#opera

Jean Castex songe à faire vacciner Sheila pour redorer l’image de l’AstraZeneca
►https://www.lefigaro.fr/culture/jean-castex-songe-a-faire-vacciner-sheila-pour-redorer-l-image-de-l-astraze

Matignon aurait envisagé que la chanteuse puisse accompagner une campagne de communication incitant les plus de 55 ans à utiliser le vaccin britannique.

D’accord on va tous mourir, mais d’ici là le #gorafi_encore_plagié

Aux États-Unis, des migrantes dénoncent des opérations gynécologiques non consenties
▻https://www.courrierinternational.com/article/video-aux-etats-unis-des-migrantes-denoncent-des-operations-g

https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_940/public/illustrations/thumbnails/rtx6a6gk_0.jpg?itok=vZfnSNRV

Plus de quarante #migrantes affirment avoir subi, sans leur consentement, des #opérations_gynécologiques inutilement invasives, alors qu’elles étaient retenues dans un centre de #détention pour immigrés aux États-Unis. C’est le cas de Wendy Dowe, qui témoigne devant les caméras de la BBC.

#paywall

#métaliste sur les #patrouilles_mixtes de policiers de deux pays aux #frontières_intérieures européennes

#asile #migrations #réfugiés #frontières #contrôles_frontaliers #police #bridages_mixtes

Inde : les villages sans utérus

https://i.ytimg.com/vi/_O0SI8N9_Vc/maxresdefault.jpg

C’est l’un des secrets les mieux gardés de l’Inde rurale. Un mal invisible qui ronge le #corps de milliers de femmes dans le sous-continent.

Alors que le taux d’hystérectomie est de 2/1000 en Occident, il atteint 17/1000 en Inde, et surtout jusqu’à 350/1000 dans l’Etat du Maharashtra à l’Ouest du pays, la « Sugar Belt ».

Premier producteur de sucre au monde, l’Inde compte environ 1,5 million d’Indiens qui convergent, après la mousson, dans les champs de cannes à sucre. Parmi ces forçats, la moitié sont des femmes issues des castes les plus basses de la société indienne.

Ces femmes, qui ont déjà donné naissance à plusieurs enfants et pour qui les #règles sont un fardeau, se laissent facilement convaincre de la nécessité de l’opération, sans connaître les #risques pour leur #santé et sans comprendre que ces actes médicaux ne sont absolument pas nécessaires. Pas de jour de #congé, pas de #couverture_sociale, encore moins de #convalescence : après une #opération coûteuse entièrement à leur charge – entre 250 et 500 euros – ces #ouvrières_agricoles retournent, mutilées, dans les champs de canne à sucre pour rembourser leur #dette, à la merci de l’avidité des barons du sucre.

▻https://www.arte.tv/fr/videos/100785-000-A/inde-les-villages-sans-uterus

#Inde #canne_à_sucre #plantations #saisonniers #saisonnières #travail #femmes #hystérectomie #mukadam #exploitation #coupeuses_de_canne_à_sucre #santé_mentale #hormones #ménopause #cliniques_privées #industrie_du_sucre #industrie_sucrière #hygiène #ruralité #mutilation
#vidéo #documentaire #film_documentaire #menstruations

Frontex y España se enfrentan por las operaciones contra la inmigración irregular

La pugna por el despliegue en África y el creciente poder del cuerpo europeo llevaron a la agencia de control de fronteras a amenazar con su retirada

Las relaciones entre España y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) son más tensas que nunca. La pugna por el despliegue de medios materiales y el control de los operativos ha llevado a Frontex a amagar con suspender su actividad en el Estrecho y las islas Canarias ―además del dispositivo que se despliega en cada operación #Paso_del_Estrecho― , según tres fuentes conocedoras del episodio. La decisión corrió el pasado miércoles por los despachos, llegó a comunicarse hasta a los agentes de la agencia desplegados en el archipiélago y amenazó con convertirse en una crisis política. El pasado viernes, Frontex salió al paso con un comunicado desde su sede en Varsovia para atajar rumores y anunciar que renovaba su presencia en España un año más.

Las tensiones vienen de lejos y son el reflejo de la disputa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y una agencia europea de fronteras con un mandato extendido. En los planes operativos para este 2021, que se cierran a principios de año, Frontex reclamaba a España mayor control sobre la inteligencia y el acceso a los datos de carácter personal en las fronteras españolas, competencias en materia de investigaciones transfronterizas (como las mafias de narcotráfico internacional) o el despliegue sobre el terreno del nuevo cuerpo de agentes europeos, un personal armado de cuya profesionalidad recelan las policías españolas. La propuesta no gustó a los negociadores. Un mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado considera que aceptar las propuestas de Varsovia supone una “entrega de soberanía” y cree que el conflicto “estallará cuando haya una desgracia”.

Influencia en África

La negociación de estos puntos ha estado marcada por otra de las principales batallas para España: el papel de la agencia en las islas Canarias, un enclave desde el que Frontex quiere ganar influencia en África. Actualmente, la agencia trabaja con un equipo de 26 agentes, españoles y extranjeros, que apoyan a la Policía Nacional en la identificación y las entrevistas a los migrantes con el objetivo de desbaratar las redes que les facilitan el viaje. Pero este despliegue tiene una cobertura limitada y el espectacular repunte de llegadas al archipiélago, que ha recibido casi 25.000 personas en los últimos 13 meses, impulsó nuevas negociaciones entre Varsovia y Madrid para lanzar una operación conjunta con la Guardia Civil en Senegal.

El objetivo inicial era reformular la operación Hera II, un operativo que Frontex y la Guardia Civil ya habían desplegado de 2006 a 2019 en varios países de origen para cerrar la vía migratoria que se abrió durante la llamada crisis de los cayucos. Pero las diferencias entre unos y otros mantienen la iniciativa bloqueada.

Por un lado, Frontex ―que aprobó un nuevo reglamento en 2019 que le da más autonomía― alega la necesidad de firmar su propio acuerdo bilateral con Dakar para patrullar sus costas, señalan fuentes españolas conocedoras de la negociación. Por otro, la #Guardia_Civil demanda que no haya condiciones para que la agencia colabore con más medios en origen y lo haga siempre bajo su coordinación.

La Guardia Civil, que ya tiene acuerdos y agentes desplegados en Mauritania, Gambia y Senegal hace más de una década, siempre concentró el mando de las operaciones, las investigaciones y las relaciones con las autoridades locales y no tiene intención de renunciar a ello. “Hemos trabajado en todos estos ámbitos independientemente del decreciente apoyo de Frontex a lo largo de los últimos años porque consideraba esta ruta cerrada”, afirma una fuente española. En definitiva, la agencia con más presupuesto de la UE quiere más poder del que los agentes españoles están dispuestos a darle.

España trató de plantarse en la negociación de los planes operativos con Frontex: si no hay ayuda de la agencia europea para un despliegue conjunto en Senegal, no se aceptarían las peticiones de mandato extendido de Frontex en territorio nacional, según otra fuente al tanto de las discusiones. Pero finalmente, tras la presión por una posible cancelación de las operaciones, se han aceptado las exigencias de Varsovia. “Es una lucha entre la realidad del terreno y la de los altos cargos que firman los reglamentos en la oficina”, según esta fuente.

Frontex, que tiene presupuestados 5.600 millones de euros para los próximos siete años ―frente a los 19,2 millones de 2006―, incorporará 10.000 agentes propios para la vigilancia de fronteras y costas. En este contexto de crecimiento, la agencia empieza a demandar más control e influencia sobre las operaciones y no quiere limitarse a ofrecer barcos y aviones. Los agentes españoles, por su parte, quieren el apoyo de la agencia en los países de origen, pero siempre bajo su mando. No quieren ceder espacio ni competencias en un ámbito en el que llevan años invirtiendo recursos propios y experiencia.

Fuentes europeas reconocen que la incorporación de guardias de Frontex a las operaciones en España “ha complicado la negociación del programa de trabajo para el nuevo año”. El programa debía renovarse, como en cada ejercicio, para entrar en vigor el 1 de febrero, pero las fricciones retrasaron la negociación: España, según fuentes conocedoras de la negociación, pidió cambios relevantes en los planes operativos; la agencia hizo una contrapropuesta, y las autoridades españolas no la aceptaron. El acuerdo no llegó hasta 29 de enero, al filo de que el plan de trabajo no se aprobase y los dos operativos de Frontex en España se quedaran sin base legal para su continuidad. En Frontex aseguran que las operaciones nunca estuvieron en peligro y que la voluntad de la agencia siempre ha sido mantener su presencia en España.

En una entrevista con EL PAÍS el pasado 4 de enero el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, se refirió a los desencuentros entre Madrid y Varsovia.

–¿Por qué cree que España no ve con buenos ojos la presencia de Frontex?

– Eso me pregunto yo, por qué Frontex no está en Canarias cuando hay un serio problema y sí está masivamente en el Egeo, con cientos de agentes

España apoyó desde el inicio, en 2005, la creación y puesta en marcha de Frontex, pero con el tiempo se ha mostrado reticente a implicar a los agentes de la agencia en sus competencias. “España se caracteriza por ser un Estado miembro que ha invertido considerables recursos públicos en operaciones de rescates en el mar además de en el control de sus fronteras exteriores”, afirma el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. “Eso explica que retenga bastante el protagonismo de su papel en fronteras, a diferencia de otros países que han recurrido más a la agencia, como Croacia, Grecia o incluso Italia”.

La agencia está actualmente bajo una presión sin precedentes, cuando está a punto de convertirse en el primer cuerpo uniformado y armado en la historia de la UE. Las investigaciones cercan a su director, Fabrice Leggeri, sobre el que se han vertido duras críticas por su gestión, la degradación de las relaciones en el seno de la agencia y, sobre todo, por supuesta connivencia con la devolución en caliente de emigrantes en la frontera greco-turca.

▻https://elpais.com/espana/2021-02-01/frontex-y-espana-se-enfrentan-por-las-operaciones-contra-la-inmigracion-irre

Traduction:

La lutte pour le déploiement en Afrique et la puissance croissante de l’organisme européen ont conduit l’agence de contrôle des frontières à menacer son retrait.
Les relations entre l’Espagne et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) sont plus tendues que jamais. La lutte pour le déploiement des moyens matériels et la maîtrise des opérations a conduit Frontex à menacer de suspendre son activité dans le détroit et aux îles Canaries `` en plus du dispositif qui est déployé dans chaque opération au-dessus du détroit du détroit ’’, selon trois sources bien informées de l’épisode. La décision a traversé les bureaux mercredi dernier, elle a même été communiquée aux agents de l’agence déployés dans l’archipel et menaçait de devenir une crise politique. Vendredi dernier, Frontex a publié une déclaration de son siège à Varsovie pour arrêter les rumeurs et annoncer qu’elle renouvelait sa présence en Espagne pour une autre année.

