#détention_administrative

El covid19 aísla aún más a las personas migrantes en #Ceuta y #Melilla

Debido al aislamiento derivado del estado de alarma, las problemáticas habituales, como son la situación de los centros de estancia temporal de inmigrantes o la de los niños y adolescentes que viven solos en las ciudades, se han visto agravadas en las ciudades autónomas.

La situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siempre ha sido especial, y no necesariamente para bien. Las situaciones extremas lo son más en los enclaves más aislados, motivo por el que se justifica el sempiterno sentimiento de abandono que tienen los habitantes de ambas ciudades autónomas. Lo que pasa en Ceuta y Melilla se queda en Ceuta y Melilla.

Las problemáticas habituales, como son la situación de los centros de estancia temporal de inmigrantes o la de los niños y adolescentes que viven solos en las ciudades, se han visto agravadas desde que se decretó el estado de alarma el pasado día 14 de marzo. El aislamiento en el que viven las personas residentes en Ceuta y Melilla con el cierre de las rutas marítimas o aéreas a la península y de la frontera terrestre con Marruecos se hace más patente en el caso de las personas migrantes que no tienen la posibilidad de traslados por motivos laborales u otras excepciones que se pudieran prever.

A esto, además, hay que añadir la situación en la viven las personas trabajadoras transfronterizas que se han quedado atrapadas en Ceuta o Melilla tras el cierre de la frontera con Marruecos. Para estas personas, los y las vecinas han habilitado lugares en sus propias casas, garajes o locales —incluso las mezquitas de la ciudad— donde darles cobijo hasta que puedan volver a sus casas, así como en los recursos que ambas ciudades han habilitado para la población en situación de calle.

Pero la preocupación se centra sobre todo en las personas que se encuentran en los centros de estancia temporal (CETI), así como en aquellas personas migrantes que viven en las ciudades autónomas, sin domicilio, en situación de calle. Con respecto a los primeros en Ceuta, según aseguró la Delegación del Gobierno, la situación sigue siendo insostenible en algunos casos, a pesar de que han sido trasladas un total de 142 personas desde el comienzo de las restricciones de movimiento desde el centro de estancia temporal a la península con el fin de “descongestionar el centro”.

La propia Delegación de Gobierno reconoce que no están previstos más traslados a la península. Las personas que han sido trasladadas, lo han sido a centros de acogida de Andalucía y, en menor medida, Castilla-La Mancha. Sin embargo, aún quedan muchas personas en los CETI; muchas de ellas llevan entre ocho y diez meses en la ciudad, pero, sin embargo, no han sido tenidas en cuenta para los traslados.

Por este motivo se denuncia que existe discriminación con respecto a las personas de origen marroquí que, precisamente por ello, han iniciado una huelga de hambre este pasado fin de semana a fin de visibilizar su situación, denunciar esta discriminación e interpelar a la Delegación de Gobierno para que continúe con los traslados.

Pero la preocupación no ha hecho sino crecer con la noticia de hace unas horas de un bebé de 18 meses que se encontraba en el #CETI y ha dado positivo en covid19. Ya se encuentra en el hospital, pero la Delegación de Gobierno insiste en que las condiciones en que se encuentran en el centro son las correctas.

Según la denuncia de CGT Ceuta, el hacinamiento sigue impidiendo el cumplimiento de las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad, como la de mantener una distancia de seguridad. Esta distancia de seguridad no se da ni en los espacios comunes ni en las propias habitaciones, donde se concentran hasta diez personas durmiendo en literas. Según imágenes difundidas por El Faro, los residentes del CETI se encuentran comiendo a escasos centímetros unos de otros.

La situación en Melilla es similar. Las organizaciones denuncian una importante masificación de personas sin que se esté llevando a cabo ningún protocolo de seguridad y sin que existan equipos de protección suficientes. Con más de 1.600 personas en el centro, cerrado, la situación es insostenible. Especialmente para las mujeres, que se encuentran en un espacio fuertemente masculinizado. Sin poder mantener la distancia de seguridad en ninguno de los espacios, sin jabón, que hace tiempo que no llega, con colas para comer de hasta dos horas, y sin poder asegurar tratamiento adecuado a algunas de las personas con enfermedades crónicas. Con esta situación, preocupa y mucho la posibilidad de que se dé algún caso positivo de coronavirus, ya que, dada la situación, la exposición sería total para el resto de personas que se encuentran en el centro.

Las demandas en este sentido son claras; equipos de protección adecuados, descongestión del CETI habilitando otros espacios para poder realizar traslados e instalación de puntos wifi para que quienes se encuentran ahí confinados puedan comunicarse con el exterior y rebajar así la tensión que la incomunicación está provocando. Así lo han manifestado desde las asociaciones Prodein y Geum Dodou.

Tal y como está ocurriendo en otros centros de similar naturaleza, las denuncias van más allá de las condiciones del internamiento y afectan también al personal que trabaja en ellos. La falta de equipos de protección individual o medidas y material de higiene aumenta las posibilidades de contagio tanto de los propios trabajadores y personal policial como de las personas migrantes que se encuentran confinadas en los mismos.

Con el último envío del Gobierno para las comunidades autónomas se han repartido 10.106.908 mascarillas entre las autonomías y 35.103 gafas de protección, 9.673.100 guantes de nitrilo, 64.713 batas desechables e impermeables, 141.800 soluciones hidroalcohólicas, 56 dispositivos de ventilación mecánica invasiva, 80.942 buzos, 328.00 unidades de calzas, delantales, cubremangas y gorros y 640 ventiladores no invasivos. Estos están siendo gestionados por el INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) pero se desconoce aún si el número de estas equipaciones que finalmente ha llegado a Ceuta y Melilla y, en concreto, a los espacios a que hacemos referencia serán o no suficientes.

Con respecto a las personas que se encuentran fuera de los CETI y que se encontraban en las calles de ambas ciudades, han sido repartidas, en el caso de Ceuta, entre el Pabellón Polideportivo La Libertad, los adultos, y el Polideportivo Santa Amelia, los niños y jóvenes no acompañados. En el caso de Melilla, la medida tomada ha sido similar: tanto niños como adultos que se encuentran en la calle han sido trasladados en su mayoría, en primer lugar, al polideportivo, y ahora a una carpa habilitada al efecto. Sin embargo, estas medidas no están exentas de problemas debido a la naturaleza del confinamiento y las condiciones del mismo. Las personas allí confinadas coinciden en el frío y la humedad de los espacios, así como las constantes tensiones que se viven en ellos.

Especial preocupación genera también la situación de los niños y jóvenes que migran solos y que se encuentran en Ceuta o Melilla, tanto los que se encontraban en los centros de acogida como los que se encontraban en las calles, algunos de estos últimos, ahora en los centros de acogida. Veíamos hace ya algunas semanas unas imágenes que mostraban el hacinamiento en el que se encontraban los niños en el centro de La Purísima. Un hacinamiento, por otro lado, habitual en otros momentos, pero que en esa situación se mostraba incompatible con el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar contagios.

Según denuncian las organizaciones, podría haber en el centro ahora mismo unos 900 niños y jóvenes, hacinados, durmiendo en literas e incluso compartiendo cama. Por ese motivo, desde el centro de acogida de menores La Purísima se comunicó el traslado de unos 150 niños y adolescentes a las cabañas del camping de Rostrogordo habilitadas para dar una solución habitacional a las personas sin hogar de la ciudad autónoma de Melilla en tanto dure esta situación. Sin embargo, al cierre de este artículo aún no se había producido el traslado. Preocupan a las organizaciones como Prodein las condiciones en las que se encuentran y se deja a los niños que se quedan en La Purísima, sin visos de mejorar, preocupación que comparten también los propios niños y trabajadores del centro.

En el caso de Ceuta, se está preparando, según el Gobierno de la ciudad, el traslado de 230 niños y adolescentes del Centro de La Esperanza a una parcela habilitada en la carretera del Serrallo, y así descongestionar el centro, en el que este momento había unas 400 personas.

Ya hace algunos días, desde el Servicio Jesuita a Migrantes manifestaban su preocupación por la situación que se estaba dando en la Frontera Sur, especialmente en los sobresaturados CETI y con respecto a los niños de los centros de menores.

“Deben tomarse de manera urgente las medidas de prevención necesarias que aseguren la higiene continua y el aislamiento social de sus internos para evitar un eventual contagio masivo. Igualmente deben tomarse actuaciones extraordinarias que faciliten la convivencia mientras dure la situación de confinamiento; más si cabe ante la situación de pseudoprivación de libertad en que se encuentran”, señalaban. Medidas similares a las pedidas en otros ámbitos, pero que cobran especial relevancia dentro de la excepcionalidad de las ciudades autónomas.

▻https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/covid19-aisla-aun-mas-migrantes-Ceuta-Melilla
#asile #migrations #réfugiés #Espagne #Maroc #isolement #coronavirus #covid-19 #rétention #détention_administrative

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De « la guerre contre le virus » à la guerre aux exilé·e·s : les réponses sécuritaires au #Covid-19 exacerbent les violences aux frontières

Les #hotspots grecs dans lesquels sont entassé·e·s les exilé·e·s sans protection de leurs droits ou de la pandémie exemplifient la précarisation de leurs trajectoires par les politiques sécuritaires des États. Migreurop dénonce les violences infligées aux exilé·e·s exercées au nom de la « guerre contre le virus », l’inégalité de traitement à leur égard face à la pandémie, et demande la fermeture immédiate de tous les espaces de détention pour garantir leur droit à être protégé·e·s.

Migreurop publie aujourd’hui une vidéo dénonçant l’existence et le fonctionnement des hotspots, ces espaces de tri des personnes migrantes déployés par l’Union européenne (UE) en Italie et en Grèce en 2016. Dans ce dernier pays, ni les relocalisations vers les États membres [1] ni les renvois vers la Turquie en vertu d’un « troc indigne » [2] ne se sont matérialisés à la hauteur des engagements et sont aujourd’hui bloqués. Les hotspots ont ainsi été de facto transformés en prisons à ciel ouvert. Plus de 42 000 personnes migrantes sont actuellement parquées dans 5 hotspots grecs, dont la capacité est de 6 000 places. Celui de Moria, sur l’île de Lesbos, en contient à lui seul 20 000 (pour 2 800 places). A l’intolérable surpopulation, au manque d’infrastructures sanitaires (eau potable, douches, toilettes) et de nourriture, à l’hébergement sous tentes qui se solde chaque année par des morts par hypothermie, aux incendies à répétition, s’ajoute aujourd’hui le Covid-19. Face à cette pandémie, les États demandent à leurs citoyen·ne·s de prendre des mesures pour se protéger, notamment à travers l’auto-confinement, mais les personnes migrantes n’ont pas ce privilège. Le 22 mars 2020, les autorités grecques ont annoncé le confinement forcé des exilé·e·s dans les camps sur le territoire grec, dont les hotspots [3]. Leur surpopulation rend la prévention de la propagation du virus pratiquement impossible, malgré les efforts des exilé·e·s qui s’auto-organisent [4]. Ces mesures les exposent sciemment à un risque grave et imminent de contamination [5].

La situation dans les camps grecs est emblématique de l’amplification de la violence liée au contrôle des migrant·e·s sous les effets du virus et des politiques sécuritaires visant à contenir sa propagation. Alors que dans ce but les États européens ont limité les mouvements de population tant à l’intérieur que vers l’extérieur de l’UE, ils amalgament la « guerre contre le virus » avec la guerre contre les migrant·e·s illégalisé·e·s qu’ils mènent depuis des années [6]. Le durcissement des politiques de fermeture et la suspension des procédures d’asile dans plusieurs pays européens exacerbent encore la précarisation des trajectoires des personnes migrantes, alors que les raisons qui les poussent à fuir la violence sous toutes ses formes pour chercher protection ne sont pas moins impératives.

En tentant de traverser la Méditerranée, les exilé·e·s ne peuvent compter sur la présence d’aucun secours puisque les ONG de sauvetage en mer ont été contraintes de cesser leurs activités après la fermeture des ports italiens et les risques liés au virus [7]. Les refoulements sous-traités aux garde-côtes libyens continuent de plus belle, tout comme ceux exécutés par les autorités grecques ou chypriotes [8]. Les actes de violence à l’égard des exilé·e·s se multiplient également tout au long de la route des Balkans [9] et celles et ceux-ci font face à des conditions de précarité extrêmes amplifiées par le virus. Les violences aux frontières sont exacerbées également à l’intérieur du territoire de l’UE : les autorités françaises par exemple continuent de refouler vers l’Italie, alors que ce pays est actuellement l’un des épicentres de la pandémie.

