#Arco_minero del Orinoco: la crisis de la que pocos hablan en Venezuela | Planeta Futuro | EL PAÍS
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Desde el año 2016 una decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto de la totalidad de 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales, decisión que ha puesto en peligro la biodiversidad de la Amazonía venezolana y la vida de las comunidades indígenas de la zona. Esta área es tan grande como la extensión total de países como Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza.
Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en la década de 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Desde ese momento, todos los proyectos de desarrollo se han basado en la renta energética. Ahora, en un contexto de profunda crisis económica, el gobierno intenta diversificar sus políticas extractivistas, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.
El 24 de febrero de 2016 se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), en una superficie de terreno que equivale al 12,2% del territorio nacional. Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011, y una gran biodiversidad ecológica que tras esta decisión se encuentra bajo amenaza.
Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en toda la margen sur del río Orinoco.
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En los últimos años, la minería ilegal en la zona se ha expandido y con ello, ha aumentado el flujo de personas que llegan en busca de oportunidades económicas inmediatas.
Esto ha traído como consecuencia la acentuación de la crisis sanitaria con un repunte de enfermedades como el paludismo. En un país enfrentando una grave crisis humanitaria con una creciente escasez de medicinas, esto no es un mal menor. Ante la ausencia de medicamentos y centros asistenciales, el número de muertes a consecuencia de estas enfermedades es significativo.
La crisis social, política y económica que afecta Venezuela es muy grave y las severas violaciones de derechos humanos que persisten en el país, merecen la atención de las organizaciones nacionales, así como de la comunidad internacional. Sin embargo, no podemos ignorar la grave situación ambiental que puede derivar de la implementación del proyecto del Arco Minero y la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de la zona.
En mayo de 2018, 24 países de América Latina y el Caribe (ALC) adoptaron el #Acuerdo_de_Escazú, que busca garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información y el derecho de la población a ser consultada en asuntos que puedan afectar su calidad de vida o el derecho a gozar de un ambiente sano.
El proceso de ratificación del instrumento se abre en septiembre de 2018, y un compromiso indiscutible con la garantía de los derechos ambientales y la protección de las personas defensoras del medio ambiente, sería la inmediata ratificación del mismo por parte de Venezuela y su efectiva implementación.