#Frontex #Espagne #asile #migrations #réfugiés #frontières #contrôles_frontaliers #opération_Paso_del_Estrecho #Canaries #îles_Canaries #Mauritanie #Gambie #Sénégal

Les faux comptes #Twitter pro-Barkhane - Par Maurice Midena | Arrêt sur images
▻https://www.arretsurimages.net/articles/les-faux-comptes-anti-fake-news-de-barkhane

En janvier 2020, les dirigeants du #G5 Sahel et de la #France se sont réunis lors du sommet de Pau pour redéfinir le cadre de leur coopération dans la lutte contre l’État islamique dans le Sahara. Alors que la présence militaire française était vivement critiquée au Sahel par les populations locales, une cellule de cyber-activistes a œuvré sur Twitter pour améliorer l’image de Barkhane en ligne, en marge du sommet palois. S’y mêlent des « vrais » comptes et des alias montés de toute pièce. Ainsi que des articles signés par de prétendus journalistes dans des médias africains. Selon les informations d’ASI, une agence de communication parisienne, Concerto, influente en Afrique, est derrière cette opération. L’état-major de l’armée française nie « tout lien contractuel » avec Concerto. Concerto dément avoir coordonné les faux comptes et affirme qu’ASI est l’objet d’une manipulation.

[...]

ASI a pu consulter des documents qui nous ont permis d’identifier une de ces « #usines_à_trolls » constituées en faveur de l’action française dans le Sahel. Une cellule de #cyber-activistes a ainsi été formée en Côte d’Ivoire, et a été coordonnée par une agence de communication parisienne, #Concerto. Cette cellule a œuvré de décembre 2019 à janvier 2020 en marge du sommet de Pau, qui réunissait la France et les dirigeants du #G5_Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Tchad et Niger) en janvier 2020, afin de « redéfinir » l’action conjointe des armées française et locales dans le cadre de l’opération Barkhane. Cette opération d’e-activisme, intitulée « opération Terre-Sainte » par Concerto, avait pour but de mener une campagne anti fake news sur Twitter et Facebook, en faveur des #opérations militaires françaises dans le Sahel.

[...]

Outre les manifestations à Bamako, des étudiants nigériens ont déchiré un drapeau français en décembre 2019. Cette animosité n’est pas seulement le fait des citoyens lambda : elle circule également dans le plus hautes sphères. En juin 2019, le ministre de la Défense du #Burkina Faso, Chériff Sy, se déclarait « étonné » que la France n’ait pas réussi à « éradiquer cette bande de terroristes » et se demandait si elle n’avait pas « d’autres priorités », comme le racontait Jeune Afrique dans une longue enquête sur le sentiment anti-français dans le #Sahel.

▻https://www.jeuneafrique.com/mag/863817/politique/a-bas-la-france-enquete-sur-le-sentiment-anti-francais-en-afrique

#Genève : Vers une #carte_d’identification_universelle en Ville ?

Une #motion demande à l’exécutif de la Ville d’étudier la création d’un document permettant l’accès à tous les services municipaux, quel que soit le statut légal.

Après Zurich et La Chaux-de-Fonds, la Ville de Genève se lancera-t-elle dans la création d’un document d’identification communale ? Ce projet, déjà adopté dans la capitale économique suisse et que la Métropole horlogère a mis à l’étude la semaine dernière, vise à élaborer une carte accessible à tous les habitants, quel que soit leur statut légal, pour pouvoir bénéficier de l’ensemble des services municipaux. Une motion déposée par le conseiller municipal socialiste Pascal Holenweg au début du mois demande au Conseil administratif de se pencher sur la question.

Cette carte « permettrait un accès facilité aux soins, à l’inscription dans des #services_municipaux ainsi qu’aux lieux culturels, sportifs, sociaux, le cas échéant à partir d’un guichet unique les rassemblant tous », explique le texte. « L’initiative part du constat qu’une partie de la population rencontre des difficultés à accéder aux #services offerts par la Ville, que ce soit faute de #statut_légal, d’#adresse ou de #papiers_d’identité, affirme Pascal Holenweg.
Sur l’exemple d’autres villes, en Suisse mais aussi aux Etats-Unis, nous proposons d’étudier la possibilité d’établir un #document_d’identification – et non pas d’identité, ce qui est de
compétence fédérale – et d’#accès_universel aux prestations municipales, qui pourrait servir à tous les habitants, comme carte d’accès aux piscines, aux bibliothèques, etc. »

Le MCG opposé

Autre avantage avancé par Pascal Holenweg : « Si la Ville décidait de rendre payants aux habitants d’autres communes les services qu’elle propose actuellement gratuitement à tout le canton ou d’instaurer des tarifs différenciés, cette carte permettrait aux habitants de la
commune de bénéficier de la gratuité ou de tarifs réduits. »

La proposition devrait être soutenue par la gauche, majoritaire au Conseil municipal, comme l’espère #Pascal_Holenweg, mais elle ne rencontre en tout cas pas l’adhésion du Mouvement citoyens genevois (MCG). « Le sujet avait déjà fait l’objet de discussions par le passé. Au MCG, nous sommes contre, explique Daniel Sormanni, chef de groupe au délibératif municipal. Ce n’est pas vraiment une pièce d’identité mais ça y ressemble. C’est surtout destiné aux clandestins, avec l’argument d’améliorer leur accès aux services municipaux. En réalité, ils l’ont déjà. Je ne vois donc pas l’utilité. Et puis ça donnerait un faux sentiment de légitimité à des gens qui ne devraient pas être sur notre territoire. » Du côté de la conseillère municipale démocrate-chrétienne Alia Chaker Mangeat, on attend d’en savoir plus. « Je ne suis pas opposée au principe, mais j’aimerais qu’on étudie en commission l’apport réel d’un tel outil », affirme-t-elle.

Le maire favorable

Si la motion passe la rampe du délibératif, elle obtiendra une oreille attentive de la part de l’exécutif communal. Collaborateur personnel de Sami Kanaan, Félicien Mazzola affirme en effet que « le maire est favorable au projet ». « La Ville s’était déjà intéressée à la question il y
a quelques années, poursuit-il, quand New York a développé sa City Card. Puis Zurich a lancé sa propre carte destinée aux sans-papiers. De notre côté, nous avons approché les associations qui travaillent avec eux, pour connaître les besoins. Après l’#opération_Papyrus, qui a permis un grand nombre de régularisations, une carte spécifique pour les sans-papiers n’apparaissait pas vraiment appropriée. »

En revanche, une carte universelle, qui permette l’accès à l’ensemble des services municipaux et aux démarches en ligne pour tous les habitants, quel que soit leur statut, et réduisant ainsi les risques de traçage des sans-papiers, se révèle très intéressante, explique Félicien Mazzola.

▻https://lecourrier.ch/2021/02/26/vers-une-carte-didentification-universelle-en-ville
#ville-refuge #asile #migrations #réfugiés #Suisse #citoyenneté #citoyenneté_urbaine

Genève après :
– #Berne : ►https://seenthis.net/messages/801885
– #Zurich : ►https://seenthis.net/messages/889029
– #La_Chaux-de-Fonds : ►https://seenthis.net/messages/896514

–—

Ajouté au fil de discussion sur les cartes d’identification universelle en Suisse :
►https://seenthis.net/messages/801885

... qui, lui-même, est ajouté à la métaliste sur les villes-refuge :
►https://seenthis.net/messages/759145#message801886

« On a beaucoup parlé ces derniers jours de la prestation de #Gabriel_Attal, le porte-parole du gouvernement sur #Twitch dans "#SansFiltre" C’est encore un exemple intéressant à regarder dans le détail sur la confusion des genres entre #compol et #compublique à l’œuvre en ce moment. »

https://pbs.twimg.com/media/EvJbQgQXcAAV5VF?format=jpg&name=medium#.jpg

Cette émission, qui a réuni des influenceurs a été tournée à l’Elysée. Réalisation soignée, au moins trois caméras dont une en travelling, régie vidéo et son en direct, décor lumineux, outils de streaming. Avec salaires, prestas, c’est probablement une opération à 5 chiffres.

Que le gouvernement choisisse de développer son audience et la visibilité de ses actions sur différents médias et réseaux, ça peut se discuter dans la forme, mais sur le fond, c’est une stratégie qui a beaucoup de sens, même si cela a un coût pour la collectivité.

Mais là j’ai un problème. Regardez bien.
Vous ne voyez rien ? C’est normal. L’émission n’est accessible ni sur le site du gouvernement, ni sur celui de l’Elysée, ni sur leur compte Youtube ou sur le compte Twitch des institutions qui ont produit ce programme avec des fonds publics.

On la trouve en revanche sur les comptes personnels de Gabriel Attal sur Youtube et Twitch, où elles lui permettront de développer son audience avec ces contenus.

Ces comptes personnels ne seront soumis à aucune restriction en période électorale, alors que l’usage des comptes des institutions sera évidemment restreint. La stratégie de l’exécutif est d’utiliser les moyens des institutions pour développer l’audience des comptes personnels.

On ne mesure pas à quel point, dans la dernière ligne droite avant l’élection, au moment où la communication institutionnelle est encadrée, où les temps de parole dans les médias sont soumis à l’équité, avoir capitalisé sur des outils et des audiences propres est déterminant.

On assiste en ce moment à un déploiement de buzz, d’#opérations_d'influences à tous les niveaux de l’exécutif, payés sur les #fonds_publics, qui vise à construire cette audience avant les prochaines élections.

Et ce n’est pas le premier épisode de cette confusion des genres, qui est trop régulière pour ne pas traduire une stratégie :

LREM poursuit sa démarche partisane d’appropriation propagandiste de la #compublique en utilisant sa charte graphique #compol de parti pour la com’ du gouvernement... ▻https://twitter.com/valeriomotta/status/969507347537252352

▻https://twitter.com/valeriomotta/status/1365257336990932992

Lettre d’un Tigréen à son pays en guerre

Alors que la guerre se poursuit au Tigré, ce professeur d’université, originaire de la région, explique comment les divisions ethniques ont eu raison de son sentiment d’appartenance nationale.

https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_765/public/assets/images/image_157.png?itok=keh0KYTb#.jpg

Dans les années 1980, quand j’étais enfant, à Asmara, ville alors éthiopienne [et actuelle capitale de l’Eythrée voisine], mes parents me demandaient souvent ce que je voudrais faire quand je serais grand. Invariablement, je leur répondais que je voulais être pilote de chasse ou général de l’armée de terre. La raison était simple : mon père était soldat dans l’armée éthiopienne sous le régime du Derg [régime socialiste autoritaire à la tête de l’Ethiopie à partir de 1974] et, moi aussi, je voulais tuer les « ennemis » de la nation.

J’avais grandi en temps de guerre, le bruit des roquettes et des balles constituait la bande-son de ma vie et les médias d’Etat fournissaient le scénario. On m’a appris à voir le conflit de façon manichéenne, avec d’un côté les bons Ethiopiens patriotes et de l’autre les rebelles haineux. En 1991, dans les derniers jours du régime sanglant du Derg, je me revois en train de pleurer, tout en brandissant notre drapeau vert, jaune et rouge.

