• Interior reactiva las expulsiones desde Canarias y deporta a 22 migrantes a Mauritania

    El Ministerio del Interior ha reactivado este miércoles las deportaciones de migrantes desde Canarias y ha expulsado a 22 las personas que estaban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco hacia Mauritania. De ellas, 18 son de Senegal, dos de Gambia, uno de Guinea-Bissau y uno de Mauritania. En este momento, el CIE de Gran Canaria está vacío, y podrá albergar hasta a 42 personas a partir de hoy, ya que el juez de control, Arcadio Díaz-Tejera, en un auto estableció que este era el aforo máximo para evitar el hacinamiento y los posibles contagios en cadena, como sucedió en marzo. Entonces, el magistrado tuvo que ordenar el desalojo y el cierre, ya que trabajadores del centro contagiaron a los internos. Además, el cierre de fronteras decretado para frenar la expansión de la COVID-19 tampoco permitía las expulsiones. La reapertura se ordenó en septiembre, tras la visita del ministro Fernando Grande-Marlaska a Nouakchott.

    El ministro viajó en compañía de la comisaria europea Ylva Johansson para abordar la crisis migratoria que atraviesa el Archipiélago en la actualidad. Uno de los resultados de este encuentro fue la recuperación de las deportaciones hacia Mauritania, aprovechando el acuerdo bilateral que ambos países mantienen. Este documento recoge la expulsión a este país africano tanto de nacionales de este país como de países terceros que en su trayecto migratorio hayan partido del territorio mauritano.

    Aprovechando este epígrafe del convenio, España expulsó a finales de 2019 y comienzos de 2020 incluso a malienses. Algunos de ellos habían solicitado protección internacional ante el conflicto armado que atraviesa su país. Según Acnur, ninguna persona procedente de las regiones afectadas por esta guerra debería ser devuelta de manera forzosa, puesto que el resto del país no debe ser considerado como una alternativa adecuada al asilo hasta el momento en que la situación de seguridad, el estado de derecho y los derechos humanos hayan mejorado significativamente. Así, Acnur insta a los Estados a proporcionar acceso al territorio y a los procedimientos de asilo a las personas que huyen del conflicto en Malí.

    Grande-Marlaska y Johansson también visitaron este fin de semana Canarias, incluido el saturado muelle de Arguineguín que alberga hasta el momento a más de 2.000 personas. El viaje fue criticado por Podemos Canarias, que lo tildó de «hipócrita y decepcionante» por haberse limitado a «poco más que a hacerse una foto y unas declaraciones que son las mismas que se repiten desde hace meses».

    El ministro evidenció en su visita que su apuesta para controlar los flujos migratorios era reforzar la vigilancia y cooperar con los países de origen, poniendo el foco en la lucha contra las mafias de tráfico de personas. Marlaska aseguró que España reforzó tanto a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a las autoridades de Mauritania. «Un avión de la Guardia Civil ha sido enviado a Nouakchott para realizar labores de prevención y facilitar los rescates en origen y así evitar más muertes»

    Como parte de la estrategia de su departamento, ha solicitado apoyo al Frontex, que ha enviado a siete agentes a Gran Canaria para identificar migrantes y «controlar la inmigración irregular». Con este fin, el ministro ha visitado Argelia, Túnez y Mauritania, y se desplazará a Marruecos el próximo 20 de noviembre. Esta estrategia ya fue empleada en 2006 con fines disuasorios hacia las personas que pretendían partir en cayucos o pateras hacia Canarias. El operativo HERA consistió en el despliegue de personal especializado en la zona, medios marítimos y aéreos que patrullaban el litoral africano, además de sistemas de satélite para controlar el Atlántico. Este equipo no lo aportó Frontex, sino los países miembros de la UE y la agencia reembolsa los costes del despliegue, tantos de los guardias de fronteras como del transporte, combustible y mantenimiento del equipo. La Agencia europea invirtió 3,2 millones de euros de los cuatro que costó la operación en el Atlántico.

