• #Coronavirus : « Il n’y a pas à s’inquiéter de la facture », selon la Nobel d’#économie

    L’économiste #Esther_Duflo, prix Nobel d’économie 2019, a appelé mardi à ouvrir grand les vannes de la #dépense_publique pour restreindre les ravages économiques de la pandémie de #coronavirus, estimant qu’il “n’y a absolument pas à s’inquiéter de la facture” face à la crise sanitaire.

    Elle a aussi plaidé pour un système d’#imposition “extrêmement progressif” , c’est-à-dire devenant plus lourd au fur et à mesure que les revenus s’élèvent, afin de financer les systèmes de santé, et de soutenir les ménages modestes. “Quand on a une grosse crise de demande comme aujourd’hui, il faut injecter des ressources dans l’économie”, ce qui suppose pour les gouvernements qui le peuvent “d’emprunter massivement et de #stimuler_l’économie autant que possible”, a insisté sur la radio France Inter Mme Duflo.

    La professeure au prestigieux MIT (États-Unis) a estimé que “c’est vraiment le #moment_keynésien par excellence”, en référence à l’économiste anglais John Maynard #Keynes qui avait prôné l’#interventionnisme de l’#État tous azimuts après la crise financière de 1929. “Il s’agit de savoir si on aura plutôt la crise de 2008 ou celle de 1929”, qui avait durablement plombé l’économie mondiale, et “la différence viendra de la volonté de dépenser beaucoup d’argent aujourd’hui, de manière juste”.

    « #Dépenser_plus » maintenant, « cela fait économiser de l’argent »

    Selon elle, “dépenser plus d’argent à la fois pour lutter contre le virus (…) et pour essayer de mitiger au maximum l’impact économique, cela fait économiser de l’argent en fait”. Faute de quoi, la crise risque de devenir “plus mortelle, et d’un point de vue strictement financier, plus grave”, avec un “#effet_boule_de_neige”, et dans ce cas “on passe d’une #récession à une #dépression, dont les #ravages_économiques sont beaucoup plus forts et plus longs”.

    L’économiste, spécialiste de la pauvreté, encourage les pays du G20 à soutenir les pays moins développés, moins armés face à l’#épidémie, et pointe les incertitudes sur la “#sortie_de_crise”, notamment sur la vigueur de la #reprise de la #consommation, facteur qui déterminera “l’ampleur finale du #désastre_économique”.

    Pour un #système_d’imposition « extrêmement progressif »

    Esther Duflo a par ailleurs balayé les craintes sur l’#endettement_public : pour l’heure, les gouvernements “peuvent emprunter à taux extrêmement faibles” et “si on a beaucoup d’argent à dépenser, on a aussi beaucoup de temps pour rembourser”. “Il n’y a absolument pas à s’inquiéter de la facture pour l’instant, c’est le dernier de nos soucis”, insiste-t-elle, mettant en garde contre un retour prématuré à “une #orthodoxie un peu frileuse” sur les déficits.

    Pour Mme Duflo, la crise serait l’occasion d’encourager un système d’imposition “extrêmement progressif” dans les pays développés : “Comment financer à la fois les transferts aux plus pauvres, qui leur permettront de soutenir leur consommation, et les #systèmes_de_santé qu’il va falloir reconstruire ? Le financer par l’#impôt sur les #hauts_revenus (…) semble le moyen le plus raisonnable et le plus réaliste”.

    https://www.lequotidien.lu/economie/coronavirus-il-ny-a-pas-a-sinquieter-de-la-facture-selon-la-nobel-decono

  • El covid19 aísla aún más a las personas migrantes en #Ceuta y #Melilla

    Debido al aislamiento derivado del estado de alarma, las problemáticas habituales, como son la situación de los centros de estancia temporal de inmigrantes o la de los niños y adolescentes que viven solos en las ciudades, se han visto agravadas en las ciudades autónomas.

    La situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siempre ha sido especial, y no necesariamente para bien. Las situaciones extremas lo son más en los enclaves más aislados, motivo por el que se justifica el sempiterno sentimiento de abandono que tienen los habitantes de ambas ciudades autónomas. Lo que pasa en Ceuta y Melilla se queda en Ceuta y Melilla.

    Las problemáticas habituales, como son la situación de los centros de estancia temporal de inmigrantes o la de los niños y adolescentes que viven solos en las ciudades, se han visto agravadas desde que se decretó el estado de alarma el pasado día 14 de marzo. El aislamiento en el que viven las personas residentes en Ceuta y Melilla con el cierre de las rutas marítimas o aéreas a la península y de la frontera terrestre con Marruecos se hace más patente en el caso de las personas migrantes que no tienen la posibilidad de traslados por motivos laborales u otras excepciones que se pudieran prever.

    A esto, además, hay que añadir la situación en la viven las personas trabajadoras transfronterizas que se han quedado atrapadas en Ceuta o Melilla tras el cierre de la frontera con Marruecos. Para estas personas, los y las vecinas han habilitado lugares en sus propias casas, garajes o locales —incluso las mezquitas de la ciudad— donde darles cobijo hasta que puedan volver a sus casas, así como en los recursos que ambas ciudades han habilitado para la población en situación de calle.

    Pero la preocupación se centra sobre todo en las personas que se encuentran en los centros de estancia temporal (CETI), así como en aquellas personas migrantes que viven en las ciudades autónomas, sin domicilio, en situación de calle. Con respecto a los primeros en Ceuta, según aseguró la Delegación del Gobierno, la situación sigue siendo insostenible en algunos casos, a pesar de que han sido trasladas un total de 142 personas desde el comienzo de las restricciones de movimiento desde el centro de estancia temporal a la península con el fin de “descongestionar el centro”.

    La propia Delegación de Gobierno reconoce que no están previstos más traslados a la península. Las personas que han sido trasladadas, lo han sido a centros de acogida de Andalucía y, en menor medida, Castilla-La Mancha. Sin embargo, aún quedan muchas personas en los CETI; muchas de ellas llevan entre ocho y diez meses en la ciudad, pero, sin embargo, no han sido tenidas en cuenta para los traslados.

    Por este motivo se denuncia que existe discriminación con respecto a las personas de origen marroquí que, precisamente por ello, han iniciado una huelga de hambre este pasado fin de semana a fin de visibilizar su situación, denunciar esta discriminación e interpelar a la Delegación de Gobierno para que continúe con los traslados.

    Pero la preocupación no ha hecho sino crecer con la noticia de hace unas horas de un bebé de 18 meses que se encontraba en el #CETI y ha dado positivo en covid19. Ya se encuentra en el hospital, pero la Delegación de Gobierno insiste en que las condiciones en que se encuentran en el centro son las correctas.

    Según la denuncia de CGT Ceuta, el hacinamiento sigue impidiendo el cumplimiento de las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad, como la de mantener una distancia de seguridad. Esta distancia de seguridad no se da ni en los espacios comunes ni en las propias habitaciones, donde se concentran hasta diez personas durmiendo en literas. Según imágenes difundidas por El Faro, los residentes del CETI se encuentran comiendo a escasos centímetros unos de otros.

    La situación en Melilla es similar. Las organizaciones denuncian una importante masificación de personas sin que se esté llevando a cabo ningún protocolo de seguridad y sin que existan equipos de protección suficientes. Con más de 1.600 personas en el centro, cerrado, la situación es insostenible. Especialmente para las mujeres, que se encuentran en un espacio fuertemente masculinizado. Sin poder mantener la distancia de seguridad en ninguno de los espacios, sin jabón, que hace tiempo que no llega, con colas para comer de hasta dos horas, y sin poder asegurar tratamiento adecuado a algunas de las personas con enfermedades crónicas. Con esta situación, preocupa y mucho la posibilidad de que se dé algún caso positivo de coronavirus, ya que, dada la situación, la exposición sería total para el resto de personas que se encuentran en el centro.

    Las demandas en este sentido son claras; equipos de protección adecuados, descongestión del CETI habilitando otros espacios para poder realizar traslados e instalación de puntos wifi para que quienes se encuentran ahí confinados puedan comunicarse con el exterior y rebajar así la tensión que la incomunicación está provocando. Así lo han manifestado desde las asociaciones Prodein y Geum Dodou.

    Tal y como está ocurriendo en otros centros de similar naturaleza, las denuncias van más allá de las condiciones del internamiento y afectan también al personal que trabaja en ellos. La falta de equipos de protección individual o medidas y material de higiene aumenta las posibilidades de contagio tanto de los propios trabajadores y personal policial como de las personas migrantes que se encuentran confinadas en los mismos.

    Con el último envío del Gobierno para las comunidades autónomas se han repartido 10.106.908 mascarillas entre las autonomías y 35.103 gafas de protección, 9.673.100 guantes de nitrilo, 64.713 batas desechables e impermeables, 141.800 soluciones hidroalcohólicas, 56 dispositivos de ventilación mecánica invasiva, 80.942 buzos, 328.00 unidades de calzas, delantales, cubremangas y gorros y 640 ventiladores no invasivos. Estos están siendo gestionados por el INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) pero se desconoce aún si el número de estas equipaciones que finalmente ha llegado a Ceuta y Melilla y, en concreto, a los espacios a que hacemos referencia serán o no suficientes.

    Con respecto a las personas que se encuentran fuera de los CETI y que se encontraban en las calles de ambas ciudades, han sido repartidas, en el caso de Ceuta, entre el Pabellón Polideportivo La Libertad, los adultos, y el Polideportivo Santa Amelia, los niños y jóvenes no acompañados. En el caso de Melilla, la medida tomada ha sido similar: tanto niños como adultos que se encuentran en la calle han sido trasladados en su mayoría, en primer lugar, al polideportivo, y ahora a una carpa habilitada al efecto. Sin embargo, estas medidas no están exentas de problemas debido a la naturaleza del confinamiento y las condiciones del mismo. Las personas allí confinadas coinciden en el frío y la humedad de los espacios, así como las constantes tensiones que se viven en ellos.

    Especial preocupación genera también la situación de los niños y jóvenes que migran solos y que se encuentran en Ceuta o Melilla, tanto los que se encontraban en los centros de acogida como los que se encontraban en las calles, algunos de estos últimos, ahora en los centros de acogida. Veíamos hace ya algunas semanas unas imágenes que mostraban el hacinamiento en el que se encontraban los niños en el centro de La Purísima. Un hacinamiento, por otro lado, habitual en otros momentos, pero que en esa situación se mostraba incompatible con el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar contagios.

    Según denuncian las organizaciones, podría haber en el centro ahora mismo unos 900 niños y jóvenes, hacinados, durmiendo en literas e incluso compartiendo cama. Por ese motivo, desde el centro de acogida de menores La Purísima se comunicó el traslado de unos 150 niños y adolescentes a las cabañas del camping de Rostrogordo habilitadas para dar una solución habitacional a las personas sin hogar de la ciudad autónoma de Melilla en tanto dure esta situación. Sin embargo, al cierre de este artículo aún no se había producido el traslado. Preocupan a las organizaciones como Prodein las condiciones en las que se encuentran y se deja a los niños que se quedan en La Purísima, sin visos de mejorar, preocupación que comparten también los propios niños y trabajadores del centro.

    En el caso de Ceuta, se está preparando, según el Gobierno de la ciudad, el traslado de 230 niños y adolescentes del Centro de La Esperanza a una parcela habilitada en la carretera del Serrallo, y así descongestionar el centro, en el que este momento había unas 400 personas.

    Ya hace algunos días, desde el Servicio Jesuita a Migrantes manifestaban su preocupación por la situación que se estaba dando en la Frontera Sur, especialmente en los sobresaturados CETI y con respecto a los niños de los centros de menores.

    “Deben tomarse de manera urgente las medidas de prevención necesarias que aseguren la higiene continua y el aislamiento social de sus internos para evitar un eventual contagio masivo. Igualmente deben tomarse actuaciones extraordinarias que faciliten la convivencia mientras dure la situación de confinamiento; más si cabe ante la situación de pseudoprivación de libertad en que se encuentran”, señalaban. Medidas similares a las pedidas en otros ámbitos, pero que cobran especial relevancia dentro de la excepcionalidad de las ciudades autónomas.

    https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/covid19-aisla-aun-mas-migrantes-Ceuta-Melilla
    #asile #migrations #réfugiés #Espagne #Maroc #isolement #coronavirus #covid-19 #rétention #détention_administrative

    ping @thomas_lacroix

    • Traduction en français :

      Covid19 isole davantage les migrants à Ceuta et Melilla

      En raison de l’isolement résultant de l’état d’alerte, les problèmes habituels, tels que la situation des centres de séjour temporaire des immigrants ou celle des enfants et des adolescents vivant seuls dans les villes, se sont aggravés dans les villes autonomes.

      1 Avr 2020 15:28

      La situation des villes autonomes de Ceuta et Melilla a toujours été particulière, et pas nécessairement pour le mieux. Les situations extrêmes le sont davantage dans les enclaves les plus isolées, ce qui justifie l’éternel sentiment d’abandon qu’éprouvent les habitants des deux villes autonomes. Ce qui se passe à Ceuta et Melilla reste à Ceuta et Melilla.

      Les problèmes habituels, tels que la situation dans les centres de séjour temporaire des immigrés ou celle des enfants et des adolescents vivant seuls dans les villes, se sont aggravés depuis que l’état d’alerte a été décrété le 14 mars dernier. L’isolement dans lequel vivent les habitants de Ceuta et Melilla avec la fermeture des routes maritimes ou aériennes vers la péninsule et la frontière terrestre avec le Maroc est plus évident dans le cas des migrants qui n’ont pas la possibilité de transferts à des fins de travail ou d’autres exceptions qui pourraient être envisagées.

      Il faut ajouter à cela la situation des travailleurs frontaliers qui ont été bloqués à Ceuta ou Melilla suite à la fermeture de la frontière avec le Maroc. Pour ces personnes, les voisin.e.s ont aménagé des lieux dans leurs propres maisons, garages ou locaux - y compris les mosquées de la ville - où ils peuvent être hébergés jusqu’à ce qu’ils puissent retourner chez eux, ainsi que dans les ressources que les deux villes ont mises en place pour la population des rues.

      L’isolement de Ceuta et Melilla avec la fermeture des routes maritimes ou aériennes vers la péninsule et la frontière terrestre avec le Maroc est plus évident dans le cas des migrants

      Mais la préoccupation concerne surtout les personnes dans les centres de séjour temporaire (CETI), ainsi que les migrants vivant dans les villes autonomes, les sans-abri et dans la rue. En ce qui concerne le premier à Ceuta, la délégation gouvernementale a déclaré que la situation est toujours insoutenable dans certains cas, malgré le fait qu’un total de 142 personnes ont été déplacées du centre de séjour temporaire vers le continent depuis le début des restrictions de mouvement afin de « décongestionner le centre ».

      La délégation gouvernementale elle-même reconnaît qu’aucun autre transfert vers la péninsule n’est prévu. Les personnes qui ont été transférées l’ont été dans des centres d’accueil en Andalousie et, dans une moindre mesure, en Castille-La Manche. Cependant, le CETI compte encore de nombreuses personnes ; beaucoup d’entre elles sont en ville depuis huit à dix mois, mais n’ont pas été prises en compte pour les transferts.

      Pour cette raison, il est dénoncé qu’il existe une discrimination à l’encontre des personnes d’origine marocaine qui, précisément pour cette raison, ont entamé une grève de la faim le week-end dernier afin de rendre leur situation visible, de dénoncer cette discrimination et d’appeler la délégation gouvernementale à poursuivre les transferts.

      Mais l’inquiétude n’a fait que croître avec la nouvelle, il y a quelques heures, d’un bébé de 18 mois qui était au CETI et qui a été testé positif au covid19. Il est déjà à l’hôpital, mais la délégation gouvernementale insiste sur le fait que les conditions dans lesquelles il se trouve dans le centre sont correctes.

      Selon la plainte de la CGT Ceuta, la surpopulation continue d’empêcher le respect des mesures recommandées par le ministère de la Santé, telles que le maintien d’une distance de sécurité. Cette distance de sécurité n’existe ni dans les espaces communs ni dans les chambres elles-mêmes, où sont concentrées jusqu’à dix personnes qui dorment dans des lits superposés. Selon les images diffusées par El Faro, les habitants du CETI se nourrissent à quelques centimètres les uns des autres.

      Dans le CETI de Ceuta, la surpopulation continue d’empêcher le respect des mesures recommandées par le ministère de la santé

      La situation à Melilla est similaire. Les organisations dénoncent une importante massification des populations sans qu’aucun protocole de sécurité ne soit appliqué et sans que les équipements de protection soient suffisants. Avec plus de 1 600 personnes dans le centre, qui est fermé, la situation est intenable. Surtout pour les femmes, qui se trouvent dans un espace fortement masculinisé. Sans pouvoir maintenir une distance de sécurité dans aucun des espaces, sans savon, qui n’est plus disponible depuis longtemps, avec des files d’attente pour manger pendant deux heures, et sans pouvoir assurer un traitement adéquat pour certaines personnes souffrant de maladies chroniques. Dans cette situation, la possibilité d’un cas positif de coronavirus est très préoccupante, car, vu la situation, l’exposition serait totale pour le reste des personnes du centre.

      Les exigences à cet égard sont claires : équipements de protection adéquats, décongestion du CETI en permettant de déplacer d’autres espaces et installation de points wifi afin que ceux qui y sont confinés puissent communiquer avec l’extérieur et ainsi réduire la tension que provoque l’incommunication. C’est ce qu’ont déclaré les associations Prodein et Geum Dodou.

      Comme dans d’autres centres de même nature, les plaintes vont au-delà des conditions d’enfermement et touchent également le personnel qui y travaille. Le manque d’équipements de protection individuelle ou de mesures et de matériels d’hygiène augmente les risques de contagion tant pour les travailleurs et le personnel de police eux-mêmes que pour les migrants qui y sont confinés.