Ce que je ne savais pas, c’est que parmi les « ennemis » combattus par mon père, il y avait des cousins à lui et les enfants de nos voisins. La #guerre_civile a rompu les liens sociaux et culturels qu’avaient tissés de nombreux groupes ethniques, dressant souvent les membres de mêmes familles les uns contre les autres. Mon père, de la région du Tigré, avait combattu des membres de sa propre ethnie appartenant au #Front_de_libération_du_peuple_du_Tigré (#TPLF). Pour ma famille, il ne faisait pas bon être à la fois tigréen et éthiopien. Parmi les partisans du régime du #Derg, on se méfiait de nous en raison de notre appartenance ethnique : on nous soupçonnait d’être des agents du TPLF. Parmi les Tigréens, nous étions perçus comme ayant trahi notre peuple en prenant parti pour le gouvernement. Comme des milliers d’autres familles, nous essuyions des insultes de différents camps.

En 1991, le régime répressif du Derg a été vaincu et le TPLF a pris la tête de l’Ethiopie. Ma famille a quitté Asmara pour Addis Abeba [la capitale éthiopienne], où nous avons vécu dans un camp de réfugiés pendant dix ans.

Durant les vingt-sept années qui ont suivi, la coalition menée par le TPLF a gouverné le pays. Elle a mis en oeuvre une sorte de #fédéralisme_ethnique qui a favorisé la #conscience_ethnique, au détriment de l’#identité panéthiopienne. Toutefois, avec le temps, la #résistance populaire à la domination tigréenne et à ses pratiques non démocratiques a fait tomber le régime, à la suite de manifestations monstres. En 2018, la coalition au pouvoir a choisi un nouveau dirigeant. #Abiy_Ahmed a promis lors de son investiture de promouvoir la paix, l’espoir et l’unité. Cela n’a pas duré longtemps. Le 4 novembre 2020, Abiy déclarait la guerre au Tigré.

Le conflit a fait naître une conscience nouvelle de ce que signifie être Tigréen dans la société éthiopienne au sens large. Le gouvernement qualifie sa propre action d’" #opération_de_police " , et non de guerre contre le peuple du Tigré. Pourtant, c’est ainsi que la vivent beaucoup de gens. De nombreux Tigréens soutiennent le TPLF. En outre, dans le cadre de l’actuelle « opération de police » destinée à capturer les principaux dirigeants du parti, des milliers de citoyens lambda ont été tués ou déplacés. Entre-temps, de nombreux « non-Tigréens » ont salué la prise de #Mekele, la capitale du Tigré, et ont gardé le silence quand le gouvernement a empêché des convois d’aide de parvenir à leurs compatriotes. Le #fichage_ethnique et le #harcèlement des Tigréens s’accentuent.

Devant l’émergence d’une #crise_humanitaire qui touche les Tigréens ordinaires, la volonté délibérée du gouvernement de refuser l’envoi d’aide, le #silence et le soutien de la majorité des Ethiopiens, sapent mon sentiment d’appartenance à l’Ethiopie. Pour moi, l’un des pires aspects de cette situation est que mon père, qui a toujours été fier d’être éthiopien, a une fois de plus été condamné à la souffrance et à l’isolement. Personnellement, il me paraît impossible d’être à la fois tigréen et éthiopien dans le contexte actuel. Le lien que je gardais avec l’Ethiopie semble définitivement rompu.

▻https://www.courrierinternational.com/article/recit-lettre-dun-tigreen-son-pays-en-guerre

#Tigré #guerre #lettre #Soudan

#Rwanda : un document prouve l’ordre de la France de laisser s’enfuir les génocidaires

Juillet 1994. Les principaux membres du gouvernement responsable du #génocide des #Tutsis sont dans une zone contrôlée par l’#armée_française. Leur arrestation est possible et même réclamée. Un document inédit, émanant du cabinet du ministre des affaires étrangères de l’époque, #Alain_Juppé, prouve aujourd’hui que la #France a préféré les laisser partir. Il est signé de l’actuel patron de la DGSE.

L’#ordre_politique de laisser s’enfuir à l’été #1994 les principaux membres du gouvernement responsable du génocide des Tutsis au Rwanda, alors que leur arrestation était possible et même demandée, a été directement pris par le #gouvernement_français, selon un document inédit émanant du ministère des affaires étrangères.

Le massacre des Tutsis du Rwanda, dernier génocide du XXe siècle, a fait près d’un million de morts en cent jours, entre avril et juillet 1994.

Le document, dont Mediapart a pu prendre connaissance, apparaît vingt-cinq ans après les faits comme la pièce manquante de l’un des épisodes les plus sombres de la #responsabilité française dans la tragédie rwandaise.

Il a été obtenu par le chercheur François Graner, auteur de plusieurs livres sur le Rwanda et membre de l’association Survie, qui a récemment pu accéder à des #archives inexplorées de la présidence Mitterrand grâce à une décision du Conseil d’État. La plus haute juridiction administrative a mis fin, en juin dernier, à des années d’entraves orchestrées par les gardiens de la mémoire de l’ancien chef de l’État et de la politique de la France durant le génocide des Tutsis.

Le document en question est un télégramme « confidentiel diplomatie » émis le 15 juillet 1994 par le cabinet du ministre des affaires étrangères de l’époque, Alain Juppé, aujourd’hui membre du Conseil constitutionnel, et adressé à l’ambassadeur #Yannick_Gérard, alors représentant du Quai d’Orsay auprès des militaires français envoyés au Rwanda dans le cadre de l’#opération_Turquoise.

L’ambassadeur Gérard avait réclamé le jour même des « instructions claires » du gouvernement (pour lui et pour l’armée française) afin de procéder sur place à l’#arrestation des autorités qui, écrivait-il dans un télégramme, « portent une lourde responsabilité dans le génocide ». Le fait est que les principaux membres du gouvernement génocidaire, au premier rang desquels son président, #Théodore_Sindikubwabo, se trouvaient alors dans une zone intégralement contrôlée par l’armée française, à proximité du Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo), pays frontalier du Rwanda.

« Nous n’avons pas d’autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter ou de les mettre immédiatement en résidence surveillée en attendant que les instances judiciaires internationales compétentes se prononcent sur leur cas », soulignait le haut fonctionnaire, conscient d’avoir des génocidaires identifiés à portée de main.

La réponse du gouvernement français fut pourtant à l’exact opposé de la requête de l’ambassadeur Gérard. Dans le télégramme du 15 juillet, rédigé à 18 h 22 et adressé à « Yannick Gérard seul », le cabinet du ministre Juppé donne ainsi pour instruction de transmettre aux autorités génocidaires « notre souhait qu’elles quittent » la #zone_contrôlée par les forces armées françaises.

Le message à transmettre semble si délicat que le cabinet Juppé demande à son ambassadeur de ne pas s’entremettre personnellement avec les génocidaires. « Vous pouvez en revanche utiliser tous les canaux indirects et notamment vos contacts africains, en ne vous exposant pas directement », peut-on lire dans le télégramme, qui a d’ailleurs pour titre : « Le département vous autorise à passer notre message de manière indirecte ».

« Vous soulignerez que la communauté internationale et en particulier les Nations unies devraient très prochainement déterminer la conduite à suivre à l’égard de ces soi-disantes autorités », précise encore le télégramme, qui, insistant de la sorte sur une décision à venir de la communauté internationale, offre un #sauf-conduit au gouvernement génocidaire pour quitter sans la moindre anicroche le territoire sous contrôle français. Et passer au #Zaïre.

Le document porte la signature « #EMIE ». Il s’agit de #Bernard_Émié, l’actuel directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), l’un des principaux #services_secrets français, qui était à l’époque conseiller d’Alain Juppé au ministère des affaires étrangères, avant de rejoindre l’Élysée sous la présidence de Jacques Chirac.

Sollicité par Mediapart, Alain Juppé a fait savoir qu’il ne souhaitait pas répondre à nos questions. Également sollicité, Bernard Émié n’a, pour sa part, pas donné suite.

Un quart de siècle après la tragédie rwandaise, il n’y a aujourd’hui pas de doute sur le fait que la France savait qui étaient les organisateurs et commanditaires du génocide, et où ils se trouvaient. C’est donc en toute connaissance de cause que le gouvernement et l’Élysée les ont laissés filer.

D’innombrables documents et témoignages, obtenus depuis des années par des historiens, des journalistes ou des juges, ont déjà largement permis de documenter que la France avait connaissance d’un génocide en préparation avant que celui-ci n’ait lieu et qu’elle a maintenu un soutien indéfectible aux autorités en cause quand le pire a commencé.

Cela est si vrai que le gouvernement génocidaire, constitué au lendemain d’un attentat ayant tué le président #Habyarimana, jugé trop modéré par la frange la plus radicale du pouvoir hutu, a été formé, le 8 avril 1994, dans les locaux mêmes de l’#ambassade de France à Kigali, sous le nom de « #gouvernement_intérimaire_du_Rwanda » (#GIR).

C’est un certain Théodore #Sindikubwabo, ancien président de l’Assemblée nationale, qui sera choisi pour diriger le pays avant que celui-ci ne s’enfonce dans les ténèbres. Pédiatre de formation, Sindikubwabo est considéré comme l’un des commanditaires du génocide, soupçonné d’avoir personnellement incité aux #massacres – notamment à l’occasion d’un discours retransmis le 19 avril sur Radio Rwanda – et d’avoir démis de leurs fonctions les préfets et autorités qui ne tuaient pas assez.

Sindikubwabo fait partie des responsables politiques du génocide qui ont pu rallier le Zaïre en juillet 1994 avec l’aval du gouvernement français. Il est mort en 1998 dans des circonstances mal connues et sans jamais avoir été inquiété pour ses crimes.

L’ordre de Juppé, l’ombre de Védrine

Il existe dans les archives disponibles la trace d’un contact, en mai 1994, entre Sindikubwabo et le général #Christian_Quesnot, le chef d’état-major particulier du président de la République. Dans une note du 6 mai écrite à l’attention de #François_Mitterrand, après son échange avec le nouveau chef de l’État génocidaire – les massacres ont débuté un mois plus tôt –, le militaire indique que le dignitaire rwandais le « remercie » pour tout ce qu’il a « fait pour le Rwanda ».

Dans ses commentaires personnels à la fin du document, le général Quesnot préconise alors d’appuyer, même au prix d’une « #stratégie_indirecte », le pouvoir rwandais face aux forces armées tutsies. Le général Quesnot dit, en effet, craindre l’établissement d’un « #Tutsiland » (sic), le tout « avec l’aide anglo-saxonne et la complicité objective de nos faux intellectuels remarquables relais d’un lobby tutsi auquel est également sensible une partie de notre appareil d’État ». Le document est annoté de la main du secrétaire général de la présidence de la République, #Hubert_Védrine, d’un mot : « Signalé ».

Pourtant, sur le terrain, la diplomatie et les services de renseignements français ne cessent d’accumuler des éléments sur la responsabilité du gouvernement intérimaire dans le génocide.