La fermeture des frontières devient la règle, même pour les populations les plus vulnérables, ce alors même que les expert·e·s remettent en question l’efficacité de ces mesures pour empêcher la propagation du Covid-19 [10], et que des réponses alternatives existent. Le HCR a ainsi appelé les États à ne pas fermer les routes vers l’asile, mais à adopter des « tests de dépistage » lors du passage des frontières [11].

A l’heure de la pandémie, la logique du « chacun chez soi » domine [12]. Or les politiques de confinement ne peuvent suspendre le droit de fuite saisit par les exilé·e·s face à la violence sous toutes ses formes. Nous dénonçons les violences et les dénis des droits à l’égard des migrant·e·s exercés au nom de la « guerre contre le virus », ainsi que leur inégalité de traitement face à la pandémie. Nous saluons l’initiative du Portugal de régulariser les personnes migrantes pour garantir leurs accès aux soins, et demandons l’extension de cette mesure à travers l’Europe et qu’elle soit rendue permanente [13].

Migreurop dénonce depuis sa création la politique d’enfermement dans les camps formels et informels et se joint aujourd’hui aux appels demandant la fermeture immédiate des camps grecs surpeuplés [14], ainsi que de tout autre espace de détention de personnes migrantes en Europe et aux frontières de celle-ci. Cette fermeture immédiate et le relogement des exilé·e·s dans des lieux où ils/elles puissent vivre dignement, y compris dans d’autres pays européens si nécessaire, sont les conditions pour qu’ils et elles puissent exercer leurs droits fondamentaux, dont le droit à être protégé·e·s du virus [15].

Notes :

[1] AEDH, Fin des relocalisations : pour quel bilan ?, 29 septembre 2017

[2] Migreurop, UE–Turquie : le cynisme en partage, 18 mars 2020

[3] Centre légal de Lesbos, Greece : Move Asylum Seekers, Migrants to Safety Immediate Hotspot Decongestion Needed to Address COVID-19, 24 mars 2020

[4] Stand by me Lesvos, Creation of Corona Awareness Team in Moria Camp, 11 mars 2020

[5] Médecins sans frontières, COVID-19 : Evacuation of squalid Greek camps more urgent than ever in light of coronavirus pandemic, 18 mars 2020

[6] Open Democracy, What happens to freedom of movement during a pandemic ?, 24 mars 2020

[7] la Repubblica, Coronavirus, le Ong fermano le missioni di salvataggio in mare. Migranti senza più soccorsi, 18 mars 2020

[8] Kisa, 21st March – International Day Against Racism, 21 mars 2020

[9] le Courrier des Balkans, Réfugiés : la haine se réveille tout au long de la route des Balkans, 22 mars 2020

[10] Courrier International, Malgré le coronavirus, la France continue de refouler les migrants à Vintimille, 22 mars 2020

[11] Heidi News, Rony Brauman : « Le coronavirus rappelle que, sans Etat, les plus vulnérables sont écrasés », 8 mars 2020

[12] Blog Mediapart, Coronavirus : on ferme les frontières !, 15 mars 2020

[13] News 24, Le Portugal traitera les migrants comme des résidents pendant la crise des coronavirus, 28 mars 2020

[14] MSF, COVID-19 : Evacuation of squalid Greek camps more urgent than ever in light of coronavirus pandemic, 13 mars 2020 ; Mediapart, Coronavirus : des eurodéputés appellent à évacuer les migrants les plus vulnérables des camps grecs, 23 mars 2020 ; Centre légal de Lesbos, Lettre ouvert de 152 organisations, 25 mars 2020

[15] Libération, L’inégalité des vies en temps d’épidémie, 18 mars 2020

▻https://www.lacimade.org/presse/de-la-guerre-contre-le-virus-a-la-guerre-aux-exile%C2%B7e%C2%B7s-les-repon
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Actions multiples pour vider les centres : nouveaux témoignages des détenu·e·s
30/03/2020·

À l’heure où en France certains centres de rétention sont vidés à cause du Coronavirus et alors que d’autres centres fermés brûlent en Italie, les centres fermés en Belgique sont toujours bien remplis. Remplis de détenu·e·s à qui aucune ou très peu d’informations ne sont communiquées. Nous recevons énormément d’appels de prisonnier·e·s extrêmement stressé·e·s par la situation.

Dans plusieurs centres, les détenu·e·s essaient de résister et font entendre leurs voix en organisant des réunions, des actions collectives, des manifestations, des rencontres avec les directions des centres, des grèves de la faim, et parfois des actions moins pacifistes. Leurs protestations sont souvent réprimées, notamment par des mises au cachot pour représailles. Article de Knack : ▻https://www.knack.be/nieuws/belgie/asielzoekers-opgesloten-maar-niet-beschermd-tegen-corona/article-longread-1582095.html

La semaine dernière, quelques personnes enfermées dans l’aile L du centre 127bis, à bout de nerfs, ont “pété un cable” et exprimé leur colère en protestant. “It was real war” nous indiquait un témoin. Leur révolte a néanmoins été réprimée et plusieurs ont été mis au cachot.

Des libérations spontanées de 200 à 300 personnes ont eu lieu sur les 700 personnes enfermées au début du mois de mars, uniquement les personnes “malades et vulnérables” selon l’Office des Étrangers. Ces libérations se font néanmoins au compte-goutte et de façon aléatoire à l’appréciation de l’Office des Étrangers qui aurait peur de ne pas donner une “bonne image” en libérant tout le monde d’un coup.

Des mises en demeure et des recours devant les tribunaux en réponse au caractère illégal de la détention en période de Coronavirus permettent de libérer des détenu·e·s, mais les centres fermés détiennent toujours un certain nombre de personnes. Il est scandaleux que des détenu·e·s ne soient libéré·e·s que par l’intervention de tiers du fait du caractère illégal de ces détentions. Certains assistants sociaux tentent même de dissuader les détenu·e·s d’entreprendre des démarches, car “prendre un avocat empêchera leur libération”.

À l’intérieur des centres fermés, le stress causé par la situation est très élevé. La plupart des détenu·e·s n’obtiennent des informations que par la télévision. Les détenu·e·s vivent avec la peur que le virus pénètre dans le centre fermé à travers le personnel qui y travaille et continue de faire des allées et venues depuis l’extérieur.

“A la prison à côté a Turnhout, il y a eu un cas testé positif coronavirus, je suis inquiet, j’ai vu ça dans les informations. A la prison de Forest aussi. Tout le monde ici est inquiet parce que ici c’est sûr qu’il y a aussi des malades. C’est 60 personnes qui travaillent tous les jours ici dans le centre. La situation est vraiment dangereuse. On n’a pas d’informations, on ne nous dit rien . On libère certaines personnes parce qu’ils doivent réduire et puis d’autres restent ici, on ne sait pas pourquoi, alors qu’on n’a rien fait de mal.” nous partage un détenu de Merksplas.

Les détenu·e·s se rendent bien compte du décalage entre leur sort et ce qui se passe à l’extérieur. Les conditions d’hygiène sont très critiques et dangereuses. Les détenu·e·s continuent de vivre à plusieurs dans des chambres, dans les espaces communs comme les réfectoires, les sanitaires, etc. Très peu de mesures sont prises, il n’y a quasiment pas de masques, de gants, ni de gel désinfectant pour le staff ou les détenu·e·s.

Au centre fermé de Merksplas : “Nous sommes trois dans chaque chambre à utiliser les mêmes toilettes et la même douche et 20 personnes partent près les unes des autres dans ce bloc. Rien n’est fait pour nous protéger du virus, nous mangeons et jouons ensemble, nous touchons les mêmes portes et nous fumons dans la même pièce. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce bloc, qui entrent et sortent. Personne ne porte de masque ici et il n’y a pas de machine pour contrôler le virus.Nous avons vu à la télévision que deux prisonniers de la prison de Merksplas ont été touchés. Si tout le monde tombe malade, que vont-ils faire ? Ils doivent vider et fermer le centre pour que tout le monde puisse rester en bonne santé !”

Dans les centres fermés de Bruges et de Holsbeek, “les médicaments sont donnés de la main à la main, sans gants ni masque.”

Par ailleurs, une visite parlementaire a même été refusée au centre fermé de Vottem (Liège). Aucun contrôle extérieur n’est possible pour le moment. ▻https://www.todayinliege.be/lacces-au-centre-ferme-de-vottem-refuse-a-la-deputee-sarah-schlitz-une-

Dans les centres, certain·e·s sont enfermé·e·s depuis plusieurs mois. L’un d’entre eux attend depuis 8 mois son expulsion vers le Bangladesh. Certains sont sous l’application de la dite double peine. Il s’agit de situations dans lesquelles des personnes ont été condamnées à des peines pour troubles à l’ordre public, ont accompli leurs peines puis, à la sortie de prison, sont directement amenées en centre fermé pour être expulsées. Certains d’entre eux ont des parents, des femmes et des enfants ici en Belgique.▻https://www.revuenouvelle.be/Le-retour-de-la-double-peine

Nous demandons la libération immédiate de tou·te·s les détenu·e·s des centres fermés. Les maintenir derrière ces murs alors que la Belgique entière se confine est inadmissible. Nous demandons la fermeture définitive de tous les centres, des camps et des hotspots ainsi que la régularisation de toutes les personnes sans-papiers.

▻https://www.gettingthevoiceout.org/actions-multiples-pour-vider-les-centres-nouveaux-temoignages-de
#rétention #détention_administrative #asile #migrations #réfugiés #Belgique #coronavirus

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Articles généraux autour de la rétention administrative en lien avec le coronavirus
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#détention_administrative #rétention #asile #migrations #réfugiés #coronavirus #centres_de_rétention_administrative

Home Office releases 300 from detention centres amid Covid-19 pandemic

Release follows legal action that argues Home Office is failing to protect immigration detainees.

The Home Office has released almost 300 people from detention centres in the last few days because of the Covid-19 pandemic, the Guardian has learned.

The speed and scale of the release is unprecedented in recent years. Detainees and charities estimate that more than a quarter of those currently locked up have been set free.

The release comes in the wake of a legal action launched last week which argued that the Home Office had failed to protect immigration detainees from the coronavirus outbreak and failed to identify which detainees were at particular risk of serious harm or death if they do contract the virus due to their age or underlying health conditions.

It called for the release of all those who are particularly vulnerable and for all detainees to be tested, along with the suspension of all new detentions. The action warns even a short delay could have “catastrophic consequences”.
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It is believed that more than 900 people are currently in immigration detention.

The Home Office provided a response to the legal action to the high court out of hours on Friday. After receiving the Home Office submissions, Mr Justice Swift made an order on Friday night that a half-day hearing should be held next Wednesday to determine whether or not to grant the emergency measures requested in the legal challenge by the charity Detention Action and a vulnerable detainee who suffers from hypertension, which experts say doubles the risk of death if Covid-19 is contracted.

As part of the legal action, the public health expert Prof Richard Coker of the London School of Hygiene and Tropical Medicine has provided an expert report warning that prisons and detention centres provide ideal incubation conditions for the rapid spread of the coronavirus, and that about 60% of those in detention could be rapidly infected if the virus gets into detention centres.

Coker’s report was commissioned by Duncan Lewis Solicitors, who have embarked on what is thought to be the first legal action against the government relating to the coronavirus outbreak.

The UK government issued guidance stating that if there was a significant outbreak of Covid-19, “cohorting” should be used to put all those infected together behind locked doors in prisons, detention centres, young offender institutions and secure units.

Many of those in detention have arrived from high-risk countries such as Iran, China and Italy. Some are forced to share rooms, and a “lock-in” regime prevents many from leaving their cells during the night.

Emma Ginn, director of the detention charity Medical Justice, said that those still in detention were scared of contracting the virus.

“We are getting harrowing calls from seriously ill clients describing their fear of the virus spreading in the centres and feeling powerless in response. The distress in their voices is palpable and there is little we can do to console them,” she said.