      Avec le dernier envoi du gouvernement aux Communautés autonomes, 10 106 908 masques ont été distribués dans les Communautés autonomes, ainsi que 35 103 lunettes de protection, 9 673 100 gants en nitrile, 64 713 blouses jetables et imperméables, 141 800 solutions hydro-alcooliques, 56 dispositifs de ventilation mécanique invasive, 80 942 scaphandres, 328 00 collants, tabliers, housses et casquettes, et 640 ventilateurs non invasifs. Ceux-ci sont gérés par l’INGESA (Institut national de gestion de la santé) mais on ne sait pas encore si le nombre de ces appareils qui ont finalement atteint Ceuta et Melilla et, plus précisément, les espaces mentionnés sera suffisant ou non.

      En ce qui concerne les personnes extérieures au CETI qui se trouvaient dans les rues des deux villes, elles ont été réparties, dans le cas de Ceuta, entre le Pavillon du Polideportivo La Libertad, les adultes, et le Polideportivo Santa Amelia, les enfants et les jeunes non accompagnés. Dans le cas de Melilla, la mesure prise a été similaire : les enfants et les adultes qui se trouvent dans les rues ont été déplacés pour la plupart, d’abord vers le centre sportif, et maintenant vers une tente installée à cet effet. Toutefois, ces mesures ne sont pas sans poser de problèmes en raison de la nature de l’enfermement et des conditions qui y sont liées. Les personnes qui y sont confinées coïncident dans le froid et l’humidité des espaces, ainsi que dans les tensions constantes qui y sont vécues.

      La situation des enfants et des jeunes qui émigrent seuls et qui se retrouvent à la fois dans les centres d’accueil et dans la rue est particulièrement préoccupante

      La situation des enfants et des jeunes qui émigrent seuls et qui se trouvent à Ceuta ou à Melilla est particulièrement préoccupante, qu’ils aient été placés dans des centres d’accueil ou qu’ils soient dans la rue, certains de ces derniers se trouvant maintenant dans des centres d’accueil. Il y a quelques semaines, nous avons vu des images qui montraient la surpopulation dans laquelle se trouvaient les enfants au centre de La Purisima. Le surpeuplement, était courant à d’autres moments, mais dans cette situation, il était incompatible avec le respect des mesures de sécurité visant à prévenir la contagion.

      Selon les organisations, il pourrait y avoir quelque 900 enfants et jeunes dans le centre en ce moment, entassés, dormant dans des lits superposés et partageant même un lit. C’est pourquoi le refuge pour mineurs La Purísima a signalé le transfert de quelque 150 enfants et adolescents vers les cabanes du camping de Rostrogordo, qui ont été mises en place pour offrir une solution de logement aux sans-abri de la ville autonome de Melilla tant que durera cette situation. Toutefois, au moment de la rédaction du présent document, le transfert n’avait pas encore eu lieu. Des organisations telles que Prodein s’inquiètent des conditions dans lesquelles les enfants qui restent à La Purísima sont laissés sans aucun signe d’amélioration, une inquiétude qui est également partagée par les enfants et les travailleurs du centre.

      Dans le cas de Ceuta, selon le gouvernement municipal, des préparatifs sont en cours pour transférer 230 enfants et adolescents du centre La Esperanza vers un terrain réservé sur la route Serrallo, afin de désengorger le centre, qui comptait à l’époque quelque 400 personnes.

      Il y a quelques jours déjà, le Service Jésuite des Migrants a exprimé sa préoccupation quant à la situation qui règne à la frontière sud, en particulier dans le CETI surpeuplé et en ce qui concerne les enfants dans les centres pour mineurs.

      « Les mesures préventives nécessaires doivent être prises d’urgence pour assurer l’hygiène continue et l’isolement social des détenus afin d’éviter une éventuelle contagion massive. De même, des mesures extraordinaires doivent être prises pour faciliter la coexistence pendant la durée de la situation d’enfermement, d’autant plus qu’ils se trouvent dans une pseudo privation de liberté », ont-ils souligné..

      Des mesures similaires à celles demandées dans d’autres domaines, mais qui prennent une importance particulière dans le cadre de l’exceptionnalité des villes autonomes.

  • Mobilisation contre la #continuité_pédagogique en #Allemagne

    Le réseau des initiatives des précaires dans l’#ESR allemand, le #Netzwerk_für_Gute_Arbeit_in_der_Wissenschaft (#NgAWiss), mobilise en ce moment contre la #rentrée du deuxième semestre (qui se fait à la mi-avril outre-Rhin). Les arguments pour la soi-disant „continuité pédagogique" avancés par les président.e.s des #facs sont aussi hallucinants qu’en France - avec la différence notable que 11.000 travailleur.e.s de l’ESR allemand, dont une grande partie de titulaires (et notamment de PU), ont signé une lettre ouverte demandant l’#annulation du prochain semestre : https://www.nichtsemester.de/cbxpetition/offener-brief

    Les arguments sont les mêmes que celles qu’on mobilise en France : la #précarité_étudiante, notamment des étranger.e.s, la précarité des #non-titulaires, les responsabilités du #care que les unes et les autres assurent à la maison, etc.

    Dans son communiqué, le NgAWiss souligne également l’#absurdité de maintenir les #financements_par_projet pour la #recherche urgente sur le coronavirus (l’agence qui correspond à l’ANR outre-Rhin, la DFG, joue le même jeu) : https://www.mittelbau.net/stellungnahme-solidarisch-durch-die-krise-prekaere-wissenschaft-in-der-pa

    Le syndicat unter_bau de l’université de Francfort sur le Main appelle de son côté à résister à la transformation néolibérale de l’#université allemande qui risque de s’accélérer avec la crise (#digitalisation, suppression d’instances de décision démocratique, etc.) et a développé un catalogue de revendications très ciblées : https://unterbau.org/2020/03/30/gegen-unsicherheit-in-der-corona-krise

    Je suis frappé par la similitude des revendications avec les nôtres. C’est à garder en mémoire quand on ressortira pour reconstruire notre mouvement, approfondir son internationalisation et en finir avec „les connards qui nous gouvernent“ (Lordon) des deux côtés du Rhin et au delà.

    Message reçu via la mailing list Facs et labos en lutte, le 03.04.2020

    #université #enseignement_supérieur

  • #Eau, #tourisme et #montagne

    Emmanuel Reynard
    Tourisme de montagne et gestion de l’eau et de la neige en contexte de #changement_climatique
    Mountain Tourism and Water and Snow Management in Climate Change Context

    Martin Gerbaux, Pierre Spandre, Emmanuelle George et Samuel Morin
    Fiabilité de l’#enneigement et disponibilité des ressources en eau pour la production de neige dans les domaines skiables du Département de l’#Isère (#France), en conditions climatiques actuelles et futures
    Snow Reliability and Water Availability for Snowmaking in the Ski resorts of the Isère Département (French Alps), Under Current and Future Climate Conditions

    David Sauri et Joan Carles Llurdés
    Climate Change and Adaptation Strategies of Spanish Catalan Alpine Ski Resorts
    Changement climatiques et stratégies d’#adaptation dans les #stations_de_ski catalanes espagnoles

    Martin Calianno
    La méthode des analogues : reproduire le caractère saisonnier de la distribution d’#eau_potable dans les #stations_touristiques de montagne
    The Analogues Method : Reproducing the Seasonality of Drinking Water Distribution in Mountain Tourist Resorts

    Marie Faulon et Isabelle Sacareau
    Tourisme, gestion sociale de l’eau et changement climatique dans un territoire de haute altitude : le massif de l’#Everest au #Népal
    Tourism, Social Management of Water and Climate Change in an Area of High Altitude : the Everest Massif in Nepal

    https://journals.openedition.org/rga/6689
    #revue #neige #Espagne #Catalogne

  • Géographie des confinés

    « J’suis cloué dans un appartement d’deux pièces n’ayant rien d’autre à faire que de regarder par la fenêtre c’qui s’passe chez les voisins »

    Fenêtre sur Cours, A. Hitchcock, à écouter dans Fenêtre sur rue- #Hugo_Tsr (https://www.youtube.com/watch?v=QsNft5ftYSs&feature=youtu.be

    )

    « Voilà à quoi sont réduits nos #espaces_quotidiens, nos géographies urbaines aujourd’hui : #1_kilomètre. Voilà le périmètre auquel nous nous cognons, assortie maintenant d’un #couvre-feu pour beaucoup.

    Rien de nouveau, le confinement ça existait déjà avant. La #prison_à_ciel_ouvert que constitue nos villes, nos quartiers et aussi nos campagnes c’était déjà du confinement pour beaucoup. Les #quartiers_populaires on y vit confiné sous occupation policière permanente, tous les jours.
    C’est ce que nous raconte de nombreux lyricistes dont Hugo Tsr dans ses morceaux (une écoute à renouveler en temps de confinement).
    Des oiseaux de nuit nous interpellent sur les #murs de la ville : Confinement oui mais on n’oublie pas, on pardonne pas…
    Pour moi c’est l’heure d’aller faire mon tour. Merde il faut j’écrive une autorisation. »

    « Il est six heure c’est l’heure légale, moi j’suis allé marché
    Histoire de périmètre, on tourne dans des #carrés_tracés » (Périmètre, Hugo Tsr)
    Corenthin


    https://www.modop.org/se-relier/#1avril

    #périmètre #mobilité #1_km #confinement #géographie #espace_vécu #murs_urbains #musique

  • Le #confinement des précaires de l’#ESR et la #fracture_numérique. Appel à #témoignages

    En cette période de confinement, dans l’éducation nationale, mais également dans l’enseignement supérieur, les injonctions à suivre des enseignements à distance, et à poursuivre ses activités professionnelles chez soi ne cessent de pleuvoir et de s’abattre sur tou·te·s.

    Au-delà de l’impréparation évidente de la plupart de nos institutions d’enseignement supérieur, plusieurs questions peinent à s’imposer véritablement dans le milieu :

    1. Qu’en est-il de l’accès des étudiant·es et des personnels précaires de l’ESR aux outils, appareils et réseaux numériques (hors et pendant la période de confinement) ? Beaucoup de collègues de l’ESR partent du principe que tou·te·s les étudiant·e·s et personnels sont suffisamment équipé·e·s pour faire face à l’épreuve actuelle. Travailleur·se·s et étudiant·e·s précaires prennent-ils par ailleurs des risques pour accéder à ces équipements et réseaux (rupture du confinement notamment, sorties plus fréquentes) ?

    ex : comment suivre une visio-conférence s’il l’on n’a pas de wifi (coût prohibitif si l’on passe par un forfait téléphonique) ?

    2. Indépendamment de ces questions d’équipement, qu’en est-il des conditions de vie et de travail de ces personnels et étudiant·e·s précaires durant cette période de confinement ? Travailler à la maison confiné, est-ce la même chose que de venir en cours ou sur son lieu de travail ? Quelles sont les conséquences psychologiques de ces conditions de vie et de travail, en particulier pour les précaires ? Les personnels et étudiant·e·s précaires sont-ils "disponibles" pour des enseignements à distance, qui plus est pour des réunions à distance ?

    ex de témoignage : "Au même moment une étudiante m’écrivait pour s’excuser de ne pas avoir participé au chat que j’avais planifié, parce qu’elle est caissière en supermarché et fait plus d’heures à cause des absences. Au supermarché, bordel, pendant que nous on est confinés avec nos 2500 bouquins et qu’on glose sur « oui mais alors faudrait pas donner leur semestre aux fainéants »"

    Les précaires de l’ESR d’Île-de-France vous proposent de témoigner, sur votre propre situation ou sur celle de collègues et/ou étudiant·e·s précaires, qui souffrent actuellement de ces injonctions à la "continuité pédagogique" et au travail à distance. Des témoignages sur la situation d’étudiant·e·s, de personnels BIATSS et ITA, de chercheur·ses, enseignant·es et enseignant·e·s chercheur·se·s sont les bienvenus !

    Merci de ne pas mentionner de noms de personne(s) dans vos billets !

    Vous pouvez également nous faire parvenir les témoignages pour publication à l’adresse suivante (et notamment en cas de problèmes techniques sur cette page) : confinementprecairesesr@gmail.com

    https://confinementprecairesesr.tumblr.com
    #précarité #précarité_numérique #enseignement_supérieur #facs #université
    #continuité_pédagogique —> https://seenthis.net/messages/831759

  • Des analyses de Swisscom soutiennent la lutte contre le coronavirus

    L’#Office_fédéral_de_la_santé_publique (#OFSP) a demandé à Swisscom des analyses pour vérifier si les mesures de protection contre l’infection du #coronavirus sont respectées. Les analyses comprennent des données relatives à la #mobilité et aux #rassemblements de personnes dans l’#espace_public. Les évaluations montrent que la population suisse a fortement réduit ses #déplacements. L’OFSP ne reçoit à aucun moment des #données_géographiques de Swisscom, mais seulement des #statistiques et des #visualisations. Les données qui sous-tendent les analyses et les visualisations sont anonymisées et agrégées. Aucun lien avec des personnes spécifiques ne peut être établi.

    Le 21 mars, le Conseil fédéral a interdit les rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public (art. 7c, al. 1, Ordonnance 2 COVID-19). Les autorités souhaitent maintenant avoir des preuves pour savoir si ces mesures de protection de la population sont respectées ou non. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) reçoit des analyses sur la mobilité et sur les rassemblements dans l’espace public qui se basent sur la plateforme Mobility Insights de Swisscom. La plateforme et les analyses correspondantes ont déjà été utilisées dans le contexte de la Smart City, comme p. ex. à Montreux ou à Pully.

    Les premières évaluations montrent que les habitants font beaucoup moins de déplacements depuis la première interdiction de rassemblements de plus de cinq personnes. En effet, les déplacements, en termes de kilomètres parcourus, ont diminué d’environ 50% dans toute la Suisse par rapport à un mois antérieur typique. Il faut toutefois souligner que la population du Tessin a réduit ses trajets de la manière la plus prononcée.
    Anonymisation complète et agrégation des données

    Pour localiser les rassemblements de personnes, la plateforme Mobility Insight (en conformité avec l’art. 45b, loi sur les télécommunications) affiche les zones où se trouvent au moins 20 cartes SIM par surface de 100 mètres par 100 mètres. Les analyses se basent sur des données géographiques approximatives sur les 24 heures passées.

    Pour indiquer comment les déplacements de la population ont évolué, la plateforme affiche la mobilité approximative des cartes SIM Swisscom d’une zone (p. ex. d’un canton) au cours d’une période de temps donnée. Les informations qui sont obtenues par des moyens techniques dans le réseau mobile sont anonymisées automatiquement aussitôt après leur création puis regroupées sous forme agrégée en vue des analyses.
    L’OFSP ne reçoit pas de données géographiques, mais seulement des visualisations

    L’OFSP ne reçoit à aucun moment des données géographiques, mais seulement des statistiques et des visualisations que Swisscom peut calculer à partir de ces données. Les analyses/visualisations sont entièrement anonymisées et agrégées, donc uniquement visibles sous forme d’une valeur de groupe. Ainsi, aucun lien ne peut être établi avec des personnes spécifiques ou des profils de déplacement individuels. Les directives de la loi fédérale sur la protection des données et les principes éthiques que suit Swisscom pour le traitement des données sont entièrement respectés. Dès que l’ordonnance 2 COVID-19 ne sera plus applicable, aucune analyse ne sera plus mise à la disposition de l’OFSP.

    Les clients ont le contrôle de leurs données en tout temps

    Les clients peuvent définir eux-mêmes pour quels produits et prestations Smart Data Swisscom est autorisée à utiliser leurs données, sous une forme anonymisée et agrégée, autrement dit très concise (#opt-out). Un opt-out peut être demandé dans le domaine « #Protection_des_données », sous Mon profil, dans l’Espace clients. Les données ne sont donc pas utilisées pour d’autres analyses.

    https://www.swisscom.ch/fr/about/news/2020/03/27-swisscom-coronavirus.html

    #Orange en #France... #Swisscom en #Suisse...

    #données #téléphone #smartphone #surveillance #anonymat #agrégation #anonymisation #données_agrégées

    ping @etraces

  • #Coronavirus. La saisie de 4 millions de #masques à #Lyon par la #France énerve la #Suède

    La société #Mölnlycke a fait transiter par la France des masques qu’elle comptait rediriger en partie vers l’#Espagne et l’#Italie. Mais au nom de la #réquisition des #stocks de #matériels_médicaux en France pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ces masques ont été saisis le 5 mars dernier.

    L’affaire tombe mal en pleine épidémie du Covid-19 en Europe. La France a réquisitionné le 5 mars un stock de quatre millions de masques appartenant à une entreprise suédoise, révèle L’Express mercredi 1er avril 2020.

    Or, la moitié de ces masques devait être redirigée ensuite vers l’Espagne et l’Italie, pays durement touchés par la propagation du coronavirus.

    Réquisition d’office

    Les masques appartiennent à la société Mölnlycke, spécialisée dans les produits médicaux jetables, qui venaient de se les faire livrer de Chine, rapporte L’Express. Arrivés en Europe par cargo à Marseille, ces masques avaient rejoint la plateforme basée à Lyon de cette entreprise avant d’être redistribués ensuite.

    Sauf que le gouvernement avait décidé le 3 mars de réquisitionner tous les stocks de matériels sur le sol français. Les millions de masques ont donc été saisis d’office.

    Branle-bas de combat pour l’entreprise suédoise qui demande de l’aide au gouvernement de son pays. Mais cela n’aura aucun effet pendant deux semaines. Le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) acceptera alors de laisser partir la moitié de ces masques « à titre dérogatoire » vers l’Italie et l’Espagne.

    D’autres saisies avaient créé la polémique en Europe

    Cette affaire rappelle celle qui avait opposé Prague à Rome récemment. La police tchèque avait récupéré le 23 mars une cargaison de centaines de milliers de masques et des appareils respiratoires lors d’une opération de police. Mais cette cargaison était en réalité destinée à l’Italie, pays le plus durement touché par le coronavirus actuellement en Europe.

    Cette saisie avait suscité la colère dans la Botte, tandis que les autorités tchèques plaidaient la bonne foi. Au final, ces dernières ont envoyé une centaine de milliers de masques vers l’Italie pour calmer la polémique.

    https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-saisie-de-4-millions-de-masques-lyon-par-la-france-enerv

    #what_the_fuck !
    ... et que vive la #solidarité européenne !