Un télégramme « confidentiel diplomatie » daté du 10 juillet 1994 de l’ambassadeur Gérard, également découvert par le chercheur François Graner grâce à la décision du Conseil d’État de juin dernier, évoque même « un témoignage digne de foi qui confirme la responsabilité collective et personnelle des autorités de #Gisenyi [le gouvernement génocidaire – ndlr] dans les massacres ». Le diplomate ajoute que, selon d’autres témoignages « directs et concordants », le président Sindikubwabo a personnellement appelé à plusieurs reprises à « l’élimination totale des Tutsis » et que l’une de ses ministres a, en particulier, réclamé le massacre « des femmes et des enfants ».

Cinq jours plus tard, c’est donc en parfaite connaissance de cause que l’ambassadeur Gérard demande des « instructions claires » au gouvernement pour pouvoir mettre aux arrêts ou, au moins, en résidence surveillée les génocidaires.

En vain.

À Paris, la question de l’arrestation des membres du gouvernement génocidaire a pourtant été source de confusion au sommet de l’État, comme le prouvent plusieurs autres documents.

Dans les archives de l’Élysée figure notamment la copie d’une dépêche émise depuis Paris, le 15 juillet en fin de matinée, par l’agence de presse Reuters sous un titre éloquent : « Paris prêt à arrêter les membres du gouvernement ». « Les membres du gouvernement intérimaire rwandais […] seront mis aux arrêts s’ils tombent aux mains de soldats de français dans la #zone_humanitaire_protégée par l’opération Turquoise », indiquait l’agence de presse internationale, qui disait tenir ses informations d’une « source autorisée à Paris ».

Seulement voilà : une annotation manuscrite, inscrite par Hubert Védrine dans la marge de la dépêche imprimée par les services de l’Élysée, montre qu’il n’en était, en réalité, rien. « Lecture du Président : ce n’est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre », peut-on lire sous la plume du secrétaire général de l’Élysée.

Le document du cabinet Juppé sur l’ordre de laisser filer les génocidaires, daté lui aussi du 15 juillet, vient aujourd’hui conforter le soupçon d’un ministre des affaires étrangères, Alain #Juppé, en accord avec la politique élyséenne, bien qu’appartenant à un gouvernement de cohabitation dirigé par #Édouard_Balladur. Ce dernier fera d’ailleurs savoir à ce sujet, en 1998, qu’il « n’était pas question » aux yeux de Mitterrand « de châtier les auteurs hutus du génocide ». « Et il n’était pas question aux miens, ajoutait-il, de permettre à ceux-ci d’aller se mettre à l’abri au Zaïre ».

C’est pourtant exactement ce qui s’est passé, et ce, sur ordre de son propre ministre Alain Juppé. Sur le terrain, l’#exfiltration est pilotée par le lieutenant-colonel #Jacques_Hogard, qui commande le groupement Sud-Turquoise au Rwanda, formé de troupes de la #Légion_étrangère.

Dans un supplément spécial consacré aux opérations au Rwanda, la revue militaire Képi blanc a résumé des années plus tard la situation dans un style d’une raideur militaire qui ne fait guère dans la contorsion : « L’#EMT [#état-major_tactique] provoque et organise l’#évacuation du gouvernement de transition rwandais vers le Zaïre. »

Le lieutenant-colonel #Hogard confirmera lui-même à plusieurs occasions les faits, notamment au journaliste David Servenay et à l’universitaire Gabriel Périès, auteurs du livre Une guerre noire (La Découverte). Dans cet ouvrage, le militaire raconte être allé voir en ces termes son homologue zaïrois pour lui parler des génocidaires qu’il s’apprêtait à laisser partir : « Vous ne fermez pas les #frontières, vous les laissez poreuses, je ne veux pas que vous empêchiez ces gens-là de partir, le Zaïre est grand, ils n’ont que ça pour partir. »

Dès le 16 juillet, c’est-à-dire au lendemain du télégramme envoyé par le cabinet Juppé, le lieutenant-colonel Hogard rencontre le chef de l’État du Rwanda pour lui faire savoir que lui et ses hommes doivent – et peuvent – partir dans les vingt-quatre heures. Et c’est ainsi que la France escorte du Rwanda à la frontière zaïroise parmi les principaux responsables politiques du génocide.

Un militaire de l’opération Turquoise, Guillaume Ancel, a raconté des années plus tard dans un livre (Rwanda, la fin du silence, éditions Belles Lettres) avoir vu le lieutenant-colonel Hogard quelque temps après cette scène. « Certes, il est convaincu que ce n’est pas notre rôle de rendre justice, mais escorter poliment des décideurs qui ont de terribles responsabilités dans les massacres et “du sang jusqu’au cou” le tourmente. Il aurait pu les arrêter, il aurait même pu les neutraliser, mais ses ordres ne lui laissaient pas le choix », a-t-il témoigné.

Un document déclassifié de l’état-major de l’armée française confirme que les membres du gouvernement génocidaire « ont franchi la frontière rwando-zaïroise » le 17 juillet en fin de journée, « l’option clairement avouée étant de replier également le reste des #FAR [#forces_armées_du_gouvernement – ndlr] avec leur armement au Zaïre, afin de poursuivre la #résistance depuis ce pays ».

En un mot : que les génocidaires soient à l’abri pour que le sang, lui, continue de couler.

▻https://www.mediapart.fr/journal/france/140221/rwanda-un-document-prouve-l-ordre-de-la-france-de-laisser-s-enfuir-les-gen
#génocide #Quesnot #Balladur #Edouard_Balladur

signalé par @arno : je mets ici le texte complet

#Frontex suspend ses #opérations en Hongrie

Frontex, l’agence de surveillance des frontières de l’UE, a annoncé mercredi qu’elle suspendait ses opérations en Hongrie après une décision de la Cour de justice européenne critiquant le système d’asile de ce pays.

Frontex, l’agence de surveillance des frontières de l’UE, a annoncé mercredi qu’elle suspendait ses opérations en Hongrie après une décision de la #Cour_de_justice_européenne critiquant le système d’asile de ce pays.

« Frontex a suspendu toutes ses #activités_opérationnelles sur le terrain en Hongrie », a déclaré à l’AFP Chris Borowski, le porte-parole de Frontex, dont le siège est à Varsovie.

« Nos efforts communs pour protéger les frontières extérieures de l’UE ne peuvent réussir que si nous veillons à ce que notre coopération et nos activités soient pleinement conformes aux lois de l’UE », a-t-il déclaré.

En décembre, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté de nombreuses failles dans les procédures d’asile de la Hongrie, notamment l’#expulsion_illégale de migrants en provenance de #Serbie.

Elle a également déclaré que les lois interdisant aux demandeurs d’asile de demeurer en Hongrie pendant que leur appel devant la justice était examiné étaient illégales et a critiqué la #détention de migrants dans des « #zones_de_transit ».

Le Comité Helsinki hongrois (HHC), un organisme de surveillance non gouvernemental, a affirmé mardi que la Hongrie avait expulsé plus de 4.400 migrants depuis la décision de la Cour de justice de l’UE.

« La décision de Frontex est importante puisque Frontex n’a jamais suspendu ses activités » auparavant, a déclaré Andras Lederer, un membre du HHC.

M. Lederer a estimé que Frontex avait été forcée de suspendre ses opérations en Hongrie parce qu’elle risquait d’être tenue pour « complice » de la politique migratoire hongroise.

▻https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/270121/frontex-suspend-ses-operations-en-hongrie?onglet=full

#suspension #Hongrie #arrêt #stop #justice #CJUE #illégalité #complicité
#asile #migrations #réfugiés #frontières #push-backs #refoulements #zones_frontalières

ping @isskein @_kg_ @rhoumour @karine4

The two sides of TUI : crisis-hit holiday giant turned deportation specialist

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2020 was a rough year for the tourism industry, with businesses worldwide cancelling holidays and laying off staff. Yet one company has been weathering the storm with particular ruthlessness: the Anglo-German giant TUI.

TUI (Touristik Union International) has been called the world’s biggest holiday company. While its core business is selling full-package holidays to British and German families, 2020 saw it taking on a new sideline: running deportation charter flights for the UK Home Office. In this report we look at how:

- TUI has become the main airline carrying out charter deportation flights for the UK Home Office. In November 2020 alone it conducted nine mass deportations to 19 destinations as part of Operation Sillath, and its deportation flights continue in 2021.
- TUI lost over €3 billion last year. But the money was made up in bailouts from the German government, totalling over €4 billion.
– TUI’s top owner is oligarch Alexey Mordashov, Russia’s fourth richest billionaire who made his fortune in the “Katastroika” of post-Soviet asset sell-offs. His family holding company made over €100 million in dividends from TUI in 2019.
– In 2020, TUI cut 23,000 jobs, or 32% of its global workforce. But it carried on paying out fat salaries to its bosses – the executive board waived just 5% of their basic pay, with CEO Fritz Joussen pocketing €1.7 million.
– Other cost-cutting measures included delaying payments of over €50m owed to hotels in Greece and Spain.
- TUI is accused of using its tourist industry muscle to pressure the Greek government into dropping COVID quarantine requirements last Summer, just before the tourist influx contributed to a “second wave” of infections.
– It is also accused of pressuring hotels in the Canary Islands to stop hosting migrants arriving on wooden boats, fearing it would damage the islands’ image in the eyes of TUI customers.

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TUI: from heavy industry to holiday giant

Calling itself the ‘world’s leading tourism group’, TUI has 277 direct and indirect subsidiaries. The parent company is TUI AG, listed on the London Stock Exchange and based in Hannover and Berlin.

TUI describes itself as a ‘vertically-integrated’ tourism business. That means it covers all aspects of a holiday: it can take care of bookings, provide the planes to get there, accommodate guests in hotels and cruises, and connect them with ‘experiences’ such as museum vists, performances and excursions. Recent company strategy buzz highlights the use of digitalisation – ‘driving customers’ into buying more services via its apps and online platforms. Where it can’t do everything in-house, TUI also uses other airlines and works extensively with independent hotels.

TUI’s major assets are:

- Hotels. By September 2020 the company ran over 400 hotels, the most profitable of which is the RIU chain, a company jointly owned by the Mallorca-based RIU family.
- Cruises. TUI owns three cruise companies – TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises and Marella Cruises – which between them operate 17 vessels.
- Airlines. TUI has five airlines with a total fleet of 137 aircraft. 56 of these are operated by its biggest airline, the British company TUI Airways. Collectively, the airlines under the group are the seventh largest in Europe.

TUI also runs the TUI Care Foundation, its vehicle for green PR, based in the Hague.

The company has a long history dating back to 1923 – though it is barely recognisable from its earlier embodiment as the energy, mining and metalworking group Preussag, originally set up by the German state of Prussia. Described by some as the “heavy industrial arm” of the Nazi economy, Preussag was just one of many German industrial firms which benefited from forced labour under the Third Reich. It transformed itself into a tourism business only in 1997, and completed a long string of acquisitions to become the behemoth it is today – including acquiring leading British travel agents Thomson in 2000 and First Choice Holidays in 2007.

TUI holidaymakers are mostly families from the UK and Germany, with an average ticket for a family of four costing €3,500 . The top five destinations as of Easter 2019 were, in order: Spain, Greece, Egypt, Turkey, and Cape Verde.

