#cayucos

Las causas del descenso de cayucos en la ruta canaria están al otro lado del mar: torturas, cárceles y abusos

Dos investigaciones recientes advierten de las vulneraciones de derechos fundamentales que sufren los migrantes en Mauritania, uno de los principales puntos de salida hacia el Archipiélago

El número de personas que han sobrevivido a la ruta canaria en lo que va de año se ha desplomado un 58,6%. Entre enero y octubre han sido rescatados, según los datos del Ministerio del Interior, 14.099 migrantes a bordo de 231 embarcaciones. En el mismo periodo de 2024, la cifra ascendía a los 34.087 supervivientes localizados en 506 barcazas. Los grandes protagonistas de esta travesía mortal han sido los #cayucos mauritanos. De este modo, Mauritania se ha convertido en socio estratégico de la Unión Europea y de España para frenar la inmigración irregular. Los acuerdos han conseguido su propósito: el número de llegadas ha caído. Sin embargo, investigaciones recientes han arrojado luz sobre la cara oculta de la vigilancia fronteriza y han destapado las vulneraciones de derechos que sufren quienes intentan salir del país.

Apenas 700 kilómetros separan Canarias de una de las principales ciudades de Mauritania, Nouadhibou. El aumento de las salidas desde este país hicieron que la Unión Europea anunciara en marzo del año pasado 210 millones de euros para el régimen mauritano con el propósito de reforzar la vigilancia de fronteras. “Esto es parte del enfoque de externalización fronteriza en curso de la UE en África: buscar evitar las llegadas irregulares a Europa subcontratando los controles migratorios a los países de origen y tránsito”, explica la organización Human Rights Watch (HRW) en su último informe.

Este control no siempre se hace con garantías. El estudio, titulado “Me acusaron de intentar ir a Europa”: Abusos de control migratorio y externalización de la UE en Mauritania, recoge las ’’continuas violaciones de los derechos de los migrantes’’ perpetradas por las autoridades mauritanas encargadas de cumplir con los controles migratorios por tierra y por mar. Human Rights Watch ha documentado entre 2020 y 2025 decenas de casos de tortura, violación, acoso sexual, arrestos, detenciones arbitrarias, extorsiones, confiscación de dinero, expulsiones colectivas y condiciones de detención inhumanas.

Los niños tampoco han escapado a esta violencia y han sufrido detenciones, malos tratos y falta de alimentos. Las 78 víctimas entrevistadas por HRW eran negras y subrayaron que el racismo jugó un papel clave en el maltrato que sufrieron. “Si tienes piel negra, no te respetan, te insultan y te quitan los papeles”, dijo un migrante senegalés. Entre los testimonios recogidos en la investigación está el de una mujer de 43 años que señala a un policía por pedir dinero a los migrantes a cambio de no expulsarlos y “obliga a las mujeres a dormir con él… o [se enfrentan] a la deportación”.

La investigación registra también diferentes casos de tortura. Las víctimas fueron acusadas de contrabando de migrantes. Mamadou (nombre ficticio), de nacionalidad mauritana, cuenta que la policía lo torturó durante tres días en una habitación privada. “Empezaron a azotarme con cables en la espalda. Me abofetearon la cara”, dice su testimonio. “Tenían un cable eléctrico y me impactaron con la corriente”, añade.

Los centros de detención

Tanto la investigación de HRW como la publicada recientemente por la Fundación porCausa y ‘El Salto diario’ recogen que las autoridades realizan redadas y detienen de forma arbitraria a personas negras. Los detenidos son abandonados en las desérticas fronteras de Senegal y Malí, obviando en este último caso la elevada presencia en la zona de la organización yihadista JNIM, filial de Al Qaeda en El Sahel. Muchas de estas expulsiones se han producido de forma colectiva, sin evaluar las circunstancias individuales de cada persona y si se trata o no de solicitantes de protección internacional.

Mauritania recibe a cientos de malienses que escapan de un país que lleva en guerra más de una década. En muchos casos, este país no es solo un lugar de tránsito, sino también de destino para refugiados del norte y del centro de Mali, atravesado directamente por la guerra.