    El objetivo se cumplió, ya que de las 31.678 personas que sobrevivieron a la ruta migratoria canaria ese año, se pasó a 12.478 en 2007, 9.181 en 2008, 2.246 en 2009 y a 196 en 2010.

    https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/interior-reactiva-expulsiones-canarias-deporta-22-migrantes-mauritania_1_63

    –-> 22 personnes expulsées des Canaries vers la Mauritanie. Une personne mauritanienne parmi elles, les autres viennent du Sénégal, de Gambie et de Guinée Bissau. Selon l’article, la reprise des expulsions a été décidée en septembre après la visite du ministre de l’intérieur.

    –—

    A mettre en lien avec la « réactivation des routes migratoires à travers la #Méditerranée_occidentale » :
    https://seenthis.net/messages/885310

    #Canaries #îles_Canaries #Mauritanie #expulsions #asile #migrations #réfugiés #Espagne #evelop #externalisation

    ping @_kg_ @rhoumour @isskein @karine4

    • Marruecos aumenta las deportaciones de migrantes desde el Sáhara Occidental, punto de partida clave hacia Canarias

      Hablamos con varios de los migrantes deportados por Marruecos en los últimos meses tras un pausa durante el confinamiento.

      Aminata Camara, de 25 años, es una de las 86 personas migrantes guineanas expulsadas por Marruecos el pasado 28 de septiembre desde la ciudad de Dajla. El reino marroquí retomó entonces las deportaciones de migrantes desde el Sáhara Occidental, punto de partida clave de pateras hacia Canarias. «Nos llevaron al aeropuerto, no nos tomaron las huellas, no nos pidieron nada ni los datos. Nos dieron los billetes del vuelo, sin equipaje», contaba la mujer guineana a elDiario.es mientras acababa de embarcar en el avión.

      De fondo se escuchaba el revuelo, los gritos de un grupo de mujeres, mientras ella se atropellaba al denunciar nerviosa que los militares la habían metido en un avión en Dhkala junto a otros 80 compatriotas (28 mujeres), y que los expulsaban a su país. «Los militares que nos acompañaron en el viaje nos abandonaron en el avión. Un bus nos llevó a la parte nacional del aeropuerto de Conakri y nos dejaron allí sin más, a pesar del coronavirus. Tuvimos que coger taxis para llegar a nuestras casas», denunciaba ya en su país.

      Desde entonces, han salido al menos tres aviones más con personas migrantes desde Dajla a Guinea Conakry, Senegal y Mali. El último vuelo de deportación se organizó el pasado 11 de noviembre, con alrededor de un centenar de personas que la Marina Real marroquí había interceptado en la costa atlántica intentando salir hacia las Islas Canarias. Los metieron en dos autocares en la ciudad saharaui para enviarlos en avión a Dakar. Allí, fuentes del aeropuerto, corroboran a este medio que el miércoles llegó un grupo de senegaleses.

      En el momento en que se ejecutaba la expulsión de los ciudadanos malienses el pasado 2 de octubre, elDiario.es contactó telefónicamente con Traore, el presidente de la comunidad maliense en Marruecos. «Hemos sido detenidos ilegalmente, nos cogieron en las casas y nos encerraron tres semanas en un centro de detención en El Aaiún. Hoy nos llevan al aeropuerto de Dajla para deportarnos a Mali. Somos algo más de 80 personas. Y las autoridades malienses han firmado una deportación voluntaria, mientras que nos están forzado a dejar el país sin ningún papel».

      Desde Dajla, François, que se salvó de la expulsión, asegura a este medio: «A los subsaharianos nos cogen diciendo que tenemos el coronavirus para meternos en cuarentena. Los test de PCR en los trabajos son obligatorias para los subsaharianos. Y a 115 senegaleses, 95 guineanos y 80 malienses los deportaron a sus países».

      Entre los expulsados había migrantes que residían desde hace tiempo en El Aaiún y Dajla, ciudades saharauis desde donde se registran la mayoría de las salidas en embarcaciones a Canarias, la ruta migratoria más transitada actualmente en España. Hasta el 15 de noviembre, llegaron 16.760 personas en 553 embarcaciones, según los datos del Ministerio del Interior. En plena crisis migratoria en las islas, Marlaska viaja este viernes a Marruecos con el objetivo de reforzar la cooperación en materia fronteriza y evitar la salida de pateras hacia las islas.