The UK branch – including TUI Airways, which is responsible for the deportations – is run out of Wigmore House, next to Luton Airport in Bedfordshire. The UK managing director is Andrew “Andy” Flintham. Flintham has been with TUI for over 15 years, and previously worked for British Airways and Ford.

Dawn Wilson is the managing director of TUI Airways. and head of airline operations on the TUI aviation board, overseeing all five of TUI’s airlines. Wilson is also a director of TUI UK. Originally from Cleethorpes, Wilson’s career in the industry began as cabin crew in the 80s, before rising up the ranks of Britannia Airways. Britannia’s parent company Thomson was acquired by TUI in 2000.
TUI’s crisis measures: mass job losses, deportations, and more

Before the pandemic TUI was a success story, drawing 23 million people a year to sun, sea, snow or sights. In 2019, TUI was riding high following the collapse of its key UK competitor, Thomas Cook. It branched out by adding 21 more aircraft to its fleet and picking up a number of its rival’s former contracts, notably in Turkey. TUI’s extensive work in Turkey has recently made it a target of the Boycott Turkey campaign in solidarity with the Kurdish people. The one bum note had been the grounding of its Boeing 737 MAX airliners, after two crashes involving the aircraft forced the worldwide withdrawal of these planes. Despite that, the company made close to €19 billion in revenues in 2019, and a profit of over €500 million. Most of that profit was handed straight to shareholders, with over €400 million in dividends. (See: Annual Report 2019). And the future looked good, with record bookings for 2020.

Then came COVID-19. By the end of the 2020 financial year, travel closures had resulted in losses of €3 billion for TUI, and a net debt of €4.2bn. To stay afloat, the company has managed to pull in handouts from the German state, as well as backing from its largest shareholder, the Russian oligarch Alexei Mordashov. It has also turned to a number of controversial business practices: from mass job losses to becoming Brexit Britain’s main deportation profiteer.

Here we look at some of what TUI got up to in the last year.
Government bailouts

Had it been left to the free market, TUI might well have gone bust. Fortunately for TUI’s investors, the German government rode to the rescue. In total, the state – working together with some banks and private investors – has provided TUI with €4.8bn in bailout funds to see it through COVID-19.

The vast bulk of this money, €4.3 billion to date, has come from German taxpayers. TUI received a €1.8 rescue loan from state development bank KsF in April 2020, followed by another €1.2 billion package in August. The third bailout, agreed in December 2020, totalled €1.8 billion. €1.3 billion of this was more government money – from the German Economic Support Fund (WSF) as well as KsF.

While some was a straight loan, portions came as a “silent participation” convertible into shares in the company – that is, the state has the option to become a major TUI shareholder. The deal also involved the government having two seats on TUI’s supervisory board. The German state is now intimately involved in TUI’s business.

The other €500m was raised by issuing new shares to private investors. TUI’s largest owner, Alexey Mordashov, agreed to take any of these not bought by others – potentially increasing his stake in the company from 25% to as much as 36% (see below).
Slashing jobs

Alongside bail-outs, another key part of TUI’s response to the COVID crisis has been to hit the staff. Back in May 2020 there was widespread media coverage when TUI announced it would make 8,000 job cuts globally. Then in July 2020, the company announced it would close 166 of its 516 travel agencies in the UK and Ireland at a cost of 900 jobs.

But these announcements turned out to be just the beginning. In the 2020 Annual Report, published in December 2020, TUI quietly announced that it had in fact cut 23,143 jobs – that is 32% of its total staff.

Particularly hard hit were hotel staff, whose numbers fell by over 13,000, 46% of the total. The workforce of TUI’s excursions and activities division, TUI Musement, was cut in half with almost 5,000 job losses (Annual Report, p88). And these figures do not include staff for TUI Cruises (JV), a joint venture company whose employees are mainly hired through agencies on temporary contracts.

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Home Office deportation airline of choice

TUI is not known to have been previously involved in deportations from the UK, Germany or any other country. But since August 2020, its UK subsidiary TUI Airways has suddenly become the UK’s top deportation airline. It carried out the vast majority of mass deportation charter flights from the UK between August and December 2020, and continues to do so in January 2021.

This included many of the rush of pre-Brexit “Operation Sillath” deportations to European countries before the New Year – where the Home Office pushed to expel as many refugees as possible under the Dublin Regulation before it crashed out of this EU agreement. But it also works further afield: TUI carried out all charter deportations from the UK in November, including one to Ghana and Nigeria.

Because of this, TUI looked a likely candidate to be operating the so-called ‘Jamaica 50’ flight on 2 December, and was one of a number of possible airlines targeted by a social media campaign. However, the company eventually clarified it would not be doing the flight – Privilege Style, whom Corporate Watch recently reported on, turned out to be the operator. It is unclear whether or not TUI had originally been booked and pulled out after succumbing to public pressure.
No hospitality in the Canary Islands

The company’s disregard for the lives of refugees is not limited to deportation deals. In the Canary Islands, a local mayor revealed that TUI (along with British airline Jet2) had warned hotels not to provide emergency shelter to migrants, threatening it would not ‘send tourists’ if they did.

Record numbers of African migrants arrived on wooden boats to the islands in 2020, and some have been accomodated in the hotels at the state’s expense. Nearly 2,170 migrants died trying to reach Spain that year, the majority en-route to the Canaries. The islands had seen a dramatic fall in holidaymakers due to the pandemic, and many hotel rooms would have sat empty, making TUI’s threats all the more callous.
Pushing back against Greek COVID-19 measures

TUI has been pressing destination countries to reopen to tourists following the first wave of the Coronavirus pandemic. This has become a particular issue in Greece, now the company‘s number one destination where TUI has been accused of exerting pressure on the government to relax anti-COVID measures last Summer.

According to a report in German newspaper BILD (see also report in English here), TUI threatened to cancel all its trips to the country unless the government dropped quarantine regulations for tourists. The threat was reportedly made in negotiations with the Greek tourism minister, who then rushed to call the Prime Minister, who backed down and rewrote the Government’s COVID-19 plans.

Greece had been viewed as a rare success story of the pandemic, with the virus having largely been contained for months – until early August, a few weeks after it welcomed back tourists. Some have blamed the country’s “second wave” of COVID-19 infections on the government’s “gamble of opening up to tourists”.

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Leaving hotels in the lurch

Despite having pushed destination countries to increase their COVID-19 exposure risks by encouraging tourism, the company then refused to pay hoteliers in Greece and Spain millions of euros owed to them for the summer season. Contractual changes introduced by TUI forced hotels to wait until March 2021 for three-quarters of the money owed. In Greece, where the company works with over 2,000 hotels, the sum owed is said to be around €50m, with individual hotels reportedly owed hundreds of thousands of euros. This money is essential to many businesses’ survival through the low season.

TUI’s actions are perhaps all the more galling in light of the enormous government bailouts the company received. In the company’s 2020 Annual Report, amid sweeping redundancies and failure to pay hoteliers, CEO Fritz Joussen had the arrogance to claim that “TUI plays a stabilising role in Southern Europe, and in Northern Africa too, with investment, infrastructure and jobs.”
Rolling in it: who gains

The supposed rationale for government COVID bail-outs, in Germany as elsewhere, is to keep the economy turning and secure jobs. But that can’t mean much to the third of its work force TUI has sacked. If not the workers, who does benefit from Germany funneling cash into the holiday giant?

TUI’s bailout deals with the German government forbade it from paying a dividend to shareholders in 2020. Although in previous years the company operated a very high dividend policy indeed: in 2018 it handed over €381 million, or 47% of its total profit, to its shareholders. They did even better in 2019, pocketing €423 million – or no less than 80% of company profits. They will no doubt be hoping that the money will roll in again once COVID-19 travel restrictions are lifted.

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Meanwhile, it appears that the crisis barely touched TUI’s executives and directors. According to the 2020 Annual Report (page 130), the company’s executives agreed to a “voluntary waiver of 30% of their fixed remuneration for the months of April and May 2020”. That is: just a portion of their salary, for just two months. This added up to a drop of just 5% in executive salaries over the year compared with 2019.

Again: this was during a year where 32% of TUI staff were laid off, and the company lost over €3 billion.

In a further great show of sacrifice, the Annual Report explains that “none of the members of the Executive Board has made use of their right to reimbursement of holiday trips which they are entitled to according to their service agreements.” TUI is infamous for granting its executives paid holidays “without any limitation as to type of holiday, category or price” as an executive perk (page 126).

After his 5% pay cut, CEO Fritz Joussen still made €1,709,600 last year: a basic salary of €1.08 million, plus another €628,000 in “pension contributions and service costs” including a chauffeur driven car allowance.

The next highest paid was none other than “labour director” Dr Elke Eller with €1.04 million. The other four members of the executive board all received over €800,000.

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The top dogs

Who are these handsomely paid titans of the holiday industry? TUI’s CEO is Friedrich “Fritz” Joussen, based in Germany. Originally hired by TUI as a consultant, Joussen has a background in the German mobile phone industry and was head of Vodafone Germany. The slick CEO can regularly be found giving presentations about the TUI ‘ecosystem’ and the importance of digitisation. Besides his salary, Joussen also benefits from a considerable shareholding accrued through annual bonuses.

Overseeing Joussen’s executive team is the Supervisory Board, chaired by the Walrus-moustachioed Dr. Dieter Zetsche, or ‘Dr. Z’, who made his fortune in the management of Daimler AG (the car giant that also owns Mercedes–Benz, and formerly, Chrysler ). Since leaving that company in 2019, Zetsche has reportedly been enjoying a Daimler pension package of at least €4,250 a day. TUI topped him up with a small fee of €389,500 for his board duties in 2020 (Annual Report p140).

With his notable moustache, Dr. Z is a stand-out character in the mostly drab world of German corporate executives, known for fronting one of Daimler’s US ad campaigns in a “buffoon tycoon” character. At the height of the Refugee Summer of 2015, Dr. Dieter Zetsche abruptly interrupted his Frankfurt Motor Show speech on the future of the car industry to discuss the desperate situation facing Syrian refugees.

He said at the time: “Anybody who knows the past isn’t allowed to turn refugees away. Anybody who sees the present can’t turn them away. Anybody who thinks about the future will not turn them away.” Five years later, with TUI the UK’s top deportation profiteer, this sentiment seems to have been forgotten.

Another key figure on the Supervisory Board is Deputy Chair Peter Long. Long is a veteran of the travel industry, having been CEO of First Choice, which subsequently merged with TUI. He is credited with pioneering Turkey as an industry destination.

Long is a controversial figure who has previously been accused of ‘overboarding’, i.e. sitting on the directors’ boards of too many companies. Described as a “serial part timer”, he was executive chairman of Countrywide PLC, the UK’s largest estate agency group, but stepped down in late November 2020 after apparently ruffling shareholders’ feathers over a move that would have given control of the company to a private equity firm. In 2018, Countrywide was forced to abandon attempts to give bosses – including himself – shares worth more than £20m. Long also previously stepped down as chairman of Royal Mail after similarly losing shareholder support over enormous executive pay packages. In his former role as as head of TUI Travel, he was among the UK’s top five highest earning CEOs, with a salary of £13.3 million for the year 2014 -15.

