El fiscal de Sevilla compara los centros de menores andaluces con “almacenes de niños” | España | EL PAÍS
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En Andalousie (aussi), il est de plus en plus difficile de trouver une solution à la situation des migrants mineurs non accompagnés (4650 selon l’article, depuis le début de l’année).
❝Desde la Junta se insiste en que están trabajando con las entidades que atienden a los menores con la premisa de que solo esta comunidad es la que está lidiando sola con los 4.650 menores que han llegado a sus costas desde enero. El Gobierno andaluz está esperando a que se materialicen las medidas extraordinarias que se adoptaron la semana pasada y que incluyen una distribución solidaria y voluntaria de los menores no acompañados entre el resto de comunidades autónomas y una dotación de 40 millones de euros para compensar a las regiones por la acogida de estos jóvenes solos.
El fiscal Valpuesta ha calificado estos fondos extraordinarios como “parche” e hizo hincapié en que, en su lugar, había que potenciar fórmulas para disuadir a los menores de que lleguen a España. Sí se manifestó a favor de otra de las propuestas de la Junta para tratar de dar solución a la crisis de los jóvenes migrantes solos: impulsar un acuerdo con Marruecos para agilizar la devolución de los menores a sus lugares de origen y con sus familias. “El objetivo del sistema de protección de menores es la reagrupación. Es más fácil lograr ese objetivo con Marruecos que con menores cuyos países tienen mayores dificultades económicas, como Eritrea, Sudán o Somalia”, aseguró.
Esta iniciativa, sin embargo, es rechazada por las ONG. Desde la APDHA, Rafel Lara, cuestiona que “Marruecos vaya a comprometerse con la entrega de los menores a sus familiares”. Por el contrario, respecto del reparto de estos jóvenes sí valoran “que haya corresponsabilidad del conjunto de las Comunidades Autónomas”.
La Fiscalía pide que se revise el sistema legal de determinación de la edad
“Aquí tenemos niños de entre tres y 18 años, más los que realmente tienen 20, porque no se han sometido al sistema de determinación de la edad o han sabido sortearlo”. Toñi Jiménez, presidenta del comité de empresa del centro de menores Hogar San Juan de Ávila, en Carmona (Sevilla), describe con estas palabras una realidad que ha provocado las críticas del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas: la imprecisión de las pruebas que se hacen en España para detectar la edad de los migrantes.
En su Memoria General, la Fiscalía, responsable de ordenar este tipo de exámenes si hay dudas, concluye que “el sistema legal de determinación de la edad vigente debe ser objeto de profunda revisión para adecuarlo a una realidad inmigratoria que, como ha quedado reseñado, ha desbordado todas las previsiones”. Desde el Ministerio Público se propone que el sistema actual, “fundado en la atribución del Fiscal, en la mayoría de las ocasiones en servicio de guardia, de la responsabilidad de la adopción de una medida cautelar de carácter provisionalísima, sea sustituido “por un procedimiento específico de carácter administrativo sometido a recurso judicial directo”. Con este cambio, la Fiscalía considera que se eliminarían buena parte de las incertidumbres de los afectados y se “limitaría los casos de mayores de edad declarados menores de edad que alteran la normal convivencia en los centros”.