Bella Sankey, director of Detention Action, said:”Our landmark legal challenge has already forced a response from the home secretary. We are delighted the high court has now ordered a hearing for next week and we’ll be pressing for a robust review of all detentions. In the midst of a global pandemic, administrative detention puts those interned in grave danger. And maintaining detention when the evidence from Prof Coker is that detention centres act as ‘epidemiological pumps’ puts us all at unnecessary risk.”

A Home Office spokesperson said: “Immigration enforcement is responding to the unique circumstances of the coronavirus outbreak and following the latest guidance from Public Health England. This includes providing soap and cleaning materials to all detainees. Decisions to detain are made on a case-by-case basis and kept under constant review, but our priority is to maintain the lawful detention of the most high-harm individuals, including foreign national offenders’’

▻https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/21/home-office-releases-300-from-detention-centres-amid-covid-19-pandemic?

#détention_administrative #rétention #UK #Angleterre #asile #migrations #réfugiés #coronavirus #centres_de_rétention_administrative

Coronavirus : les centres de rétention administrative se vident

Bâtonniers, associations, contrôleur général des lieux de privation de liberté réclament la fermeture des CRA, alors que les risques de contamination sont élevés et les expulsions de plus en plus illusoires.

« On va s’apercevoir qu’on peut vivre sans politique de lutte contre l’immigration irrégulière. » Dans la bouche d’un cadre du ministère de l’intérieur, la remarque a de quoi faire sourire. Depuis plusieurs jours, les centres de rétention administrative (CRA) se vident un à un. D’après les données de plusieurs associations, jeudi 19 mars au soir, environ 360 personnes en situation irrégulière se trouvaient encore enfermées, soit trois fois moins que la veille, alors que la capacité de rétention avoisine les 1 500 places sur le territoire, réparties sur une vingtaine d’établissements.

Le plus grand de France, au Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), était par exemple à moitié vide avec moins de 120 personnes retenues jeudi soir, tandis qu’elles étaient au nombre de neuf dans le CRA de Coquelles (Pas-de-Calais), sept à Bordeaux et deux à Metz. Certains établissements ont même fermé cette semaine, parmi lesquels ceux d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), de Geispolsheim (Bas-Rhin) ou de Guadeloupe. « Dans un mois ou deux, ils seront tous vides », prédit le cadre de la police.

Sollicité, le ministère de l’intérieur n’a pas donné suite, mais la principale explication à ce phénomène tient aux décisions de remise en liberté prises par les juges des libertés et de la détention, amenés à se prononcer sur les prolongations de placements.

►https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/21/les-centres-de-retention-administrative-se-vident_6033939_3224.html
#détention_administrative #rétention #France #asile #migrations #réfugiés #coronavirus #centres_de_rétention_administrative

#Métaliste autour de la #détention_administrative en lien avec la #crise_sanitaire (#coronavirus, #covid-19)

#asile #migrations #réfugiés #rétention #renvois #expulsions

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A mettre en lien aussi avec la métaliste sur les procédures d’asile :
▻https://seenthis.net/messages/834052

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Detention Centres and COVID19. Situation in Spain : Is the government emptying the centres ?

Desde la Federación SOS Racismo e Iridia, os queríamos preguntar cómo está la situación de los Centros de detención en Europa, para ver si podemos coordinar algún tipo de acción para exigir su cierra ahora que el CIVID19 está cambiando nuestro día a día.

En principio, el gobierno español está vaciando poco a poco los #CIE

▻https://www.europapress.es/catalunya/noticia-liberan-todos-internos-cie-barcelona-no-poder-repatriarlos-20200

▻https://www.lavanguardia.com/politica/20200319/474263064358/interior-abre-puerta-liberar-internos-cie.html

Según nuestras fuentes, la idea es (dado que muchos países han cerrado fronteras y vuelos con España) ir vaciando poco a poco los centros de detención comenzando por las personas que no pueden ser expulsadas y pueden tener recursos familiares, y después tratar de utilizar los recursos de los proyectos de humanitaria para las personas que no tengan recursos de este tipo. Ahora mismo los CIE de Tarifa y Barcelona están vacíos, el de Algeciras (5), Valencia tienen unos pocos internos (menos de 30), Tenerife (25), Las Palmas (69) – los números son del lunes-. El número más importante (y las tensiones) están localizadas en Madrid (75) y Murcia (78) en los que ha habido protestas y las personas internas están nerviosas con la situación.

También hay que decir que parece ser que las personas qu ehan llegado en los últimos días a través de embarcaciones están siendo derivadas a centros sociales y no a los centros de detención (casos de Andalucía y Canarias)

Brigitte también nos ha comentado que en Francia se está en un proceso similar:

►https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/21/les-centres-de-retention-administrative-se-vident_6033939_3224.html

#détention_administrative #rétention #Espagne #France #asile #migrations #réfugiés #coronavirus #centres_de_rétention_administrative #vide #se_vider (je ne trouve pas d’autres mots-clé à ajouter au mot-clé « se vider », idées bienvenues)

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#Métaliste autour de l’éventuelle #suspension de la #procédure_d'asile en raison de la #crise_sanitaire... mais aussi d’autres éléments en lien avec la procédure d’asile, dont le #règlement_Dublin

#coronavirus #covid-19 #asile #migrations #réfugiés #auditions #renvois_Dublin

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A mettre en lien avec la question de la #rétention - #détention_administrative :

►https://seenthis.net/messages/835410

Hidden infrastructures of the European border regime : the #Poros detention facility in Evros, Greece

This blog post and the research it draws on date before the onset of the current border spectacle in Evros of February/March 2020. Obviously, the situation in Evros region has changed dramatically. Our research however underlines that the Greek state has always resorted to extra-legal methods of border and migration control in the Evros region. Particularly the violent and illegal pushback practices which have persisted for decades in Evros region have now been elevated to official government policy.

The region of Evros at the Greek-Turkish border was the scene of many changes in the European and Greek border regimes since 2010. The most well-known was the deployment of the Frontex RABIT force in October of that year; while it concluded in 2011, Frontex has had a permanent presence in Evros ever since. In 2011, the then government introduced the ‘Integrated Program for Border Management and Combating Illegal Immigration’ (European Migration Network, 2012), which reflected EU and domestic processes of the Europeanisation of border controls (European Migration Network, 2012; Ilias et al., 2019). The program stipulated a number of measures which impacted the border regime in Evros: the construction of a 12.5km fence along the section of the Greek Turkish border which did not coincide with the Evros river (after which the region takes its name); the expansion of border surveillance technologies and capacities in the area; and the establishment of reception centres where screening procedures would be undertaken (European Migration Network, 2012; Ilias et al., 2019). In this context, one of the measures taken was the establishment of a screening centre in South Evros, near the village of Poros, 46km away from the city of Alexandroupoli – the main urban centre in the area.

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The operation of the Centre for the First Management of Illegal Immigration is documented in Greek (Ministry for Public Order and Citizen Protection, 2013a) and EU official documents (European Parliament, 2012; European Migration Network, 2013), reports by the EU’s Fundamental Rights Agency (2011), NGOs (Pro Asyl, 2012) and activists (CloseTheCamps, 2012), media articles (To Vima, 2012) and research (Düvell, 2012; Schaub, 2013) between 2011 and 2015.

Yet, during our fieldwork in the area in 2018, none of our respondents mentioned it. Nor could we find any recent research, reports or official documents after 2015 referring to it. It was only a tip from someone we collaborate with that reminded us of the existence of the Poros facility. We found its ‘disappearance’ from public view intriguing. Through fieldwork, document analysis and queries to the Greek authorities, we constructed a genealogy of the Poros centre, from its inception in 2011 to its ambivalent present. Our findings not only highlight the shifting nature of local assemblages of the European border regime, but also raise questions on such ‘hidden’ infrastructures, and the implications of their use for the rights of the people who cross the border.

A genealogy of Poros

The Poros centre was originally a military facility, used for border surveillance. In 2012, it was transferred to the Hellenic Police, the civilian authority responsible for migration control and border management, and was formally designated a Centre for the First Management of Illegal Immigration, similar to the more well-known First Reception Centre in Fylakio, in North Evros. The refurbishment and expansion of the old facilities and purchase of necessary equipment were financed through the External borders fund of the European Union (Alexandroupoli Police Directorate, 2011). Visits by the European Commissioner for Home Affairs, Cecilia Malmström (To Vima, 2012), the then executive director of Frontex, Ilkka Laitinen (Ministry for Public Order and Citizen Protection, 2013b), and a delegation of the LIBE committee of the European Parliament (2012) illustrated the embeddedness of the centre in the European border regime. The Commission’s report on the implementation of the Greek National Action Plan on Migration Management and Asylum Reform specifically refers the Poros centre as a facility that could be used for screening procedures and vulnerability assessments (European Commission, 2012).

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The Poros facility was indeed used as a screening and identification centre, activities that fell under both border management and the Greek framework for reception procedures introduced in 2011. While official documents of the Greek Government suggest that the centre started operating in 2012 (Council of Europe, 2012), a media article (Alexandroupoli Online, 2011) and a report by the European Centre for Disease Prevention and Control (2011) provide evidence that it was already operational the year before, as an informal reception centre. When the centre became the main screening facility for South Evros in 2012 (European Parliament, 2012), screening, identification and debriefing procedures at the time were carried out both by Hellenic Police personnel and Frontex officers deployed in the area (Council of Europe, 2012).

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One of the very few research sources referring to Poros, a PhD thesis by Laurence Pillant (2017) provides a detailed description of the space and the activities carried out in the old wooden building and the white containers (image 3), visible in the stills from the video we took in December 2020 (image 4). A mission of Medecins sans frontiers, indicated in Pillant’s diagram, provided health screening in 2012 (European Migration Network, 2013).

The organisation and function of the centre at the time is also documented in a number of mundane administrative acts which we located through diavgeia.gov.gr, a website storing Greek public administration decisions. Containers were bought to create space for the screening and identification procedures (Regional Police Directorate of Macedonia and Thrace, 2012). A local company was awarded contracts for the cleaning of the facilities (Regional Police Directorate of Macedonia and Thrace, 2013). The last administrative documents we were able to locate concerned the establishment of a committee of local police officers to procure services for emptying the cesspit of the centre (Regional Police Directorate of Macedonia and Thrace, 2015) – not all buildings in the area are linked to the local sewage system. This is the point when the administrative trail for Poros goes cold. No documents were found in diavgeia.gov.gr after January 2015.

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So what happened to the Poros Centre?

After 2015, we found a mere five online references to the centre, despite extensive searches of sources such as official documents, research or reports by human rights bodies and NGOs. A 2016 newspaper article mentioned that arrested migrants were led there for screening (Ta Nea, 2016). A 2018 article in a local online news outlet mentioned a case of malaria in the village of Poros (Evros News, 2018a), while in another article (Evros News, 2018b), the president of the village council blamed a case of malaria in the village on the lack of health screening in the centre. An account of activities of the municipal council of Alexandroupoli referred to fixing an electrical fault in the centre in May 2019 (Municipality of Alexandroupoli, 2019). Τhe Global Detention Project (2019) also refers to Poros as a likely detention place.

These sources suggested that the centre might be operational in some capacity, yet they raised more questions than they answered. If the centre has been in operation since 2015, why is there such an absence of official sources referring to it? Equally surprising was the absence of administrative acts related to the Poros centre in diavgeia.gov.gr, in contrast to all other facilities in the area where migrants are detained, such as the Fylakio Reception and Identification Centre and the pre-removal centres and police stations. It was conceivable, of course, that the centre fell into disuse. Since the deployment of Frontex and the border control measures taken under the Integrated Plan, entries through the Greek-Turkish land border decreased significantly – from 54,974 in 2011 to 3,784 in 2016 (Hellenic Police, 2020), and screening procedures were transferred to Fylakio, fully operational since 2013 (Reception and Identification Service, 2020).

Trying to find answers to our questions, we contacted the Hellenic Police. An email we sent in January 2020 was never answered. In early February, following a series of phone calls, we obtained some answers to our questions. The police officer who answered the phone call did not seem to have heard of the centre and wanted to ask other departments for more information, as well as the First Reception and Identification Service, now responsible for screening procedures. The next day, he said it is occasionally used as a detention facility, when there is a high number of apprehended people that cannot be detained in police cells. According to the police officer, they are detained there for one or two days, until they can be transferred to the Reception and Identification Centre of Fylakio for reception procedures, or detention in the pre-removal detention centre adjacent to it. At the same time, he stated that he was told that Poros has been closed for a long time.