En otros casos, los migrantes son arrestados en centros en condiciones de hacinamiento, con uso restringido de los baños y con “poca o ninguna comida”. Ibrahim Kamara, un joven de 23 años de Sierra Leona, fue internado en la cárcel de Ksar en agosto de 2022: “[La policía] me golpeó mucho y no me dio comida. Me trataron como a un animal. Cuando quería ir a orinar [o] hablar con un oficial, me golpeaba la mano o la espalda”.

Mauritania cuenta desde el pasado 17 de octubre con dos nuevas cárceles para migrantes gracias a la financiación de un proyecto europeo. Los dos centros han sido rehabilitados por la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. La dirección de estos espacios, inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Canarias, corresponde a la Policía de Mauritania y en ellos podrán pernoctar menores de edad y bebés lactantes.

El primer centro tiene 107 plazas y estará en Nouakchott, la capital del país. El segundo está en Nouadhibou y tiene capacidad para 76 personas. La apertura de estas cárceles requirió un desembolso total de al menos 1.080.625 euros de fondos europeos. Preguntada por este periódico, desde la FIAP apuntan que la supervisión de derechos humanos dentro de estos espacios corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos mauritana.

“Dentro de los centros estará la Media Luna Roja para la gestión de las personas, la Instancia nacional de lucha contra la trata y el tráfico de personas mauritana, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur para identificar a las personas que puedan tener protección internacional”, sostienen desde la FIAP.

Para abrir estos centros, las autoridades mauritanas se desplazaron a Gran Canaria y El Hierro para conocer “de primera mano” el modelo. A diferencia de los campamentos instalados en España, en Mauritania sí podrán pernoctar en los CATE niños e incluso bebés. Entre el mobiliario adquirido para equiparlos, según la documentación consultada por este periódico, hay cuatro cunas, dos para cada recurso. El objetivo, según la FIAP, es mantener unidas a las familias.

▻https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/causas-descenso-cayucos-ruta-canaria-lado-mar-torturas-carceles-abusos_1_12
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Des opérations policières « vertigineuses » : la Mauritanie durcit sa politique migratoire sous la pression de l’Europe

#Nouadhibou, port de pêche situé au nord de la façade maritime du pays, est depuis un quart de siècle l’un des carrefours du départ de migrants et « le ventre mou du dispositif » sécuritaire mauritanien. Mais, poussées par Bruxelles, les autorités tentent de porter un coup d’arrêt aux filières d’émigration irrégulière.

Le capitaine de vaisseau Mohamed Salem Hamza dirige les garde-côtes mauritaniens et recèle en lui un lot d’images « cauchemardesques ». « Comment oublier ce bébé allaitant sa mère et tous deux retrouvés morts sur une plage ? », lâche l’officier, ébranlé, établi à Nouadhibou depuis un an et demi. Jusqu’à la fin de l’année 2024, « les #cadavres jonchaient la plage et l’odeur était irrespirable jusqu’en ville », se souvient cet homme chargé de la surveillance des côtes et du sauvetage en mer dans cette zone devenue l’une des principales voies d’accès vers l’Europe. « Il fallait que cela cesse », ajoute-t-il.