The man with the money: Alexey Mordashov

But all the above are paupers compared to TUI’s most powerful board member and top shareholder: Alexey Mordashov, a Russian oligarch who is reportedly the country’s fourth richest billionaire, with a fortune of over $23 billion. His family holding company is TUI’s main owner with up to 36% of company shares.

Mordashov’s stake in TUI is held through a Cyprus-registered holding company called Unifirm.

In 2019, Mordashov transferred 65% of his shares in Unifirm to KN-Holding, a Russian company owned jointly by his two sons, Kirill and Nikita, then aged 18 and 19. However, Russian media report that after the younger son Nikita was kicked out of university in 2020, he was sent to the army, and his shares transferred to Kirill.

It may not be massive money to Mordashov, but his family company have certainly done well out of TUI. In 2019 TUI paid out €423 million in dividends to its shareholders, no less than 80% of total profits. At the time Unifirm owned one quarter (24.95%) of TUI. That means the Mordashovs will have received over €100 million on their investment in TUI just in that one year.

“Steel king” Alexey Mordashov’s rise to the height of the global mega-rich began with a typical post-Soviet privatisation story. Born in 1965, the son of steel workers, he studied economics and accountancy and by 1992 was finance director of a steel plant in his hometown of Cherepovets. In the early and mid-1990s, the great Russian “Katastroika” sell-off of state assets saw steel mill and other workers handed shares in the former collective enterprises. In the midst of an economic collapse, workers sold on their shares to pay food and heating bills, while the likes of Mordashov built up massive asset portfolios quick and cheap. In the next privatisation phase, the budding oligarchs were handed whole industries through rigged auctions.

Mordashov turned his steel plant holdings into a company called Severstal, now among the world’s largest steel firms. He then expanded Severstal into Severgroup, a conglomerate with holdings in everything from airports to goldmines (Nordgold) to supermarkets (Lenta), to mobile phone networks (Tele2 Russia), as well as the local hockey team Severstal Cherepovets. Vladimir Lukin, Mordashov’s legal adviser at Severgroup, is also a member of the TUI Supervisory Board.

Business media paint Mordashov as less flamboyant than your average oligarch. His new megayacht Nord, built in Germany and registered in the Cayman Islands, is only 142 metres long – 20 metres shorter than Roman Abramovitch’s Eclipse.

In December 2020, TUI declared that Unifirm owned 25% of its shares. But the number will have increased in TUI’s third bail-out deal in January: as well as more money from the German government and its banks, Unifirm agreed to inject more cash into the company in return for boosting its ownership, buying up new shares to a maximum of 36%. The exact current holding has not yet been announced.

TUI’s increasing control by Mordashov was approved by the German financial regulator Bafin, which stepped in to exempt him from a rule that would have required Unifirm to bid for a full majority of the shares once it held more than 30%.
Other shareholders

Unifirm is the only shareholder with over 10% of TUI shares. Some way behind, Egyptian hotel-owning businessman called Hamed El Chiaty has a stake of just over 5%, via the Cyprus-based DH Deutsche Holdings. But most of TUI’s shares are owned in smaller chunks by the usual suspects: the global investment funds and banks that own the majority of the world’s assets.

In December 2020 these funds each had over 1%: UK investor Standard Life Aberdeen; giant US-based fund Vanguard; Canada’s state pension system; and Norges Bank, which manages the oil-rich national wealth fund of Norway. Two other major investment funds, Pioneer and BlackRock, had around 0.5% each. (NB: these numbers may have changed after the new January share sale.)

TUI can’t take its reputation for granted

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A company of TUI’s size backed by the German government and a Russian billionaire may seem impervious to criticism. On the other hand, unlike more specialist charter airlines, it is very much a public facing business, relying above all on the custom of North European families. The endless stream of negative reviews left by disgruntled customers following cancelled TUI holidays in 2020 have already tarnished its image.

In a sign of just how worried the company may be about its reputation, it put out a tender in the autumn for a new PR agency to take care of “relaunching the brand into the post-Covid world”. This was ultimately awarded to the US firm Leo Burnett. If outrage at the UK’s deportation push keeps up, TUI might well need to pay attention to online campaigns or demonstrations at its travel agents.

Another vulnerability the company has itself identified is political instability in destination countries, as evidenced by TUI’s nervousness over migrant arrivals in the Canary Islands. Here too, its image is being harmed by actions such as exerting pressure on the Greek government to relax COVID measures, and its treatment of independent hotels. TUI cannot take public support for granted in top destinations such as Greece and Spain, where campaigning at its resorts could play a role in shifting company policy.

▻https://corporatewatch.org/the-two-sides-of-tui-crisis-hit-holiday-giant-turned-deportation-spe

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#Frontex to expand cooperation with Operation #IRINI

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency and Operation #EUNAVFOR_MED IRINI have agreed last Friday to expand their cooperation to address challenges and threats to EU security in the Central Mediterranean region.

Under a new working arrangement, Frontex will be supporting Operation IRINI with information gathered as part of the agency’s risk analysis activities, such as tracking vessels of interests on the high seas, as well as data from its aerial surveillance in the Central Mediterranean. The agreement also foresees the exchange of experts. Currently, an EUNAVFOR MED expert is based at the Warsaw headquarters of Frontex to support information exchange and cooperation in search and rescue operations.

“Operation IRINI is a as a valuable operational partner for us. Frontex will provide information that will help tackle security challenges in the Central Mediterranean. We also work together to help save lives at sea,” said Frontex Director Fabrice Leggeri.

“I am happy to sign the agreement with Frontex in order to strengthen our common action in order to ensure the security of EU borders and stem illicit traffic in the Mediterranean Sea,” said Admiral #Fabio_Agostini, IRINI Operation Commander, during the virtual ceremony.

https://frontex.europa.eu/thumb/Images_News/2021/IRINI_main.prop_750x.83b3c144b0.png

The working arrangement was signed during a virtual ceremony by Frontex’s Executive Director Fabrice Leggeri and Rear Admiral Fabio Agostini, the Commander of Operation IRINI and attended by Director-General for Migration and Home Affairs #Monique_Pariat.

EUNAVFOR MED Operation IRINI is tasked with the implementation of the United Nation Security Council Resolutions on the arms embargo on Libya through the use of aerial, satellite and maritime assets.
Cooperation with EU’s Common Security and Defense Policy missions is an integral part of Frontex’s activities. Before the launch of IRINI, the agency worked with EUNAVFOR Med Sophia to together combat people smuggling and trafficking and helped the mission build a comprehensive picture of cross-border criminal activities in the Central Mediterranean.

▻https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/news-release/frontex-to-expand-cooperation-with-operation-irini-IYCjyo

#frontières #asile #migrations #réfugiés #operation_IRINI #EUNAVFOR_MED_IRINI #militarisation_des_frontières #Méditerranée #mer_Méditerranée #Méditerranée_Centrale #information #données #sécurité #sauvetage #accord

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Blob Opera — Google Arts & Culture
▻https://artsandculture.google.com/experiment/AAHWrq360NcGbw?cp=e30%2E

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La fantaisie des Dieux. #Rwanda 1994

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Une BD reportage sur le génocide des tutsis au Rwanda.

Il n’y avait plus de mots. Juste ce silence. Épais, lourd. C’était un génocide, celui des Tutsis du Rwanda, le troisième du XXe siècle.

Il faisait beau, il faisait chaud. Nous avions pénétré le monde du grand secret.

Sur les collines de Bisesero, des instituteurs tuaient leurs élèves, des policiers menaient la battue. C’était la « grande moisson ».

François Mitterrand niait « le crime des crimes ». Comment raconter ?

▻http://www.arenes.fr/livre/la-fantaisie-des-dieux
#BD #livre

#génocide #crime_contre_l'humanité #France #François_Mitterrand #Mitterrand #silence #Opération_Turquoise #opération_humanitaire #extermination #Home_Saint-Jean #folie #organisation #déni #folie_raisonnée #Bisesero #Kibuye #Nyagurati #violence #guerre #guerre_civile #histoire

Dans la région lyonnaise, des #violences en écho au conflit du #Haut-Karabakh

https://medias.liberation.fr/photo/1344049-capture-d-ecran-2020-10-29-a-182422.jpg?modified_at=1603996558&width=960#.jpg

Mercredi, des ultranationalistes turcs ont voulu en découdre avec la communauté arménienne dans l’Isère et le Rhône. Plusieurs enquêtes sont ouvertes.

▻https://www.liberation.fr/france/2020/10/29/dans-la-region-lyonnaise-des-violences-en-echo-au-conflit-du-haut-karabak
#Lyon #violence #Arménie #communauté_arménienne #Arméniens #France #pogroms #Vienne #pro-arméniens #pro-turcs #rixe #opération_escargot #paix #raid #Décines #Loups_gris #diaspora_arménienne

de @daphne (@wereport)

Le Vol du Boli : un opéra magique et choc à Paris
▻https://pan-african-music.com/le-vol-du-boli

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Presqu’aucune représentations… je risque pas de pouvoir le voir un jour :(

Au Théâtre du Châtelet, le musicien Damon Albarn et le cinéaste Abderrahmane Sissako réunissent un casting de rêve dans un spectacle historico-poétique qui entrechoque musique, danse et création visuelle pour évoquer le pillage de l’Afrique. Dernière ce soir, en attendant la fin du Covid.

[…]

Pour ce projet très ambitieux, il a invité le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, multicésarisé pour le film Timbuktu. En 2018, les deux hommes ont choisi de se rencontrer dans une ville qu’ils connaissent bien : Bamako. « J’ai tout de suite senti quelqu’un de profondément humble, heureux d’être là, à la disponibilité humaine et artistique exceptionnelle », raconte le cinéaste, qui assure l’écriture et la mise en scène du spectacle avec Dorcy Rugamba et Charles Castella. C’est Sissako qui propose à Albarn de prendre comme point de départ du spectacle Le Vol du Boli, un fétiche sacré utilisé dans le culte initiatique du Komo au Mali et au Burkina Faso, et qui est aujourd’hui exposé au Musée du Quai Branly. Le Boli est un objet doté de pouvoirs, à la nature composite et mystérieuse, qui mêle sang, terre et pâte de mil.

Ce fétiche tout-puissant en forme d’animal bossu pouvait garantir la paix sociale, apporter la prospérité ou punir. Dans l’Afrique Fantôme, l’écrivain et ethnologue Michel Leiris confie avoir volé le précieux totem. Dans ce livre, qui mélange récit ethnographique et personnel, Leiris se met à nu, et confie en filigrane qu’en étudiant d’autres sociétés humaines que la sienne, on ne peut pas oublier qui l’on est, sa propre culture, ses doutes et ses névroses. Cette lucidité contrite est oubliée par les auteurs du spectacle, qui se concentrent sur le boli comme symbole d’une société déstabilisée par ce vol, ce qu’Aminata Traoré appellera « le viol de l’imaginaire ».