This contradictory information could be down to the distance between the central police directorate in Athens and the area of Evros – it is not unlikely that local arrangements are not known in the central offices. Yet, it was also at odds both with the description of the use of the centre that our informant himself gave us – using the present tense in Greek –, with what the local media articles suggest, and with what we saw on site. Stills from the video taken during fieldwork in December 2020 suggest that the Poros centre is not disused, although no activity could be observed on the day. The cars and vans parked outside did not seem abandoned or rusting. The main building and the containers appeared to be in a good condition. A bright red cloth, maybe a canvas bag, was hanging outside one of them. The rubbish bins were full, but the black bags and other objects in them did not seem as they have been left in the open for a long time (image 4).

The police officer also asked, however, how we had heard of Poros – a question that alerted us to both the obscure nature of the facility and the sensitivity of our query.
A hidden infrastructure of pushbacks?

The Poros centre, at one level, illustrates how the function of such border facilities can change over time, as the local border regime adapts and responds to migratory movements. Fylakio has become the main reception and detention centre in Evros, and between 2015 and 2017, the Aegean islands became the main point of entry into Greece and the European Union. Yet, our findings raised a lot of significant questions regarding the new function of Poros, given the increase in migratory movements in the area since 2018.

While we obtained official confirmation that the Poros centre is now used for temporary detention and not screening, it remains the case that there are no official documents – including any administrative acts on diavgeia.gov.gr – that confirm its use as a temporary closed detention centre. Equally, we did not manage to obtain any information about how the facility is funded from the Hellenic Police. Our respondent did not know, and another departments we called did not want to share any information about the centre. It also became evident in the course of our research that most of our contacts in Greece – NGOS and journalists – had never heard of the facility or had no recent information about it. We found no evidence to suggest that Greek and European human rights bodies or NGOs which monitor detention facilities have visited the Poros centre after 2015. A mission of the Council of Europe (2019), for example, visited several detention facilities in Evros in April 2018 but the Poros centre was not listed among them. Similarly, the Fundamental Rights Officer of Frontex, in a partly joined mission with the Fundamental Rights Agency, visited detention facilities in South Evros in 2019, the operational area where the Poros centre is located. However, the centre is not mentioned in the report on that visit (Frontex, 2019).

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The dearth of information and absence of monitoring of the facility means that it is unclear whether the facility provides adequate conditions for detention. While our Hellenic police informant stated that detention there lasts for one or two days, there is no outside gate at the Poros centre, just a rather flimsy looking wire fence. Does this mean that detainees are kept inside the main building or containers the whole time they are detained there? We also do not know if detainees have access to phones, legal assistance or healthcare, which the articles in the local press suggest that is absent from the Poros centre. Equally, in the absence of inspections by human rights bodies, we are unaware of the standards of hygiene inside the facilities, or if there is sufficient food available. Administrative acts archived in diavgeia.gov.gr normally offer some answers to such questions but, as we mentioned above, we could find none. In short, it appears that Poros is used as an informal detention centre, hidden from public view.

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The obscurity surrounding the facility, in the context of the local border regime, is extremely worrying. Many NGOs and journalists have documented widespread pushback practices (Arsis et al., 2018; Greek Council for Refugees, 2018; Koçulu, 2019), evidenced through migrant testimonies (Mobile Info Team 2019) and, more recently, videos (Forensic Architecture, 2019a; 2019b). Despite denials by the Hellenic Police and the Greek government, European and international international human rights bodies (Council of Europe, 2019; Committee Against torture 2019) have accepted these testimonies as credible. We have no firm evidence that the Poros facility may be one of the many ‘informal’ detention places migrant testimonies implicated in pushbacks. Yet, the centre is located no further than two kilometres from the Greek-Turkish border, and the layout of the area is similar to the location of a pushback captured on camera and analysed by Forensic Architecture (2019a): near a dirt road with direct access to the Evros River. Black cars and white vans (images 5 and 6), without police insignia and some without number plates, such as those in the Poros centre, have been mentioned in testimonies of pushbacks (Arsis et al., 2018). Objects looking like inflatable boats are visible in our video stills. While there might be other explanations for their presence (used for patrolling the river or confiscated from migrants crossing the river) they are also used during pushbacks operations, and their presence in a detention centre seems odd.

These uncertainties, and the tendency of security bodies to avoid revealing information on spaces of detention, are not unusual. However, the obscurity surrounding the Poros centre, located in an area of the European border where detention have long attracted criticism and there is considerable evidence of illegal and violent border control practices, should be a concern for all.

▻https://www.respondmigration.com/blog-1/border-regime-poros-detention-facility-evros-greece
#Evros #détention #rétention #détention_administrative #Grèce #refoulement #push-back #push-backs #invisibilité #invisibilisation #Centre_for_the_First_Management_of_Illegal_Immigration #Fylakio #Frontex

Ce centre, selon ce que le chercheur·es écrivent, est ouvert depuis 2012... or... pas entendu parler de lui avec @albertocampiphoto quand on a été sur place... alors qu’on a vraiment sillonnée la (relativement petite) région pendant 1 mois !

Donc pas mention de ce centre dans la #carte qu’on a publiée notamment sur @visionscarto :

https://visionscarto.net/local/cache-vignettes/L1024xH1024/18485269029_5872-cd932.jpg?1504818140#.jpg

ping @reka @karine4

Au #Japon, l’enfer des centres de détention des demandeurs d’asile

Près de 1 500 personnes sont actuellement dans ces structures. Sans limite claire et particulièrement dures, les conditions d’enfermement sont un moyen de pression sur les réfugiés.

LETTRE DE TOKYO

L’Ethiopien Yonas Kinde a terminé 100e du marathon de Tokyo couru dimanche 1er mars, avec un temps de 2 h 24 min et 34 secondes. Loin du vainqueur, Birhanu Legese, lui aussi Ethiopien. Yonas Kinde n’est pas un coureur comme les autres. Réfugié depuis 2013 au Luxembourg pour des raisons politiques, il a participé aux Jeux olympiques (JO) de Rio de Janeiro de 2016, non pas sous la bannière de son pays natal mais sous celle de l’équipe olympique des réfugiés. Il compte le faire à nouveau lors des JO de Tokyo cet été.

Outre sa carrière sportive, il se bat pour la cause des demandeurs d’asile et a profité de son passage dans l’Archipel pour rappeler que « n’importe qui peut devenir un réfugié, à n’importe quel moment » et que « la vie de réfugié était pleine de défis, [que ce soit] pour se déplacer ou encore trouver du travail ».

Un pays hostile à l’immigration

Son message a une résonance particulière au Japon, pays parmi les plus réticents à accepter des demandeurs d’asile. En 2018 (derniers chiffres disponibles), seules quarante-deux demandes ont été acceptées, sur 10 493 déposées.

Hostile à toute immigration malgré l’entrée en vigueur d’une loi en avril 2019 devant faciliter la venue de travailleurs étrangers, le Japon fait tout pour limiter l’arrivée de réfugiés. Citée par le quotidien Mainichi, une note administrative du 16 novembre 2018, diffusée à l’aéroport de Narita, près de Tokyo, et émanant du bureau régional de l’immigration de la capitale, évoquait l’augmentation du nombre de réfugiés du Sri Lanka. Elle expliquait qu’il fallait « de toute urgence réduire le nombre de demandes d’asile » et exigeait de faire signer aux ressortissants sri-lankais entrant au Japon une déclaration précisant qu’ils repartiraient dans leur pays « avant l’expiration de leur visa ».

Les critiques du Japon en matière de demande d’asile portent également sur les conditions de détention des personnes dont les requêtes ont été rejetées ou de celles ayant commis des infractions à la législation sur l’immigration. La majorité des détenus sont en attente d’une expulsion qu’ils contestent.

« Nous sommes obligés d’expulser », déclarait en 2019 le chef du bureau de l’immigration au sein du ministère de la justice, Shoko Sasaki, à la presse étrangère. « Nous ne voulons pas, dans notre pays, de ces personnes qui sont en détention. » Le ministère se défend par ailleurs de tout abus.

Détentions arbitraires

Sans limite claire et particulièrement dures, les détentions dans les centres d’immigration seraient un moyen de pression sur les réfugiés, considérés comme des délinquants. Elles sont régulièrement la cible des instances internationales.

Le 20 janvier, l’ONG Human Rights Now rappelait que « les #détentions_arbitraires au Japon dans les centres d’immigration entraînent de graves #violations des #droits_humains. Malgré les appels d’organisations de la société civile exhortant le gouvernement à mettre fin à ces pratiques, la situation ne s’est pas améliorée ». L’ONG appelait Tokyo à accepter une enquête du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire. En 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) avait recommandé à l’Archipel d’établir une période maximale de détention des migrants.

Près de 1 500 personnes, originaires en majorité d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et du Moyen-Orient, sont actuellement détenues dans les centres d’immigration au Japon. Selon une enquête réalisée en 2019 par l’ONG Ushiku no kai en réponse à un questionnaire du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme, 77 % des détenus étaient emprisonnés depuis plus d’un an ; 36 % l’étaient depuis plus de deux ans, 80 % avaient vu leur demande d’asile rejetée au moins trois fois. « Ces détentions longues ne sont rien d’autre qu’une violation des droits de l’homme », déplore Kimiko Tanaka, porte-parole de l’ONG.

Elles sont d’autant plus difficiles à vivre que les moyens de communication avec l’extérieur sont limités par le coût des appels téléphoniques et par la durée, fixée à trente minutes maximum, des visites.

Ces conditions s’accompagnent d’un profond sentiment d’#injustice. Mehmet Colak, un Kurde de 38 ans originaire de Turquie, a passé un an et demi en détention. « Ce n’est pas comme si j’avais commis un crime. Tout ce que j’ai fait, c’est de venir au Japon parce que je redoutais des persécutions et y demander le statut de réfugié », insiste-t-il.

#Grève_de_la_faim

Arrivé dans l’Archipel en 2004, il a vu sa demande d’asile refusée à plusieurs reprises. Sa famille et lui ont même été condamnés à être expulsés. Arrêté et incarcéré en janvier 2018, il est tombé malade en mars 2019. Par deux fois, les autorités d’immigration auraient refusé l’ambulance que sa famille avait envoyée. Fait rare, l’incident a été évoqué au Parlement et il a suscité des protestations des avocats du Japon.

M. Colak a finalement été libéré à titre provisoire en juin 2019 et il milite depuis pour une amélioration de l’accès aux soins et des conditions des prisonniers. Il plaide notamment pour plus de libérations provisoires et un cadre plus souple après la fin de la détention. Les personnes qui en bénéficient ne peuvent pas travailler, ouvrir un compte bancaire, avoir un téléphone ou déménager sans autorisation. Des contraintes qui poussent à commettre des infractions et entraînent un retour en détention.

Pour les détenus en attente d’une libération, l’unique moyen d’exprimer leur détresse et d’attirer l’attention de l’extérieur est la grève de la faim. En 2019, cent quatre-vingt-dix-huit d’entre eux en ont entamé une. Un ressortissant nigérian en est mort en juin, au centre de Nagasaki, dans le sud-ouest du pays. Il s’agissait du quinzième décès depuis 2006 dans les centres nippons.

▻https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/04/au-japon-l-enfer-des-centres-de-detention-des-demandeurs-d-asile_6031722_321
#asile #migrations #réfugiés #détention_administrative #rétention

voir aussi cet article de 2016 :
Inmates on hunger strike at Japanese immigration detention centre
▻https://seenthis.net/messages/510477

The #Climate-Migration-Industrial_Complex

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Thirty years ago there were fifteen border walls around the world. Now there are seventy walls and over one billion national and international migrants. International migrants alone may even double in the next forty years due to global warming. It is not surprising that over the past two decades, we have also seen the rise of an increasingly powerful global climate-security market designed to profit from (and help sustain) these crises. The construction of walls and fences to block rising sea levels and incoming people has become one of the world’s fastest growing industries, alongside the detention and deportation of migrants, and is projected to reach $742 billion by 2023. I believe we are witnessing the emergence of what we might call a “climate-migration-industrial complex.”