Port de pêche industriel, Nouadhibou est depuis un quart de siècle l’un des carrefours du départ de migrants et « le ventre mou du dispositif » sécuritaire mauritanien d’après M. Hamza, dont les « moyens restent insuffisants » avec deux patrouilleurs de haute mer, quatre vedettes et une vingtaine d’autres petites embarcations, pneumatiques compris. Selon le ministère de l’intérieur espagnol, 180 000 personnes ont ainsi rejoint illégalement les côtes des Canaries entre 2020 et 2024. Ces îles sont à trois jours de bateau de Nouadhibou, faisant ainsi de la capitale économique de la Mauritanie une base de projection des candidats à l’exil. Selon les autorités locales, 30 000 ressortissants d’Afrique subsaharienne y seraient désormais installés.
Baisse drastique des migrations
Cet afflux, conjugué à l’émoi suscité par les images de naufragés, a poussé la Mauritanie à tenter de porter, entre février et mars, un coup d’arrêt aux filières d’émigration irrégulière. Alors que la route maritime par l’Atlantique avait permis en 2024 à près de 45 000 personnes – un record – de gagner l’archipel espagnol, les arrivées ont depuis baissé drastiquement : plus de 11 300 exilés ont débarqué depuis début 2025 sur les îles contre près de 19 300 sur la même période un an plus tôt, d’après les données du ministère espagnol de l’intérieur.
Sous la pression de Madrid et de l’Union européenne (UE) et encouragée par une aide de 210 millions d’euros, en partie dédiée à la lutte contre l’émigration irrégulière, Nouakchott a donc opéré un « durcissement sur les questions migratoires », que salue M. Hamza, fier de poser devant les centaines de moteurs de bateaux confisqués qui s’étalent sous les fenêtres de son bureau.

La réaction est tout d’abord intervenue à Lagouira, zone frontalière avec le Sahara occidental, mais contrôlée de fait par les forces mauritaniennes, dont les plages du Cap-Blanc ont vu partir les cayucos (pirogues) des migrants pour les Canaries. 88 réseaux de passeurs, la plupart à Nouadhibou, ont été démantelés au premier trimestre 2025 et seules deux embarcations ont pu partir de Lagouira, indique une source policière.
Puis, la répression a débordé sur Nouadhibou. Des rafles, ciblant officiellement les sans-papiers, sont menées sur tout le territoire depuis fin février. Dans la rue, sur les chantiers, dans les salons de coiffure, dans les stations-service, sur les marchés, dans les champs et les mines… Entre janvier et avril, les autorités mauritaniennes assurent avoir expulsé « 30 000 personnes en situation irrégulière ».
« Aller les chercher dans leur maison ! »
Un chiffre probablement sous-estimé car, pour la seule communauté malienne, au moins 27 000 de ses ressortissants auraient été renvoyés dans leur pays en guerre, d’après des sources au sein de cette communauté. Issiaka Traoré, à la tête des « Maliens de Mauritanie », l’une des communautés étrangères les plus nombreuses, raconte des opérations policières « vertigineuses ». Le 3 mars reste « [son] pire souvenir », lorsque « 524 Maliens ont été arrêtés en une seule journée et tous expulsés », déplore ce professeur marié à une Mauritanienne.

« Des enfants de 10 ans ont passé une semaine de détention », relate Abdoulaye Diallo, de l’association d’aide aux migrants Ensemble pour un avenir meilleur (EPAM), basée à Nouakchott. Plusieurs cas de viols ont été recensés par des ONG mauritaniennes et des policiers ont extorqué des détenus, d’après des témoins rencontrés par Le Monde.

Les opérations policières ont été pratiquées au faciès, ciblant exclusivement les personnes de couleur noire. « Etrangement, parmi les interpellés et les refoulés, il n’y a aucun Marocain ou Pakistanais, s’offusque le député de l’opposition Khally Diallo, alors que les réseaux de traite des migrants établis en Mauritanie attirent depuis des années des candidats à l’exode en Europe venus d’Afrique, mais aussi de Syrie et du sous-continent indien. Pour appuyer son propos, l’élu évoque les cas de « cinq Négro-Mauritaniens arrêtés puis refoulés » avant que l’Etat mauritanien ne s’en rende compte et les rapatrie. Contacté, le ministère de l’intérieur n’a pas souhaité répondre.