    #Union_européenne #désunion_européenne #Europe #honte

    ping @reka @fil @simplicissimus

    •  » Un chef du Mossad raconte les coulisses de la « Mission respirateurs » impossible
      https://fr.timesofisrael.com/un-chef-du-mossad-raconte-les-coulisses-de-la-mission-respirateurs

      le gouvernement a chargé le Mossad d’obtenir plus de 130 000 articles nécessaires à la lutte contre l’épidémie du virus respiratoire, notamment des masques à gaz, des kits de dépistage du virus, des médicaments, des équipements de protection et, surtout, des respirateurs, qui sont devenus l’une des marchandises les plus recherchées au monde.

      « Le monde vend [des respirateurs] au compte gouttes. Nous devons trouver les failles », a déclaré M. Het. « Nous sommes les champions du monde des interventions, et nous savons comment gérer des opérations complexes. »

    • Sauf que le gouvernement avait décidé le 3 mars de réquisitionner tous les stocks de matériels sur le sol français. Les millions de masques ont donc été saisis d’office.

      Donc, le 3 mars, #Ils_savaient.

      Pourtant, le 11 mars, au conseil des ministres : « Une définition de la doctrine d’utilisation des masques est en cours de finalisation permettant d’assurer une mobilisation des différents professionnels de santé de concernés en leur assurant une protection adéquate. »
      On conseil juste aux gens de ne pas se serrer la main.

      Et où sont passés les stocks saisis ? (le stock des ARS a été saisi par les préfectures, puis… plus rien…)
      En tout cas pas vers ceux qui en avaient le + besoin pour juguler l’épidémie, à savoir les soignants, en train de tomber comme des mouches.

      #crime_d’État

    • Le 12 mars, discours du PR :

      C’est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront, bien sûr, sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s’aérer, mais elles doivent limiter leurs contacts au maximum. Dans ce contexte, j’ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s’oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes.

  • Sicilia, il dramma del petrolchimico siracusano

    A nord di #Siracusa l’inquinamento industriale si insinua da decenni nel suolo e nelle falde acquifere, si diffonde nell’aria e contamina il mare. Si teme una deflagrazione di tumori, già da anni in eccesso, e una propagazione di inquinanti nel Mediterraneo. Viaggio nel labirinto di una storia dai risvolti inquietanti. Un giallo siciliano di cui si rischia di parlare molto nel 2020.

    Fabbriche, ciminiere e cisterne di greggio si estendono a macchia d’olio. Il polo petrolchimico a nord di Siracusa è una spina nel fianco dell’Italia. E del Mediterraneo. Venti chilometri di costa, un territorio e una baia imbottiti di sostanze contaminanti e nocive. Dall’insediamento negli anni cinquanta della prima raffineria, la zona è oggi stravolta dall’inquinamento e il governo costretto a correre ai ripari. Nello scorso novembre il ministro dell’ambiente Sergio Costa si è precipitato sul territorio: «Per far sì che si avvii, finalmente, il processo di bonifica». La fretta governativa è percepita come il segnale di una catastrofe.

    A gennaio, senza perdere tempo, è stata istituita una «direzione nazionale delle bonifiche». Per risolvere «una situazione inchiodata da troppi anni», spiega Costa. Subito dopo, a febbraio, una commissione ministeriale dava il via ai sopralluoghi nelle fabbriche. «Per valutare le emissioni in acqua e in aria» e dare speranza alla popolazione, che da decenni convive con tre impianti di raffinazione, due stabilimenti chimici, tre centrali elettriche, un cementificio e due aziende di gas. Quattro centri urbani sono i più esposti all’inquinamento: Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa, circa 180 000 abitanti, di cui 7000 dipendono dall’attività industriale.
    Disillusioni e tradimenti

    A volte nell’aria i miasmi tossici sono da capogiro. Su questi è intervenuto un anno fa il procuratore aggiunto Fabio Scavone, inchiodando le fabbriche petrolchimiche a seguito di due anni di inchiesta. «Superavano i limiti di emissioni inquinanti nell’atmosfera», conferma allargando le braccia. Nel suo ufficio della procura di Siracusa avverte: «Ci sarà un processo». Si rischia di parlare molto nel 2020 del petrolchimico siracusano.

    Troppi anni di disillusioni e tradimenti insegnano però a non coltivare grandi speranze. In questo periodo convulso affiorano alla mente spettacolari capovolgimenti, a cominciare dall’archiviazione negli anni 2000 dell’inchiesta «Mare Rosso» sullo sversamento di mercurio da EniChem nella baia di Augusta. Più tardi si scoprì che il procuratore incaricato dell’inchiesta intratteneva uno «strettissimo rapporto di amicizia» con l’avvocato dell’azienda.

    Negli anni 2010 arriva una nuova amara delusione, questa volta sul fronte delle bonifiche, «attese da tempo e mai eseguite», sottolinea Cinzia Di Modica, leader del movimento Stop Veleni. L’attivista rammenta con stizza gli interventi promessi dall’ex ministra forzista dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, i finanziamenti predisposti e i progetti in partenza. «Ma tutto svanì come per incanto».

    Perfino il più battagliero degli agitatori locali, don Palmiro Prisutto, arciprete di Augusta, non si spiega come possano esser spariti i 550 milioni di euro messi a disposizione per le bonifiche.

    Il parroco si è allora incaricato di tenere la luce puntata sugli effetti dell’inquinamento. Da sei anni, ogni 28 del mese, legge durante l’omelia i nomi delle vittime di tumore: sono un migliaio in questo scorcio del 2020. Intitolata «Piazza Martiri del cancro», la lista è composta «con il contributo dei fedeli che mi segnalano i decessi avvenuti in famiglia», ci racconta nella penombra della sua chiesa. "Ognuno di noi conta almeno una vittima tra i parenti

    Nelle statistiche, quelle ufficiali, la cittadina di Augusta rassegna i più alti tassi di «incidenza tumorale», ovvero l’apparizione di nuovi casi. Seguono, in un macabro ordine, Priolo, Siracusa e Melilli. In tanti chiamano ormai questi luoghi il «quadrilatero della morte». Si muore «in eccesso» di carcinoma ai polmoni e al colon, denuncia nel giugno 2019 un rapporto del ministero della Salute. A sorpresa si registra anche l’apparizione negli uomini di tumori al seno.

    Rischi dentro e fuori

    «La tendenza nazionale va invece verso una diminuzione di casi e di mortalità», osserva Anselmo Madeddu, direttore del Registro dei tumori della provincia di Siracusa. Nella sua sede, l’esperto ci svela un dato preoccupante: ad Augusta, Priolo e Melilli, dove si registrano 20% di tumori in più rispetto al resto della provincia, donne e uomini sono colpiti in misura quasi uguale. «Un’incidenza ubiquitaria», la definisce il direttore. È come se l’impatto dei contaminanti sulla salute avesse ormai uguale esito dentro e fuori dagli stabilimenti. Un risultato sorprendente già osservato in uno studio del 2013 «su lavoratori della stessa fabbrica, esposti esattamente agli stessi fattori prodottivi e quindi di rischio», spiega il direttore. «I lavoratori residenti nel quadrilatero mostravano un’incidenza tumorale doppia rispetto ai colleghi pendolari, che abitavano altrove».

    È arrivata oggi la conferma, conclude Madeddu, che il rischio di ammalarsi di cancro si sta pericolosamente trasferendo dai soli impianti alla totalità del territorio. Il direttore fa cogliere la gravità della situazione usando un paradosso: «Se con un colpo di bacchetta magica cancellassimo tutte le industrie, avremmo le stesse incidenze tumorali, poiché noi oggi stiamo osservando i risultati delle esposizioni di trenta o quarant’anni fa».

    Per l’esperto le bonifiche devono essere «immediate», per evitare una deflagrazione delle malattie di cancro. Lo ha capito il ministro dell’ambiente Costa, scegliendo di confrontarsi con un «disastro gigantesco», valuta Pippo Giaquinta, responsabile della sezione Legambiente di Priolo. Nei decenni la contaminazione «si è insinuata dappertutto», nel suolo e nelle falde acquifere, si è diffusa nell’aria ed ha avvelenato il mare.
    Una montagna di sedimenti nocivi

    Ma è nella rada di Augusta che oggi si concentra l’attenzione governativa. «Già nel primo metro, indica Sergio Costa, troviamo mercurio, idrocarburi pesanti, esaclorobenzene, diossine e furani». L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha censito più di tredici milioni di metri cubi di sedimenti nocivi. Dimensioni che equivalgono alla somma di quattrocento palazzi di ventiquattro piani ciascuno! Un gigantesco impasto tossico che fa crescere i timori di una propagazione nel Mediterraneo.

    Per il mercurio il dato ufficiale è di 500 tonnellate sversate nel mare, dal 1959 al 1980, dall’ex Montedison, poi EniChem. Una quantità accertata dalla Procura di Siracusa. È probabile che nei decenni successivi circa altre 250 tonnellate abbiano raggiunto i fondali. Fa allora impallidire il parallelo con la catastrofe della baia giapponese di Minamata, negli anni settanta. La biologa marina Mara Nicotra tuona: «Nella rada di Augusta si parla di quantità ben superiori alle 400 tonnellate sversate nel mare del Giappone, che provocarono all’epoca circa duemila vittime». Al disastro umano e ambientale di Minamata l’Onu ha dedicato una Convenzione sul mercurio.

    La preoccupazione riguarda anche il consumo di pesce. Concentrazioni da record di mercurio sono state rilevate nei capelli delle donne in stato di gravidanza che si nutrivano di specie ittiche locali. Nel 2006 la Syndial, ex EniChem, decise di risarcire più di cento famiglie con bambini malformati con 11 milioni di euro in totale. Destò scalpore all’epoca l’esborso spontaneo della somma. Nessun tribunale aveva pertanto emesso una sentenza di risarcimento.

    Lo scandalo delle malformazioni da mercurio non è però bastato a bloccare la minaccia. Malgrado il divieto di pesca, lo scorso 6 marzo, nel porto di Augusta, la polizia marittima ha scoperto una rete clandestina di circa 350 metri. «L’ennesima», sottolinea la Capitaneria di Porto. La pesca di frodo non si arresta, e non si sa dove finisce il pesce contaminato.

    L’impressione è che gli atti inquinanti e lesivi della salute sfuggano al controllo. «A Priolo, nel 2018, una centralina accanto ad un asilo pubblico ha registrato per ben due volte sforamenti di emissioni di arsenico, ma si è saputo solo a distanza di un anno», sbuffa Giorgio Pasqua, deputato del Movimento 5 Stelle al parlamento regionale siciliano. In un bar della suggestiva marina di Ortigia, patrimonio dell’Unesco a pochi chilometri dal petrolchimico, ci racconta la sua odissea legislativa per ottenere «un sistema integrato con sensori e centraline per il monitoraggio ambientale». Dopo una lunga battaglia il dispositivo, in vigore da aprile, «permetterà infine di reagire in poche ore, e di capire subito quale impianto industriale è all’origine delle emissioni nocive». Fino ad oggi, lamenta il deputato, la verità è che «abbiamo tenuto un occhio chiuso, se non tutti e due» sull’inquinamento atmosferico.
    Le grandi fabbriche si difendono

    Soltanto negli ultimi mesi la giustizia e la politica hanno inviato chiari segnali di contrasto. A novembre il ministro Costa non ha nemmeno concesso una visita di cortesia al presidente di Confindustria Siracusa. Diego Bivona usa parole forti, «il territorio è diventato inospitale», e denuncia il «clima luddista» che si sarebbe insinuato, secondo lui, nella politica, un fenomeno «che esercita pressioni nei confronti anche della magistratura».

    Lo sfogo del portavoce del petrolchimico avviene a microfoni aperti nella sede dell’organizzazione. Avverte che le industrie hanno fin qui «mostrato una grande resilienza», ma «potrebbero un giorno andarsene con danni importanti in termini di impiego». L’avvertimento è chiaro, a forza di tirare la corda si spezza. Fa notare che «l’Eni e le altre aziende non investono più nel territorio da dieci anni, se non per adeguamento a normative ambientali» e che, nel 2013, «il gruppo italiano Erg ha venduto la sua raffineria» alla multinazionale russa Lukoil. Il cambio della guardia con le aziende italiane è stato ultimato nel 2018, quando il gigante algerino Sonatrach è subentrato a Esso Italia.

    Il presidente di Confindustria Siracusa si dice anche stupito dalla «cecità di chi guarda esclusivamente alle grandi fabbriche e non vede l’inquinamento generato dalla molteplici attività che si svolgono nel territorio». Sottolinea che nelle parcelle private occupate dall’industria «è stato realizzato il 68% delle bonifiche». Pure l’adeguamento degli impianti dichiara il presidente, «è in avanzato stato di completamento» riguardo alle prescrizioni del ministero dell’Ambiente, mentre «non sono accettabili» i limiti previsti nel recente Piano regionale della qualità dell’aria, su cui è pendente un ricorso, «in quanto si basa su dati di emissioni obsoleti».

    «Le fabbriche si oppongono a tutto», deplora il sindaco di Augusta Cettina Di Pietro, una delle figure politiche in prima linea nella lotta contro l’inquinamento. Lo scorso anno la pentastellata si è allineata sulle posizioni del presidente di centrodestra della Regione Sicilia, Nello Musumeci, in contrasto con Confindustria sul tema dell’inquinamento atmosferico. «Ma è una battaglia impari». Nel suo ufficio, dove il sole di marzo fatica a crearsi uno spiraglio, la prima cittadina si mostra lucida sull’esito della lotta: «Il territorio non è ancora pronto a fronteggiare il fenomeno, gli enti e le municipalità sono sprovvisti di personale qualificato». Lo squilibrio balza agli occhi nei tavoli di discussione: «Spesso ci ritroviamo in tre, io, un assessore e un consulente; dall’altra parte, un esercito di avvocati ed esperti».

    Al potere politico e giudiziario incombe oggi il compito di spezzare lo stato di paralisi in cui da anni sprofonda il territorio. «Fin qui non ci è riuscito nessuno», ricorda però Pippo Giaquinta, storico attivista di Legambiente a Priolo. «Capiremo nei prossimi mesi se si continuerà a scrivere un nuovo capitolo di questo interminabile dramma, o se riusciremo a mettere un punto finale».

    https://www.tvsvizzera.it/tvs/inquinamento_sicilia--il-dramma-del-petrolchimico-siracusano/45639136

    –-> Reportage de #Fabio_Lo_Verso et @albertocampiphoto (@wereport)

    #cancer #pétrochimie #industrie_pétrochimique #pollution #Sicile #Italie #pollution_industrielle #Méditerranée #raffinerie #Augusta, #Melilli #Priolo #Siracusa #Mare_Rosso #mercure #EniChem #Stop_Veleni #don_Palmiro_Prisutto #Palmiro_Prisutto #Piazza_Martiri_del_cancro #toponymie #toponymie_politique #décès #morts #quadrilatero_della_morte #rada_di_Augusta #métaux_lourds #Montedison #Minamata #Syndial #malformations #pêche #poissons #pollution_des_eaux #pollution_des_sols #pollution_atmosphérique #pollution_de_l'air #Erg #Lukoil #Sonatrach #Esso_Italia

    –-> quantité de mercure déversée dans la mer :

    Per il mercurio il dato ufficiale è di 500 tonnellate sversate nel mare, dal 1959 al 1980, dall’ex Montedison, poi EniChem. Una quantità accertata dalla Procura di Siracusa. È probabile che nei decenni successivi circa altre 250 tonnellate abbiano raggiunto i fondali.

  • Günther Anders
    Entretien avec Fritz J. Raddatz (1985)

    https://lavoiedujaguar.net/Gunther-Anders-Entretien-avec-Fritz-J-Raddatz-1985

    F.J. Raddatz : Je vois dans l’ensemble de votre travail une contradiction très complexe ; cette contradiction se présente à moi en trois éléments, à vrai dire difficilement conciliables. D’une part vous dites : « Quoi que nous fassions, c’est toujours plus ou moins en vain. » D’autre part l’ensemble de vos travaux ne fait que présenter le contraire, qui est de lutter contre ce « en vain », changer tout de même quelque chose, créer une conscience, au moins combattre l’analphabétisme mental, moral aussi. Mais, j’en viens au troisième point, vous dites quelque part que l’être humain est, c’est votre expression, « contingent ». Comment prétendez-vous relier ces trois éléments très contradictoires ?

    G. Anders : Non, je ne dirais pas qu’il y a là des contradictions ; ce sont tout au plus des contradictions apparentes. S’il m’arrive très souvent d’affirmer, de façon exagérée, que rien ne sert à rien, c’est en fait pour des raisons tactiques, à savoir pour m’opposer à ces hommes politiques et à ces journalistes du happy end, qui ne craignent pas de faire dans l’optimisme. Le mot « espérance », à travers Ernst Bloch, a malheureusement pris un caractère de solennité — pour tout le monde, même pour le plus réactionnaire des hommes politiques. Naturellement, de cet épais volume du Principe Espérance, ils n’ont lu que le titre. Au demeurant, l’espérance n’est absolument pas un principe, mais une émotion justifiée. Si je suis — pour utiliser cette expression triviale — très « pessimiste », c’est pour lutter contre cet optimisme rayonnant, que l’on rencontre même chez ceux qui sont au courant de la situation nucléaire. Au fond, ce que je prêche — mais je sais que par là j’en demande beaucoup à la moyenne des gens, peut-être beaucoup trop — c’est, dans la pratique, de faire des efforts comme s’ils ne savaient pas combien nos chances sont minimes. (...)

    #Anders #philosophie #espérance #Ernst_Bloch #culpabilité #morale #Husserl #Heidegger #Adorno #Horkheimer #Walter_Benjamin #Marcuse #Brecht #Marx #décalage #machine #engagement #Auschwitz #Hiroshima #Beckett

    • @cdb_77 @fil est-ce que cette image est disponible quelque part. J’aimerai bien l’imprimer et la coller autour de chez moi et la poser dans l’épicerie bio qui ne protège ni ses salariés ni ses clients.