This complex is composed of private companies who profit by securitizing nation-states from the effects of climate-related events, including migration. This includes private detention centers, border construction companies, surveillance technology consultants and developers, deportation and transportation contractors, and a growing army of other subcontractors profiting from insecurity more broadly. Every feature of this crisis complex is an opportunity for profit. For example, even when security measures “fail” and migrants cross borders illegally, or remain beyond their visas to live without status as “criminals,” there is an entire wing of private companies paid to hunt them down, detain them, and deport them just across the border, where they can return and begin the market cycle all over again. Each step in the “crimmigration” process now has its own cottage industry and dedicated army of lobbyists to perpetuate the laws that support it.

Here is the incredible double paradox that forms the backbone of the climate-migration-industrial complex: right-wing nationalists and their politicians claim they want to deport all undocumented migrants, but if they did, they would destroy their own economy. Capitalists, on the other hand, want to grow the economy with migrant labor (any honest economist will tell you that immigration almost always leads to growth in GDP), but if that labor is too expensive, then it’s not nearly as profitable.

Trump is the Janus-faced embodiment of this anti-immigrant, pro-economy dilemma and the solution to it — not that he necessarily knows it. With one hand, migrant labor is strategically criminalized and devalorized by a xenophobic state, and with the other, it is securitized and hyper-exploited by the economy. It is a win-win situation for right-wing capitalists but a crucial element is still missing: what will continue to compel migrants to leave their homes and work as exploited criminals in an increasingly xenophobic country?

This is where the figure of the climate migrant comes in. What we call “climate migrants” or “climate refugees” are not the victims of merely “natural disasters,” because climate change is not a strictly natural process — it is also highly political. The causes of climate-related migration are disproportionately produced by rich Western countries and the effects are disproportionately suffered by poorer countries. The circumstances that determine who is forced to migrate are also influenced by the history of colonialism, global inequality, and the same conditions that have propelled economic migration for decades. In short, the fact that climate change benefits the perpetrators of climate destruction by producing an increasing supply of desperate, criminalized, physically and economically displaced laborers is no coincidence. In fact, it is the key to the Trump “solution.”

Another key is the use of climate change to acquire new land. When people are forced to migrate out of a territory, or when frozen territories thaw, new lands, waters, and forests become open to extractive industries like mining, drilling, fishing, and logging. Trump’s recent (and ridiculous) bid to buy the thawing territory of Greenland for its oil and gas reserves is one example of this. Climate-stricken urban areas open up new real estate markets, as the gentrification of New Orleans after hurricane Katrina illustrated. In other words, climate change might not mean the end of capitalism, but rather could actually signal its resurgence from current falling rates of ecological profit. During colonialism, everything and everyone that could be easily appropriated (oil, slaves, old-growth forests, etc.), was gobbled up. The workers who are left today under post-colonialism demand more money and more rights. The minerals left are more expensive to extract. This is why capitalists have increasingly retreated to financial speculation, and now to monetizing their own crises.

If only there were new ways, the capitalist dreams, to kick start the economy and cheaply dislodge huge numbers of people from their land, devalorize their labor, and then appropriate that labor extremely cheaply. In other words, if climate change did not exist, capitalism would have to create it. Luckily for the capitalists, it does exist, because they did create it. Climate migrants now form what we might call a “disposable climate labor army,” conscripted out of a standing reserve of global poverty from wherever the next climate-related disaster strikes, and deployed wherever capitalism demands precarious, securitized, and criminalized labor to be exploited.

We need to rethink the whole framing of the climate migration “crisis.” Among other things, we need a more movement-oriented political theory to grapple better with the highly mobile events of our time — what I call a “kinopolitics.” The advent of the Capitalocene/Kinocene makes possible today the insight that nature, humans, and society have always been in motion. Humans are and have always been fundamentally migratory, just as the climate and the earth are. These twin insights might sound obvious today, but if taken seriously, they offer a complete inversion of the dominant interpretive paradigms of the climate and migration crises.

Humans and Earth have always been in motion, but not all patterns of motion are the same. There is no natural, normal, or default state of the earth or of human society. Therefore, we have to study the patterns of circulation that make possible these metastable states and not take them as given. This is what I have tried to work out in The Figure of the Migrant (2015) and Theory of the Border (2016). Unfortunately, the dominant framework for thinking about the climate and migrant crises is currently upside down. It starts from the perspective of a triple stasis: 1) that the earth and human society are in some sense separable and static, or at least stable, structures; 2) that the future should continue to be stable as well; and 3) that if there is not stability, then there is a “crisis.” Mobility, then, is a crisis only if we assume that there was or should be stasis in the first place. For example, migrants are said to destabilize society, and climate change is said to destabilize the earth.

From a kinopolitical perspective, we can see that the opposite is, in fact, true: Humans were first migratory, and only later settled into more metastable patterns of social-circulation (made historically possible by the social expulsion and dispossession of others). Migrants are not outside society but have played a productive and reproductive role throughout history. Migrant movements are constitutive and even transformative elements of society, rather than exceptional or marginal phenomena. The real question is how we ever came to act and think as if societies were not processes of social circulation that relied on migration as their conditions of reproduction. The earth, too, was first migratory, and only later did it settle into metastable patterns of geological and atmospheric circulation (e.g. the Holocene). Why did we ever think of the earth as a stable surface, immune from human activity in the first place?

The problem with the prevailing interpretation of climate change and migration is that the flawed paradigm that has defined the “crisis,” the notion of stasis, is also proposed as the solution “Let’s just get things back to normal stability again.” In short, I think a new paradigm is needed that does not use the same tools that generated the “crisis” to solve it — i.e. capitalism, colonialism, and the nation-state.

Today’s migrant “crisis” is a product of the paradox at the heart of the capitalist, territorial nation-state form, just as the climate crisis is an expression of the paradox at the heart of anthropocentrism. The solutions, therefore, will not come from the forms in crisis but only from the birth of new forms-in-motion that begin with the theoretical primacy of the very characteristic that is dissolving the old forms: the inherent mobility of the migrant climate and the climate migrant.

▻https://publicseminar.org/essays/the-climate-migration-industrial-complex

#complexe_militaro-industriel #réfugiés_environnementaux #réfugiés_climatiques #murs #barrières_frontalières #business #climat #changement_climatique #sécurité #rétention #détention_administrative #privatisation #contrôles_frontaliers #kinopolitics #kinopolitique #kinocène #mobilité #circulation #crise #stabilité #philosophie #ressources_pédagogiques #Etat-nation

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#catastrophes_naturelles :

What we call “climate migrants” or “climate refugees” are not the victims of merely “natural disasters,” because climate change is not a strictly natural process — it is also highly political. The causes of climate-related migration are disproportionately produced by rich Western countries and the effects are disproportionately suffered by poorer countries. The circumstances that determine who is forced to migrate are also influenced by the history of colonialism, global inequality, and the same conditions that have propelled economic migration for decades. In short, the fact that climate change benefits the perpetrators of climate destruction by producing an increasing supply of desperate, criminalized, physically and economically displaced laborers is no coincidence.

–-> @karine4

#terres #accaparement_des_terres :

Another key is the use of climate change to acquire new land. When people are forced to migrate out of a territory, or when frozen territories thaw, new lands, waters, and forests become open to extractive industries like mining, drilling, fishing, and logging.

–-> @odilon
#extractivisme #colonialisme

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@sinehebdo, un nouveau mot :
–-> #crimmigration
#mots #terminologie #vocabulaire

Et aussi... la #kinocène

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Lien avec le #capitalisme :

If only there were new ways, the capitalist dreams, to kick start the economy and cheaply dislodge huge numbers of people from their land, devalorize their labor, and then appropriate that labor extremely cheaply. In other words, if climate change did not exist, capitalism would have to create it. Luckily for the capitalists, it does exist, because they did create it. Climate migrants now form what we might call a “disposable climate labor army,” conscripted out of a standing reserve of global poverty from wherever the next climate-related disaster strikes, and deployed wherever capitalism demands precarious, securitized, and criminalized labor to be exploited.

#expoitation #travail #disposable_climate_labor_army #pauvreté

signalé par @isskein

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Trapped in Dublin

ECRE’s study (▻https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/842813/EPRS_STU(2020)842813_EN.pdf) on the implementation of the Dublin Regulation III, has just been published by the Europpean Parliament Research Service which commissioned it.

Drawing largely on statistics from the Asylum Information Database (AIDA) database, managed by ECRE and fed by national experts from across Europe, and on ongoing Dublin-related litigation, the study uses the European Commission’s own Better Regulation toolbox. The Better Regulation framework is designed to evaluate any piece of Regulation against the criteria of effectiveness, efficiency, relevance, coherence and EU added value.

There are no surprises:

Assessing the data shows that Dublin III is not effective legislation as it does not meet its own objectives of allowing rapid access to the procedure and ending multiple applications. The hierarchy of criteria it lays down is not fully respected. It appears inefficient – financial costs are significant and probably disproportionate. Notable are the large investments in transfers that do not happen and the inefficient sending of different people in different directions. The human costs of the system are considerable – people left in limbo, people forcibly transferred, the use of detention. The relevance and EU added value of the Regulation in its current form should be questioned. The coherence of the Dublin Regulation is weak in three ways: internal coherence is lacking due to the differing interpretations of key articles across the Member States+; coherence with the rest of the asylum acquis is not perfect; and coherence with fundamental rights is weak due to flaws in drafting and implementation.

So far, so already well known.

None of this is news: everybody knows that Dublin is flawed. Indeed, in this week’s hearing at the European Parliament, speaker after speaker stood up to condemn Dublin, including all the Member States present. Even the Member States that drove the Dublin system and whose interests it is supposed to serve (loosely known as the northern Member States), now condemn it openly: it is important to hear Germany argue in a public event that the responsibility sharing rules are unfair and that both trust among states and compliance across the Common European Asylum System is not possible without a fundamental reform of Dublin.

More disturbing is the view from the persons subject to Dublin, with Shaza Alrihawi from the Global Refugee-led Network describing the depression and despair resulting from being left in limbo while EU countries use Dublin to divest themselves of responsibility. One of the main objectives of Dublin is to give rapid access to an asylum procedure but here was yet another case of someone ready to contribute and to move on with their life who was delayed by Dublin. It is no surprise that “to Dublin” has become a verb in many European languages – “dubliner” or “dublinare”, and a noun: “I Dublinati” – in all cases with a strong negative connotation, reflecting the fear that people understandably have of being “dublinated”.

With this picture indicating an unsatisfactory situation, what happens now?

Probably not much. While there is agreement that Dublin III is flawed there is profound disagreement on what should replace it. But the perpetual debate on alternatives to Dublin needs to continue. Dysfunctional legislation which fails the Commission’s own Better Regulation assessment on every score cannot be allowed to sit and fester.

All jurisdictions have redundant and dysfunctional legislation on their statute books; within the EU legal order, Dublin III is not the only example. Nonetheless, the damage it does is profound so it requires attention. ECRE’s study concludes that the problems exist at the levels of design and implementation. As well as the unfair underlying principles, the design leaves too much room for policy choices on implementation – precisely the problem that regulations as legal instruments are supposed to avoid. Member States’ policy choices on implementation are currently (and perhaps forever) shaped by efforts to minimise responsibility. This means that a focus on implementation alone is not the answer; changes should cover design and implementation.

The starting point for reform has to be a fundamental overhaul, tackling the responsibility allocation principles. While the original Dublin IV proposal did not do this, there are multiple alternatives, including the European Parliament’s response to Dublin IV and the Commission’s own alternatives developed but not launched in 2016 and before.

Of course, Dublin IV also had the other flaws, including introducing inadmissibility procedures pre-Dublin and reduction of standards in other ways. Moving forward now means it is necessary to de-link procedural changes and the responsibility-sharing piece.

Unfortunately, the negotiations, especially between the Member States, are currently stuck in a cul-de-sac that focuses on exactly this kind of unwelcome deal. The discussion can be over-simplified as follows: “WE will offer you some ‘solidarity’ – possibly even a reform of Dublin – but only if, in exchange, YOU agree to manage mandatory or expanded border procedures of some description”. These might be expanded use of current optional asylum procedures at the border; it might be other types of rapid procedures or processes to make decisions about people arriving at or transferred to borders. In any case, the effect on the access to asylum and people’s rights will be highly detrimental, as ECRE has described at length. But they also won’t be acceptable to the “you” in this scenario, the Member States at the external borders.

