, en cambio, si tienes una avería por las rutas secundarias, por las dunas profundas, nadie te ve, no hay puntos de agua y puede resultar fatal”, asegura Djibril, que dejó el tráfico como consecuencia de la ley. “Desde su implementación todo se hace de forma encubierta y clandestina. Han llevado a la gente a la ilegalidad y eso aumenta la vulnerabilidad de los migrantes, que pasan por caminos más complicados”, confirma el responsable de Médicos Sin Fronteras en Níger, Francisco Otero.
Las organizaciones humanitarias procuran identificar los nuevos itinerarios, aunque resulta difícil porque se bifurcan por la inmensidad del Sáhara, hacia Chad y sobre todo hacia Malí. El país vecino, sumido en una crisis securitaria y sin presencia del Estado en la mitad de su territorio, es un espacio de proliferación de grupos armados. El cerco en Agadez desvía las rutas hacia esta ’tierra de nadie’, a través de la ciudad de Gao.
“Traslada el problema a otro país, sin resolverlo”
“Si se cierra una vía, otras se abren”, admite el consejero técnico del Ministerio de Malienses en el Exterior, Boulaye Keita. La Casa del Migrante de Gao ha registrado un incremento notable del movimiento por la ciudad, de 7.000 personas en 2017 a 100.000 en 2018. Para Sadio Soukouna, investigadora del Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en Bamako, esto demuestra que la mano dura contra la migración en Níger “traslada el problema a otro país, sin resolverlo”.
En la misma línea, Hamani Oumarou, sociólogo del LASDEL, el centro de estudios sociales más importante de Níger, afirma: “Cuanto más cerramos las fronteras, más vulnerables hacemos a los migrantes, porque rodean los puestos de control y toman rutas menos seguras y mejor controladas por los traficantes. Este es el gran riesgo de los dispositivos de control”.
Los migrantes se enfrentan a la presencia de grupos terroristas en la zona. “Interceptan sus vehículos y les dicen que pueden ganar algo de dinero si les siguen y algunos lo hacen. Otros, en cambio, son secuestrados en contra de su voluntad y su familia debe pagar el rescate. El año pasado liberamos a 14 personas”, revela el responsable de la Casa del Migrante de Gao, Eric Alain Kamdem. “Hay familias que una vez en la frontera se dividen para que al menos uno de los dos sobreviva”, asegura el activista Mahamadou Goita.
Las autoridades vinculan en ocasiones el terrorismo con la migración para justificar el refuerzo de fronteras con controles biométricos. “Ayudamos a las autoridades a securizar sus fronteras e instalamos programas muy sofisticados para el registro de la gente que entra y sale. Estamos muy contentos de tener una cooperación tan estrecha en este ámbito”, afirma el jefe de la misión de la OIM en Níger, Martin Wyss. Reconoce la voluntad europea de empujar las fronteras hacia Níger y trabajar por “una migración regular, segura y ordenada”, en la línea del Pacto Mundial de migraciones.
Níger es uno de los beneficiarios de la ayuda europea al desarrollo, no solo por su vulnerabilidad sino también por sus esfuerzos en el control fronterizo. Hasta 2020, prevé recibir más de 1.800 millones de euros procedentes del Fondo Fiduciario de Emergencia para África (EUTF), un mecanismo que emplea recursos destinados a la cooperación al desarrollo para frenar la llegada de migrantes a Europa.
La mayoría de este fondo –que cuenta con 4.200 millones– proviene del principal instrumento de cooperación de la UE, el Fondo Europeo de Desarrollo. Sin embargo, casi la mitad de este dinero no se está dedicando a erradicar la pobreza: cerca del 40% de su presupuesto está siendo desviado directamente para control migratorio en terceros países, según han constatado las ONG europeas en 2018, tres años después de su creación.
El fondo fiduciario fue ideado en la Cumbre de La Valeta de 2015 para “atacar las causas profundas de las migraciones”. Desde entonces, la UE apuesta por la formación militar de ejércitos africanos –a través de misiones como EUCAP Sahel– para desmantelar redes de tráfico y promueve proyectos de desarrollo local para intentar evitar desplazamientos.
En Níger, el fondo dedica 253 millones de euros. Entre ellos, la UE destina 90 millones al proyecto de apoyo a la justicia y la seguridad en el país, que proporciona ayuda directa a las autoridades nigerinas. Parte de este dinero ha dependido de una serie de condiciones, como elaborar una estrategia nacional contra la migración irregular, adquirir equipos de seguridad para mejorar los controles fronterizos, rehabilitar o construir puestos fronterizos en zonas estratégicas, crear unidades especiales de policía de fronteras o levantar centros de migrantes, según ha documentado la red de ONG europeas Concord. El programa incluye establecer un equipo conjunto de investigación compuesto por agentes de policía franceses, españoles y nigerinos para apoyar a las autoridades del país, de acuerdo con su investigación.
