- Mientras que el jueves la ocupación de los CIEs es del 9%, Interior espera que el próximo lunes sea del 0%
- Interior facilita esta información a raíz de la liberación de casi todos los internos del #CIE de #Aluche
El gobierno de España prevé liberar a todos los internos de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en funcionamiento actualmente, según ha confirmado el Ministerio del Interior a Fundación porCausa. La puesta en libertad de los migrantes en situación irregular recluidos en estos centros concluirá el próximo lunes, según señala Interior, aunque dependerá en último extremo de la coordinación con los organismos de acogida. Es la primera vez que España aplica una medida de estas características en estos centros, que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por organizaciones de Derechos Humanos.
Interior explica que lleva varios días liberando de forma progresiva a las personas migrantes recluidas en estos centros, ante la incapacidad de devolverlas a sus países, debido al cierre de fronteras, y para respetar las medidas de distanciamiento social en el marco de la lucha contra el coronavirus. Según la ley, la duración máxima del internamiento en un CIE es de 60 días y para entonces el interno debe ser puesto en libertad o devuelto a su país de origen.
El ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha facilitado esta información a raíz de la liberación de casi todos los internos del CIE de Aluche durante la mañana de este jueves. En el centro madrileño quedan cinco internos, dejando las instalaciones prácticamente vacías.
Antes de que el Gobierno anunciara el estado de alarma el pasado 13 de marzo debido a la crisis de la COVID-19, la ocupación de los CIEs era de un 59%. La crisis sanitaria ha imposibilitado la devolución de los internos a sus países de origen, por lo que la ocupación de estos centros cayó al 25% la semana pasada. Según los datos facilitados por Interior, este jueves la ocupación era del 9% y se espera que el próximo lunes sea del 0%.
Cada uno de los casos se está tratando de manera individual, y la demora de algunos de ellos se debe a la coordinación de los organismos de acogida y las Comunidades Autónomas. El cierre del centro se suma al de Hoya Fría, en Tenerife, y al de Barranco Seco, en Las Palmas de Canaria, a principios de semana. Por el momento siguen abiertos los CIEs de Murcia, Valencia y Algeciras, según informó El Salto.
Estas medidas, aunque no son de la misma magnitud que las que se han tomado recientemente en otros países de la Unión Europea, son las primeras que se llevan a cabo en España al respecto. Esta semana el gobierno de Portugal aprobó regularizaciones exprés para los migrantes que no tuvieran permiso de residencia, mientras que Alemania tiene en cuenta en su lucha contra el coronavirus a los médicos migrantes que llegaron, sobre todo, en la oleada del año 2015.
Voces por el cierre de los centros
Desde el anuncio del estado de alarma, numerosos colectivos pro migrantes se han preguntado qué iba a pasar con los internos de los CIE, ya que la expulsión a sus países de origen era imposible en la mayoría de los casos debido al cierre de fronteras. El 17 de marzo, ante la liberación de varias personas internas en el CIE de València, El Levante publicó que el resto de ingresados en los centros de internamiento españoles podrían ser puestos en libertad ese mismo día. En ese momento el Ministerio del Interior afirmó que el Gobierno no contemplaba liberar a los internos de los CIEs y señaló que ninguno había dado positivo en las pruebas del COVID-19. Interior también aseguró que se estaban aplicando protocolos sanitarios, incluyendo la habilitación de salas vacías higienizadas para posibles casos sospechosos.
Ese mismo día hubo un intento de motín protagonizado por los internos en el CIE de Aluche. SOS Racismo Madrid pidió en un comunicado que todas personas internas en cualquier CIE fueran liberadas y tratadas adecuadamente. Señalaron que, ante la imposibilidad de deportación, la retención era «un sinsentido» y mantenerlos encerrados y expuestos al contagio de coronavirus suponía «un atentado contra su salud y una flagrante violación de los derechos humanos».
También se unieron a la petición de cierre de los CIE otros colectivos, como la plataforma CIEs No Madrid, que advirtió que «si ya en circunstancias normales no cumplen las normas de seguridad e higiene, en este caso se agrava la situación», y denunciaron que los internos están «hacinados en habitaciones, no tienen medidas higiénicas suficientes, no se les está haciendo pruebas, el servicio médico no es el adecuado, no se les va a llevar a servicios externos…». También el Defensor del Pueblo pidió a mediados de marzo la liberación de estas personas, alegando que se encuentran «en una situación particularmente vulnerable» en el escenario de la crisis sanitaria actual.
Opacidad, gastos inútiles y muertes evitables
Las voces que se oponen a la existencia de los CIEs no han hecho más que crecer en los últimos años, denunciando que son espacios donde se violan los Derechos Humanos y cuyos internos son personas inocentes encerradas por faltas administrativas. Son espacios en torno a los que existe mucha opacidad: los periodistas, que sí pueden entrar en prisiones, no pueden acceder al interior de un CIE (pocos lo han conseguido). Pero, además, son herramientas cruciales para sostener el sistema de control migratorio que en ocasiones no suponen más que un gasto inútil (como el caso del CIE de Fuerteventura, que seguía generando millones de euros de gasto a pesar de no estar operativo).
En España hay siete CIE. Algunos han sido denunciados por tener a sus internos en condiciones inhumanas, que en ocasiones han llevado a la muerte de algunos de ellos. Fue el caso de Samba Martine, cuyo fallecimiento en 2011 tras pasar 38 días en el CIE de Aluche podía haberse evitado de haber recibido el tratamiento adecuado, según la Audiencia de Madrid.
Interior no especifica si también liberará a los internos de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), situados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y cuya capacidad total es de 512 y 480 personas, respectivamente. Estos establecimientos dependen de los gobiernos de cada una de estas ciudades, y aunque también se entienden como una primera acogida provisional, las condiciones no son las mismas: los internos pueden entrar y salir con libertad mientras duran los trámites de identificación y reconocimiento médico, así como desempeñar trabajos fuera del mismo. No obstante, la estancia de los migrantes se ha llegado a ampliar varios años y son conocidas las vulneraciones de derechos que se sufren en su interior.
Sumado a esto, la crisis del coronavirus ha acrecentado las ganas de salir de estos centros de internamiento. Al inicio de esta semana, en el CETI de la ciudad de Ceuta trece migrantes solicitantes de asilo, principalmente de origen marroquí, estuvieron en huelga de hambre para denunciar la discriminación que sentían por parte del Gobierno, que trasladó a 142 personas de origen subsahariano a la península. Además, ayer se conoció el contagio por coronavirus de una bebé en el centro, que supone el segundo caso de un menor infectado por el virus en la ciudad de Ceuta.
