En las Islas Canarias, como territorio fronterizo entre África Occidental y Europa, se despliega el brazo ejecutor de la política migratoria de la Unión Europa a través de una de sus agencias con mayor presupuesto.
Canarias es desde hace años una pieza clave en la política de control de fronteras, una de las señas de identidad de la Unión Europea (UE). Por ello, es habitual la presencia de agentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en las principales islas de desembarco. Al mismo tiempo, algunas autoridades y parte de la sociedad exigen mayor despliegue de este cuerpo en el archipiélago, a pesar de las dudas que ha generado su labor. “El enfoque con el que actúa Frontex es securitario, no es humanitario”, aclara Koldobi Velasco, integrante de Acción Directa Noviolenta y Alternativa antimilitarista-MOC.
La presencia de Frontex en el archipiélago canario desde su reactivación en 2020 hasta ahora se limita a su actividad en puerto bajo la operación Hera, que desde su puesta en marcha en 2006, en la conocida primera ‘crisis de los cayucos’, ha pasado por varias fases. En una respuesta a El Salto, Frontex señala que sus agentes están presentes en las islas en apoyo a las autoridades españolas en las tareas de gestión de fronteras. Sus funciones incluyen el control, la toma de huellas dactilares y el registro de los migrantes que llegan por mar, según indica la agencia. También, especifica, que en las entrevistas voluntarias, recopilan información sobre los países de origen de los migrantes, motivos del viaje, las rutas seguidas, las vulnerabilidades y las pruebas de participación de traficantes de personas.
La agencia cuenta en las islas con 70 agentes y personal especializado, incluyendo 18 intérpretes y mediadores culturales, según los datos proporcionados este verano. Su periodo de estancia varía en función de las necesidades del operativo. Fuentes de Frontex señalan, además, que su intervención “se basa en la cooperación operativa con las autoridades nacionales españolas” y defiende que el personal de Frontex apoya la identificación y derivación de personas que puedan requerir protección internacional, posibles víctimas de trata de personas, menores no acompañados y otras personas vulnerables. “Los agentes también proporcionan información inicial a quienes necesitan o desean solicitar protección internacional, asegurándose de que conozcan sus derechos y los procedimientos disponibles”, declaran las mismas fuentes.
La agencia cuenta en las islas con 70 agentes y personal especializado, incluyendo 18 intérpretes y mediadores culturales, según los datos proporcionados este verano
El tipo de despliegue de la agencia se fundamenta en la petición que realicen los estados miembros de la UE. La fundadora del Observatori Bretxa y del Centre Delàs d’estudis per la pau, Ainhoa Ruiz Benedicto, aclara que Frontex opera siempre a petición de un estado miembro y en forma de cooperación o colaboración. En Canarias, las intervenciones tienen lugar en los puertos y en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). El Gobierno de Canarias ha reclamado una mayor intervención de la agencia en las islas, “con medios aéreos, embarcaciones, radares y otros sistemas que mejoren la vigilancia marítima y fronteriza”, según una nota del Ejecutivo autonómico. También demanda que la agencia pueda participar en labores de gestión humanitaria y en tareas de salvamento marítimo.
A pesar de esta reciente petición del Gobierno regional en agosto de este año, las tareas de Frontex llevan años limitándose solo a labores de inteligencia e identificación, sin realizar tareas humanitarias. En 2023, Por Causa alertó de que Canarias iba camino de convertirse en un hotspot, un punto de entrada crítico, como son Lampedusa o Lesbos. El colapso del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, en 2020 ilustra este riesgo. “Es curioso que siempre se pide Frontex, pero no tiene una función de ayudar con los servicios logísticos, humanitarios, a los hospitales que se pueden desbordar o a los sistemas educativos. Todo el refuerzo que se está pidiendo al final, y esto es opinión de analista, es para interceptar estos flujos migratorios, para impedir que lleguen aquí”, recalca Benedicto.
El operativo actual difiere del que se desplegó en la primera crisis de los cayucos y en el que buques y aeronaves de Frontex vigilaban las aguas de Canarias, Mauritania, Cabo Verde y Senegal, la cual fue la primera operación a gran escala de la agencia. La intervención de agentes de la agencia en alta mar, obliga a llegar a un acuerdo con los países del oeste africano. La organización Statewatch en el informe Exportando fronteras. Frontex y la expansión de la fortaleza europea en África occidental de este año revela que el director de la agencia, Hans Leijtens, ha expresado su reticencia a iniciar operaciones en Mauritania y Senegal: “Es mucho más difícil cooperar con los países africanos, y para ser franco, me siento muy reticente”, según sus palabras recogidas en el documento. Además, Benedicto añade que, del mismo modo que Italia y Grecia suelen recurrir más a Frontex, España prefiere seguir manteniendo el control sobre sus operaciones.