      Por su parte, una fuente oficial de migración desde Rabat confirma a elDiario.es los cuatro aviones de expulsión, pero con 120 personas de Mali, entre los que se encontraban cinco guineanos; 28 mujeres deportadas a Guinea Conakry y 144 senegaleses rescatados en el mar. A los que hay añadir los últimos 100 enviados a Senegal la semana pasada. «Algunos son migrantes expulsados inicialmente de Tánger, Nador, Rabat, Casablanca y Alhucemas hacia la frontera de Marruecos con Argelia en Tiouli, región de Jerada, a unos 60 kilómetros de Oujda», precisa la misma fuente. Las devoluciones se hicieron con tres de los cuatro países –el otro es Costa de Marfil– con los que Marruecos estableció un acuerdo para acceder al país sin visado.
      «Había un bebé de tres meses con nosotros»

      Aminara pasó tres semanas encerrada junto al resto de personas de origen subsahariano antes de ser expulsadas desde el Sáhara Occidental. «Había un bebé de tres meses con nosotros, otro de dos meses con su madre, dos niños de 5 y 8, una niña de 9 años», recuerda ya desde una localidad cercana a Boffa, en la región de Boké (Guinea Conakry).

      «La Gendarmería vino a la casa por la noche. Estábamos dormidos. Llamaron a la puerta y nos pidieron que abriésemos, cuando lo hicimos, nos hicieron salir y montar en los vehículos, nos llevaron a prisión y nos encerraron tres semanas.
      »¿Qué hemos hecho?", preguntaron. «Nada, tenéis que salir» respondieron los militares.

      Después la encerraron tres semanas en un centro de detención improvisado. «Nos maltrataron, nos trataban como esclavos. Pegaron a una amiga allí, y le rompieron el pie. Cuando alguien caía enfermo, lo abandonaban fuera, y nadie te miraba, ni siquiera te llevaban al hospital. Solo comíamos pan y sardinas, ni agua nos daban. Enfermó mucha gente, yo misma me puse mala. Fue un calvario», enumera apresuradamente por teléfono.

      Durante el encierro les hicieron dos veces los test PCR para detectar el coronavirus. Y después de que las autoridades firmasen junto a los representantes de los consulados su expulsión, los metieron en aviones a sus países de origen. «Nos maltrataron, nos encerraron, nos pegaron, nos hicieron todo lo malo, lo prometo», dice en un susurro.
      «Han violado nuestros derechos y queremos verdaderamente justicia»

      Precisamente, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Nador ha denunciado detenciones forzosas desde que comenzó el confinamiento en el mes de marzo. «Estas condiciones inhumanas de confinamiento son una práctica voluntaria de las autoridades marroquíes para instar a los migrantes secuestrados a que revelen sus datos personales para posteriormente identificarlos y deportarlos contra su voluntad», mantiene la AMDH.

      Finalmente, Amina está en Guinea: «No es fácil. No tengo apoyo ni nadie que me pueda ayudar. Cuando llegamos, contactamos con Naciones Unidas. Nos dijeron que nos iban ayudar, pero después no nos han llamado, también nos ha abandonado. Nadie nos ha escuchado».

      Esta joven viajó a Marruecos para mejorar el nivel de vida. En su país, creció en la calle después de perder a sus padres. Habló con un amigo magrebí y emprendió la ruta de Argelia, pasando por Mali y entrando finalmente a Marruecos. El objetivo era trabajar, «jamás osé a cruzar a España. Lo encuentro muy peligroso. Cada día muere gente en el agua. Nunca intenté eso», confiesa.

      «Los dos años en Marruecos no había nada que hacer. Tampoco fue fácil», rememora desde Guinea. Compartía una habitación con ocho personas y trabajaba en una empresa de pescado en Dkhala, pero «los militares me pegaron y perdí mi bebé. Tuve un aborto». Tras esta desgracia, se trasladó a una residencia particular en El Aaiún «donde trabajaba día y noche por 150 euros al mes, que me llegaba para pagar el alojamiento y la comida».
      AMDH denuncia las «deportaciones forzosas» que el gobierno disfraza de «voluntarias»

      El gobierno disfraza estos vuelos con datos de «retorno voluntario» porque los están gestionando al margen de los organismos internacionales. La AMDH de Nador denunció en las redes sociales: «La deportación forzosa de migrantes subsaharianos por las autoridades marroquíes continúa desde Dajla».