    • @alexcorp Les chiffres ne sont certainement pas très valides, avec d’énormes doutes sur beaucoup de pays (dont Chine, Iran, US…), et pas seulement la France. Mais partout ils sont sous-évalués, et c’est ce qu’on a de mieux pour le moment.

      @touti L’image vient du Financial Times, il faut ajouter soi-même la mention « masques »

    • Ce n’est pas la première fois que je vois ce dessin que je trouvais démonstratif (il confortait la colère : ici, en gros, on a pas de masques), mais là ça me saute aux yeux : pourquoi la Chine est-elle placée dans la zone « no masks » sur ce graphique graffité en deux zones ’avec’ ou ’sans’ ?

    • J’ai vu une super interview en italien sur le masque. Le masque de chirurgien qui empêche de transmettre le virus aux autres (geste civique pour tou·tes) sans se protéger, le masque FFP2 qui empêche de le choper soi-même mais qui le dissémine allègrement venant de soi et devrait donc être réservé aux #travailleurs_exposés (en particulier les soignant·es), sachant qu’en l’absence de tests on ne sait pas qui est porteur et qui est à protéger...

      C’était super intéressant. Un masque est-il utile ? Non, pas pour marcher dans la rue, faire du vélo ou prendre sa caisse, seulement en cas d’interactions avec des personnes à moins de 2m et qui parlent ou éternuent (parler étant un super moyen de disséminer le virus, contrairement à respirer). Comment utiliser un masque ? Le mettre en le touchant le moins possible, ne jamais le retoucher, l’enlever par les élastiques, ne jamais le mettre en contact avec d’autres choses puisqu’il est vite dégueulasse... Si pénurie et impossibilité de le jeter, le désinfecter en l’exposant au soleil ou aux UV.

      Le médecin faisait un peu flipper sur l’usage des masques et sa conclusion est qu’un mauvais usage ne sert à rien, voire contribue à la dissémination, donc le laisser aux soignant·es. Ou tester, former aux règles d’hygiène les personnes porteuses pour améliorer notre réponse. Mais sur ça, on est à la ramasse.

      L’ignorance tue, que ce soit sur le statut de chacun·e (où sont les tests ???) soit que les gestes d’hygiène soient finalement mal connus ou compris (je veux bien que les personnes qui ont le virus ne sortent pas en pensant bien faire avec un FFP2 et je n’ai aucune idée moi-même d’un paquet de trucs comme la durée de tenue du virus sur un vêtement, une boîte d’œufs si j’en retrouve un jour ou un emballage plastique).

      Je n’ai pas la référence (et en ce moment il y a plein de fausse monnaie qui court, celui-ci disait expliquer les recommandations de l’OMS) mais je peux demander.

  • En #confinement : les précaires de l’#ESR encore plus précaires… et en colère !

    Enseignant·es et chercheur·ses précaires, nous nous mobilisons depuis le 5 décembre, aux côtés de nombreux autres secteurs en lutte, pour la défense de nos services publics et de nos solidarités, au premier rang desquelles la retraite par répartition.

    Le 5 mars, nous nous sommes mis massivement en grève car nous sommes confronté·es à la pauvreté ; à l’incertitude professionnelle, qui rejaillit sur notre vie privée ; à l’invisibilisation et à la déconsidération de notre travail. Cette précarité nous la connaissons que nous soyons vacataires, contractuel·les, auto-entrepreneur·ses, doctorant·es non financé·es et docteur·es sans postes, chômeur·ses ou au RSA – quand nous sommes de nationalité française et que nous pouvons effectivement accéder aux droits sociaux afférents. Nous sommes plus de 130 000 vacataires payé·es en-dessous du SMIC, avec plusieurs mois, parfois plusieurs années de retard. Ce sont plus de 30% des enseignant·es-chercheur·es et plus de 40% des travailleur·ses BIATSS et IT de l’université qui sont condamné·es à la précarité par une politique de sous-financement chronique du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) et de destruction des postes de titulaires.

    Aujourd’hui, la crise sanitaire révèle à nouveau les effets dramatiques de la casse des services publics et des systèmes de solidarité, en même temps que leur importance vitale. Alors que la pandémie frappe si durement nos aîné·es et les plus précaires, les travailleur·ses de la santé, mais aussi les postièr·es, les éboueur·ses, les cheminot·es et conducteur·trices de bus, sont soudainement jugé·es « personnels nécessaires » et envoyé·es « au front » sans les protections adapté·es, tandis que leurs chef·fes restent bien à l’abri dans leurs propriétés secondaires. Les pénuries récentes de main d’oeuvre dans les secteurs agricoles et de la grande distribution nous rappellent par ailleurs combien agriculteur·trices, caissièr·es, routièr·es et manutentionnaires, livreur·ses et coursièr·es, sont également au service du plus grand nombre et indispensables à la reproduction de la société, bien que le patronat ne cesse de tenter de s’en dispenser. Là où la destruction du droit du travail a frappé les secteurs de la distribution, elle a aussi contribué à la destruction de nos liens sociaux vitaux.

    Si nous ne sommes pas parmi les plus exposé·es – desquel·les nous nous déclarons entièrement solidaires sans être capables, aujourd’hui, d’interrompre la folie productiviste de nos gouvernant·es – la crise que nous traversons montre également les conséquences de la précarité dans l’enseignement et la recherche, qui frappe plus durement encore les plus discriminé·es et les plus isolé·es, et qu’il n’est plus possible d’ignorer.

    Le confinement, lorsqu’on est précaire, ce n’est pas un spleen sur les bourgeons qui peinent à éclore. Le confinement, lorsqu’on est précaire, c’est être cloîtré·e, parfois avec des enfants, dans quelques mètres carrés souvent insalubres, et dès lors plus vulnérables à la contagion. C’est s’arranger avec ses voisin·es de palier pour « sécuriser » au mieux le partage des toilettes. C’est s’évader un moment en imaginant les mille et unes recettes de pâtes qu’on n’aurait pas encore testées, avant de se demander si et comment on pourra se les payer. C’est être seul·e, ou au contraire, trop nombreux·ses, face à l’angoisse de la précarité, que l’incertitude générale dans laquelle nous sommes tou·tes plongé·es aujourd’hui prolonge et renforce douloureusement.

    Car en effet, la crise sanitaire du COVID-19 et le nécessaire confinement qui s’ensuit, en plus de fonctionner comme des révélateurs de la précarité, l’aggravent.

    Nous sommes aujourd’hui dans l’incapacité de poursuivre normalement nos activités. Outre l’impossibilité d’assurer nos enseignements, de réaliser nos recherches, nos expériences, nos enquêtes et nos analyses, en situation de confinement, nous ne pouvons pas continuer à produire comme si de rien n’était. Le savoir et la transmission sont affaires de temps, affaires de travail collectif, d’échanges et de rencontres, de discussions et de lectures. Impossible dans ce contexte anxiogène, et face à l’urgence de se soigner et de prendre soin des autres, de produire de la connaissance. Impossible également d’enseigner et d’accompagner des étudiant·es qui, dans leur grande majorité, ne mettent temporairement plus leurs études dans leurs priorités parce qu’ils doivent survivre, et contribuer à faire (sur)vivre leurs proches. Et sommes-nous devenu·es nous si interchangeables que notre absence devant les étudiant·es n’ait aucune conséquence ? Or, face cette situation, que nous partageons avec nos collègues titulaires, nous sommes renvoyé·es de plein fouet à nos statuts précaires et à l’absence totale de garanties et de protections qu’ils impliquent.

    Vacataires d’enseignement, nous sommes soumis·es à des injonctions irréalistes de « continuité pédagogique », qui creusent les inégalités entre étudiant·es et entre enseignant·es, souvent dépourvu·es du matériel nécessaire, occupé·es pour certain·es, généralement les femmes, au travail de care, confronté·es pour d’autres, en particulier les étranger·es, à un isolement rendu plus difficile par l’éloignement familial. Nous ne savions déjà pas quand nous allions être payé·es : désormais, nous ne savons même plus si nous le serons, encore moins quand, ni même combien. Doctorant·es et post-doctorant·es, nous voyons les bourses de recherche que nous avions obtenues, au prix de mois entiers de candidatures et de travail gratuit être, suspendues, sans même savoir si elles seront repoussées ou tout bonnement annulées. Enfin, pour faire vivre un système public d’enseignement et de recherche qui ne nous permet pas de vivre, nombre d’entre nous ont recours à des emplois précaires hors de l’ESR, déclarés ou non, aujourd’hui perdus ou rendus inaccessibles. Celles et ceux qui ont (encore) des contrats de travail, déjà systématiquement trop courts face à la charge de travail à réaliser, ou des allocations de chômage, voient le temps défiler sans qu’aucune mesure ne soit prise pour prolonger la durée des versements au vu de l’arrêt des activités.

    Les annonces de mesures d’urgence de Macron ne nous prennent pas en compte, comme elles ne prennent pas en compte nos étudiant·es. Elles s’adressent aux actionnaires et aux institutions financières qu’il s’agit de rassurer à tout prix afin d’éviter un effondrement boursier généralisé, et laissent de côté l’immense majorité de la population.

    Si la précarité qui nous est imposée se fait donc encore plus violente en cette période de crise sanitaire, elle n’entame pas notre détermination. Partout la solidarité s’organise et les collectifs se mettent en mouvement. En quelques heures, nous avons recueilli plus de 1700 soutiens pour demander un report des candidatures aux (rares) postes de maître·sses de conférence. Cette victoire, urgente et nécessaire, ne sera pas la dernière. Les précaires continuent à se réunir, même à distance.

    Que nous soyons enseignant·es et chercheur·es précaires, étudiant·es, BIAT·O·SS et IT·A, retrouvons nous nombreux·ses à la prochaine AG des précaires de l’ESR, ce vendredi 27 mars après-midi à 15h sur Discord, pour échanger, s’informer des situations des un·es et des autres et réfléchir aux solutions d’entraide à mettre en place mais aussi aux revendications urgentes que nous porterons dans un tel contexte.

    Continuons à organiser la lutte et la solidarité, au sein des universités et aux côtés des autres secteurs mobilisés, en cette période qui appelle plus que jamais au renforcement de nos solidarités !

    Aujourd’hui plus encore qu’hier, nous sommes précaires, nous sommes déter et nous sommes en #colère.

    Des précaires mobilisé·es.

    https://universiteouverte.org/2020/03/26/en-confinement-les-precaires-de-lesr-encore-plus-precaires-et-en-
    #enseignement_supérieur #université #fac #facs #précarité #coronavirus #travail

  • « Il n’est pas besoin de beaucoup de mots » : #dérogations à tout va dans les #universités

    L’#ordonnance « relative à l’organisation des #examens et #concours pendant la #crise_sanitaire née de l’#épidémie de #covid-19 » a été examinée hier après-midi en conseil des ministres, et est donc parue au Journal officiel de ce matin. Cette ordonnance appartient à la deuxième vague des ordonnances prévues par la loi d’urgence du 23 mars 2020, après la vague des 25 ordonnances du 25 mars, dont les médias se sont largement fait l’écho.

    Il faut bien comprendre que cette ordonnance est une intervention du #pouvoir_exécutif dans ce qui représente normalement le champ de compétences du #Parlement. L’objectif de cette ordonnance n’est donc pas le même que l’objectif d’un #décret : il est d’abord et avant tout de modifier des dispositions de valeur législative, que le #Président_de_la_République et le #gouvernement n’ont normalement pas la possibilité de modifier par eux-mêmes, mais qu’ils peuvent tout de même modifier parce que le Parlement les y a exceptionnellement habilités.

    On est donc en présence d’un #droit_d’exception dans tous les sens du terme : #exception sur la forme, parce que le gouvernement intervient dans le champ du Parlement pour modifier des textes de #valeur_légale, conformément à la procédure des ordonnances (article 38 de la Constitution) ; exception sur le fond, parce cette ordonnance introduit un nombre important de modifications qui sont certes justifiées par l’épidémie et ses conséquences, mais qui, il ne faut pas le perdre de vue, sont aussi, pour nombre d’entre elles, des modifications que le #MESRI souhaite introduire ou généraliser depuis des années (#examens_à_distance, et notamment en #télésurveillance ; délibérations par #visioconférence ; pouvoirs forts des chefs d’établissements ; différenciations entre établissements). Il est très probable, de ce point de vue, que le provisoire actuel se révèle rapidement transitoire : les mesures prévues dans ces ordonnances représentent un galop d’essai fantastique pour le MESRI.

    Il est aussi important de noter, d’emblée, que l’ordonnance est très courte. On pourrait être tenté d’y voir le signe que les dérogations introduites sont en nombre limité. Il faut plutôt l’analyser, nous semble-t-il, comme la marque du caractère très général des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance attribue, et du faible nombre de #garde-fous mis en place : il n’est pas besoin de beaucoup de mots pour dire que l’on peut déroger à tout va au droit existant, dès lors que le choix est fait de ne pas encadrer outre mesure ces dérogations.


    *

    Au-delà de ces considérations générales, on peut reprendre le contenu de l’ordonnance dans l’ordre, au risque d’être un peu long.

    1° Temporalité des #règles_dérogatoires

    Les mesures prises dans cette ordonnance ont une durée de vie doublement limitée : limitée dans le temps (elles sont applicables du 12 mars – elles peuvent donc avoir un effet rétroactif – au 31 décembre 2020) et limitée dans la finalité (elles doivent être « nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie » et aux conséquences « des mesures prises pour limiter cette propagation »).

    Deux remarques sur ce point :

    Comme pour la #prorogation des mandats des présidents et conseils centraux, le choix a donc été fait d’une durée très longue de 9 mois 1/2. Ce choix est un peu étonnant, surtout depuis qu’on a réalisé que le choix du MESRI de proroger possiblement jusqu’au 1er janvier 2021 les mandats des présidents et conseils centraux n’est finalement pas la règle générale applicable aux établissements publics qui ne relèvent pas du MESRI (cf. l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire, qui prévoit des prorogations allant, selon les cas, jusqu’au 30 juin et jusqu’au 31 octobre 2020).
    Il sera important de s’assurer que les modifications introduites sur le fondement de cette ordonnance ne perdurent pas dans certains établissements : elles doivent être strictement limitées aux deux barrières temporelles précédemment évoquées. Et dans tous les cas, comme dit plus haut, même si ces #limitations_temporelles existent, le risque est réel que ces modifications soient ensuite pérennisées, conformément à cette logique – maintes fois observée ailleurs – selon laquelle le droit d’exception préfigure le #droit_commun.

    2° Transformation des règles d’accès à l’enseignement supérieur et de délivrance des #diplômes

    Le chapitre Ier de l’ordonnance (articles 2 à 4) concerne l’accès aux formations de l’enseignement supérieur et la délivrance des diplômes de l’#enseignement_supérieur. Ces trois articles ont vocation à réduire (à « assouplir », dit-on en novlangue) de manière très importante les conditions légales du code de l’éducation par l’attribution de pouvoirs exceptionnels.

    Deux questions sont traitées dans ce chapitre : la détermination du contenu des « #adaptations » (articles 2 et 4) ; la détermination de l’#autorité_compétente pour prendre ces mesures d’adaptation (article 3).

    2.1 Le contenu possible des « adaptations » extrêmement large. On note immédiatement deux choses importantes :

    S’agissant des modifications des modalités d’accès aux #formations de l’enseignement supérieur, il n’est rien dit du contenu possible de ces modifications si ce n’est que chaque autorité qui intervient légalement dans la procédure d’accès aux formations (rectorat, universités) a le droit de changer les règles « nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire », c’est-à-dire sans que les règles existantes puissent y faire obstacle. Ce grand silence, sur un sujet aussi sensible, interpelle car il laisse une marge de manœuvre très importante à chaque université et à chaque #rectorat pour adapter la procédure de l’article L. 612-3 du #code_de_l’éducation. Ce point appelle une vigilance toute particulière.
    Ceci dit, lorsque, s’agissant de la modification des modalités de délivrance des diplômes, une liste est établie, elle est en réalité si large qu’elle permet, là aussi, tout ou presque (modification de la nature des épreuves, de leur nombre, contenu, coefficient, conditions d’organisation, et notamment possibilité de dématérialisation complète).

    La plus grande liberté est donc laissée sur les modifications de contenu, et les pratiques vont vraisemblablement être très variables sur le territoire, mettant définitivement un terme à ce qui restait d’idéal d’#égalité des étudiant·es devant le #service_public de l’enseignement supérieur.

    Il faut bien voir que l’exercice risque d’être particulièrement brutal pour les étudiant·es, en particulier que toutes ces modifications peuvent leur être imposées de manière extrêmement rapide, en l’occurrence dans un délai qui peut être réduit jusqu’à deux semaines, par dérogation à l’article L. 613-1 du #code_de_l’éducation qui prévoit, lui, que les modalités du #contrôle_des_connaissances « doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année ».

    Mais le problème principal va vraisemblablement se porter, dans les prochaines semaines, sur les #examens_à_distance, que l’ordonnance autorise à mettre en place de manière généralisée. On observe deux points très problématiques à ce sujet :

    Le premier tient dans le fait que l’ordonnance s’est bien gardée d’établir des garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’#égalité_de_traitement des étudiant·es et la lutte contre la fraude, à la différence de ce qu’elle fait, un peu plus loin dans l’ordonnance, pour les examens et concours d’accès à la fonction publique (renvoi à un décret fixant ces garanties). On pourrait penser que les conditions de l’article D. 611-12 du code de l’éducation continuent de s’appliquer1, mais faute de précision, ces conditions ne nous éclairent guère, de sorte que le pragmatisme à toute épreuve de certain·es collègues risque de bien vite les écraser.
    Le deuxième point a trait au fait que ces conditions d’organisation seront décidées sans beaucoup de discussion collective – puisque, comme on va le voir, l’essentiel des pouvoirs est concentré entre les mains du président de l’ université – et pourront même être imposées aux enseignant·es qui les refuseraient, si l’on en croit les termes de l’ordonnance.