Los riesgos que acarrea esta política de reforzar los servicios de seguridad e imponer controles fronterizos más estrictos en Níger son varios, según las ONG, desde impulsar “prácticas corruptas” por parte de policías hasta la detención “sin pruebas suficientes” de presuntos traficantes de personas.
La Unión Europea niega el concepto de “externalización de fronteras”, pero admite un despliegue de todos sus instrumentos en el país por su importancia en cuestión migratoria. Su embajadora, Denise-Elena Ionete, asegura que “Níger ha hecho mucho para disminuir el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas en el desierto y el Mediterráneo y eso explica el poderoso aumento de nuestra cooperación los últimos años”.
Organizaciones de la sociedad civil africana y europea denuncian que se condicionen fondos de desarrollo al freno migratorio y el desvío de estos hacia programas de seguridad. Para el periodista Ibrahim Manzo Diallo, se trata de “un chantaje en toda regla, una coacción a África y a los pobres”. Las entidades también consideran las donaciones escasas e ineficaces, puesto que “el desarrollo está vinculado a una intensificación de la movilidad” y no al revés, según el director del grupo de investigación sobre migraciones de la Universidad de Niamey, Harouna Mounkaila. No son las personas más pobres las que migran ni proceden de los países más vulnerables, como demuestra el propio Níger con índices ínfimos de migrantes en Europa.
Otros colectivos sociales señalan que el refuerzo de fronteras obstaculiza la movilidad regional mayoritaria y vulnera el protocolo de libre circulación de la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO), similar al Espacio Schengen. Consideran que la contención va en contra de la apuesta de la Unión Africana (UA) por la libertad de movimiento continental y rompe consensos propios.
Las autoridades nigerinas rechazan estas acusaciones y defienden que la ley contra el tráfico proporciona mayores garantías a las personas en tránsito y no quebranta, en ningún caso, el derecho a moverse. Solo exigen, explican, viajar con documentación identificativa y rechazan un incremento de las muertes en el desierto como consecuencia del aumento de los controles. “Si me quieren decir que debemos abrir nuestras fronteras porque los migrantes que atraviesan Níger cambian de ruta, se desvían y mueren, pues digo que no. Ningún responsable político podría decir eso y, además, no tengo pruebas de que ahora haya más muertos que antes”, asegura Gogé Maimouna.
Tanto la UE como la OIM alaban la “mejora” de la gestión migratoria en Níger y comparan los posibles efectos negativos con la ilegalización de la droga. “Está claro que cuando conviertes algo legal en ilegal obligas a que lo responsables se escondan. Europa tenía que hacer algo en este tema, porque la falta de una gestión ordenada de la migración ha facilitado el auge de los extremismos y ha dividido a nuestro continente”, afirma Wyss, de la OIM. Las migraciones son cada vez menos visibles, mientras los mecanismos de control se expanden por la región de forma más perceptible.
La frontera llega a #Mali y Burkina Faso
El edificio es nuevo, se inauguró en 2018, con capacidad para 240 personas. Las decenas de habitaciones contienen literas, un gran comedor preside el lugar y una bandera de la República de Mali ondea en lo alto. Es uno de los centros donde opera la OIM en Bamako, pero su titularidad es del Estado. Esa es la diferencia con Níger. “La OIM tiene serias dificultades en asentarse en Mali. Hace años que lo intenta pero no tiene centros de tránsito propios, sino que colabora con asociaciones locales. El factor clave es la importancia de la diáspora maliense”, asegura Eric Kamden.
Cinco millones de malienses viven en el extranjero, un 15% en Europa, sobre todo en Francia. Es una diáspora dinámica y movilizada que con sus remesas aporta más que toda la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). “Mali tiene una tradición migratoria muy larga. Es un país de origen y de tránsito, a diferencia de Níger. Eso significa que para tomar cualquier decisión en Mali, se debe tener en cuenta a la diáspora, no solo desde un punto de vista cuantitativo sino porque los migrantes son escuchados y respetados en sus pueblos, familias y comunidades, porque las sustentan”, afirma el asesor del Ministerio de Malienses en el Exterior, Boulaye Keita. Este mayor margen de negociación de Mali ya tumbó los acuerdos de readmisión promovidos por la UE en 2014.
No obstante, el país es uno de los principales receptores de fondos europeos con 214 millones de euros y la inversión se percibe en el crecimiento de la OIM y su dispositivo de contención. Las nuevas edificaciones que gestionan los “retornos voluntarios” lo demuestran. A ellas llegan migrantes malienses expulsados de Argelia o repatriados de Libia, Gabón, Angola o Francia. “Para mí Argelia es agua pasada, no volveré a allí. Ahora, por fin, estoy en casa y me voy a quedar aquí”, asegura Moctar, nacido en la región oeste de Kayes y visiblemente cansado tras el largo viaje en autobús desde Niamey. Algunos habían estado también en Agadez y repiten sus historias sobre malos tratos recibidos en Argelia, aunque sin cerrar la puerta a volver a partir.