[…]

Avec son air de gamin ravi, Albarn pilote encore un aréopage de musiciens talentueux, qui sont maliens, burkinabés, congolais, anglais, tous si brillant qu’il faut les citer. Le lumineux Lansiné Kouyaté au balafon, le griot Baba Sissako, Mike Smith (multi-instruments), Remi Kabaka (percussions), Cubain Kabeya (percussions), Mamadou Diabaté (kora), Guillaume Bernard (trombone/euphonium/saqueboute), Melissa Hié (doom doom/ calabash), Ophélia Hié (balafon pentatonic), Papy Kalula Mbongo (djembé), Mél Malonga (percussions/doom doom) et Xavier Terrasa (reed player) entrent en culture clash avec un chœur « de musique ancienne » qui représente la « voix » coloniale unie à ce groove afrofuturiste.

[…]

Et au-dessus des accords et des beats complexes de ce nouveau chapitre artistique afro-européen, plane la sublime chanteuse et actrice Fatoumata Diawara qui déploie ses talents griotiques avec une telle grâce qu’elle en devient presque mystique. À la fois Reine Mère, maîtresse de cérémonie, esclave ou patronne de maquis à Kinshasa. Sa présence traverse les frontières et les époques avec une élégance qui fait presque oublier les horreurs de l’histoire coloniale que cette pièce retrace depuis ses origines jusqu’à la mondialisation et la crise sanitaire actuelle. La qualité de l’orchestration porte donc haut les ambitions esthétiques, historiques, symboliques… et politiques de ce spectacle, dont les répétitions se sont déroulées entre le Mali, Paris, Montreuil et Londres au fil des deux dernières années.

#musique #opéra #Afrique #Europe #afrofuturisme #Damon_Albarn #Abderrahmane_Sissako #Fatoumata_Diawara #Mali

Cast away : the UK’s rushed charter flights to deport Channel crossers

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Warning: this document contains accounts of violence, attempted suicides and self harm.

The British government has vowed to clamp down on migrants crossing the Channel in small boats, responding as ever to a tabloid media panic. One part of its strategy is a new wave of mass deportations: charter flights, specifically targeting channel-crossers, to France, Germany and Spain.

There have been two flights so far, on the 12 and 26 August. The next one is planned for 3 September. The two recent flights stopped in both Germany (Duesseldorf) and France (Toulouse on the 12, Clermont-Ferrand on the 26). Another flight was planned to Spain on 27 August – but this was cancelled after lawyers managed to get everyone off the flight.

Carried out in a rush by a panicked Home Office, these mass deportations have been particularly brutal, and may have involved serious legal irregularities. This report summarises what we know so far after talking to a number of the people deported and from other sources. It covers:

The context: Calais boat crossings and the UK-France deal to stop them.

In the UK: Yarl’s Wood repurposed as Channel-crosser processing centre; Britannia Hotels; Brook House detention centre as brutal as ever.

The flights: detailed timeline of the 26 August charter to Dusseldorf and Clermont-Ferrand.

Who’s on the flight: refugees including underage minors and torture survivors.

Dumped on arrival: people arriving in Germany and France given no opportunity to claim asylum, served with immediate expulsion papers.

The legalities: use of the Dublin III regulation to evade responsibility for refugees.

Is it illegal?: rushed process leads to numerous irregularities.

“that night, eight people cut themselves”

“That night before the flight (25 August), when we were locked in our rooms and I heard that I had lost my appeal, I was desperate. I started to cut myself. I wasn’t the only one. Eight people self-harmed or tried to kill themselves rather than be taken on that plane. One guy threw a kettle of boiling water on himself. One man tried to hang himself with the cable of the TV in his room. Three of us were taken to hospital, but sent back to the detention centre after a few hours. The other five they just took to healthcare [the clinic in Brook House] and bandaged up. About 5 in the morning they came to my room, guards with riot shields. On the way to the van, they led me through a kind of corridor which was full of people – guards, managers, officials from the Home Office. They all watched while a doctor examined me, then the doctor said – ‘yes, he’s fit to fly’. On the plane later I saw one guy hurt really badly, fresh blood on his head and on his clothes. He hadn’t just tried to stop the ticket, he really wanted to kill himself. He was taken to Germany.”

Testimony of a deported person.

The context: boats and deals

Since the 1990s, tens of thousands of people fleeing war, repression and poverty have crossed the “short straits” between Calais and Dover. Until 2018, people without papers attempting to cross the Channel did so mainly by getting into lorries or on trains through the Channel Tunnel. Security systems around the lorry parks, tunnel and highway were escalated massively following the eviction of the big Jungle in 2016. This forced people into seeking other, ever more dangerous, routes – including crossing one of the world’s busiest waterways in small boats. Around 300 people took this route in 2018, a further 2000 in 2019 – and reportedly more than 5,000 people already by August 2020.

These crossings have been seized on by the UK media in their latest fit of xenophobic scaremongering. The pattern is all too familiar since the Sangatte camp of 1999: right-wing media outlets (most infamously the Daily Mail, but also others) push-out stories about dangerous “illegals” swarming across the Channel; the British government responds with clampdown promises.

Further stoked by Brexit, recent measures have included:

Home Secretary Priti Patel announcing a new “Fairer Borders” asylum and immigration law that she promises will “send the left into meltdown”.

A formal request from the Home Office to the Royal Navy to assist in turning back migrants crossing by boat (although this would be illegal).

Negotiations with the French government, leading to the announcement on 13 August of a “joint operational plan” aimed at “completely cutting this route.”

The appointment of a “Clandestine Channel Threat Commander” to oversee operations on both sides of the Channel.

The concrete measures are still emerging, but notable developments so far include:

Further UK payments to France to increase security – reportedly France demanded £30 million.

French warships from the Naval base at Cherbourg patrolling off the coast of Calais and Dunkirk.

UK Border Force Cutters and Coastal Patrol Vessels patrolling the British side, supported by flights from Royal Air Force surveillance planes.

The new charter flight deportation programme — reportedly named “Operation Sillath” by the Home Office.

For the moment, at least, the governments are respecting their minimal legal obligations to protect life at sea. And there has not been evidence of illegal “push backs” or “pull backs”: where the British “push” or the French “pull” boats back across the border line by force. When these boats are intercepted in French waters the travellers are taken back to France. If they make it into UK waters, Border Force pick them up and disembark them at Dover. They are then able to claim asylum in the UK.

There is no legal difference in claiming asylum after arriving by boat, on a plane, or any other way. However, these small boat crossers have been singled out by the government to be processed in a special way seemingly designed to deny them the right to asylum in the UK.

Once people are safely on shore the second part of Priti Patel’s strategy to make this route unviable kicks in: systematically obstruct their asylum claims and, where possible, deport them to France or other European countries. In practice, there is no way the Home Office can deport everyone who makes it across. Rather, as with the vast majority of immigration policy, the aim is to display toughness with a spectacle of enforcement – not only in an attempt to deter other arrivals, but perhaps, above all else, to play to key media audiences.

This is where the new wave of charter flights come in. Deportations require cooperation from the destination country, and the first flight took place on 12 August in the midst of the Franco-British negotiations. Most recently, the flights have fed a new media spectacle in the UK: the Home Office attacking “activist lawyers” for doing their job and challenging major legal flaws in these rushed removals.

The Home Office has tried to present these deportation flights as a strong immediate response to the Channel crossings. The message is: if you make it across, you’ll be back again within days. Again, this is more spectacle than reality. All the people we know of on the flights were in the UK for several months before being deported.

In the UK: Yarl’s Wood repurposed

Once on shore people are taken to one of two places: either the Kent Intake Unit, which is a Home Office holding facility (i.e., a small prefab cell complex) in the Eastern Docks of Dover Port; or the Dover police station. This police stations seems increasingly to be the main location, as the small “intake unit” is often at capacity. There used to be a detention centre in Dover where new arrivals were held, notorious for its run-down state, but this was closed in October 2015.

People are typically held in the police station for no more than a day. The next destination is usually Yarl’s Wood, the Bedfordshire detention centre run by Serco. This was, until recently, a longer term detention centre holding mainly women. However, on 18 August the Home Office announced Yarl’s Wood been repurposed as a “Short Term Holding Facility” (SHTF) specifically to process people who have crossed the Channel. People stay usually just a few days – the legal maximum stay for a “short term” facility is seven days.

Yarl’s Wood has a normal capacity of 410 prisoners. According to sources at Yarl’s Wood:

“last week it was almost full with over 350 people detained. A few days later this number
had fallen to 150, showing how quickly people are moving through the centre. As of Tuesday 25th of August there was no one in the centre at all! It seems likely that numbers will fluctuate in line with Channel crossings.”

The same source adds:

“There is a concern about access to legal aid in Yarl’s Wood. Short Term Holding Facility regulations do not require legal advice to be available on site (in Manchester, for example, there are no duty lawyers). Apparently the rota for duty lawyers is continuing at Yarl’s Wood for the time being. But the speed with which people are being processed now means that it is practically impossible to sign up and get a meeting with the duty solicitor before being moved out.”

The Home Office conducts people’s initial asylum screening interviews whilst they are at Yarl’s Wood. Sometimes these are done in person, or sometimes by phone.

This is a crucial point, as this first interview decides many people’s chance of claiming asylum in the UK. The Home Office uses information from this interview to deport the Channel crossers to France and Germany under the Dublin III regulation. This is EU legislation which allows governments to pass on responsibility for assessing someone’s asylum claim to another state. That is: the UK doesn’t even begin to look at people’s asylum cases.

From what we have seen, many of these Dublin III assessments were made in a rushed and irregular way. They often used only weak circumstantial evidence. Few people had any chance to access legal advice, or even interpreters to explain the process.

We discuss Dublin III and these issues below in the Legal Framework section.
In the UK: Britain’s worst hotels

From Yarl’s Wood, people we spoke to were given immigration bail and sent to asylum accommodation. In the first instance this currently means a cheap hotel. Due to the COVID-19 outbreak, the Home Office ordered its asylum contractors (Mears, Serco) to shut their usual initial asylum accommodation and move people into hotels. It is not clear why this decision was made, as numerous accounts suggest the hotels are much worse as possible COVID incubators. The results of this policy have already proved fatal – we refer to the death of Adnan Olbeh in a Glasgow hotel in April.

Perhaps the government is trying to prop up chains such as Britannia Hotels, judged for seven years running “Britain’s worst hotel chain” by consumer magazine Which?. Several people on the flights were kept in Britannia hotels. The company’s main owner, multi-millionaire Alex Langsam, was dubbed the “asylum king” by British media after winning previous asylum contracts with his slum housing sideline.

Some of the deportees we spoke to stayed in hotel accommodation for several weeks before being moved into normal “asylum dispersal” accommodation – shared houses in the cheapest parts of cities far from London. Others were picked up for deportation directly from the hotels.

In both cases, the usual procedure is a morning raid: Immigration Enforcement squads grab people from their beds around dawn. As people are in collaborating hotels or assigned houses, they are easy to find and arrest when next on the list for deportation.

After arrest, people were taken to the main detention centres near Heathrow (Colnbrook and Harmondsworth) or Gatwick (particularly Brook House). Some stopped first at a police station or Short Term Holding Facility for some hours or days.