Ces opérations policières ont par ailleurs été appuyées par des discours stigmatisants de personnalités du pouvoir. « Les migrants, on doit même aller les chercher dans leur maison ! », lançait, le 24 mai, Ahmedna Ould Sidibe, le wali (gouverneur) du Trarza (sud) sous les vivats d’une assemblée de Beidanes, la minorité des Maures blancs qui contrôle toujours les leviers du pouvoir en Mauritanie. « Si vous voyez un étranger qui n’est pas en règle, vous le signalez et le dénoncez », appelait-il.
Cette traque a suscité l’effroi des migrants en situation irrégulière. Même les étrangers qui se pensaient protégés, comme les titulaires d’une carte de réfugié – on en dénombre plus de 176 000 dans le pays d’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) – se sont retrouvés dans le viseur. Moussa (un prénom d’emprunt), ancien chauffeur routier qui a fui le Mali il y a dix ans après avoir été menacé à quatre reprises par les djihadistes, se terre aujourd’hui dans un lieu tenu secret.
« La dimension raciale et raciste est évidente »
« Après les premières rafles début mars, je n’osais plus sortir de chez moi, explique-t-il. Je n’allais plus au marché travailler, on se sent persécutés. » Pour un impayé d’une « centaine d’euros » sur son loyer, des proches de son propriétaire, installé en Angola, l’ont menacé de mort. Ses deux plaintes déposées à la police sont restées lettres mortes.
Comme Moussa et sa famille, des centaines de ressortissants d’Afrique subsaharienne, contraints de changer de domicile, sont désignés comme des ennemis de l’intérieur, selon les ONG mauritaniennes. Plus de 4 100 autres souhaitent rentrer dans leur pays d’origine, souligne l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Du jamais vu. « Dans ces opérations policières, la dimension raciale et raciste est évidente, alerte Sonia Haidara, une militante féministe qui, devant l’ampleur de la crise, a transformé son centre d’aide aux femmes victimes de violences sexuelles en hébergement d’accueil d’urgence aux migrants. Face aux abus, le pouvoir a certes affiché son opposition mais, en réalité, il se radicalise. »

Le raidissement du pouvoir s’est encore accentué lors du procès d’Ablaye Ba, figure de l’Initiative pour la résurgence abolitionniste – mouvement fondé pour l’abolition de l’esclavage, criminalisé depuis 2007, mais dont certaines pratiques demeurent en Mauritanie – et bête noire du régime. Pour avoir critiqué les opérations en cours, le militant a été condamné, le 6 juin, à six mois de prison ferme pour « incitation à la haine raciale ».
La gestion de la crise migratoire suscite pourtant un mécontentement grandissant. Face à « une crise sans précédent », prévient Khally Diallo, l’élu et d’autres ont aussi dirigé leurs critiques contre l’UE, accusée d’être « complice » du régime. « Par ses dotations financières colossales, l’Europe a versé de l’huile sur le feu. Si l’UE continue de soutenir ce régime qui arrête massivement et expulse abusivement en bafouant les droits les plus élémentaires, on court à notre perte », s’inquiète-t-il. Selon les données européennes, entre 2024 et 2027, l’Europe devrait engager plus de 950 millions d’euros en Mauritanie.
Le réveil des vieux démons du pays
Les conséquences de cette politique sont déjà visibles pour l’économie mauritanienne, fortement dépendante de la main-d’œuvre étrangère. Taxis, ménage, pêche et mines d’or artisanales, BTP… Des pans entiers de l’économie manquent de bras. A Nouakchott, le prix d’une brique et le salaire journalier des manœuvres ont presque doublé. Comme une centaine d’autres briqueteries de la capitale, celle de Kalidou Sy est moribonde.
« Quotidiennement, les agents du ministère de l’emploi viennent inspecter », témoigne l’entrepreneur qui employait cinq Maliens. Plusieurs ont été arrêtés et refoulés. « C’est du harcèlement sous couvert d’une directive pour “mauritaniser” l’emploi », dénonce-t-il. Le lendemain de notre rencontre, sa société a été fermée et M. Sy recherchait dans les commissariats un employé disparu, probablement interpellé par la police.