    Il est impératif que ces examens à distance ne représentent pas l’aiguillon de leur généralisation pour les années à venir dans les universités. Le débat critique à leur égard reste entier. C’est particulièrement le cas pour ce qui concerne les examens dits « en télésurveillance ». Ils posent des problèmes juridiques multiples — en termes de droit des données à caractère personnel et en termes de droit à l’image, en particulier— quand bien même les règles du code de l’éducation seraient respectées, ils suscitent un fort scepticisme dans la communauté universitaire, qui n’a pas particulièrement envie de devenir le terrain d’essai de l’immixtion des dispositifs de vidéosurveillance à l’intérieur des domiciles privés, ils reviennent à enrichir de nouveaux intermédiaires privés — soit les prestataires de services. Et ils coûtent finalement cher, plus cher qu’un examen en présentiel.

    De ce point de vue, dans le cas où des universités choisiraient de recourir aux examens par télésurveillance dans les prochaines semaines, il est crucial qu’il soit veillé à ce que le plein consentement des étudiant·es soit obtenu : on ne saurait leur imposer d’être filmés à leur domicile. On ne peut qu’être atterré à cet égard, de la réponse de Pierre Beust – l’universitaire de référence, selon la DGESIP, sur les conditions d’examens par télésurveillance en France – lors du webinaire sur « la continuité pédagogique : la question cruciale des examens » (à partir de 1H07), qui explique sans ciller qu’un·e étudiant ·e qui refuserait de passer un examen en télésurveillance bénéficierait de moins de « bienveillance », donc en pâtirait2.

    2.2 S’agissant de la détermination de l’autorité compétente pour prendre ces mesures d’adaptation (article 3), l’ordonnance vient confirmer la tendance lourde du droit de l’enseignement supérieur au renforcement toujours croissant du rôle du président. Celui-ci reçoit compétence pour procéder lui-même – seul, donc – à toutes ces modifications, dès lors qu’il considère que les organes collégiaux sont empêchés de délibérer « dans des délais compatibles avec la continuité du service », ce qui est pour le moins vague. Le court-circuitage des #CFVU est donc très largement ouvert. On note en outre que quand bien même les organes collégiaux délibèrent « dans des délais compatibles avec la continuité du service », ils peuvent toujours décider de déléguer leurs #compétences au président. On reproduit à la petite échelle des universités ce que l’on a observé la semaine dernière au Parlement avec la loi d’urgence : le réflexe systématique devant le caractère exceptionnel de l’épidémie que nous vivons est de renforcer la #concentration_des_pouvoirs, et donc l’#autoritarisme, et ce réflexe semble aujourd’hui être conçu avec une évidence telle qu’il n’est plus même discuté. C’est très inquiétant quant à ce que cela dévoile de nos représentations intellectuelles des processus de prise de décision collective.

    3° Transformation des règles relatives aux examens et concours de la fonction publique

    Le chapitre II de l’ordonnance (article 5 et 6) concerne les examens et concours d’accès à la fonction publique. Pour le résumer simplement, toutes les adaptations sont possibles, et en particulier le recours à la visioconférence peut être généralisé. La question du projet de décret « fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des concours des chargés de recherche et des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques et des enseignant·es-chercheur·ses des établissements d’enseignement supérieur au titre de l’année 2020 » n’a donc plus lieu d’être : l’ordonnance permet désormais de ne pas appliquer les dispositions du décret du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État, qui impose un nombre minimum de membres du jury physiquement présents.

    Deux observations toutefois : ces règles nouvelles ne sont pas immédiatement applicables puisqu’il est prévu que « les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret » ; surtout, on ne sait pas à ce stade qui, précisément, prendra la décision de déroger « à l’obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection » : est-ce au niveau de chaque établissement qui ouvre un poste ? Ou est-ce au niveau de l’État que seront pris, concours par concours, les décisions ?

    À ce stade, on a aussi encore du mal à voir précisément l’ampleur des conséquences du deuxième point du chapitre II de l’ordonnance. Pour les #concours qui étaient en cours mais non achevés à la date du 12 mars 2020, « la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des vacances d’emplois ». Par ailleurs, diverses mesures destinées à prolonger la validité des listes complémentaires ou des listes d’aptitude des concours sont décidées. Et enfin, point important, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, il est prévu que les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l’accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury, et non, comme c’était le cas jusqu’ici, au jour de la première épreuve.

    https://academia.hypotheses.org/21693
    #université #fac #facs #pérennisation #ESR #stratégie_du_choc #in_retrospect

    –----

    citation pour @etraces :

    Il est impératif que ces examens à distance ne représentent pas l’aiguillon de leur généralisation pour les années à venir dans les universités. Le débat critique à leur égard reste entier. C’est particulièrement le cas pour ce qui concerne les examens dits « en télésurveillance ». Ils posent des problèmes juridiques multiples — en termes de droit des données à caractère personnel et en termes de droit à l’image, en particulier— quand bien même les règles du code de l’éducation seraient respectées, ils suscitent un fort scepticisme dans la communauté universitaire, qui n’a pas particulièrement envie de devenir le terrain d’essai de l’immixtion des dispositifs de vidéosurveillance à l’intérieur des domiciles privés, ils reviennent à enrichir de nouveaux intermédiaires privés — soit les prestataires de services. Et ils coûtent finalement cher, plus cher qu’un examen en présentiel.

    • Il faut bien comprendre que cette ordonnance est une intervention du #pouvoir_exécutif dans ce qui représente normalement le champ de compétences du #Parlement. L’objectif de cette ordonnance n’est donc pas le même que l’objectif d’un #décret : il est d’abord et avant tout de modifier des dispositions de valeur législative, que le #Président_de_la_République et le #gouvernement n’ont normalement pas la possibilité de modifier par eux-mêmes, mais qu’ils peuvent tout de même modifier parce que le Parlement les y a exceptionnellement habilités.

      et

      On reproduit à la petite échelle des universités ce que l’on a observé la semaine dernière au Parlement avec la loi d’urgence : le réflexe systématique devant le caractère exceptionnel de l’épidémie que nous vivons est de renforcer la #concentration_des_pouvoirs, et donc l’#autoritarisme, et ce réflexe semble aujourd’hui être conçu avec une évidence telle qu’il n’est plus même discuté. C’est très inquiétant quant à ce que cela dévoile de nos représentations intellectuelles des processus de prise de décision collective.

      #ordonnance #loi_d'exception

  • Qui a peur du Coronavirus, quand on a le gouvernement ?

    Article 7

    2° l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’#enseignement_supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires à garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

    Article 9

    Les mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre I du livre VII du code de l’éducation, ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

    Academia vient de recevoir le projet de #loi_d’exception contre la crise de COVID-19, débattu ce jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 au Parlement. Les dispositions touchant l’enseignement supérieur et la #recherche pouvaient être attendues — tandis que se discutent les modalités de réunion de jury et d’#auditions 1 des candidat·es aux postes d’enseignement supérieur et de recherche.

    Toutefois, Academia, qui a développé depuis plusieurs mois une collection État de droit au vu des développements de la présidence Macron souhaite faire esquisser quelques analyses à chaud de ce projet de loi. Pour faire court, si le président a prétendu que, pour lutter contre le COVID-19, « il faut faire nation », le Gouvernement gère la crise de façon totalement autoritaire. Les Parlementaires, qui n’ont absolument pas été associés à l’élaboration des dispositifs de crise, mais plutôt singulièrement exposés dans un cluster, se voient demander de voter les #pleins_pouvoirs. L’urgence de la situation semble accentuer la #dérive_autoritaire qui menace la République bien plus sûrement que le coronavirus.

    La loi d’exception

    Le titre I, sur lequel nous passerons, porte sur les #élections_municipales.

    Le titre II institue bien l’état d’urgence, mais, formellement, il ne s’agit pas de l’état d’urgence de la loi du 3 avril 1955, mais d’un état d’urgence spécial2. Ce nouvel état d’urgence est néanmoins pour une part importante le décalque de celui prévu par la loi de 1955, mais va d’une certaine façon beaucoup plus loin : il permet l’assignation à résidence généralisée et de manière plus puissante que l’assignation à résidence individuelle ; l’interdiction générale de sortie du domicile, quelque soit le motif, peut-être prononcée ; le ministre de la santé et le préfet peuvent, de leur côté, prendre des mesures d’assignation individuelles. Il est en outre prévu que les mesures du ministre de la santé peuvent aller au-delà de l’état d’urgence, pour la disparition durable de la crise sanitaire.

    Plus important, très peu de garde-fous ont été mis en place objectivement pour encadrer les conditions de la mise en place de cet #état_d’urgence : le #gouvernement décidera seul, et le #Parlement n’interviendra qu’après un mois pour l’autorisation de prorogation. Cela pose un problème énorme : cet outil demeurera après la crise du covid-19 et sera très dangereux pour les #libertés_publiques. Le gouvernement aurait dû prendre des mesures spécifiques pour cette crise, mais a décidé de prendre des mesures pour toutes les #crises_sanitaires à venir. C’est incompréhensible et injustifiable quand on sait les conditions dans lesquelles le Parlement va avoir à se prononcer sur cette loi aujourd’hui.

    Le dernier titre IV a trait aux #mesures_économiques. Ce sont des habilitations par #ordonnance, parfois très problématiques, mais en tout cas propres à la crise du covid-19, ce qui est une différence énorme. À côté de mesures très comprehensibles, les travailleur·ses vont subir durement ces mesures, en particulier ceux des secteurs dits « particulièrement nécessaires ».

    Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la #sécurité_de_la_nation ou à la #continuité de la #vie_économique et sociale de déroger aux règles du #code_du_travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la #durée_du_travail, au #repos_hebdomadaire et au #repos_dominical (Article 7, I, 1 iv. )

    Le texte crée des #exceptions à tout, souvent au détriment des garde-fous sociaux. C’est la même logique que celle de la loi pour la reconstruction de Notre-dame : on déroge à tout et on donne d’immenses pouvoirs au gouvernement.

    Les dispositions touchant l’enseignement supérieur et la recherche

    Les articles 7 et 9 touchent précisément l’#ESR. Les questions de l’#accès_aux_formations (#Parcoursup) et aux #concours (recrutements) se posent et sont déléguées aux institutions. Pour ce qui est de l’article 9 — sur les mandats des président·es et directeur·trices — deux possibilités peuvent être envisagées : soit le gouvernement prévoit que le confinement va durer jusqu’en juillet et les universités rouvrir en octobre 2020, soit le coronavirus est une excuse pour sauver les présidents en marche de nos #universités !
    Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Nos universités ont donc toujours des conseils pour toute la durée de l’épidémie. Cette loi d’urgence ne se justifie donc pas de ce point de vue. Quant au- à la président·e, il·elle peut être maintenu en fonction — ou remplacé — avec le statut d’administrateur provisoire, ce qui limite ses pouvoirs à la gestion des affaires courantes, mais évite qu’il/elle engage l’établissement par des décisions qui n’ont plus de légitimité démocratique. On notera l’urgence à maintenir automatiquement ces présidences en poste et les demandes de complétion d’appels à projets en 11 pages pour des projets de recherche contre le COVID-19.

    Un dernier point touche au rôle des « scientifiques » dans la crise. Selon les modifications apportes au #Code_de_santé_publique, au titre

    En cas de déclaration de l’#état_d’urgence_sanitaire, il est réuni sans délai un #comité_de_scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles L. 3131-23 à L. 3131-25.

    Vu la composition du #comité_scientifique qui a opéré jusque là et quand ses membres ont bien voulu siéger, on peut se demander si les modèles utilisés ne vont pas bientôt être rattrapés par la réalité des inégalités d’#accès_aux_soins, de l’organisation du #système_de_santé et de ses insuffisances, et de la dégradation de la #solidarité nationale, tous thèmes bien connus des sciences humaines et sociales. Il faudra être attentif à la constitution de ce comité et à la mobilisation qu’il fera des travaux des collègues.

    Préparons-nous.

    Projet de #loi_d’urgence pour faire face à l’#épidémie de #COVID-19
    https://academia.hypotheses.org/21284
    #coronavirus

    • Qui a peur du Coronavirus ou du gouvernement ? Le #Sénat veille, mais pas trop

      Le Sénat a adopté hier soir tard une version profondément remaniée du projet de loi d’urgence qu’Academia avait commenté hier, version qui doit être discutée aujourd’hui à l’Assemblée. Academia qui met le texte à disposition, vous en analyse les points saillants, très limités par rapport aux problèmes que soulève ce texte.
      Un Sénat offensif
      Beaucoup d’amendements — plus de cent — ont été déposés, bien plus, à l’évidence, que ce à quoi le gouvernement s’attendait, persuadé sans doute que son projet de loi serait consensuel… Il est fort possible que l’Assemblée — où le gouvernement dispose de la majorité — modifie la version finalement adoptée par le Sénat, et donc qu’une commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, soit réunie ce soir pour chercher un compromis, faute duquel l’Assemblée aura le dernier mot.
      Limiter la portée du texte, mais pas encore assez
      Sur l’état d’urgence sanitaire (titre II), le Sénat a adopté une modification importante, contre l’avis du gouvernement, touchant essentiellement à limiter la portée du texte dans le temps et dans le droit.

      Le Sénat accepte que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré, et ce, pour une durée de deux mois. La prorogation au-delà de ces deux mois devra être autorisée par une nouvelle loi.
      À noter que ce délai de deux mois est spécifique à la crise du covid-19, car le délai « normal » durant lequel le gouvernement pourra déclarer l’état d’urgence sanitaire avant que le Parlement n’intervienne est d’un mois.
      En revanche, le Sénat refuse que le nouveau régime juridique de l’état d’urgence sanitaire soit inscrit dans le droit français de manière définitive. Par cela, il faut comprendre que le Sénat refuse que ce nouveau régime puisse être utilisé pour les crises sanitaires futures. L’utilisation de ces règles ne peut excéder une durée d’un an et son censées disparaître au 1er avril 2021.
      L’idée est de dire que l’on ne peut pas, dans l’urgence actuelle et eu égard aux conditions dans lesquelles le Parlement doit se prononcer sur cette loi ces jours-ci, fixer de manière définitive les règles sur l’état d’urgence sanitaire en général, ce qui paraît tout à fait évident à tous, sauf, visiblement, au gouvernement.
      Par ailleurs, le Sénat a fait un travail consistant à fixer la liste limitative des actes que le gouvernement et les préfets pourront prendre durant l’état d’urgence sanitaire. C’est certainement plus satisfaisant que le blanc-seing général souhaité initialement par le gouvernement, que nous évoquions hier1.

      Ceci précisé, des problèmes majeurs subsistent. La question du contrôle du gouvernement — l’absence de garde-fous évoqué hier — reste entier. En refusant de mettre en place d’un comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, le Sénat n’a pas beaucoup avancé sur ce point. Une immense liberté laissée, encore, quant à la composition du comité scientifique, etc.
      Un gigantestque machinerie à déroger au Code du travail sans limitation de durée
      Le titre III, qui porte sur les habilitations à légiférer par voie d’ordonnances pour prendre des mesures d’urgence économique PROPRES à l’épidémie actuelle de COVID-19, se révèle extrêmement problématique, comme nous l’avions craint. Nous insistons : c’est ainsi un gigantesque machinerie qui se met en place qui ouvre littéralement la possibilité de déroger à tout . Jamais n’avons-nous vu de telles habilitations. Pour celles et ceux qui en doutaient, ce texte va demander, dans les prochains mois, un travail de veille permanente sur ce que produira le gouvernement sur à peu près tous les sujets.

      Ces dispositions sont d’autant plus problématique que le milliard de dérogations aux protections sociales qui va être mis en place grâce à ces ordonnances n’a qu’une limite extrêmement floue dans le temps. Elles prévoient que ces dérogations sont possibles aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour “faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du covid-19” (cf. art. 7, I, 1°), ce qui est susceptible d’aller très au-delà de la crise sanitaire à proprement parler. La proposition de limiter ces mesures dérogatoires à un an a été rejetée.
      Il va bien être possible de « modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrages, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne‑temps du salarié », par dérogation aux délais de prévenance et aux règles du code du travail ou du statut général de la fonction publique. Ce qui signifie que les employeurs pourront immédiatement obliger leurs salariés à prendre leurs congés maintenant, jusqu’à 6 jours de congés, de même que leurs RTT sans limite et leurs jours de repos affectés sur le compte épargne-temps sans limite – autant de journées que les travailleurs ne pourront plus prendre cet été, puisqu’on nous aura forcés à les prendre maintenant. Ca revient à faire payer la situation actuelle par les salariés, plutôt que par l’État ou les entreprises.
      De même, comme déjà indiqué hier, il va être possible de

      « permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical »

      Cela concerne, il est vrai en priorité les entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale : ce qui peut rapidement vouloir dire tout et n’importe quel secteur, de la fabrication du papier toilette aux librairies (sic).
      Bref, ce qui s’annonce, pour les travailleurs, c’est une période post-covid 19 qui sera très difficile : fin des 35h, obligation de travail le dimanche, pas de RTT dès lors que cela aura été jugé nécessaire pour « faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du covid-19 ». C’est la casse potentielle de toutes les protections que l’on autorise le gouvernement à opérer par voie d’ordonnances… Il va falloir être très vigilant dans les prochaines semaines.