      «Desalojos inhumanos que no podían hacerse sin la complicidad de las embajadas en Rabat y sin el dinero de la Unión Europea (UE)», apunta la AMDH. Incide además en sus publicaciones en Facebook en que «son expulsados con la complicidad de su embajada y con el dinero de la UE y la Organización Internacional de Migraciones (OIM)».
      «Retornos a la fuerza, y no voluntarios»

      Desde el organismo confirman que se trataba de «retornos a la fuerza, y no voluntarios». Las ONG denuncian «corrupción» porque los cónsules firmaron un retorno voluntario con Marruecos basándose en acuerdos entre los países que además se han instalado recientemente en el Sáhara Occidental, como es el caso de Guinea Conakry, Senegal y Mali.

      Moussa Coulibaly (31 años) habla con elDiario.es desde Mali. Llevaba cuatros años y medio en Marruecos, pero el 2 de octubre por la tarde fue deportado, junto a otras 83 personas malienses. «Fue el consulado el que firmó que nos trajeran al país. Nuestros gobiernos son malos. Realmente sufrimos. Las autoridades han deportado a la mayoría», delata.

      Marruecos ha retomado las deportaciones tras el confinamiento. «Desde principios de julio hasta septiembre de 2020, alrededor de 157 personas han sido expulsadas de Marruecos entre las que había 9 mujeres, 11 menores y 7 personas heridas», detallaban desde Rabat a principios de octubre.

      La AMDH ya denunció en su informe de 2019, que cerca de 600 migrantes habían sido expulsados en autocares desde un centro de internamiento de Nador al aeropuerto de Casablanca en 35 operaciones de deportación durante el año. Entonces ya desveló que los seis países que cooperan con Marruecos para deportar a sus nacionales son Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Senegal, Mali y Burkina Faso.

      Precisamente la Organización Democrática del Trabajo (ODT) acusa al gobierno magrebí de descuidar a las personas migrantes desde que apareció la Covid–19. Denuncia en un comunicado que «el sufrimiento de los migrantes africanos en Marruecos solo se ha intensificado y exacerbado durante el período de la pandemia».

      https://www.eldiario.es/desalambre/marruecos-aumenta-deportaciones-migrantes-subsaharianos-dajla-principales-p

      #Sahara_occidental #Maroc #Dajla #Dhkala #Sénégal #Mali #Guinée-Conakry #Guinée

  • Au #Mali, #Niger et #Sénégal, le marché de l’identité en plein essor

    De plus en plus d’États africains font appel à des entreprises étrangères, notamment françaises, pour fabriquer des #cartes_d’identité biométriques, qui servent aussi de #cartes_électorales sécurisées. Un projet soutenu par l’Europe qui y voit une occasion de mieux contrôler les flux migratoires.

    De plus en plus d’États africains font appel à des entreprises étrangères, notamment françaises, pour fabriquer des cartes d’identité biométriques, qui servent aussi de cartes électorales sécurisées. Un projet soutenu par l’Europe qui y voit une occasion de mieux contrôler les flux migratoires.