Una de las dudas que suscita la recopilación de datos sobre las personas migrantes es el uso que se hace con esta información. Una investigación realizada por El País reveló que parte de la información obtenida en las identificaciones posteriores a los desembarcos, había sido transferida “ilegalmente” a Europol. En ese sentido, Benedicto se pregunta en qué condiciones se ha obtenido y compartido esta información con esta agencia, y si ha habido garantía de derecho y protección de datos. En la misma línea, Velasco apunta que la obtención de información de las personas migrantes es un “ejercicio de control y represión”, que circula según los intereses del control de fronteras. “Es un gran peligro porque no hay ningún tipo de protección de esa información; son datos con los que se mercadea por parte de Frontex”, subraya.
Frontex y los supuestos patrones de pateras
El trabajo de los agentes de Frontex en las identificaciones de las personas migrantes en los puertos de recepción canarios y las acusaciones sobre los supuestos patrones de las embarcaciones ha sido cuestionado por el Defensor del Pueblo. Este organismo recomendó en 2022 una revisión de los planes operativos de las actuaciones de Frontex en España para asegurar que se limite el contenido y duración de las entrevistas a los aspectos estrictamente necesarios, que se abstengan de realizar entrevistas sobre cuestiones que puedan guardar relación con la comisión de infracciones penales y recomienda que se lleven a cabo las comprobaciones necesarias para garantizar que las personas entrevistadas se encuentren en condiciones psicofísicas adecuadas para realizarlas y para prestar su consentimiento. El órgano, además, incide en la constatación de que este tipo de entrevistas se realizan en los momentos posteriores al desembarco, cuando las personas están “en condiciones de peligro y vulnerabilidad, se encuentran privadas de libertad, conocedoras de la posibilidad de ser devueltas y sin haber tenido asistencia jurídica en el momento de la entrevista, sino posteriormente”, matiza la recomendación.
Por su parte, el informe Vulneración de Derechos Humanos en Canarias 2024 realizado por Novact-Iridia alerta de que en algunos casos agentes de Frontex en Tenerife no han aparecido identificados en los atestados, que no se menciona si la agencia ha participado en estos interrogatorios y subraya que son “las propias personas migrantes las que han constatado la participación de agentes de Frontex”. Al mismo tiempo, la entidad enfatiza que al no estar identificados ni referir sus intervenciones, “no se puede citar a ninguno para que testifiquen en los procedimientos judiciales”, destaca.
La investigación realizada por Novact-Iridia recoge el caso de un joven de Costa de Marfil acusado injustamente de tráfico ilegal de personas tras un interrogatorio por parte de agentes de la Policía Nacional y de Frontex. El acusado, que fue finalmente absuelto, narró que lo llevaron a un despacho y se le presentó un agente de Frontex que le hablaba en francés y que “solamente” quería saber información sobre el itinerario. Esta persona recordó que ese agente tenía tanto su móvil como el de su mujer, quien había fallecido en el trayecto junto a su hija. Esta persona relató a la entidad que había visto en una pantalla que habían descargado todo el contenido de su teléfono. Las entidades resaltan la falta de transparencia y objetividad en los criterios de selección de los testigos en las acusaciones a los supuestos patrones de pateras y apuntan a que “la Policía Nacional y Frontex se entrevistan sin criterio unificado” .
Control migratorio en la ruta canaria desde Senegal y Mauritania
“Frontex está vinculada a perpetuar el proyecto neocolonial en África. Es un elemento clave para externalizar las fronteras y entrenar a fuerzas de seguridad y convierte a esos otros países en puntos fronterizos de la UE sin ningún tipo de vigilancia ni de inspección”, subraya Velasco. En el oeste del continente africano está la otra cara del control de la ruta migratoria canaria que marca Europa. Frontex considera África Occidental como una región prioritaria. La propia agencia en el informe Cooperación entre Frontex y terceros países de 2024, apunta a que ese año ante el aumento de los flujos migratorios a través de la ruta atlántica, la cooperación con Senegal, Mauritania y Gambia era fundamental.
Frontex declara que no opera en Mauritania y Senegal. Pero según señalan varias entidades que trabajan en ámbito de las migraciones en Senegal, esta agencia está conectada indirectamente con otros cuerpos y programas que trabajan en terreno. Por ejemplo, en este país, según Ibrahima Konate, investigador independiente y fundador de la ONG Missing Voices REER, la cooperación se manifiesta en formaciones y apoyos técnicos destinados a la Policía del Aire y de Fronteras (PAF, por sus siglas en francés) y a la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST, en francés), al intercambio de datos e información sobre las rutas migratorias y la presencia de asesores europeos en ciertas operaciones denominadas de “lucha contra la migración irregular”.