There is no logical or legal reason to link the procedural piece and responsibility allocation so closely. And why link responsibility allocation and procedures and not responsibility allocation and reception, for instance? Or responsibility allocation and national/EU resources? This derives from the intrusion of a different agenda: the disproportionate focus on onward movement, also known as (the) “secondary” movement (obsession).

If responsibility allocation is unfair, then it should be reformed in and of itself, not in exchange for something. The cry will then go out that it is not fair because the MS perceived to “benefit” from the reform will get something for nothing. Well no: any reform could – and should – be accompanied with strict insistence on compliance with the rest of the asylum acquis. The well-documented implementation gaps at the levels of reception, registration, decision-making and procedural guarantees should be priority.

Recent remarks by Commissioner Schinas (▻https://euobserver.com/migration/147511) present nothing new and among many uncertainties concerning the fate of the 2016 reforms is whether or not a “package approach” will be maintained by either or both the co-legislators – and whether indeed that is desirable. One bad scenario is that everything is reformed except Dublin. There are provisional inter-institutional agreements on five files, with the Commission suggesting that they move forward. ECRE’s view is that the changes contained in the agreements on these files would reduce protection standards and not add value; other assessments are that protection standards have been improved. Either way, there are strong voices in both the EP and among the MS who don’t want to go ahead without an agreement on Dublin. Which is not wrong – allocation of responsibility is essential in a partially harmonised system: with common legal provisions but without centralised decision-making, responsibility allocation is the gateway to access rights and obligations flowing from the other pieces of legislation. Thus, to pass other reforms without tackling Dublin seems rather pointless.

While certainly not the best option, the best bet (if one had to place money on something) would be that nothing changes for the core legislation of the CEAS. For that reason, ECRE’s study also lists extensive recommendations for rights-based compliance with Dublin III.

For example, effectiveness would be improved through better respect for the hierarchy of responsibility criteria, the letter of the law: prioritise family unity through policy choices, better practice on evidential standards, and greater use of Articles 16 and 17. Minimise the focus on transfers based on take-back requests, especially when they are doomed to fail. To know from the start that a transfer is doomed to fail yet to persist with it is an example of a particularly inhumane political dysfunction. Effectiveness also requires better reporting to deal with the multiple information gaps identified, and clarity on key provisions, including through guidance from the Commission.

Solidarity among Member States could be fostered through use of Article 33 in challenging situations, which allows for preventive actions by the Commission and by Member States, and along with the Temporary Protection Directive, provides better options than some of the new contingency plans under discussion. The use of Article 17, 1 and 2, provides a legal basis for the temporary responsibility-sharing mechanisms which are needed in the absence of deeper reform.

In perhaps the most crucial area, fundamental rights compliance could be significantly improved: avoid coercive transfers; implement CJEU and ECtHR jurisprudence on reasons for suspension of transfers – there is no need to show systemic deficiencies (CK, Jawo); make a policy decision to suspend transfers to the EU countries where conditions are not adequate and human rights violations are commonplace, rather than waiting for the courts to block the transfer. Resources and political attention could focus on the rights currently neglected: the right to family life, the best interests of the child, right to information, alternatives to detention. Evaluating implementation should be done against the Charter of Fundamental Rights and should always include the people directly affected.

Even with flawed legislation, there are decisions on policy and resource allocation to be made that could make for better compliance and, in this case, compliance in a way that generates less suffering.

▻https://www.ecre.org/weekly-editorial-trapped-in-dublin

#asile #migrations #réfugiés #Dublin #Dublin_III #Better_Regulation #efficacité #demandes_multiples (le fameux #shopping_de_l'asile) #accélération_des_procédures #coût #transferts_Dublin #renvois_Dublin #coûts_humains #rétention #limbe #détention_administrative #renvois_forcés #cohérence #droits_humains #dépression #désespoir #santé_mentale #responsabilité #Dublin_IV #procédure_d'asile #frontières #frontière #mouvements_secondaires #unité_familiale #inhumanité #solidarité #Temporary_Protection_Directive #protection_temporaire #droits #intérêt_supérieur_de_l'enfant

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Commentaire de Aldo Brina à qui je fais aveuglement confiance :

Les éditos de #Catherine_Woollard, secrétaire générale de l’#ECRE, sont souvent bons… mais celui-ci, qui porte sur Dublin, gagne à être lu et largement diffusé

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3 heures, Jalil est menotté : « On vient te chercher pour l’aéroport, prépare-toi »

Comment vit-on en centre de rétention, où la France place les étrangers qu’elle veut expulser ? Mediapart entreprend une série exceptionnelle sur celui de #Marseille : conditions de vie, #violence, rôle des juges, des policiers ou des médecins… Dans ce premier article, Jalil, jeune Afghan, découvre soudain l’enfermement.

https://static.mediapart.fr/etmagine/default/files/2020/02/07/1cra.jpg?width=1750&height=1099&width_format=pixel&height_format=pixel#.jpg

CALL FOR ACCOUNTABILITY: Apparent #Suicide in #Moria Detention Centre followed failure by Greek State to provide obligated care.

https://legalcentrelesvos.org/wp-content/uploads/2020/01/PrisonKillsGreekWeb-724x1024.jpg

On 6 January a 31-year-old man from Iran was found dead, hung in a cell inside the Pre Removal Detention Centre (#PRO.KE.K.A.), the prison within Moria camp on Lesvos island. Police knew before they detained him that he had serious mental health issues, according to reports from several detained with him. Despite this, for approximately two weeks prior to his death he was kept in isolation.

Within this PRO.KE.K.A. prison, those that are held there are the “undesirables” of the European Union and Greek State: the majority are arrested after arriving to Lesvos from Turkey, and held there immediately upon arrival, based only on their nationality. Others are considered ‘public security threats’ but they have never been tried or convicted. Others have had their asylum cases rejected, but they were judged in an unfair asylum system built to exclude migrants from Europe and maintain an undocumented and therefore exploitable population.

This policy of collective punishment is commonly reproduced in courts and the media, which criminalize migrants and categorizes them as having a ‘low refugee profile’ before anything is even known about them individually. This concept of a ‘low refugee profile’ is implemented in PRO.KE.K.A. in Lesvos and Kos, through a pilot project. Those who come from countries where, statistically, less than 25% are granted international protection, are detained upon arrival from Turkey. This is mainly people from African states. Men from these countries who arrive to Lesvos without family, are arrested upon arrival and detained for up to three months. The new asylum law allows for increasing detention time for up to 18 months.

PRO.KE.K.A. operates with little oversight or accountability. There, people are held with limited access to legal, medical or psychological support. People are detained in overcrowded cells 22 hours a day. According to detainees, psychological and physical abuse is common. Detainees have reported the following abuses: People are woken up at random hours of the night using noise and light. They are forced to spend two hours outside each day, even in the winter. Recently, there are reports that they are taken to where there are no cameras and beaten by the police, and beaten by the police while in handcuffs. People are granted access to their phones only at weekends, cutting them off most of the week from their families and support networks, and making communication with legal support almost impossible. Visits from friends and family are at times prohibited. Because of these reasons, reporting abuse is practically impossible for detainees. Also many report that they fear retaliation by the police and do not trust government or official organizations because they see abuse continue with no consequences for the police, even though the abuse happens under everyone’s eye.

Almost no basic need is met. No adequate warm clothing, and only one blanket, meaning they must freeze in the winter months. Without interpreters present, detainees have limited means of communicating with prison officers, meaning that many do not know why they are detained or for how long. The food is inadequate and unhealthy, with many going hungry. At times, only one meal a day is served, and no food can be brought in from contacts outside. They are provided no basic hygiene products like soap or toothpaste, and outbreaks of scabies have occurred.

The asylum claims of those detained in PRO.KE.K.A. are accelerated, and people are scheduled for interviews on their asylum claims within a few days of arrival, and access to legal aid is severely limited. Legal aid on appeal is routinely denied, despite having a right to a lawyer. Trapped in prison, detainees face huge difficulties submitting evidence to the asylum service to support their claims.

The illegal detention of minors is commonplace because European Border Agency FRONTEX is systematically registering minors as adults. Torture survivors are also commonly detained despite an obligation by the state to screen for any vulnerabilities. Those with serious medical and psychological conditions are routinely denied access to healthcare. For example people with prescription medicine are not provided with this medication, even if they had it on their person when arrested. When people ask to see a doctor or psychologist, the police and AEMY – a private institution supervised by the Greek Ministry of Health – pass responsibility between each other and often people are never treated. Self harm is tragically common in PRO.KE.K.A.. At times, those with severe illnesses have been detained and deported by police and FRONTEX to Turkey, under the knowledge of UNHCR.

Here in PROK.E.K.A. is where the man who died found himself in December 2019, when he was taken into detention. According to other people detained in PRO.KE.K.A., he spent just a short time with other people, before being moved to isolation for approximately two weeks. While in solitary confinement, even for the hours he was taken outside, he was alone, as it was at a different time than other people. For multiple days he was locked in his cell without being allowed to leave at all, as far as others detained saw. His food was served to him through the window in his cell during these days. His distressed mental state was obvious to all the others detained with him and to the police. He cried during the nights and banged on his door. He had also previously threatened to harm himself. Others detained with him never saw anyone visit him, or saw him taken out of his cell for psychological support or psychiatric evaluation.

Healthcare in the prison is run by AEMY and the Greek state is its sole shareholder. Its medical team supposedly consists of one social worker and one psychologist. However, the social worker quit in April 2019 and was never replaced. The psychologist was on leave between 19 December and 3 January. The man was found dead on 6 January meaning that there were only two working days in which AEMY was staffed during the last three weeks of his life, when he could have received psychological support. This is dangerously inadequate in a prison currently holding approximately 100 people. KEELPNO is the only other state institution able to make mental health assessments, yet it has publicly declared that it will not intervene in the absence of AEMY staff, not even in emergencies, and that in any case it will not reassess somebody’s mental health.

If we believe that this individual took his own life in order to escape from the abyss of PRO.KE.K.A., then it was the result of prison conditions that push people to despair, and the failure of multiple state agencies to provide him obligated mental health care.

One death is too many. We call for an independent investigation into the circumstances surrounding the death on 6 January.

▻https://legalcentrelesvos.org/2020/01/19/call-for-accountability-apparent-suicide-in-moria-detention-centr
#Grèce #décès #mort #Lesbos #rétention #détention_administrative #mourir_en_rétention

Communiqué du 22 janvier 2020 des prisonniers de #Oissel en lutte

La prison pour étrangèr.e.s de Oissel (près de #Rouen) est connue pour ses keufs violents et raciste, sa direction qui réprime tous les mouvements de lutte. Dans cette taule le mitard est régulièrement utilisé pour tabasser des prisonniers.

Cette prison a été en partie brulé à la fin du mois d’avril par des prisonniers après une grève de la faim violemment reprimée.

Samedi dernier des keufs tapent un prisonnier et l’amène au mitard ( il en est ressortit le mercredi 22 janvier) parce qu’il avait voulu se montrer solidaire d’un autre prisonnier. Le soir des policiers cagoulés avec des chiens rentrent dans le centre pour foutre la pression aux prisonniers. Depuis les violences, coups de pressions, insultes racistes ne se sont pas arrêtés.

Ce mercredi 22 janvier au soir, les 42 prisonniers de la section homme du cra de Oissel se sont mis en grève de la faim. On relaye leurs communiqués :

Au centre de rétention de Oissel (près de Rouen) la police est violente et nous humilie tous les jours. Toujours ils provoquent, ils disent “Baisse les yeux !”. La nourriture est froide et n’est pas halal, alorsqu’il y a une majorité de prisonniers qui sont musulmans.
Même la prison c’est mieux qu’ici. Y en a ils ont 10 ou 20 ans ici et onles mets en centre de rétention.
Depuis samedi c’est encore pire. La police à encore voulu mettre unprisonnier à l’isolement. Son ami s’y est opposéet ils l’ont amené violemment aussi à l’isolement. Le soir y avait la police avec des chiens et des cagoules dans le centre pour nous faire peur.
Le prisonnier qui était à l’isolement il vient d’en sortir. Ils l’ont
tabassé, il peut pls parler, il a des bleus partout. Les yeux et les
oreilles sont gonflées.
Hier ils ont cassés le pied d’un autre prisonnier.
Tout ça va pas du tout. Tout le monde se plaint. Nous sommes plus de 42 prisonniers enfermés ici. Donc là on fait la grève commune. Ce soir personne ne mange.
On va essayer d’occuper le couloir parce que ce qui c’est passé depuis samedi dernier c’est encore pire que d’habitude.
Ici y a pas d’hygiène. Les chambres sont pas nettoyés tous les jours.