“Quizás vuelvo a irme a otro país, pero no a Argelia. Son muy racistas con nosotros y eso no está bien”, atestigua Kalidou. Para ellos, sin reconocimiento del estatuto de refugiado o solicitante de asilo, a pesar de la guerra abierta que azota el norte de su país, Bamako supone el fin del periplo organizado por la #OIM, forzado por las circunstancias. Este organismo internacional, critica el antropólogo y activista Mauro Armanino, “acaricia por un lado y por el otro golpea”. Por una parte protege, sensibiliza y apoya a los migrantes más necesitados, pero por el otro “ejerce de brazo armado de las políticas europeas” y “agencia de deportación”, sostiene el investigador de la Universidad de Bamako Bréma Dicko.
El responsable de programas de la OIM en Mali, David Cumber, se defiende asegurando que no quieren frenar la migración, aunque admite la voluntad de la institución de “reducir la migración irregular”. Sus argumentos apuntan “la necesidad de que las personas viajen con documentos”, a la vez que reconoce su incapacidad para reclamar “más vías legales y seguras”, al tratarse de una agencia intraestatal financiada por potencias internacionales.
En #BurkinaFaso, el discurso disuasorio y a favor del retorno ha calado en el régimen surgido de la revolución de 2014, inestable, ávido de recursos y víctima creciente del terrorismo. Este país es lugar de paso de las rutas hacia el norte, punto de avituallamiento previo a Níger. Abdoulaye, por ejemplo, de Costa de Marfil, salió a la aventura hacia España, pero se quedó en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, para ganar un poco de dinero y seguir su camino.
Hoy trabaja en la cafetería de una estación de autobuses de la capital donde ya lleva casi un año, pero no renuncia a pisar suelo español. “Intentaré hacerme el visado, pero me faltan recursos. Tengo amigos que viven allí y por eso quiero ir”. Los burkineses en Europa son minoritarios, solo hay pequeñas comunidades en Italia y escasas en España. La OIM, junto a ONG locales, intenta disuadir la movilidad explicando los peligros del camino. “Estamos subcontratados por la OIM, nos pagan para ir por los pueblos a exponer los riesgos del viaje. Eso no nos impide denunciar que el cierre de fronteras europeo provoca más curiosidad y más ganas de partir a las personas. Si las fronteras estuvieran abiertas, mucha gente iría y volvería sin problema”, expone Sebastien Ouédraogo, coordinador de la entidad Alert Migration.
Para Moussa Ouédraogo, responsable de la ONG burkinesa Grades, su país se ha convertido en la “prefrontera, donde cerrar el paso a cuanta más gente mejor”. Los puestos de control policial se han propagado por todo el país bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo, pero “sin duda es por la migración, porque la intensificación de la vigilancia intimida a la gente de partir”, afirma. Se han instalado controles biométricos en la frontera entre Burkina Faso y Níger, en Kantchari, además de puntos de vigilancia en todas las carreteras del territorio, lo que aumenta también la corrupción. “Muchas veces los migrantes tienen los papeles en regla, pero los policías les piden dinero igualmente”, explica el presidente de la ONG local Tocsin, Harouna Sawadogo.
La colaboración entre la UE, la OIM y las autoridades parece funcionar. La vinculación entre migración y desarrollo va en sintonía y el Gobierno la asume, aunque reclama, de forma tímida, una flexibilización en la concesión de visados para reducir los flujos irregulares. “Los Estados son soberanos para aceptar o no la entrada de extranjeros, pero los burkineses queremos viajar para aprender y traer capital humano que ayude a desarrollarnos. Por eso, Europa debe dar más visados”, argumenta Gustave Bambara, director de política de población del Ministerio de Economía y Finanzas. El Gobierno de Níger apoya esta visión y reivindica una mayor recompensa a sus esfuerzos por aplicar sus recetas.
“Níger está haciendo lo que puede para frenar los flujos, pero si Europa sigue cerrando sus fronteras, habrá más gente descontenta de la que ya hay y esto, a la larga, no será rentable para nuestro Estado”, advierte Gogé Maimouna Gazibo, responsable de la agencia contra el tráfico de personas.
En un centro de acogida en Ouagadougou, Jimmy, de 19 años, originario de Liberia, repite una posición extendida entre quienes regresan. “Sigo queriendo ir a Europa, porque yo no quería volver a mi país. En cuanto regrese, volveré a probar la ruta de Marruecos, intentaré saltar las vallas: entrar o morir”.