    Niger, Sénégal, Mali, de nos envoyés spéciaux.- Sur le continent africain, les États font de plus en plus souvent appel aux services d’entreprises étrangères spécialisées dans le domaine de l’état civil et leur confient la fabrication de cartes d’identité biométriques, qui sont aussi souvent utilisées comme cartes électorales.
    C’est par exemple le cas, au Mali, du groupe français #Idemia [nouveau nom, depuis 2017, de #OT-Morpho, né de la fusion des sociétés #Oberthur_Technologies (OT) et Morpho], du franco-néerlandais #Gemalto au Niger, et de la société malaisienne #Iris au Sénégal.
    Ce processus est appuyé par la Commission européenne, par le biais de son #Fonds_fiduciaire_d’urgence_pour_l’Afrique. Un partenariat dans lequel chacun trouve son intérêt : les chefs d’État ouest-africains entrevoient la tenue d’élections indiscutables, tandis que la diplomatie européenne touche du doigt le Graal du contrôle de l’immigration irrégulière en permettant l’accès direct à une base de données centralisée des citoyens subsahariens. Celle-ci permettrait aux États membres de l’Union européenne (UE) d’identifier et de renvoyer plus facilement les migrants irréguliers dans leur pays d’origine.
    Un projet « gagnant-gagnant » donc, pour lequel la Commission européenne pourra recevoir un retour sur investissement des 25 millions d’euros dépensés au Mali, et des 28 millions d’euros au Sénégal. Le projet devrait permettre de disposer d’un système d’information de l’état civil informatisé relié à une #base_de_données biométriques à même de sécuriser l’identité de la population et d’être exploitable par d’autres administrations utilisatrices.
    « Il y a une demande d’appui des autorités maliennes auprès de l’UE, qui considère qu’il y a un besoin. C’est une sorte d’interactivité : un état civil qui fonctionne bien va permettre à la population de bénéficier des services auxquels elle a droit. L’aspect contrôle des populations n’est que secondaire », assure Omar Merabet, conseiller du PDG de Civipol, agence française qui travaille, au Mali et au Sénégal, sur deux importants programmes d’état civil qui servent de base de données pour la biométrie électorale.
    Il résume : « La relation entre identité et sécurité est là : si on a un fichier sécurisé, on a une possibilité de traçabiliser la population – un idéal de politique. »
    Des militants de la société civile ouest-africaine s’interrogent néanmoins sur l’utilisation réelle des données personnelles collectées et sur le risque d’utilisation abusive par l’État ou des tiers. Cette préoccupation est également partagée par Omar Merabet : « On sait l’usage qu’en fait un pays donné aujourd’hui, mais qu’en sera-t-il demain ? C’est un problème essentiel car on va consacrer énormément de financements à centraliser ces données, pour la question de l’immigration par exemple, avoir des fichiers ultra précis, partagés avec les services… Il va y avoir de plus en plus de communication et donc de possibilités d’utiliser frauduleusement ces données. »

    « Nous pensons que nous n’avons pas assez de détails sur la question et que nous ne sommes pas bien informés par nos gouvernements, estime le juriste Djabel Magassa, porte-parole de Kouloubametre, site internet « d’initiative citoyenne d’évaluation et suivi des actions des gouvernants ». Quelles sont les garanties de la part de l’Union européenne que ces données ne seront pas utilisées à d’autres fins – par exemple, d’identifier des migrants en vue de leur expulsion par Frontex ? »

    L’hypothèse est balayée par l’État malien. « Au Mali existe une loi qui protège les données personnelles, ainsi que l’Autorité de protection des données à caractère individuel qui surveille l’utilisation des telles informations. Il n’est donc pas possible de donner ces données à un pays européen ou à une structure pour surveiller les migrants », affirme Fousseyni Diarra, directeur du Centre pour le traitement des données de l’état civil et président de la commission technique du Comité de pilotage des élections présidentielles qui ont eu lieu l’été dernier.

    En dépit des risques et des limites, la solution biométrique s’étend dans l’Afrique subsaharienne. Un nouveau front s’est ouvert au Niger, voisin du Mali.

    Au Niger, la France et l’Allemagne à la manœuvre

    « On est entourés de pays plongés dans la tourmente, comme le Mali, le Nigeria, la Libye et le Burkina Faso, explique Issaka Souna. Le Niger ne peut pas se permettre un processus électoral tendu. » Avocat et haut fonctionnaire des Nations unies, Souna a été nommé en octobre 2017 à la tête de la Commission électorale indépendante du Niger (CENI). Au cœur de son travail, la mise en place d’un fichier électoral biométrique.