On revendique
-La fin des #violences_policières, de la #xénophobie des policiers et de leurs #racisme
-Un minimum d’#hygiène et de #dignité
-De la #nourriture correcte
-Des #soins corrects

Les prisonniers en grève de la faim de Oissel, le 22 janvier

►https://abaslescra.noblogs.org/communique-des-prisonniers-de-oissel-en-lutte
#rétention #détention_administrative #asile #migrations #réfugiés #CRA #grève_de_la_faim #résistance

The Landscapes of Border Control : Mapping border control and resistance

Border Criminologies is pleased to launch our new interactive website, the Landscapes of Border Control. Starting with material gathered from and about Greece and Italy this project aims to visualise what goes on in detention centres in order to increase public understanding about immigration and the treatment of immigrants in detention settings. Eventually, other countries will be added.

Despite the increased media and political attention on Italy and Greece as key sites of European border security, we still know little about everyday life inside detention sites in these two countries. This map, and the stories that accompany it, seek to fill this gap by contextualising and communicating the presence and function of these sites of confinement as well as the lived experiences of those within them. In doing so, this project seeks not only to present the violence of the border control regime but also to illuminate the struggles of those affected by it.

Such a project is particularly important, we believe, in the face of the alarming growth of the detention estate worldwide, and particularly in Italy and Greece. For instance, in Italy a new detention centre has been re-opened in December at Gradisca d’Isonzo, and another one is in the process of being opened in Macomer. Tragically, two deaths have already occurred in 2020, the latest one occurring on Saturday 18 January, when a 20-years old man died in the hospital of Gorizia. Early reports suggest that Vakhtang Enukidze had been seriously injured during an episode of violence within the Gradisca detention centre a few days before. While an investigation is currently underway, early reports from activists reveal considerable police brutality (see here). In response, they have organised a demonstration in front of the centre in solidarity with the detainees inside (see here). This latest tragedy demonstrates, once again, the importance of joint efforts to ensure that what happens in detention is not hidden from scrutiny, that detainees’ experiences are heard, and that human rights defenders are given information and support.

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/styles/full_width/public/picture_1_11.png?itok=wCa1-g8b#.jpg

Moved by these aims, this countermapping project presents a variety of forms of evidence including videography, photography, original art, oral history, and testimonies from those directly affected. The material disseminated through this platform draws on a large set of data obtained over different time periods and under a range of diverse projects and long-term engagement with civil society organisations. It is specifically designed to offer a platform to civil society organisations, solidarity groups, (ex) detainees and the public to communicate their experiences from detention and

The map shows the locations of facilities where migrants may be detained in both Greece and Italy. Clicking on a node, you can see the name of the centre; click again and you will be directed to the centre’s page where an array of information will be provided including images, video and audio (where applicable), academic work, human rights organisations’ reports, policy briefs and other published material. We hope that in time, the material we provide will be enriched by original contributions from people in the field and those who have survived the centres.

Items can be added easily through the button ‘add information to this location’ found at the bottom of each individual page. An example can be seen here for Ponte Galeria in Rome. Entirely new locations can also be added by filling in information on this page. Items will be screened by Border Criminologies’ members. Information can also be provided in Italian and Greek and will be translated by us.

Contributors will remain anonymous if they wish and they can add either free text, a pdf document, video or audio files.

This is a collaborative project, designed to give organisations and groups already in detention an avenue for publicising their findings and disseminating them to a wider audience which is not limited to their national contexts but reaches out globally. We have received considerable assistance from a range of people and collectives/NGOs in getting it this far. Among these, in Italy, we would like to mention BeFree, ADIF, ASGI, the Migrant Observatory Basilicata, LasciateCIEntrare, CILD, Antigone, Sant’Egidio, A Buon Diritto, the International University College of Turin and the Legal Clinic of Roma Tre on migration and asylum. So, too, we have worked with the Greek Refugee Council and Aitima, among others.

We hope this initiative, which is supported by the ‘Public Engagement with Research Fund,’ at the University of Oxford and the Open Society Foundations, will challenge attempts by the Greek and Italian states to invisibilise and spatially isolate immigrants, while supporting local partners who are engaged in advocacy and strategic litigation, e.g. through factual investigation, research and analysis. We believe that this project can provoke critical witnessing. This map depicts Italy and Greece as they are experienced and shaped by migrants’ presence and their struggles.

▻https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/01/landscapes-border
#rétention #détention_administrative #asile #migrations #réfugiés #Italie #Grèce #cartographie #carte_interactive #visualisation

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Je me demande en quoi l’initiative est vraiment différente du site web de Migreurop « #Close_the_camps » :
▻https://en.closethecamps.org

Et du #Global_detention_project :
▻https://www.globaldetentionproject.org

ping @karine4 @reka
via @isskein

Denmark: Council of Europe Shocked over Conditions in Danish Detention Centres and Threatens Legal Action

A report from Council of Europe’s Anti-Torture Committee (CPT) raises severe critique of conditions in the Danish detention centres for asylum seekers in #Ellebæk and #Nykøbing_Falster (▻https://rm.coe.int/1680996859). Denmark has three months to comply with CPT recommendations or will face possible legal actions through the European Court of Human Rights.

Hans Wolff, who led the CPT delegation to Denmark in April expresses shock over detention conditions in the country that are among the worst in Europe. Wolff stated that: “Either Denmark must make some very fast and serious changes on all the areas we have mentioned in the report. Or they must close down Ellebæk and move the detainees to a place with better facilities”.

The main points of critique from CPT includes “unacceptable” prison like regimes of rules, a “carceral and oppressive” material environment and “clearly inappropriate” material conditions with rooms and sanitary facilities in a “deplorable state of repair”. Further, lack of staff, inadequate legal advice and translation, overcrowding, limited health services and lack of comprehensive medical screenings including of mental or physical diseases was criticised by CPT. Also, the CPT raised critique of the use of disciplinary solitary confinement for extended periods of time and remarked alleged verbal abuse by centre personal and the risk of suicides due to the lack of suicide-proof clothing with detainees “sometimes placed entirely naked in an observation room”, a practice that according to CPT “could be considered to amount to degrading treatment”.

The centre-left parties of the Danish Parliament, the Liberals (Radikale Venstre), the Red-Green coalition (Enhedslisten), and the Socialist People’s Party (SF) urges the Social Democratic government to follow up (▻https://medium.com/are-you-syrious/ays-daily-digest-07-01-2019-council-of-europe-says-danish-ellebaek-unsuitabl) on the critique from CPT. Kristian Hegaard representing the Liberal Party underlines (▻https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-01-07-nick-haekkerup-afviser-kritik-ellebaek-skal-ikke-vaere-et-rar that these people have not committed any crimes and should not be treated as monsters.

According to the CPT the centres in Ellebæk and Nykøbing Falster holds mainly rejected asylum seekers awaiting deportation and were “at the time of the visit, as the only administrative migration detention centres in Denmark the only administrative migration detention centres in Denmark”. Administrative detention can last up to 18 months under special circumstances.

▻https://mailchi.mp/ecre/ecre-weekly-bulletin-16012020?e=989a4aebdd#Denmark:%20Council%20of%20Europe%
#Danemark #asile #migrations #réfugiés #détention #régime_carcéral #traitements_dégradants #déboutés #rétention #détention_administrative

Report: Israel issued 1,022 administrative detention orders against Palestinians in 2019
January 3, 2020 at 11:22 am – Middle East Monitor
▻https://www.middleeastmonitor.com/20200103-report-israel-issued-1022-administrative-detention-order

https://i0.wp.com/www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/2019/05/220218_ASH_00-6.jpg?resize=1200%2C800&quality=85&strip=all&ssl=1

The Palestinian Prisoners Centre for Studies said yesterday that Israel has issued 1,022 administrative detention orders against Palestinians in 2019.

The group said in a statement that there were ten per cent more administrative detention orders – imprisonment without charge or trial – issued by Israeli courts in 2019 compared to 2018 when 920 orders were documented.

Spokesman Riyad Al-Ashqar said 380 new administrative detention orders were issued in 2019; the majority against previously freed prisoners, compared with 642 renewals.

Some prisoners had their detention orders renewed for the sixth time, Al-Ashqar explained.

Twenty per cent of the orders were issued I the occupied West Bank cities of hebron, Ramallah and Bethlehem.

#détention_administrative

#Macomer, il Cpr affidato alla società svizzera Ors

Il contratto è stato firmato all’inizio del mese, ancora incerta la data di apertura Nell’appalto la gestione di tutti i servizi del centro per il rimpatrio degli immigrati

▻https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2019/12/15/news/macomer-il-cpr-affidato-alla-societa-svizzera-ors-1.38217425
#asile #migrations #réfugiés #déboutés #renvois #CPR #rétention #détention_administrative #Italie #ORS #privatisation

Ajouté à la métaliste sur ORS:
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Retrait de La Cimade du CRA du #Mesnil-Amelot après une tentative de suicide dans ses bureaux

Mardi 10 décembre, un homme a tenté de mettre fin à ses jours dans les bureaux de La Cimade au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot. Avec le câble d’une lampe, il a tenté de s’étrangler, les équipes de La Cimade ont dû intervenir pour limiter les blessures liées à l’étranglement et alerter les secours. Suite à cet acte qui s’inscrit dans un contexte de violence institutionnelle extrême, une première période de retrait de 24 heures a été décidée.

Ce retrait des équipes de La Cimade au CRA du Mesnil-Amelot intervient dans un contexte très violent, dénoncé régulièrement par La Cimade, notamment depuis l’entrée en vigueur de la loi Asile et Immigration qui a doublé la durée de l’enfermement passant de 45 jours à 90.

La violence de la situation dans l’ensemble des CRA et en particulier au Mesnil-Amelot n’est pas nouvelle, le 11 juillet dernier, La Cimade s’était déjà retirée pour une période de trois semaines. Ce retrait historique était une première depuis le début de l’intervention de La Cimade en rétention en 1984.

Moins de six mois après ce premier retrait, la politique répressive s’accentue. Les droits des personnes sont violés par les préfectures avec le consentement de la Place Beauvau.

Depuis plusieurs semaines, des personnes sont enfermées au centre de rétention avant d’être renvoyées vers des pays en guerre ou dangereux comme le Soudan, l’Afghanistan et l’Iran. Par ailleurs, les actes de désespoir se sont encore multipliés : grèves de la faim, départs de feu, automutilations, etc. La semaine dernière, une personne enfermée tentait de se pendre après s’être déshabillée et couverte de ses excréments. Atteinte de troubles psychiatriques, elle affirmait ne pas avoir accès à son traitement depuis son enfermement au centre de rétention. Un exemple parmi bien d’autres de personnes gravement malades enfermées sans discernement par l’administration.

La défense des droits des personnes enfermées est une mission prioritaire de La Cimade depuis 80 ans. Les violences infligées par l’administration, l’État et le gouvernement aux personnes étrangères ne sont plus tolérables et mettent en péril l’exercice de notre mission.

La Cimade réitère ses condamnations de la politique migratoire et du tout enfermement voulue par le président Macron, elle appelle à un changement radical de paradigme.

▻https://www.lacimade.org/presse/retrait-de-la-cimade-du-cra-du-mesnil-amelot-apres-une-tentative-de-suicid
#suicide #tentative_de_suicide #rétention #détention_administrative #France #CRA

Quand la #Suisse internait les pauvres et les marginaux

Jusqu’en 1981, aux quatre coins du pays, les autorités ont fait interner des dizaines de milliers d’hommes et de femmes sans procédure judiciaire. Une commission d’experts a récemment effectué des recherches sur ces « internements administratifs ». Les résultats écornent l’image que la Suisse se fait d’elle-même.