Par sa dénonciation de la présence de migrants subsahariens, l’aile dure du régime a réveillé les vieux démons du pays. Les rafles ont ravivé celles d’une tout autre ampleur survenues après 1989, lorsqu’un conflit frontalier précipita la Mauritanie et le Sénégal au bord de la guerre. En Mauritanie, comme le relata en 1994 l’ONG Human Rights Watch dans son rapport « Campagne de terreur », sans le dire, une campagne d’« épuration ethnique mais qui en avait les effets » fut menée.
Des dizaines de milliers de Négro-Mauritaniens furent expulsés de leurs terres, des centaines de fonctionnaires noirs arrêtés, torturés, et tués. « 1989, c’est encore vivant dans les esprits, rappelle Aminetou Mint El-Moctar, défenseuse des droits humains, sélectionnée pour le prix Nobel de la paix, en 2015. On ne peut pas soigner les événements racistes du passé en commettant de nouveaux crimes racistes. »

►https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/07/11/des-operations-policieres-vertigineuses-la-mauritanie-durcit-sa-politique-mi

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Aumento di arrivi alle Canarie. Dall’inizio dell’anno più di 1.000 le persone disperse

La principale causa è la repressione delle proteste in Senegal.

A partire dallo scorso maggio 2023 il collettivo spagnolo Caminando Fronteras ha registrato un nuovo importante aumento di sbarchi alle isole Canarie dovuto principalmente alla situazione politica in Senegal, da dove partono la maggior parte delle imbarcazioni. Come sempre accade, proporzionalmente all’aumento di approdi, aumenta anche il numero di morti e dispersi. La risposta del governo spagnolo è la promessa di maggiore controllo sulle coste africane di partenza, mentre le strutture di “accoglienza” sono al collasso e non forniscono le condizioni minime di igiene e abitabilità.

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Secondo le ricerche di Caminando Fronteras le persone scomparse sono già più di mille dall’inizio dell’anno. Solo nel mese di giugno sono scomparse 3 imbarcazioni con oltre 300 persone a bordo. La maggior parte delle imbarcazioni che stanno raggiungendo le Canarie in questi mesi partono dal Senegal, a causa di una situazione politica sempre più tesa, che vive ora una fase particolarmente acuta.

Migliaia di persone stanno protestando per la stretta autoritaria messa in atto dall’attuale presidente Macky Sall in vista delle prossime elezioni presidenziali che si terranno a febbraio 2024. Dalla fine di maggio in particolare, la situazione è peggiorata notevolmente e diverse organizzazioni senegalesi per la protezione dei diritti umani hanno denunciato arresti di massa che stanno colpendo anche un gran numero di adolescenti.

La repressione è molto dura, attualmente si contano circa due mila arresti e 16 persone uccise durante le proteste. Tra le persone detenute si contano anche numerosi minori, motivo per cui negli ultimi due mesi, il numero di bambini e adolescenti che viaggiano sui cayucos è aumentato, rappresentando in alcuni casi fino al 40% delle persone che scelgono di partire a bordo di queste tradizionali imbarcazioni da pesca. Anche donne e intere famiglie stanno iniziando a imbarcarsi in misura sempre maggiore.

Le autorità spagnole concentrano la loro azione sugli arrivi, ma non sulla pericolosa rotta che divide il Senegal dalle Canarie, attualmente quella che provoca più morti. Il viaggio da Kafountine, in Senegal, al Hierro, l’isola delle Canarie più vicina, può durare anche due settimane. Si tratta di un viaggio molto lungo, in cui le persone sono esposte alle forti correnti dell’oceano, alle condizioni meteorologiche avverse e alla possibilità di imprevisti o guasti al motore. Per queste ragioni la rotta verso le Canarie continua ad affermarsi come una delle più pericolose e con il più alto tasso di mortalità.

L’azione statale rispetto al soccorso e alla ricerca dei dispersi presenta grosse falle, dal momento che non esiste nessun protocollo per la ricerca dei dispersi in mare e che le operazioni di salvataggio risultano attraversate e ostacolate dalle politiche razziste implementate dal governo spagnolo. Dal 2018 esiste infatti un protocollo specifico per il salvataggio delle persone che naufragano a bordo delle pateras, diverso dal protocollo di salvataggio per il resto delle persone che si trovano a rischio in mare.