    Après des années de pourparlers, le fichier biométrique a été intégré dans le nouveau code électoral. Pour Issaka Souna, la difficulté principale est l’absence d’un système d’état civil fiable : « Moins de 30 % de nos concitoyens possèdent une pièce d’identité. On a un territoire immense et une partie de la population est nomade : fournir presque dix millions de cartes électorales biométriques en moins d’un an sera une épreuve colossale. »

    Le premier test, ce seront les élections locales, reportées quatre fois depuis 2016 et prévues pour début 2020. Présidentielle et législatives sont prévues pour 2021. Mahamadou Issoufou sera alors arrivé au terme de son deuxième mandat et ne sera plus éligible.

    Ici, tout en étant le principal bailleur de fonds du Niger, l’Union européenne n’a pas financé la #biométrisation des élections. « Sans un état civil performant, cela n’a pas de sens, confie un fonctionnaire de Bruxelles, sous le couvert de l’anonymat. C’est comme acheter une Porsche là où on n’a même pas un chemin pour se promener. »

    Selon le fonctionnaire, « l’inscription d’un #fichier_biométrique dans la loi permet aux gouvernements de faire du #chantage à l’UE. Ils disent : “Si vous voulez des élections démocratiques, il faut financer la biométrie.” » Soit une dépense, pour créer le fichier, qui tournerait autour des 60 millions d’euros.

    Le fonctionnaire ajoute qu’au sein de la délégation européenne au Niger, « on a dû résister aux pressions des diplomates français et allemands qui voulaient qu’on finance cette biométrie ».
    Les pressions des groupes français

    Un document interne, obtenu par Mediapart, détaille le parcours de sélection de l’opérateur privé au Niger. En concurrence, quatre sociétés : #Gemalto, dont l’actionnaire majoritaire est la Banque publique d’investissement français, #Idemia, propriété de l’État français à 14 %, la société privée allemande #Dermalog, et #Lithotech, compagnie du géant sud-africain #Bidvest, liée à un fonds public de Johannesburg.

    Seuls les deux premiers, français, ont survécu au long processus de sélection – 17 jours de travail d’un comité technique, en octobre 2018 –, dont les résultats, pas encore proclamés après des mois, ont déjà provoqué quelques bouleversements : Dermalog, exclue de la sélection finale en raison de son mauvais score (32,5 points sur 100), aurait fait appel. Contactée, la société a refusé de commenter.

    Gemalto (déjà fortement sollicité sur le marché biométrique africain, notamment en #Algérie, #Bénin, #Burkina_Faso, #Comores, #Gabon et #Guinée-Conakry) a fini par l’emporter, avec 92 points sur 100 face aux 77 de Idemia, d’après l’évaluation technique. Le marché s’élève à 20 milliards de francs CFA (30,5 millions d’euros) sur 16 mois, d’après le président de la CENI Issaka Souna.

    Avant l’officialisation du contrat, le groupe français était à l’affût de la moindre mise en cause de ses activités : il a ainsi exigé la publication d’un droit de réponse dans le bi-hebdomadaire nigérien L’Événement. En cause : des informations « de nature à nuire à la bonne réputation du groupe », selon Gemalto. L’entreprise y conteste notamment l’existence d’une plainte pour corruption passive ou active d’agent étranger au Gabon. Plainte qui a pourtant bien été enregistrée à Paris.

    Le Sénégal, pionnier des cartes biométriques dans la région

    Contrairement au Mali et au Niger, le marché de la biométrie au Sénégal n’est pas dominé par une société française mais par le groupe malaisien #Iris_Corporation_Berhad. Premier pays de la région à avoir, en 2007, engagé le processus de biométrisation prévu par l’accord de la #CEDEAO – visant officiellement à faciliter la circulation des personnes dans l’espace régional –, le Sénégal a élu son président, le 24 février dernier, en utilisant des documents électoraux produits par le géant asiatique pour un montant de 50 milliards de francs CFA (environ 76 millions d’euros).

    Si, à quelques jours des élections du 24 février, le gouvernement a annoncé un taux de distribution des cartes biométriques de 97 %, la société traîne encore quelques casseroles.