      Sophie Primas au Sénat explique qu’après le coronavirus on va devoir exploiter les salarié.e.s et leur sucrer leurs vacances, leurs dimanches. #DirectSenat #maisouibiensûr 🤯 pic.twitter.com/JEVCnKV1vG

      Nous ne pouvons le faire ici, mais un nombre gigantesque d’habilitations du même ordre — qui peuvent être extrêmement dangereuses pour les libertés fondamentales — viennent désormais ouvrir par exemple la possibilité de dérogation en matière de délais de procédure judiciaire ou en matière de durée des détentions provisoires, sans autre garde-fou que la limitation « aux seules fins de limiter la propagation du covid-19 ». Academia sera très attentif à la mise en œuvre de toutes ces dispositions.
      Sans oublier les Universités et la recherche

      Universités et EPST sont évidemment susceptibles d’être concernées par la casse des règles de la fonction publique le temps de « faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du covid-19 ». Il faudra être vigilant : les personnels des universités, et en particulier les personnels administratifs et techniques, seront peut-être contraints, dans les prochains mois ou cet été, de travailler au-delà de la durée légale, ou le weekend, ou tout l’été, sous le prétexte de la nécessité d’organiser la prochaine rentrée ou de terminer l’année universitaire actuelle. Il va falloir trouver de bons équilibres, et la manière dont la question de la continuité pédagogique est actuellement gérée ne permet pas d’être très optimiste…
      Rien n’est prévu dans le projet de loi concernant les vacataires, qui ne semblent pas être la préoccupation du MESRI2.
      S’agissant de l’article 9 du projet de loi, qui intéresse directement les universités ou plutôt les mandats des présidents et des conseils d’Universités : le gouvernement a présenté in extremis, à 23h273 une dérogation importante à la prolongation des mandats, en prévoyant désormais que « Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les élections permettant le renouvellement de ces conseils se sont tenues avant la date de promulgation de la présente loi ». L’objectif, explique le gouvernement dans son amendement, c’est d’éviter « d’empêcher des conseils nouvellement élus d’élire un nouveau président, ce qu’ils peuvent au demeurant faire par voie électronique »4.

      Reste à savoir ce que vont faire l’Assemblée et la commission paritaire.
      Sachez, chères lectrices, chers lecteurs, qu’Academia veille !

      https://academia.hypotheses.org/21312
      #démocratie

    • Qui a peur du Coronavirus, quand on a l’#Assemblée ?

      Petit point de la situation au #Parlement, après un premier passage au Sénat1
      La commission des lois de l’Assemblée n’a pas pu tenir les délais prévus, du fait du nombre d’amendements de l’opposition. Le texte devait être examiné en hémicycle hier après-midi, puis hier soir, et il le sera ce matin à 9h30. Ca risque de prendre toute la matinée, et peut-être une bonne part de l’après-midi.

      La commission des lois a fait le choix d’entériner très largement le texte du Sénat2. Quasiment tous les amendements n’émanant pas de la majorité ont été rejetés.
      Après vote à l’Assemblée, il faudra réunir la Commission mixte paritaire, ce qui sera fait a priori dans la soirée. Il n’est pas complètement impossible qu’elle arrive à un accord — sous réserve d’un point spécial, propre aux élections municipales, concernant la date de déclaration des candidatures au second tour — car le groupe majoritaire à l’Assemblée et le gouvernement sont conscients de deux choses :
      1° les parlementaires savent bien que la version du Sénat ne remet pas en cause ce qu’ils considèrent être l’essentiel du projet, à savoir le principe d’un état d’urgence sanitaire, d’une part ; l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance sur à peu près tous les sujets jugés nécessaires pour « faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du covid-19 », d’autre part, donc ils sont prêts à faire ce compromis ;
      2° ils savent aussi que le temps leur est compté, vu le nombre de parlementaires qui tombent malades
      Pendant ce temps-là, au Sénat, le volet financier a été adopté.

      https://twitter.com/OuzouliasP/status/1241069975265255424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12

      Le Parlement a adopté définitivement, vendredi, le volet financier des mesures d’urgence face au coronavirus. Après un accord de l’Assemblée à l’unanimité la veille, le projet de loi de finances rectificative a été voté au Sénat par 327 voix pour, zéro contre et 16 abstentions. Il anticipe un lourd impact du coronavirus sur l’économie française − récession de 1 % du PIB en 2020 et déficit public de 3,9 % – et se veut une « première étape » pour soutenir les entreprises en difficultés. Les ministres de Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, se sont félicités après le vote de l’« esprit de concorde » qui a prévalu. (Le Monde, 21 mars 2020)

      En attendant une étude plus approfondie, nous savons déjà que la réduction d’une partie du Crédit impôt recherche, pourtant aisément mobilisable pour la recherche3 a été rejeté, comme une hausse très significative du budget hospitalier. Nous avions vu que la séquence parlementaire mettait en exergue les attaques contre les libertés publiques et contre le Code du travail, Désormais, en dépit d’une couverture presse principalement occupée par la quesiton des élections municipales, c’est la politique sanitaire et scientifique même en ce temps d’épidémie qu’il faut continuer

      Suite aujourd’hui ou demain.

      Pour suivre les débats à l’Assemblée

      http://videos.assemblee-nationale.fr/direct.8912562_5e75ce856c752

      https://academia.hypotheses.org/21359

    • La fin de la République ?

      La « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » a donc été adoptée hier en fin de journée par le Parlement, après quatre jours de débats presque ininterrompus. Dès publication de la loi au Journal officiel, les effets juridiques se feront très vite sentir : le Premier ministre a annoncé que les premières ordonnances prévues par le nouveau texte seront promulguées cette semaine.

      Nous n’avons pas le courage de détailler ici l’ensemble des dispositions que contient la loi d’urgence, pour deux raisons : parce que nous en avons déjà abondamment parlé sur Academia1 chroniquant l’évolution du texte au Parlement ; et parce que des analyses techniques précises de la loi vont sortir dans les prochains jours, sur des sites dont c’est, beaucoup plus qu’Academia, l’objet principal, ainsi qu’à l’occasion d’un « colloque virtuel » qui se tiendra en fin de semaine. On résumera donc ce qui vient de se produire en quelques phrases un peu plus générales.

      -- I.—

      L’état d’urgence sanitaire que met en place la loi adoptée hier offre des prérogatives tout à fait inédites au pouvoir exécutif (nouvel article L. 3131-23 du code de la santé publique), quand bien même, grâce à l’action du Sénat, celles-ci ont été légèrement circonscrites.

      Évidemment, on comprend la nécessité de ces prérogatives ; en revanche, on ne comprend pas que le Président de la République, le gouvernement et le groupe majoritaire à l’Assemblée se refusent, eux, à comprendre qu’on ne peut pas attribuer des pouvoirs aussi extraordinaires sans un contrôle qui serait un tant soit peu sérieux. C’est une règle démocratique de base, qu’on enseigne aux étudiants de droit des premières années : exiger les meilleures raisons du monde — mettre fin à une pandémie, par exemple — n’a jamais suffit et ne suffira jamais à garantir les libertés et éviter les dérives ; les garde-fous de procédure sont, pour cela, mille fois plus efficaces. Il faut bien voir qu’on en arrive aujourd’hui à une situation paradoxale, pointée par Pierre Ouzoulias au Sénat hier après-midi : on dispose de davantage de garanties procédurales lorsque le Président enclenche l’article 16 de la Constitution (la reconnaissance des « pleins pouvoirs »)((Une seule utilisation a été faite à ce jour de l’article 16, lors du putsch des généraux d’Alger de 1961, car cet outil est couramment conçu comme le seuil extrême de la démocratie, qui n’en est alors plus tout à fait une.)) qu’on en dispose aujourd’hui lorsque ce même Président décide d’enclencher « l’état d’urgence sanitaire ».

      Il est complètement fou, à cet égard, qu’il ait fallu une bataille homérique au Parlement pour que soient introduits quelques très timides éléments de contrôle parlementaire en plus de l’obligation d’une loi pour la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois — information sans délai du Parlement des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire ; possibilité pour le Parlement de requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. C’est même une donnée parfaitement glaçante, dont il faudra se souvenir longtemps dans ce qu’elle dévoile de la représentation intellectuelle que le Président et le Premier ministre se font d’un Parlement dans une République : dans le projet de loi initial, celui que le gouvernement a déposé mercredi soir sur le bureau du Sénat, aucun contrôle de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire n’était prévu. Seule une « réunion sans délai » d’un « comité de scientifiques » était-elle rendue obligatoire — un comité scientifique dont les personnalités sont toutes nommées par le pouvoir exécutif, à l’exception de « deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ». Jamais, vraisemblablement, le déséquilibre des pouvoirs constitutionnels au profit du Président de la République ne s’était-il manifesté avec une telle violence à l’encontre du Parlement.

      La décision de suspendre jusqu’au 30 juin 2020 les délais d’examen des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) procède d’une même logique2. Qu’il soit très difficile aux juridictions, dans un contexte d’épidémie de covid-19, de saisir dans les délais légaux le Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité, c’est une chose qu’on ne conteste pas ; ce qui nous terrorise littéralement, c’est le fait que le gouvernement et la majorité à l’Assemblée se soient opposés à un amendement qui, pourtant, semblait relever de la première évidence : l’amendement — proposée par un membre du groupe UDI, pourtant — qui prévoyait que, par exception au principe général de suspension des délais en matière de QPC, les délais de transmission des QPC ne seraient pas suspendus lorsque ces QPC porteraient sur une des dispositions issues de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Adopter cet amendement, c’était considérer que, quand bien même les meilleures raisons du monde justifient cette loi, le contrôle de constitutionnalité des dispositions qui la compose reste parfaitement incontournable, eu égard à l’ampleur des atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit. Les termes par lesquels la rapporteure comme le ministre de l’Intérieur ont choisi de s’opposer à cet amendement3 sont proprement indignes de l’enjeu en cause : alors même que jamais, sous la Ve République, autant d’individus ont vu leurs droits et libertés à ce point limités en même temps, le contrôle constitutionnel n’est pas perçu comme une procédure de première importance.

      -- II.—

      La « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » comporte par ailleurs un titre consacré aux « mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 », qui consiste essentiellement en une gigantesque habilitation du gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances : le Parlement a accepté de déléguer au gouvernement la majeure part de ses propres pouvoirs pour gérer non pas l’épidémie, mais les « conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et [les] conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation ».

      Deux points sont importants à signaler, à cet égard :

      1° il est téméraire de dire, comme certains le prétendent, que les mesures qui seront prises sur ce fondement seront provisoires, puisque aucun délai n’a été fixé pour s’assurer que ce provisoire le sera effectivement. Ce sera un des vrais enjeux des ordonnances, mais on peut d’ores et déjà noter que le gouvernement s’est opposé, lors du débat parlementaire, à l’inscription de tout délai précis.

      2° l’ensemble des très nombreuses ordonnances prévues par la loi d’urgence « sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire », empêchant toute forme de suivi du processus d’écriture des milliers d’articles dans lequel s’engagent à présent les ministères, Matignon et l’Elysée.

      C’est une vieille question de droit constitutionnel que l’épidémie de Covid-19 rouvre, à laquelle on ne répond pas sérieusement en rappelant que les ordonnances devront faire l’objet d’une loi de ratification : jusqu’où le Parlement peut-il aller dans sa propre dépossession ? Car il faut être clair sur un point : quelque soit les atteintes au droit du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique qui seront finalement décidées – et elles s’annoncent de la première importance –, c’est le principe même d’une délégation aussi générale de pouvoir au Président et au gouvernement qui pose problème.

      Sur le contenu même des habilitations, il est désormais bien connu — les médias s’en font désormais largement l’écho — qu’il est très large. Comme nous l’écrivions, il s’agit d’une gigantesque machinerie à déroger au droit du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique qui est mis en place, sur à peu près tous les sujets. Il ne sert à rien, à ce stade, de faire des plans sur la comète : le gouvernement a reçu un pouvoir gigantesque, dont il va, c’est certain, très largement user, et c’est pourquoi une vigilance extrême s’impose dans les prochains mois. Il ne faut pas être naïf non plus : c’est une grande parenthèse des droits sociaux qui va s’ouvrir, et dont on ne sait pas quand elle s’arrêtera ; et quand bien même elle s’arrêtera bien un jour, il est presque sûr que des dispositifs seront pérennisés, et le droit du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, déjà bien mal en point, ne sortira pas indemne de cet épisode.
      -- III.—

      IIl est un dernier point sur lequel il nous semble important de terminer pour mettre en perspective les deux pans (mise en place de l’état d’urgence sanitaire ; habilitation massive à légiférer par voie d’ordonnance) de la « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ».

      La crise sanitaire qui justifie cette loi est indiscutablement exceptionnelle ; mais il est tout aussi indiscutable que ce caractère exceptionnel est accentué par l’état exsangue de nos outils d’organisation de la vie collective, et en premier lieu de nos services publics. C’est cela que rappelle l’épisode dramatique actuel : quand les services publics se réduisent, les libertés diminuent, pour la simple et bonne raison que les gouvernants n’ont plus d’autres choix que d’augmenter les contraintes pesant sur tous — et, en premier lieu, sur les plus faibles — pour assurer les besoins que les services publics, s’ils n’avaient pas été délaissés, auraient dû assurer. Si une loi telle que la « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » est adoptée, si de tels pouvoirs sont donnés au président et au gouvernement, c’est aussi parce qu’on n’a pas les moyens de faire des tests en nombre suffisant, comme le Conseil d’État le rappelle dans son ordonnance de référé-liberté d’hier soir, parce qu’on n’a pas suffisamment de lits dans les hôpitaux, parce qu’on n’a pas assez de respirateurs, parce qu’on n’a pas investi dans la recherche fondamentale… C’est une platitude de le rappeler, mais il ne faudrait pas que, dans ce drame, cela soit perdu de vue.

      https://academia.hypotheses.org/21454

    • Il doit y avoir autant de rapport qu’entre l’urgence la loi retraite et l’urgence du covid-19.
      Ca me rappel qu’après la grande peste de 1348 les gens ne voulaient plus allé aux champs travailler pour les seigneurs et les clercs et qu’ils en avaient un peu rien à faire des menaces après avoir survécu à l’épidémie. C’est là que l’église aurait passer un tour d’écrou de plus pour contraindre les femmes à enfanter (entre autre).

  • Petites considérations sociologiques sur le #confinement

    Cette période de confinement liée à l’épidémie du #Covid-19 constitue une #épreuve_sociale inédite, qu’on peut comparer à une expérience de laboratoire in vivo. Le grand historien médiéviste, Marc Bloch, qui avait fait la « grande guerre » et en avait été très marqué, a écrit peu après, en 1921 dans la Revue de synthèse historique, un célèbre article, « Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre » (publié aux Éditions Allia en 1999). Il y décrivait la guerre de 14-18 « comme une sorte de vaste #expérience naturelle. On a le droit en effet de considérer comme telle la guerre européenne : une immense expérience de #psychologie_sociale, d’une richesse inouïe. Les conditions nouvelles d’existence, d’un caractère si étrange, avec des particularités si accentuées, où tant d’hommes à l’improviste se sont trouvés jetés, — la force singulière des sentiments qui agitèrent les peuples et les armées — tout ce bouleversement de la vie sociale, et, si l’on ose ainsi parler, ce grossissement de ses traits, comme à travers une lentille puissante, doivent, semble-t-il, permettre à l’observateur de saisir sans trop de peine entre les différents phénomènes les liaisons essentielles ».

    Indépendamment de la déclaration du Président Macron (« nous sommes en guerre… »), il peut être intéressant de tirer ce fil entre situation de #guerre_militaire et celle de confinement. Ce dernier impose de très fortes #privations et #contraintes aux individus qui, dans les sociétés occidentales, n’y sont guère habitués. Les premières questions qui viennent à l’esprit à ce sujet sont les suivantes : le confinement est-il respecté en France ? « Un peu, beaucoup, pas du tout » ? Par qui ? Comment ? Plus en campagne qu’en ville ? plus en centre-ville que dans les « quartiers » ? etc. Faute de données statistiques fiables, le premier réflexe qu’on doit avoir en la matière est celui de la prudence interprétative.

    Avant d’aborder la manière dont on peut procéder par la mobilisation d’une série d’indices, à même de nous guider vers des hypothèses de travail, commençons par un étonnement. Que voici. En fidèle téléspectateur du Journal télévisé (JT) de France 2 (défense du service public oblige…), on remarque que la question du #vécu du confinement dans les #quartiers_populaires y a été fort peu abordée, voire pas du tout. La fuite des Parisiens vers leurs #résidences_secondaires a été un sujet traité, mais la manière dont les jeunes et les familles, parfois nombreuses, vivent leur confinement dans leurs appartements #HLM semble avoir été oubliée. Est-ce un oubli volontaire ? Ou la simple trace médiatique de la moindre importance accordée aux conditions sociales d’existence des #classes_populaires dans le milieu des professionnels de l’information ? On ne saurait laisser de côté l’hypothèse du respect de l’« #union_nationale » requise en cette période de confinement. Celle-ci suppose une mobilisation de l’appareil d’information et l’opération d’un tri dans l’amoncellement des « nouvelles du front ». Priorité est donnée dans le #JT de la #télévision_publique au suivi des opérations dans les hôpitaux, à la découverte du travail de tous les soignants et de leur entier dévouement, à l’écoute des avis des grands professeurs de médecine (« infectiologues »). Bref, une #mise_en_scène télévisuelle de l’« #effort_national » — ce qui, en soi, n’est pas critiquable.
    Sur le versant des effets sociaux de cette #pandémie, les reportages sur les #familles face au confinement (#école_à_la_maison, #télétravail des parents, aménagements divers de cette nouvelle vie…) semblent surtout réservés aux familles de milieu favorisé. Sans doute parce qu’elles laissent entrer plus facilement les caméras à leur domicile. Il ne s’agit pas pour autant de crier tout de suite au complot d’Etat et/ou de dénoncer une chaine de télévision « aux ordres du gouvernement ». Sans doute peut-on penser que le #service_public_télévisé contribue à sa manière à l’union nationale en laissant prudemment dans l’ombre ce qui pourrait l’entacher.

    A géométrie variable

    Une fois examiné la manière dont le thème du confinement est traité à la télévision (publique), donnons un petit coup de projecteur sur la manière dont il est opéré en pratique. Procéder à une petite revue de presse dans les quotidiens régionaux (L’Est républicain, Le Parisien, Le Progrès), permet de recueillir des indices suggestifs, sinon probants, sur le confinement à géométrie variable lors de cette première semaine. Sans surprise, le confinement a mis un peu de temps à se mettre en place et semble respecté de manière inégale.