Además, Frontex contribuyó en 2010 a la creación de la Comunidad de Inteligencia África-Frontex (AFIC) con presencia en 32 países africanos, entre ellos Senegal, Gambia y Mauritania. Tal y como detalla la web de la propia agencia, esta organismo fue creado con el objetivo de intercambiar información sobre “el tráfico de migrantes y las amenazas a la seguridad fronteriza”. El trabajo de la AFIC también ha sido analizado por Statewatch, el cual desgrana que los Estados miembros intercambian datos estadísticos, casos prácticos y descripciones de los modus operandi desde las perspectivas de gestión fronteriza, seguridad fronteriza y análisis de riesgos. Además, alerta que los proyectos relacionados suelen situarse “fuera del marco de los acuerdos de cooperación formal”, por lo cual son más difíciles de rastrear y controlar.
En el marco de la AFIC, se encuentran a su vez las Células de Análisis de Riesgo (RAC), dirigidas por analistas locales capacitados por Frontex que se encargan de recopilar y analizar datos sobre la delincuencia transfronteriza y brindar apoyo a las autoridades encargadas de la gestión fronteriza. Esto incluye información sobre cruces fronterizos ilegales, falsificación de documentos, trata de personas y otros tipos de delitos transfronterizos, según detalla la página web de Frontex. Hay ocho células de este tipo en África. Están en Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Senegal, Níger, Nigeria, Togo y Mauritania, donde se creó la última en 2022.
Pero además, dependiente de Frontex están los Oficiales de Enlace de Frontex (FLO, por sus siglas en inglés) que en África se encuentran en Dakar, aunque su ámbito de actuación incluye Gambia y Mauritania, de acuerdo con la información de su página web. Konate detalla que “hay un oficial de enlace de Frontex basado en Senegal, que realiza regularmente recorridos entre el puerto de Dakar, el aeropuerto y el centro de análisis AFIC. Por lo tanto, aunque Frontex aún no tenga una base oficial en Senegal, su presencia es real y ya está integrada en los dispositivos de seguridad y control migratorio del país”, asevera.
También en la capital de Senegal se encuentra otro organismo dirigido al control de fronteras creado por el Gobierno del país. El Comité Interministerial de Lucha contra la Migración Ilegal (CILEC, por sus siglas en francés), tal y como señala la ONG Alarm Phone, está formado en gran parte por altos mandos del Ejército senegalés y su objetivo es “perseguir a quienes llaman traficantes y acusarlos de trata de personas”. “Es un comité como Frontex, compuesto por personal de la armada y gendarmes. Después de 2022 cuando comenzamos a denunciar lo que hace Frontex, se creó este cuerpo y hacen prácticamente lo mismo que Frontex”, señala un miembro de la organización senegalesa Boza Fii. Según detalla en su página web, el CILEC tiene, entre otros cometidos, el de la gestión de fronteras, reforzar la cooperación internacional en materia de tráfico de personas y los dispositivos de seguridad en las fronteras o vigilar los puntos de salida de embarcaciones. Este organismo ha interceptado desde enero hasta septiembre de este año a 3.521 migrantes, según recoge su página oficial.
Muchos migrantes interceptados en la costa o en alta mar son expulsados del territorio por las autoridades del país que ha realizado el operativo. Una las consecuencias de la aplicación de la política de externalización de fronteras en África están las trabas a la movilidad para los ciudadanos africanos. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) establece la libre circulación de los ciudadanos de los países miembros. Sin embargo, Konate critica que ciudadanos con documentos de identidad CEDEAO son expulsados de Senegal hacia algunos de los países con los que hacen frontera, como Mali o Guinea. “El Estado senegalés viola flagrantemente el Protocolo sobre la libre circulación de personas dentro de la región de la CEDEAO, ya que todos estos extranjeros que abandonan Senegal forman parte de esta comunidad. En primer lugar, se dictan condenas ilegales y, en segundo lugar, se producen deportaciones encubiertas, incluso dentro de las fronteras de estos países”, sostiene.
La realidad es que este año las llegadas por la ruta del Atlántico se han reducido drásticamente. Según datos del Ministerio de Interior de España, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2025 han llegado por esta vía 14.690 personas, un 63% menos con respecto al mismo periodo del año 2024. Hay varios factores que explicarían este descenso, como el el refuerzo policial en las salidas desde los países de tránsito y origen o las expulsiones masivas a Senegal y Mali de migrantes que se encontraban en Mauritania. La organización Human Rights Watch (HRW), con base en datos del Gobierno mauritano, señaló que este año el país había expulsado a 28.000 personas. Además, en Mauritania, de acuerdo a una investigación publicada por este medio, se han construido dos cárceles más para migrantes financiadas con dinero público procedente del Estado español y de la UE.