    Lors des élections législatives de juillet 2017, de graves dysfonctionnements dans le processus de distribution des cartes ont empêché environ 800 000 personnes de voter. En 2007, le contrat de production de passeports biométriques, attribué déjà à Iris, a été suspendu et jugé, dans un rapport public de la Cour des comptes sénégalaise de 2009, « contraire à l’intérêt général » et « irrégulier » parce que trop coûteux et lent (118 milliards de francs CFA pour 10 millions de documents en vingt ans).

    L’expert informaticien et cyberactiviste sénégalais Cheick Fall, cofondateur de la Ligue africaine des web activistes pour la démocratie Africtivistes, parle d’#indépendance_numérique violée. « Le Sénégal a péché en allant confier le traitement de ces données à une entreprise étrangère. » Selon lui, il y aurait dans le pays toutes les compétences techniques et humaines pour confectionner la carte biométrique directement au Sénégal, « à un dixième du coût ».

    Pour lui, pas mal de questions se cachent dans cette petite carte. « Comment cette entreprise va-t-elle traiter nos informations ? Qui gère, qui collabore et qui a des intérêts avec elle ? Quels sont les contrats qui lient l’État avec cette société sur la confection mais aussi sur le traitement et la conservation des donnés sensibles ? » Une interrogation plus profonde sous-tend sa réflexion : « Aujourd’hui, on parle beaucoup des barrières, mais dans une société de plus en plus dématérialisée et fondée sur la citoyenneté digitale, qu’est-ce qu’une frontière ? »

    https://www.mediapart.fr/journal/international/050319/au-mali-niger-et-senegal-le-marche-de-l-identite-en-plein-essor?onglet=ful
    #externalisation #asile #migrations #réfugiés #biométrie #privatisation
    #contrôles_frontaliers #identification #business #complexe_militaro-industriel #UE #EU #big-data #surveillance_de_masse #traçabilité

    signalé par @pascaline via la mailing-list de Migreurop
    ping @karine4

    Ajouté à la métaliste externalisation :
    https://seenthis.net/messages/731749

  • Ratoma (Guinée-Conakry) : un quartier squatté a été entièrement démoli par l’État
    https://fr.squat.net/2019/03/05/ratoma-guinee-conakry-un-quartier-squatte-a-ete-entierement-demoli

    Début février 2019, à Ratoma (une des cinq communes constituant la ville de Conakry), Ibrahima Kourouma, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire a annoncé son intention de faire « nettoyer » le site du centre directionnel de Koloma, c’est-à-dire détruire tout un quartier squatté où vivent des dizaines de personnes pauvres. L’expulsion-destruction de […]

    #Afrique #émeutes #expulsion #Guinée-Conakry

  • #Musique | Fondation Zinsou : #Cuba mi amor... | Jeuneafrique.com -
    http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2822p066.xml0/@ZinsouFondation

    Côtes ouest-africaines, entre 1930 et 1950. Des marins cubains débarquent le long du littoral atlantique. Dans leurs bagages, leurs gramophones et leurs 78 tours préférés. Rapidement, des airs de #pachanga, de #cha-cha-cha et de boléro envahissent les quais de Dakar, de Conakry et de Cotonou, puis les rues de Léopoldville et de Brazzaville, grâce aux boîtes de nuit et aux stations de radio lancées dans les deux capitales à un mois d’intervalle, en 1943. Conquis, les orchestres locaux rejouent inlassablement les standards diffusés sur les ondes : #Guantanamera, El Manisero... C’est comme un retour aux sources pour la musique cubaine, après des siècles d’errance.

    À Cotonou, jusqu’à la fin du mois de mai, l’exposition « African Records » organisée par la Fondation Zinsou offre de (re)découvrir, entre autres, ces influences cubaines sur les musiques africaines. Elle ressuscite l’âge d’or des sons #afro-cubains, popularisés par les chanteurs et musiciens locaux fascinés par les sonorités venues d’Amérique latine. Cinq pays se sont jetés corps et âme dans cette aventure : les deux #Congos, le #Sénégal, le #Bénin et la #Guinée-Conakry. Une saine émulation qui donna à l’#Afrique ses plus grands ensembles musicaux, dont le San Salvador, l’African Jazz et l’OK Jazz.