    Selon les témoignages des directeurs de la #sécurité_publique ou des gendarmes, différents profils de « #déviants » à la #norme apparaissent, comme ici dans la région du Grand est particulièrement touchée. Le lieutenant de gendarmerie François qui coordonne le dispositif dans le sud du Territoire de Belfort fait le diagnostic suivant : « Une grande majorité les respecte… Mais une partie n’a pas compris l’#esprit_du_confinement et une autre n’est pas prête à le comprendre. » Le maire (et infirmier) de la ville ouvrière de Valentigney (proche de l’usine de Sochaux-Peugeot et avec une grande ZUS, les Buis), observe « dans le quartier mais également au centre-ville des comportements dangereux, irresponsables ». La journaliste de L’Est s’est donc rendue dans la cité des #Buis pour aller y voir de plus près et, là, elle a rencontré une dizaine de jeunes près d’une place, plutôt amènes.

    Pris en défaut

    Laissons la relater la scène et la manière dont ces jeunes pris en défaut de groupement non autorisé tentent de se justifier : « Chez nous, on ne tient pas en place », note l’un d’entre eux qui, comme ses potes, se sent à l’abri du virus. « On se lave les mains, on garde nos distances, c’est la base », souligne un deuxième. Un troisième Doubien montre son attestation : « On a le droit de sortir fumer une clope. Surtout que certains n’ont pas le droit de fumer chez eux… Et puis, on s’ennuie ici, il n’y a rien à faire ! Rester un mois enfermé, c’est inimaginable. » Jeudi soir, ils ont même organisé un barbecue : « Quand on a vu les policiers, on a couru pour leur échapper. Et vous savez ce qu’ils ont fait, Madame, ils ont gazé notre viande. C’est du gâchis. » (Est républicain, 21/03/2020). Dans un article du même jour, le directeur général de la compagnie des bus du Pays de Montbéliard livre des informations congruentes : « En cette période de grave #crise_sanitaire, certains jouent aux #malins. On a dû raccourcir une ligne, que nous sous-traitons, parce que des #jeunes montaient chaque jour dans le bus, à la même heure, pour le squatter ! » Enfin, à Bourg-en-Bresse, selon le commissaire de police, « Ce sont plutôt les plus jeunes et les plus anciens qui bravent l’interdiction. Malheureusement, on a verbalisé certains jeunes à tour de bras dans certains quartiers. Des jeunes disent qu’ils s’en fichent et que le coronavirus est une invention pour casser l’économie » (Le Progrès, 22/03/2020).

    Ces témoignages ne suffisent pas à baliser tout le terrain d’enquête. Loin de là. Ils ont pour principal intérêt de mieux faire entrevoir les raisons qui peuvent conduire certaines fractions de la population à ne pas vouloir – et surtout ne pas pouvoir – respecter le strict confinement désormais imposé en France. Le groupe des plus #réfractaires au confinement a de fortes chances de se retrouver dans une population plutôt jeune et masculine, soit en situation de #décrochage_scolaire, soit appartenant à la population « flottante » des quartiers. A lire entre les lignes ces articles de presse, on pressent quelques facteurs clés de leur penchant pour la #transgression de la règle du confinement : bien sûr, en tout premier lieu, « l’#ennui » et le besoin quasi vital de se retrouver « entre potes » mais aussi la difficulté de cohabiter harmonieusement avec leurs parents et de devoir respecter des interdits au domicile familial (l’exemple de « fumer »). Les divers types de #résistance qu’on voit surgir dans les quartiers déshérités de la République méritent examen et ne doivent pas être renvoyés trop facilement du côté de la #faute_morale.

    Sentiment de #marginalité

    Même s’il est incontestable que le non-respect des règles de confinement fait courir collectivement des #risques_sanitaires, il dit quand même beaucoup de choses sur le sentiment de marginalité (#outcast) qu’ont d’eux-mêmes ces individus. On pourrait à ce titre, se risquer à faire l’analogie avec le mouvement des gilets jaunes et la signification sociale des formes de violence (inusitée) qu’il a employées pour se faire entendre des « puissants ».

    La pratique de la lecture est distribuée de manière très inégale selon les groupes sociaux

    A partir de ces premières incursions en terre de confinement, faut-il déplorer comme notre historien national (autoproclamé) Stéphane Bern le fait dans Le Figaro (22/3/2020), « la perte du #sens_civique » dans notre vieille France ? Ne convient-il pas plutôt de rappeler que ce confinement constitue une très forte #contrainte qui est – et sera – vécue de manière très différente selon les #conditions_sociales de nos concitoyens. D’abord les conditions matérielles : on sait bien que ceux qui possèdent un grand logement, un jardin, qui peuvent sortir les enfants à la campagne, etc., souffrent moins du confinement. Ensuite, les #conditions_culturelles : le président Macron a dit à ses concitoyens : « Lisez ! » Mais la pratique de la #lecture est distribuée de manière très inégale selon les groupes sociaux.
    Ce long moment de confinement opère déjà comme un très grand amplificateur des #inégalités spatiales et sociales. C’est peu dire que les semaines qui s’annoncent vont constituer une véritable épreuve pour ceux qui appartiennent à la catégorie des « pauvres », définis aussi bien à partir de leur #capital_économique que de leur #capital_culturel.

    https://www.alternatives-economiques.fr/stephane-beaud/petites-considerations-sociologiques-confinement/00092259
    #sociologie #Stéphane_Beaud #classes_sociales

    –-----

    citations pour @davduf :

    Jeudi soir, ils ont même organisé un barbecue : « Quand on a vu les policiers, on a couru pour leur échapper. Et vous savez ce qu’ils ont fait, Madame, ils ont gazé notre viande. C’est du gâchis. » (Est républicain, 21/03/2020).

    Enfin, à Bourg-en-Bresse, selon le commissaire de police, « Ce sont plutôt les plus jeunes et les plus anciens qui bravent l’interdiction. Malheureusement, on a verbalisé certains jeunes à tour de bras dans certains quartiers. Des jeunes disent qu’ils s’en fichent et que le coronavirus est une invention pour casser l’économie » (Le Progrès, 22/03/2020).

  • Detention Centres and COVID19. Situation in Spain : Is the government emptying the centres ?

    Desde la Federación SOS Racismo e Iridia, os queríamos preguntar cómo está la situación de los Centros de detención en Europa, para ver si podemos coordinar algún tipo de acción para exigir su cierra ahora que el CIVID19 está cambiando nuestro día a día.

    En principio, el gobierno español está vaciando poco a poco los #CIE

    https://www.europapress.es/catalunya/noticia-liberan-todos-internos-cie-barcelona-no-poder-repatriarlos-20200

    https://www.lavanguardia.com/politica/20200319/474263064358/interior-abre-puerta-liberar-internos-cie.html

    Según nuestras fuentes, la idea es (dado que muchos países han cerrado fronteras y vuelos con España) ir vaciando poco a poco los centros de detención comenzando por las personas que no pueden ser expulsadas y pueden tener recursos familiares, y después tratar de utilizar los recursos de los proyectos de humanitaria para las personas que no tengan recursos de este tipo. Ahora mismo los CIE de Tarifa y Barcelona están vacíos, el de Algeciras (5), Valencia tienen unos pocos internos (menos de 30), Tenerife (25), Las Palmas (69) – los números son del lunes-. El número más importante (y las tensiones) están localizadas en Madrid (75) y Murcia (78) en los que ha habido protestas y las personas internas están nerviosas con la situación.

    También hay que decir que parece ser que las personas qu ehan llegado en los últimos días a través de embarcaciones están siendo derivadas a centros sociales y no a los centros de detención (casos de Andalucía y Canarias)

    Brigitte también nos ha comentado que en Francia se está en un proceso similar:

    https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/21/les-centres-de-retention-administrative-se-vident_6033939_3224.html

    #détention_administrative #rétention #Espagne #France #asile #migrations #réfugiés #coronavirus #centres_de_rétention_administrative #vide #se_vider (je ne trouve pas d’autres mots-clé à ajouter au mot-clé « se vider », idées bienvenues)

    ping @thomas_lacroix @karine4 @isskein

    • Un juez ordena el desalojo del #CIE de #Las_Palmas para frenar los contagios

      Los centros de internamiento mantienen todavía a cerca de 100 inmigrantes, a pesar de la imposibilidad de expulsarlos.

      Un juez ha ordenado este martes el desalojo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Las Palmas de #Gran_Canaria, al detectarse “un progesivo contagio” de coronavirus entre los internos. El magistrado justifica la medida en las condiciones de “hacinamiento” de los internos y la imposibilidad de garantizar el aislamiento en el centro. Cerca de un centenar de personas, según el Ministerio del Interior, permanecen aún encerrados en los CIE pese a que las restricciones fronterizas en todo el mundo impiden deportarlos a sus países de origen.

      La orden del juez de ordenar la liberación de los internos se suma a la petición que ya había realizado el Defensor del Pueblo el 19 de marzo, cuando aún no había ningún contagio confirmado en los siete centros de internamiento de toda España. Casi dos semanas después, aún hay cerca de 100 personas encerradas (un 12% de un total de 866 plazas, según Interior). El pasado domingo la ocupación se mantenía al 30%. La mayoría de ellos está concentrada en los dos centros de las islas Canarias, según fuentes conocedoras de la ocupación de las instalaciones.

      El CIE de Barranco Seco al que se refiere el magistrado, tiene al menos dos internos diagnosticados de Covid-19, según publicó la prensa local la semana pasada. “La decisión adoptada se basa en estrictas razones de salud pública y orden público y por estrictas razones de humanidad”, dicta el magistrado. El resto de centros, algunos como el de Barcelona totalmente vacíos, no ha registrado ningún caso positivo, según Interior.

      El juez canario Arcadio Díaz Tejera mantiene que “existe un progresivo empeoramiento de la salud de los servidores públicos que han estado o están prestando servicios en el centro” de Barranco Seco, una antigua cárcel. El magistrado, que ejerce las funciones de control del centro, también se refiere al “progresivo contagio que se ha dado entre los migrantes”. “Es razonable entender que dadas las vías de transmisión de ese microorganismo, el hacinamiento constituye un factor favorable para la expansión de la infección”, recoge la resolución judicial.
      Derecho a la salud

      El juez Díaz recuerda que la privación de libertad en los centros de internamiento tiene como objetivo la expulsión de los inmigrantes, un procedimiento que en las circunstancias actuales es prácticamente imposible de ejecutar. Prevalece, mantiene el magistrado, el derecho a la salud de los internos y de los servidores públicos que allí trabajan.

      El magistrado ordena, por tanto, que se traslade a los migrantes a centros de acogida al ritmo “más ágil posible”, debido a los contagios que se están produciendo y ante la “inexistencia de condiciones adecuadas para garantizar el debido aislamiento de los internos con síntomas o que han dado positivo”.

      Este juez, que ejerce la función de control del CIE de Las Palmas, ya había comparado las instalaciones con “las cárceles de la dictadura”. En auto de febrero en el que instaba a las autoridades a subsanar las deficiencias del centro, denunciaba los “sinsentidos, irregularidades y carencias” del lugar.

      La liberación de los extranjeros por parte del Ministerio del Interior está siendo más lenta de lo que a las asociaciones humanitarias y a sus propios abogados les gustaría. En Valencia, un juez ha ordenado la puesta en libertad de una mujer marroquí internada en el CIE de Zapadores. “Las especiales circunstancias que concurren en el territorio nacional” y las “dudas razonables de que pudiera llevarse a cabo la expulsión dentro del plazo máximo legal de 60 días” aconsejan “el cese del internamiento”, dispone el auto del magistrado valenciano.

      Este juez, sin embargo, ha impuesto a la mujer la obligación de someterse a controles semanales en la Brigada de Extranjería de la Policía y le ha retirado el pasaporte. “Es triste que hayamos tenido que recurrir a la justicia para conseguir una puesta en libertad que ya habíamos solicitado hace dos semanas y que el Defensor del Pueblo respaldó. Esto viene a demostrar que el internamiento no es una medida cautelar para la expulsión, sino que busca castigar la estancia irregular”, afirma Paco Solans, vicepresidente de la Asociación de Abogados de Extranjería.

      Huelga de hambre para ir a la Península

      Además de la liberación paulatina de los extranjeros internados en los CIE, las autoridades han permitido por motivos sanitarios el traslado a la Península de 142 personas que permanecían en el #Centro_de_Estancia_Temporal_de_Extranjeros (#CETI) de Ceuta. Las instalaciones albergaban a más de 650 personas cuando su capacidad es de 512 plazas. El salvoconducto, que ha beneficiado sobre todo a subsaharianos y argelinos, ha generado malestar entre los marroquíes que aún están en el centro. Un grupo de 13 marroquíes solicitantes de asilo ha iniciado una huelga de hambre para protestar por “la discriminación que sufren ante otras nacionalidades”.

      https://elpais.com/sociedad/2020-03-31/un-juez-ordena-el-desalojo-del-cie-de-las-palmas-para-frenar-los-contagios.h
      #évacuation #justice #grève_de_la_faim

  • Françoise Barré-Sinoussi : « Ne donnons pas de faux espoirs, c’est une question d’éthique »
    https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/24/francoise-barre-sinoussi-ne-donnons-pas-de-faux-espoirs-c-est-une-question-d

    Je réagis aussi à la vue, ces dernières heures, des files d’attente devant l’Institut hospitalo-universtaire de Marseille pour bénéficier d’un traitement, l’hydroxychloroquine, dont l’efficacité n’a pas été prouvée de façon rigoureuse. Certains peuvent être contaminés et risquent de diffuser le virus. C’est n’importe quoi. J’ai connu ce genre de situation dans les années 1980, ce qui peut semer la confusion auprès du grand public, déjà sidéré par l’ampleur de cette épidémie.

    Que pensez-vous de l’hydroxychloroquine (Plaquenil) et des attentes suscitées par ce médicament ?

    Pour l’instant, pas grand-chose, j’attends les résultats de l’essai Discovery, conçu dans le cadre du consortium « Reacting », qui vient de démarrer et qui portera sur 3 200 personnes, dont 800 en France. Un premier groupe recevra des soins standards sans médicament ; un deuxième se verra administrer l’antiviral remdesivir ; puis dans le groupe 3, les patients recevront une association lopinavir-ritonavir ; la même association sera administrée dans le quatrième groupe en combinaison avec un autre médicament, l’interféron bêta, et un cinquième avec l’hydroxicholoroquine [seul], qui a été ajouté récemment. Tous ces groupes de patients sont bien sûr traités avec en plus des soins standards. De premières analyses fiables devraient être connues dans une quinzaine de jours. Cet essai est fait dans les règles de l’art. Soyons patients.

    • #Merci !
      voici un état des lieux sur les #essais_cliniques en cours https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2020/03/24/the-latest-coronavirus-clinical-trials
      résumé : pour l’instant, rien de convaincant
      #wait_and_see

      et pour celleux qui disent « oui mais si ça marche on aura l’air con à ne pas l’avoir appliqué plus tôt », il faut dire que si ça marche miraculeusement bien (ce qui est peu probable…), l’essai pourra le prouver avant même les 15 jours évoqués, et on sera vite au courant.

    • Mais... Les gens ne font pas la queue pour avoir un traitement à la Chloroquine (il y en a sans doute certains, oui), mais pour être testé.e.s. Enfin je dis les gens, ça ne veut évidemment rien dire. J’ai l’impression qu’ici à Marseille, on parle de l’IHU (qui ont testé 800 personnes hier, c’est dire l’ampleur du travail) parce qu’ils font des tests, non pour recevoir l’hostie d’un hypothétique messie. C’est vraiment débile d’affirmer que la queue est liée au traitement...

  • Pour sortir du #confinement, un plan d’urgence anticapitaliste

    Par bien des aspects, la #crise_sanitaire en cours est un révélateur de l’incapacité du #capitalisme européen à résoudre les grands problèmes de l’humanité. L’#Italie, la #France et l’#Espagne sont les pays où le virus frappe le plus fort car le #système_sanitaire a été ravagé par les politiques austéritaires depuis au moins une décennie. En France, ce sont 69.000 lits qui ont été supprimés à l’hôpital entre 2003 et 2017, 4.000 en 2018. Par souci d’économie, les réserves stratégiques de masques et de respirateurs ont été supprimées (près d’un milliard de masques dans les années 2000 - supprimé par Xavier Bertrand en 2011). Toujours par souci d’économie, la recherche publique sur les coronavirus n’a pas été soutenue et un temps précieux a été perdu dans la possibilité de trouver des traitements efficaces. La rigueur budgétaire et la recherche du profit sont les principaux responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons.

    Confinement ou immunité collective ?

    Face à la pandémie, les gouvernements hésitent entre deux solutions. La première, minoritaire, défendue par les gouvernement britanniques et néerlandais est l’acquisition d’une immunité de groupe. Cette immunité à l’avantage d’éviter les nouvelles épidémies. Selon les connaissances que nous avons du virus (R0 ~ 2.5), cela nécessite que 60% de la population entre en contact avec le virus et en soit immunisée. Ce processus est très bien décrit par le groupe de modélisation de l’équipe ETE (Laboratoire MIVEGEC, CNRS, IRD, Université de Montpellier) (http://alizon.ouvaton.org/Rapport2_Immunisation.html). Une fois ce taux atteint, la population dans son ensemble (y compris les personnes non immunisées) est protégée contre une nouvelle épidémie.

    Cependant, sans mesure de contrôle, les projections montrent qu’entre 81 et 89% de la population pourrait être infectée. Soit entre 20% et 30% de plus que le seuil pour atteindre l’immunité collective. Cela représente potentiellement 20 millions de personnes infectées en plus dans un pays comme la France.

    Nous ne connaissons pas précisément le taux de létalité du virus. Les chiffres dont nous disposons sont tous biaisés, et a priori largement surestimés, par l’absence de tests systématiques dans la population. Plus on dépiste, plus on détecte des personnes contaminées présentant peu ou pas de symptômes, plus ce taux est bas. Mais aussi bas soit ce taux, lorsqu’il est multiplié par des dizaines de millions de personnes, les morts se compteraient très probablement en centaines de milliers. Par ailleurs, l’austérité budgétaire et l’affaiblissement des systèmes de santé doivent être intégrés dans l’équation. La létalité du Covid-19 est visiblement provoquée par un choc cytokinique qui nécessite une prise en charge en soin intensifs avec respirateurs. Plus la pénurie de respirateurs est grande, plus la mortalité est haute, plus les équipes médicales doivent choisir qui maintenir en vie et qui sacrifier par manque de moyens. C’est sûrement ce qui explique les taux de mortalité très élevés par rapport à d’autres pays en Italie, en Espagne et dans une moindre mesure en France (bien que cela pourrait s’aggraver au pic de l’épidémie) qui sont mal équipés en nombre de lits en « soins aigus ».