Questo protocollo è fortemente deficitario in termini di mezzi e di azione, ciò obbliga gli operatori e le operatrici di Salvamento marítimo a una differenziazione di tipo razzista nelle operazioni di salvataggio. Molte morti si sarebbero potute evitare, per esempio, se si fossero attivati i mezzi di soccorso nel momento dell’avvistamento delle imbarcazioni invece di aspettare che queste naufragassero. Queste gravi mancanze nel soccorso e nella ricerca dei dispersi non sono un caso, bensì una precisa strategia per tentare di invisibilizzare questa situazione nel discorso pubblico e il governo la mette in atto impunemente, sulla pelle di migliaia di persone che potevano invece essere salvate, la cui vita viene considerata niente più che una moneta di scambio per le proprie esigenze politiche.

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Anche una volta arrivate le persone continuano a essere oggetto di razzismo e maltrattamento istituzionale. A El Hierro, dove sta arrivando la maggior parte di persone in questi mesi, i mezzi per gestire l’accoglienza sono scarsi. Le persone vengono trattenute sulle darsene dei porti, in spazi sovraffollati e in cui le condizioni di vita sono ridotte al minimo. Anche i lavoratori e le lavoratrici delle ONG hanno denunciato la difficile situazione, soprattutto durante le ondate di caldo, in cui le persone sono state costrette a permanere diversi giorni sedute sul cemento in attesa di essere identificate e trasferite in altre isole.

A tutta questa situazione il governo risponde attraverso la solita retorica del bisogno di un maggiore controllo migratorio. Le misure promesse dal ministro dell’interno Marlaska, riconfermato dopo le ultime elezioni, comprenderebbero anche un aereo della Guardia Civil che sorvoli costantemente le coste africane per identificare le partenze. Questo controllo non sarebbe funzionale ad attività di soccorso, come dimostrano i numerosi casi di omissione di soccorso da parte delle autorità spagnole denunciati da Caminando Fronteras, di cui uno documentato il 20 giugno scorso dall’emittente radio CadenaSER 1.

Una volta in più assistiamo a come le politiche di controllo, non potendo fermare le migrazioni, siano solamente un dispositivo funzionale alla criminalizzazione e al confinamento delle persone migranti, e di come si rivelino uno strumento di violenza che provoca ogni anno la morte di migliaia di persone che potevano invece essere salvate. I tentativi di insabbiamento di queste morti da parte del governo spagnolo dimostrano la disumanità con cui vengono gestite le frontiere e l’opportunismo politico con cui i governi europei rigirano a proprio favore queste tragedie, di cui sono i responsabili, per mettere in campo nuovi strumenti per la persecuzione delle persone migranti.

1. Está dentro de la zona SAR nuestra”: la SER accede a las grabaciones de Salvamento Marítimo del último naufragio en la ruta canaria, Cadenaser (22 giugno 2022): ▻https://cadenaser.com/nacional/2023/06/22/esta-dentro-de-la-zona-sar-nuestra-la-ser-accede-a-las-grabaciones-de-sal

▻https://www.meltingpot.org/2023/11/aumento-di-arrivi-alle-canarie-dallinizio-dellanno-sono-gia-piu-di-1-000

J’avais loupé ce protocole raciste:

Dal 2018 esiste infatti un protocollo specifico per il salvataggio delle persone che naufragano a bordo delle pateras, diverso dal protocollo di salvataggio per il resto delle persone che si trovano a rischio in mare.

Questo protocollo è fortemente deficitario in termini di mezzi e di azione, ciò obbliga gli operatori e le operatrici di Salvamento marítimo a una differenziazione di tipo razzista nelle operazioni di salvataggio.

–-> deepl translation:

« En effet, depuis 2018, il existe un protocole spécifique pour le sauvetage des naufragés à bord des pateras, qui diffère du protocole de sauvetage du reste des personnes en danger en mer.

Ce protocole est gravement déficient en termes de moyens et d’action, ce qui oblige les opérateurs du Salvamento marítimo à une #différenciation_raciale dans les opérations de sauvetage. »

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