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La « justice administrative » fait partie « des choses les plus révoltantes qu’on puisse imaginer ». Ces mots ont été écrits en 1939 par l’écrivain bernois réformiste Carl Albert Loosli, cité 80 ans plus tard par la Commission indépendante d’experts (CIE). Tandis que les criminels ont droit à un procès, les personnes mises à l’écart par les autorités d’assistance et autres instances administratives en sont privées, se révoltait Loosli. Les institutions suisses abritent entre leurs murs des « esclaves de l’État, livrés corps et âme à l’arbitraire des autorités ». Et le plus étonnant, souligne-t-il, c’est que « personne ne s’en offusque ».

Carl Albert Loosli, fils illégitime d’une fille de paysan, avait lui-même été placé dans une maison de rééducation durant son adolescence. Les voix critiques comme la sienne ont longtemps rebondi sur le système. Ce n’est qu’en 1981 que les cantons ont abrogé leurs lois sur l’internement et que la Confédération a révisé le code civil. Entre-temps, le domaine social s’était professionnalisé et la société était devenue plus libérale après 1968. Mais l’avancée fut surtout due à la pression internationale : la pratique suisse consistant à priver de leur liberté des adultes jeunes et moins jeunes d’un simple trait de plume n’était pas compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme que la Confédération avait ratifiée.

La « Maison d’une autre Suisse »

Les personnes concernées, qui avaient été incarcérées alors qu’elles étaient innocentes, n’ont pas été réhabilitées à cette époque. La honte les rendaient muettes, elles aussi. « Nous portions les stigmates du temps passé en « taule » alors que nous n’avions commis aucun crime », relate Ursula Biondi. Aujourd’hui âgée de 69 ans, elle a dans sa jeunesse été « internée administrativement » – selon le langage bureaucratique (voir p. 14) – au pénitencier de #Hindelbank à des fins de #rééducation. Au début du XXIe siècle, des personnes courageuses comme elle ont commencé à raconter leur histoire. Relayé par les médias, le sujet a fini par entrer dans l’agenda politique. Entre 2011 et 2016, le Conseil fédéral a présenté deux fois ses excuses, une loi sur la réhabilitation a été adoptée et le Parlement a décidé de verser une contribution de solidarité à toutes les victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance. À côté des internés administratifs, d’autres personnes ont également exigé qu’on reconnaisse leur souffrance et qu’on les réhabilite : les anciens enfants placés et les personnes stérilisées de force (« Revue Suisse » 5/2018).

Le Conseil fédéral a mis sur pied la CIE pour étudier en particulier les internements administratifs. Plus de 30 chercheurs se sont mis au travail. Après quatre ans d’activité, la CIE a publié dix volumes ces derniers mois, avec notamment des portraits de victimes. Elle a présenté son rapport final cet automne et recommandé de nouvelles mesures de réhabilitation allant du versement de prestations financières supplémentaires aux victimes à la fondation d’une « Maison de l’autre Suisse » comme lieu d’information sur ces événements. La ministre suisse de la justice, Karin Keller-Sutter, a reçu ces recommandations. Il s’agit aussi de décider si l’on prolongera le délai expiré de dépôt des demandes pour la contribution de solidarité, qui s’élève à 25 000 francs par personne. Dans ce cas, d’autres victimes pourraient se manifester. Y compris des personnes vivant à l’étranger qui n’ont pas pu déposer une demande dans les délais.

#Répression dans un État de droit

Le rapport de la CIE comporte 400 pages d’histoire et tend un miroir à la Suisse. On ne peut le dire autrement : pour les personnes en marge de la société, pauvres ou ne répondant pas à l’idée qu’on se faisait de la conformité, la Suisse était, jusqu’à il y a peu, un lieu inhospitalier, voire répressif. Il existait un droit de seconde classe, et peu nombreux sont ceux qui s’en sont émus. Voici un bref résumé des principaux résultats de la CIE :

Au XXe siècle, au moins 60 000 personnes ont fait l’objet d’un internement administratif dans 650 institutions. Ce chiffre est plus important que prévu. L’internement en dehors du cadre pénal ne constituait pas simplement une bizarrerie du droit suisse, il faisait partie du système.
La justice administrative visait surtout les couches sociales inférieures : les pauvres et les marginaux sans emploi fixe ni liens sociaux ou familiaux. Mais des membres de minorités comme les #Yéniches ont aussi été arrêtés et, après la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus de jeunes « rebelles ».
Ce sont des autorités de milice qui décidaient de l’internement : conseils communaux, commissions d’assistance communales, autorités tutélaires. Le soir, après leur travail, le commerçant, la femme au foyer et le comptable scellaient le sort de leurs concitoyens. Des conseillers d’État et des membres du gouvernement le faisaient aussi, sous prétexte de porter assistance, d’éduquer ou de protéger la société. Jugements moraux et clichés sexistes teintaient les avis : on reprochait aux hommes – qui constituaient 80 % des personnes internées – leur « fainéantise » ou leur alcoolisme, aux femmes leur « inconduite ».
Quelques-unes des nombreuses institutions suisses servaient plusieurs objectifs à la fois. Il arrivait ainsi que des internés administratifs soient incarcérés avec des criminels condamnés. Ils étaient aussi placés dans des établissements de travail forcé, des colonies de travail, des foyers d’éducation, des asiles pour buveurs et des hospices de pauvres. Dans les institutions mal pourvues et peu surveillées, les hommes devaient fournir un travail physique en plein air, et les femmes, des tâches ménagères. Le travail forcé n’était pas ou peu rémunéré.
L’expérience dramatique de l’internement poursuivait les victimes même après leur libération, souvent pour la vie. Certaines ont été brisées, d’autres ont choisi d’émigrer. Beaucoup vivent aujourd’hui encore dans la précarité. Les autorités ont échoué dans leur objectif de réinsérer dans la société des « personnes en danger ». Dans les faits, les internements ont aggravé les problèmes et l’#exclusion.

Déjà une #injustice à l’époque

Aujourd’hui, ces atteintes à la liberté individuelle paraissent clairement disproportionnées et ces méthodes d’assistance, brutales. Mais l’époque était différente, et les internements s’appuyaient sur des lois. Sont-ils devenus injustes a posteriori ? Non, répond la CIE, pour qui les lois d’internement enfreignaient les droits fondamentaux et les principes de l’État de droit. Les personnes internées l’étaient souvent pour une durée indéterminée, sans décision juridique valable, et n’étaient pas auditionnées. En maints endroits, elles n’avaient pas la possibilité de faire recours auprès d’un tribunal indépendant. En outre, les lois étaient floues, et les autorités pouvaient les interpréter à leur guise. Au début, les internements représentaient pour l’État un moyen de gérer les pauvres à peu de frais. Au cours du XXe siècle, ils sont devenus des instruments de contrôle social. Dans tout le pays, on savait que quitter « le droit chemin », c’était s’exposer à « être bouclé ». Et les autorités n’étaient pas les seules à s’activer. Il n’était pas rare que la mesure fût appliquée en s’appuyant sur les dires de la famille, du voisinage, du pasteur ou de l’enseignant, notent les auteurs du rapport, qui parlent de « pratiques de marginalisation bien ancrées dans la société suisse ».

Il s’agit probablement d’une des raisons pour lesquelles les lois d’internement se sont maintenues aussi longtemps. Le retard de la Suisse en matière de politique sociale a aussi joué un rôle : les piliers de la protection sociale y ont été plantés plus tard que dans d’autres pays européens. Quoiqu’il en soit, les faits sont à présent avérés, et l’image que la Suisse a d’elle-même, avec ses géraniums, sa prospérité, sa liberté et sa démocratie directe, doit désormais être complétée par une facette moins reluisante. D’après l’historien Thomas Huonker, membre de la CIE et pionnier dans l’étude des mesures de coercition, le travail de mémoire sera capital : « Tout comme on raconte sans cesse la belle histoire de Guillaume Tell, il faudra raconter aussi sans cesse le chapitre sombre des mesures de coercition à des fins d’assistance. »

Un combat pour la justice

Ursula Biondi a 17 ans lorsqu’elle arrive au pénitencier de Hindelbank. Elle n’a rien commis de répréhensible, mais l’office des tutelles zurichois l’a envoyée dans un « foyer d’éducation fermé » pour être tombée enceinte alors qu’elle était mineure. Avant, la joyeuse adolescente avait été placée provisoirement dans un foyer de jeunes filles dont elle s’était échappée plusieurs fois. À la maison, elle se dispute avec ses parents au sujet des sorties, de la mode, de la musique. Son père, un Italien en phase de naturalisation, ne veut pas faire mauvaise impression. Les parents donnent donc leur accord pour un nouveau placement de leur fille. Ils ignorent que le « foyer d’éducation » est une prison pour femmes qui accueille aussi des criminelles. Ursula ne peut pas y suivre de formation. Après son accouchement, les autorités lui enlèvent son bébé et la contraignent à le donner en adoption. Elle s’y oppose, et récupère son fils trois mois plus tard. Après une année à Hindelbank, où elle effectue du travail forcé à la blanchisserie, elle est libérée en 1968. Elle déménage à Genève, fonde une famille, fait une carrière d’informaticienne dans une organisation de l’ONU, s’engage dans le social. « J’ai eu de la chance, dit-elle, et j’ai travaillé dur. » Car le traumatisme subi est lourd. La crainte qu’on découvre qu’elle a fait de la prison la poursuit longtemps. L’injustice endurée la tourmente. En 2002, Ursula Biondi publie l’histoire de sa vie. La revue « Beobachter » s’en fait l’écho. Elle se bat ensuite pendant des années pour qu’on étudie les « internements administratifs » – une expression qui, d’après elle, banalise la gravité des choses et cache le terrible arbitraire des autorités – et pour que les victimes obtiennent réparation. Elle trouve le rapport de la CIE réussi. Mais une chose dérange toujours cette femme engagée à qui l’Université de Fribourg a remis en 2013 le titre de docteur honoris causa : à cause de la réhabilitation bien trop tardive des anciens « internés », la nouvelle génération n’a jamais pris conscience des libertés qu’il a fallu conquérir. « Nous avons été sanctionnés et enfermés pour des manières de vivre qui, aujourd’hui, sont largement acceptées. » Pour que les jeunes restent vigilants contre l’arbitraire de la justice, Ursula donne des conférences dans les écoles.

▻https://www.revue.ch/fr/editions/2019/06/detail/news/detail/News/quand-la-suisse-internait-les-pauvres-et-les-marginaux-1
#internement_administratif #Suisse #histoire #détention_administrative #justice_administrative #pauvres #marginaux

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v. aussi cet article publié dans La Cité en 2017 :
Les heures sombres de l’internement administratif helvétique
▻https://seenthis.net/messages/575589

Spatial Control: Geographical Approaches to the Study of Immigration Detention

This Global Detention Project Working Paper surveys research on immigration detention conducted using geographical methods, highlighting how geography’s conceptualization of detention as a form of spatial control offers tools to scholars and activists working to contest this form of immigration control. The authors organize their review around three core themes: im/mobilities, scaled analyses, and borders/bordering. They argue that geographical approaches to the study of detention have helped generate a critical orientation that can disrupt the spread of detention across and within a widening array of places and social groups

▻https://www.globaldetentionproject.org/spatial-control-geographical-approaches-to-the-study-of-immi
#espace #barbelés #centres_fermés #détention_administrative #contrôle_spatial #rétention #CRA #géographie #géographie_carcérale #surveillance #contrôle #liberté_de_mouvement

Un nouveau camp d’internement pour étrangers en construction dans le Loiret
▻https://larotative.info/un-nouveau-camp-d-internement-pour-3421.html

#métaliste autour de #ORS, une #multinationale #suisse spécialisée dans l’ « #accueil » de demandeurs d’asile et #réfugiés

Plein de liens que j’ai commencé à rassembler sur seenthis en 2015.

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Un article générique sur le business de l’asile, dont on parle aussi de ORS...

Dans le #business de l’#humanitaire : doit-on tirer #profit des #réfugiés ?

Des compagnies comme #European_Homecare ou #ORS spécialisées dans la provision de service aux migrants et réfugiés ont été accusées de #maltraitance dans les milieux carcéraux envers les gardes et les réfugiés.

▻https://seenthis.net/messages/778253

#privatisation #business #migrations #hébergement #logement #Autriche