    Dans la plupart des pays, ces chiffres ne sont pas assumables par les gouvernements en place. Et ce sont ces projections qui ont poussé partout le pouvoir à confiner les populations malgré la crise économique majeure et les conséquences sociales dramatiques que cela entraine.

    En effet, la distanciation sociale permet de ralentir la progression du virus, d’aplatir le pic, et donc de diminuer l’afflux de malades en détresse à l’hôpital. Ce processus est décrit de façon très intuitive dans le Washington Post (https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator). La distanciation sociale peut recourir à plusieurs mécanismes, de la fermeture des écoles jusqu’au confinement total. L’étude publiée le 16 mars par l’Imperial College COVID-19 Response Team (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf) réalise des projections du nombre de lits occupés en soins intensifs en fonction de plusieurs scénarios de confinements. Si cette étude est forcément incomplète, notamment car les courbes dépendent du moment où les mesures sont mises en œuvre, cela nous montre que les mesures de confinement, dans le cas où aucun traitement ne serait trouvé, devraient s’étaler jusqu’à la fin de l’année 2021 pour que la population atteigne les 60% d’immunisés. Dans le cas contraire, tout relâchement du confinement pourrait correspondre à un nouveau développement incontrôlé de l’épidémie dans la population.

    Mais comment imaginer que la situation que nous vivons depuis une semaine en France se poursuivent pendant des mois ? Ce n’est tenable ni économiquement, ni socialement. Ce n’est pas le propos de cet article (pour cela voir le texte de Mimosa Effe : https://npa2009.org/idees/societe/le-confinement-la-destruction-du-lien-social-et-ses-consequences), mais le #confinement_de_classe que nous vivons actuellement doit s’arrêter. Toute vie sociale est stoppée alors qu’il faut continuer à travailler. Même si nous arrêtions toutes les productions non indispensables, ce serait tout de même des millions de travailleurs.euses qui devraient continuer à faire tourner l’hôpital, l’électricité, l’eau, le traitement des ordures ou l’alimentation – mais aussi tous les autres métiers qui permettent à ces secteurs de fonctionner ! Et cela dans un contexte d’atomisation total de notre camp avec tous les reculs sociaux et l’Etat policier total qui vont avec. A cela s’ajoute les dégâts psychologiques, les violences domestiques faites aux femmes ou la situation criminelle que sont en train de vivre les migrant.e.s, les prisonniers.ères et les sans-abris.

    Nous l’avons vu, le confinement est d’abord imposé par la faillite de notre système de santé et l’impréparation au risque de pandémie qui sont dues à l’austérité imposée par les gouvernements successifs en France et en Europe. Dans la forme qu’il prend, généralisé dans la vie sociale mais pas au travail, de classe, policier, il est la solution que les capitalistes pensent avoir trouvé pour limiter la casse et maintenir au maximum leur place dans la concurrence internationale. Mais la gestion capitaliste de cette épidémie est marquée par l’impossibilité de planifier une quelconque sortie de crise. Un gouvernement anticapitaliste, au service de la population, motivé par la santé plutôt que par les profits, pourrait mettre en place une toute autre politique.

    Existe-t-il une troisième voie ? De toute urgence prendre des mesures anticapitalistes pour sortir du confinement !

    Il ne s’agit pas ici de dire que le confinement pourrait être levé du jour au lendemain. Nous l’avons vu, étant donné les conditions d’impréparation des gouvernements et la dégradation des capacités de l’hôpital public à supporter une telle épidémie, le confinement était la seule solution pour éviter une mortalité élevée. En ce sens, toutes les initiatives syndicales ou de travailleurs.euses pour stopper le travail - et se protéger - dans les productions non-essentielles sont fondamentales. Le slogan « nos vies valent plus que leurs profits » prend ici tout son sens. Il est également fondamental de dénoncer le gouvernement qui nous explique qu’il faut renforcer le confinement mais continuer à travailler, bien au-delà des secteurs essentiels à la lutte contre l’épidémie. Pénicaud, Macron, Philippe sont plus préoccupé.e.s par le maintien des profits que par notre santé. Les scandaleuses mesures contre le droit du travail, les 35h, nos congés, articulées au renforcement de l’Etat policier, ont été prise au moment où la sidération était la plus haute dans la population.

    Mais il est indispensable maintenant de déterminer quelles sont les conditions qui permettraient d’envisager la levée du confinement à très court terme :

    – Il faut de tout urgence pratiquer le dépistage de masse. D’ailleurs, entre les lignes, le Ministre Olivier Veran reconnait lors de sa dernière conférence de presse (https://www.youtube.com/watch?v=wpGjmCkLDHs

    ) que le confinement ne pourra être levé que lorsqu’il sera possible d’effectuer plus de dépistages revenant sur la communication gouvernementale qui affirmait que le dépistage n’était plus un outil en phase 3. Le dépistage de masse permet de n’isoler que les malades et leur entourage. Il permet également une prise en charge précoce des patients considérés comme « à risque » et ainsi de diminuer la létalité du virus. Le problème, c’est que le fournisseur n’arrive pas à suivre la demande en kit de dépistage (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/11732088#/11732088). Il faut donc de toute urgence organiser la production de kits de dépistages en réquisitionnant les entreprises du secteur et en passant outre les brevets.

    – De toute urgence également, il faut injecter des moyens dans la santé et l’hôpital public pour augmenter les capacités de prise en charge des patients en détresse respiratoire. C’est l’inverse des politiques menées jusqu’alors qui font fonctionner l’hôpital comme une entreprise, en flux tendu, incapable de s’adapter à des situations d’urgence. Pour l’instant, le gouvernement a débloqué 2 milliards d’euros pour l’hôpital. Dans le même temps, il injecte 43 milliards dans l’économie et garantit 350 milliards d’euros aux entreprises privées !

    – Pour augmenter le nombre de lits en soins intensifs et protéger celles et ceux qui travaillent il faut réorganiser en profondeur l’appareil industriel pour planifier les productions utiles à résoudre la crise sanitaire : masques, respirateurs, oxygène… En ce sens, il faut soutenir l’action de la CGT qui demande la réouverture et la nationalisation de Luxfer, seule usine d’Europe à produire des bouteilles d’oxygène médical fermées. C’est un bon exemple qui pourrait se poser pour d’autres productions.

    Enfin, l’attention est captée à une échelle assez large sur la mise en place d’un traitement. Le plus prometteur, la chloroquine (ou son dérive l’hydroxy chloroquine) est testée dans plusieurs pays et de nombreux services hospitaliers, y compris en France, ont commencé à l’utiliser sur des malades. Ce médicament semble réduire la charge virale et la durée du portage du virus. Si ce traitement s’avère efficace, la question de la nationalisation de l’industrie pharmaceutique va devenir compréhensible à une échelle très large.C’est peut-être la peur de cette évidence qui motive les grands groupes du secteur à anticiper en proposant de fournir ce traitement gratuitement, que ce soit #Sanofi (https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-sanofi-pret-a-offrir-aux-autorites-francaises-des-millions-) ou #Novartis (https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-novartis-offre-130-millions-de-doses-de-chloroquine-20200320) !

    Ainsi, nous pouvons affirmer que le confinement aurait pu être largement réduit, voire évité, en généralisant les dépistages, en développant les capacités d’accueil de l’hôpital public et en accélérant les tests sur des traitements antiviraux.

    Ce plan d’urgence n’est possible à court terme que si l’on s’affronte au capitalisme. Il faut reprendre le contrôle, sans indemnité ni rachat, sur l’appareil productif, notamment dans le domaine de la santé, des protections pour les salariés, de l’industrie pharmaceutique et biochimique.

    Macron et son gouvernement, LR et le PS avant lui, portent une lourde responsabilité dans la situation actuelle. L’heure de solder les comptes arrivent. Les réponses anticapitalistes pourraient alors apparaître comme une solution à une échelle inédite jusqu’alors. Pour cela, sans attendre la fin du confinement, il nous faut renforcer les réseaux de solidarité, les réseaux militants pour recommencer à agir dans la situation.

    https://npa2009.org/idees/sante/pour-sortir-du-confinement-un-plan-durgence-anticapitaliste
    #anticapitalisme #anti-capitalisme #austérité #hôpitaux #lits #masques #réserves_stratégiques #stock #respirateurs #recherche #rigueur_budgétaire #immunité_collective #immunité_de_groupe #létalité #taux_de_létalité #tests #dépistage #choc_cytokinique #distanciation_sociale #flattening_the_curve #aplatir_la_courbe #vie_sociale #travail #atomisation #Etat_policier #impréparation #troisième_voie #droit_du_travail #dépistage_de_masse #soins_intensifs #industrie #nationalisation #Luxfer #chloroquine #industrie_pharmaceutique #responsabilité

    ping @simplicissimus @fil @reka

    –------

    Citation sélectionnée pour @davduf :

    Le confinement de classe que nous vivons actuellement doit s’arrêter. Toute vie sociale est stoppée alors qu’il faut continuer à travailler. Même si nous arrêtions toutes les productions non indispensables, ce serait tout de même des millions de travailleurs.euses qui devraient continuer à faire tourner l’hôpital, l’électricité, l’eau, le traitement des ordures ou l’alimentation – mais aussi tous les autres métiers qui permettent à ces secteurs de fonctionner ! Et cela dans un contexte d’atomisation total de notre camp avec tous les reculs sociaux et l’Etat policier total qui vont avec. A cela s’ajoute les dégâts psychologiques, les violences domestiques faites aux femmes ou la situation criminelle que sont en train de vivre les migrant.e.s, les prisonniers.ères et les sans-abris.

    • Le confinement, la destruction du #lien_social et ses conséquences

      Le 19 mars l’Assemblée rejetait l’amendement visant à prolonger le délai d’#avortement pendant la crise sanitaire. Si ce n’est finalement que peu étonnant de la part des députés LREM, ce rejet est révélateur de quelque chose de plus profond. Le confinement de la population va mettre en danger massivement les #femmes et les #classes_populaires de manière générale.

      Quelle que soit la façon dont certains ont essayé de le tourner, le confinement est profondément inégalitaire. Il y a ceux et celles qui ont un logement pour se confiner et les autres qui n’en ont pas, celles et ceux qui ont un logement décent et les autres qui ont un logement insalubre, celles et ceux qui ont une maison avec un jardin et celles et ceux qui doivent se pencher à la fenêtre pour respirer de l’air frais.

      Le message du gouvernement à l’aide de mesures coercitives violentes (oui les amendes sont effectives et en Seine-Saint-Denis elles ont conduit à des arrestations et des garde-à-vue) fait croire à la portée individuelle du confinement sans prise en charge collective de ses répercussions. Face à cela, certainEs ont essayé de mettre en place des réseaux de solidarité dans les immeubles, dans les quartiers, ... Si ces réseaux sont nécessaires et même indispensables, ils ne contrebalancent pas les problèmes qui se posent avec le confinement et qui vont forcément causer là aussi des morts, et parfois ils confortent même dans l’idée qu’il faut nécessairement rester chez soi : promener son chien, faire du jogging serait dangereux. Le propos de cet article n’est pas de dire que le confinement est inutile pour contrer le Covid-19 mais que le confinement n’est pas viable à moyen terme, c’est pourquoi la sortie de crise ne peut venir que de la mise en place d’un plan d’urgence visant à dépister et à soigner ce qui veut dire concrètement donner des moyens aux personnels de santé et des moyens de protection à la population.

      Le confinement face à l’organisation sociale de la dernière phase du capitalisme

      Le confinement dans l’histoire n’a jamais été une partie de plaisir, mais elle pose question dans le capitalisme tel qu’il s’organise aujourd’hui. Depuis les trente dernières années : on peut dire que la tendance à détruire les structures familiales est plutôt lourde. Les foyers composés de personnes seules s’élèvent à 35% des foyers (20% des femmes et 15% des hommes) auxquels se rajoutent presque 9% de familles monoparentales (dont le gros du contingent est composé de femmes). La grande majorité des foyers composés d’une personne seule ont plus de 65 ans (plus de 70%)1. Le problème c’est qu’avec cette épidémie ce sont ces mêmes personnes considérées comme vulnérables qui vont donc se retrouver complètement isolées.

      De l’autre côté, l’on sait aussi qu’un ménage sur douze vit dans un logement surpeuplé, 18% des logements sont considérés comme trop bruyant (donc mal isolés), 22% n’ont pas de système de chauffage efficient et près de 13% ont des problèmes d’humidité.2

      Le confinement produit aussi des rapports au travail qui accentuent ce qui existait auparavant : d’une part il y a ceux qui télétravaillent et ceux qui continuent de travailler dans des conditions de sécurité face au virus alarmantes et avec l’idée que le travail s’accompagne de toute une série de mesures restrictives.3 Mais à cela, il faut encore ajouter que le télétravail n’est pas le même pour tout le monde (que l’on soit cadre ou que l’on fasse un travail administratif) surtout quand l’on se retrouve face à un travail qui s’accompagne de plus en plus d’une perte de sens, d’autant plus qu’il envahit la sphère privée et que les loisirs sont considérablement réduits. Quant aux précaires, aux étudiantEs, à celles et ceux qui travaillaient sans contrat de travail, c’est une situation dramatique qui s’ouvre sans qu’aucune aide ne soit prévue si ce n’est un chômage auxquels ils n’ont pas tous droit.

      De plus, le système capitaliste entraîne une détresse psychologique : la dépression, le suicide ou les tentatives de suicides vont s’accentuer avec la perte de lien social, la perte d’activités émancipatrices et une vie tournée autour du travail.

      Toute la prise en charge associative, comme du service public de ses éléments là, comme de la prise en charge de l’extrême pauvreté va être ou drastiquement réduite voire inexistante.

      Dans le confinement, les femmes trinquent (et meurent !)

      Outre la question de l’avortement dont nous avons parlé plus haut, les femmes vont subir une répercussion violente du confinement. Elles assumeront plus de tâches ménagères qu’à l’ordinaire et de tâches de soin, et on le sait ce sont elles qui dans la plupart des foyers assumeront le suivi de « l’école à la maison » et d’occuper les enfants, sans compter les familles monoparentales ou les mères se retrouveront seules face à l’éducation de leurs enfants.

      Le confinement va augmenter les violences intra-familiales et en particulier les violences conjugales, c’est déjà ce qu’a révélé l’expérience du Wuhan4. Là encore, ces violences seront encore moins prises en charge qu’avant puisque le 3919 ne fonctionne plus pendant cette crise contrairement à ce qu’avait annoncé Marlène Schiappa.5 Au sixième jour du confinement, cette tendance est d’ailleurs aussi relatée par la FCPE ce dimanche.6

      Le manque d’accès à l’avortement pourra provoquer des recherches de solutions mettant en danger les femmes subissant des grossesses non-désirées quand celles-ci ne provoqueront tout simplement pas le suicide.

      Dans le même temps, on pourra noter que les adolescents LGBT confrontés en permanence à l’homophobie pourraient là aussi augmenter les tentatives de suicides et les suicides, alors même que c’est déjà une cause importante de suicides chez les adolescentEs.

      Ajoutons à cela que des secteurs largement féminisés se trouve en première ligne de la gestion de la maladie : infirmières, caissières, ...

      L’isolement des individus entraîne une baisse de la conscience de classe

      Le confinement produit un rapport de force dégradé de manière objective. En ce moment, des lois d’exception sont en train de passer à l’Assemblée diminuant nos droits, sans possibilité de riposte et si la légitimité du gouvernement reste affaiblie, les mesures prises rencontrent au moins une part de consentement. Si c’est le cas, c’est bien parce que la crise que l’on rencontre, a de grosses difficultés à être résolue par le système sans faire des milliers de morts.

      Individuellement, les gens ne peuvent pas se protéger et pour une grande majorité restent donc chez eux de peur (et cette peur est fondée) de devenir malade ou de l’être déjà et de contaminer d’autres personnes. Le problème c’est que sans dépistage massif et traitement le confinement risque de durer longtemps.

      Or, isolément, les gens ne peuvent d’une part pas s’organiser (ce qui dégrade le rapport de force) et de l’autre entraîne une baisse de la conscience de classe dans ce qu’elle a de plus simple car c’est l’organisation du travail qui fonde objectivement cette conscience. De plus, le confinement, repose sur le consentement d’une population à être confinée : c’est d’ailleurs par les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse ou dans son entourage une pression sociale à « Restez chez vous », mais aussi à prendre le temps de lire ou de se cultiver.

      De fait cette pression sociale, construit alors le modèle de ceux qui y arriveraient en étant forts, en ayant accès à de la culture ou à des habitudes culturelles. Les vieux qui vivent seuls, les dépressifs, les pauvres, ceux qui n’ont pas accès à la culture se retrouveraient alors mis à l’amende.

      Pour l’instant, cette idéologie ne se fait que sous forme de pression, mais elle pourrait produire autre chose, elle passerait alors du consentement à la collaboration : elle est déjà en partie à l’œuvre de manière minoritaire, elle passe par la délation de celles et ceux qui sortent et la volonté d’un durcissement des mesures coercitives.

      Le confinement ne peut qu’être une mesure à court terme, sinon les effets violents décrits auront des effets durables, surtout si, comme c’est le cas aujourd’hui le mouvement ouvrier ne riposte pas.

      https://npa2009.org/idees/societe/le-confinement-la-destruction-du-lien-social-et-ses-consequences
      #confinés #non-confinés #inégalités #logement #mesures_coercitives #amendes #Seine-Saint-Denis #arrestations #garde_à_vue #rester_chez_soi #isolement #télétravail #chômage #détresse_psychologique #santé_mentale #école_à_la_maison #soins #care #tâches_ménagères #conscience_de_classe #lois_d’exception