All the people we spoke to eventually ended up in Brook House, one of the two Gatwick centres.
“they came with the shields”

“One night in Brook House, after someone cut himself, they locked everyone in. One man panicked and started shouting asking the guards please open the door. But he didn’t speak much English, he was shouting in Arabic. He said – ‘if you don’t open the door I will boil water in my kettle and throw it on my face.’ But they didn’t understand him, they thought he was threatening them, saying he would throw it at them. So they came with the shields, took him out of his room and put him into a solitary cell. When they put him in there they kicked him and beat him, they said ‘don’t threaten us again’.” Testimony of a deported person.

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Brook House

Brook House remains notorious, after exposure by a whistleblower of routine brutality and humiliation by guards then working for G4S. The contract has since been taken over by Mitie’s prison division – branded as “Care and Custody, a Mitie company”. Presumably, many of the same guards simply transferred over.

In any case, according to what we heard from the deported people, nothing much has changed in Brook House – viciousness and violence from guards remains the norm. The stories included here give just a few examples. See recent detainee testimonies on the Detained Voices blog for much more.
“they only care that you don’t die in front of them”

“I was in my room in Brook House on my own for 12 days, I couldn’t eat or drink, just kept thinking, thinking about my situation. I called for the doctors maybe ten times. They did come a couple of times, they took my blood, but they didn’t do anything else. They don’t care about your health or your mental health. They are just scared you will die there. They don’t care what happens to you just so long as you don’t die in front of their eyes. It doesn’t matter if you die somewhere else.” Testimony of a deported person.
Preparing the flights

The Home Office issues papers called “Removal Directions” (RDs) to those they intend to deport. These specify the destination and day of the flight. People already in detention should be given at least 72 hours notice, including two working days, which allows them to make final appeals.

See the Right to Remain toolkit for detailed information on notice periods and appeal procedures.

All UK deportation flights, both tickets on normal scheduled flights and chartered planes, are booked by a private contractor called Carlson Wagonlit Travel (CWT). The main airline used by the Home Office for charter flights is a charter company called Titan Airways.

See this 2018 Corporate Watch report for detailed information on charter flight procedures and the companies involved. And this 2020 update on deportations overall.

On the 12 August flight, legal challenges managed to get 19 people with Removal Directions off the plane. However, the Home Office then substituted 14 different people who were on a “reserve list”. Lawyers suspect that these 14 people did not have sufficient access to legal representation before their flight which is why they were able to be removed.

Of the 19 people whose lawyers successfully challenged their attempted deportation, 12 would be deported on the next charter flight on 26 August. 6 were flown to Dusseldorf in Germany, and 6 to Clermont-Ferrand in France.

Another flight was scheduled for the 27 August to Spain. However, lawyers managed to get everyone taken off, and the Home Office cancelled the flight. A Whitehall source was quoted as saying “there was 100% legal attrition rate on the flight due to unprecedented and organised casework barriers sprung on the government by three law firms.” It is suspected that the Home Office will continue their efforts to deport these people on future charter flights.

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Who was deported?

All the people on the flights were refugees who had claimed asylum in the UK immediately on arrival at Dover. While the tabloids paint deportation flights as carrying “dangerous criminals”, none of these people had any criminal charges.

They come from countries including Iraq, Yemen, Sudan, Syria, Afghanistan and Kuwait. (Ten further Yemenis were due to be on the failed flight to Spain. In June, the UK government said it will resume arms sales to Saudi Arabia to use in the bombardment of the country that has cost tens of thousands of lives).

All have well-founded fears of persecution in their countries of origin, where there have been extensive and well-documented human rights abuses. At least some of the deportees are survivors of torture – and have been documented as such in the Home Office’s own assessments.

One was a minor under 18 who was age assessed by the Home Office as 25 – despite them being in possession of his passport proving his real age. Unaccompanied minors should not legally be processed under the Dublin III regulation, let alone held in detention and deported.

Many, if not all, have friends and families in the UK.

No one had their asylum case assessed – all were removed under the Dublin III procedure (see Legal Framework section below).

Timeline of the flight on 26 August

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Night of 25 August: Eight people due to be on the flight self-harm or attempt suicide. Others have been on hunger strike for more than a week already. Three are taken to hospital where they are hastily treated before being discharged so they can still be placed on the flight. Another five are simply bandaged up in Brook House’s healthcare facility. (See testimony above.)

26 August, 4am onwards: Guards come to take deportees from their rooms in Brook House. There are numerous testimonies of violence: three or four guards enter rooms with shields, helmets, and riot gear and beat up prisoners if they show any resistance.

4am onwards: The injured prisoners are taken by guards to be inspected by a doctor, in a corridor in front of officials, and are certified as “fit to fly”.

5am onwards: Prisoners are taken one by one to waiting vans. Each is placed in a separate van with four guards. Vans are labelled with the Mitie “Care and Custody” logo. Prisoners are then kept sitting in the vans until everyone is loaded, which takes one to two hours.

6am onwards: Vans drive from Brook House (near Gatwick Airport) to Stansted Airport. They enter straight into the airport charter flight area. Deportees are taken one by one from the vans and onto Titan’s waiting plane. It is an anonymous looking white Airbus A321-211 without the company’s livery, with the registration G-POWU. They are escorted up the steps with a guard on each side.

On the plane there are four guards to each person: one seated on each side, one in the seat in front and one behind. Deportees are secured with restraint belts around their waists, so that their arms are handcuffed to the belts on each side. Besides the 12 deportees and 48 guards there are Home Office officials, Mitie managers, and two paramedics on the plane.

7.48AM (BST): The Titan Airways plane (using flight number ZT311) departs Stansted airport.

9.44AM (CEST): The flight lands in Dusseldorf. Six people are taken off the plane and are handed over to the German authorities.

10.46AM (CEST): Titan’s Airbus takes off from Dusseldorf bound for Clermont-Ferrand, France with the remaining deportees.

11.59AM (CEST): The Titan Airways plane (now with flight number ZT312) touches down at Clermont-Ferrand Auvergne airport and the remaining six deportees are disembarked from the plane and taken into the custody of the Police Aux Frontières (PAF, French border police).

12:46PM (CEST): The plane leaves Clermont-Ferrand to return to the UK. It first lands in Gatwick, probably so the escorts and other officials get off, before continuing on to Stansted where the pilots finish their day.

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Dumped on arrival: Germany

What happened to most of the deportees in Germany is not known, although it appears there was no comprehensive intake procedure by the German police. One deportee told us German police on arrival in Dusseldorf gave him a train ticket and told him to go to the asylum office in Berlin. When he arrived there, he was told to go back to his country. He told them he could not and that he had no money to stay in Berlin or travel to another country. The asylum office told him he could sleep on the streets of Berlin.

Only one man appears to have been arrested on arrival. This was the person who had attempted suicide the night before, cutting his head and neck with razors, and had been bleeding throughout the flight.
Dumped on arrival: France

The deportees were taken to Clermont-Ferrand, a city in the middle of France, hundreds of kilometres away from metropolitan centres. Upon arrival they were subjected to a COVID nose swab test and then held by the PAF while French authorities decided their fate.

Two were released around an hour and a half later with appointments to claim asylum in around one week’s time – in regional Prefectures far from Clermont-Ferrand. They were not offered any accommodation, further legal information, or means to travel to their appointments.

The next person was released about another hour and a half after them. He was not given an appointment to claim asylum, but just provided with a hotel room for four nights.

Throughout the rest of the day the three other detainees were taken from the airport to the police station to be fingerprinted. Beginning at 6PM these three began to be freed. The last one was released seven hours after the deportation flight landed. The police had been waiting for the Prefecture to decide whether or not to transfer them to the detention centre (Centre de Rétention Administrative – CRA). We don’t know if a factor in this was that the nearest detention centre, at Lyon, was full up.

However, these people were not simply set free. They were given expulsion papers ordering them to leave France (OQTF: Obligation de quitter le territoire français), and banning them from returning (IRTF: Interdiction de retour sur le territoire français). These papers allowed them only 48 hours to appeal. The British government has said that people deported on flights to France have the opportunity to claim asylum in France. This is clearly not true.

In a further bureaucratic contradiction, alongside expulsion papers people were also given orders that they must report to the Clermont-Ferrand police station every day at 10:00AM for the next 45 days (potentially to be arrested and detained at any point). They were told that if they failed to report, the police would consider them on the run.

The Prefecture also reserved a place in a hotel many kilometres away from the airport for them for four nights, but not any further information or ways to receive food. They were also not provided any way to get to this hotel, and the police would not help them – stating that their duty finished once they gave the deportees their papers.

“After giving me the expulsion papers the French policeman said ‘Now you can go to England.’” (Testimony of deported person)

The PAF showed a general disregard for the health and well-being of the deportees who were in the custody throughout the day. One of the deportees had been in a wheel-chair throughout the day and was unable to walk due to the deep lacerations on his feet from self-harming. He was never taken to the hospital, despite the doctor’s recommendation, neither during the custody period nor after his release. In fact, the only reason for the doctor’s visit in the first place was to assess whether he was fit to be detained should the Prefecture decide that. The police kept him in his bloody clothes all day, and when they released him he did not have shoes and could barely walk. No crutches were given, nor did the police offer to help him get to the hotel. He was put out on the street having to carry all of his possessions in a Home Office issue plastic bag.
“the hardest night of my life”

“It was the hardest night of my life. My heart break was so great that I seriously thought of suicide. I put the razor in my mouth to swallow it; I saw my whole life pass quickly until the first hours of dawn. The treatment in detention was very bad, humiliating and degrading. I despised myself and felt that my life was destroyed, but it was too precious to lose it easily. I took the razor out from my mouth before I was taken out of the room, where four large-bodied people, wearing armour similar to riot police and carrying protective shields, violently took me to the large hall at the ground floor of the detention centre. I was exhausted, as I had been on hunger strike for several days. In a room next to me, one of the deportees tried to resist and was beaten so severely that blood dripping from his nose. In the big hall, they searched me carefully and took me to a car like a dangerous criminal, two people on my right and left, they drove for about two hours to the airport, there was a big passenger plane on the runway. […] That moment, I saw my dreams, my hopes, shattered in front of me when I entered the plane.”

Testimony of deported person (from Detained Voices: ▻https://detainedvoices.com/2020/08/27/brook-house-protestor-on-his-deportation-it-was-the-hardest-night-of).

https://corporatewatch.org/wp-content/uploads/2020/08/careandcustody-1-600x307.jpg

The Legal Framework: Dublin III

These deportations are taking place under the Dublin III regulation. This is EU law that determines which European country is responsible for assessing a refugee’s asylum claim. The decision involves a number of criteria, the primary ones being ‘family unity’ and the best interests of children. Another criterion, in the case of people crossing borders without papers, is which country they first entered ‘irregularly’. In the law, this is supposed to be less important than family ties – but it is the most commonly used ground by governments seeking to pass on asylum applicants to other states. All the people we know of on these flights were “Dublined” because the UK claimed they had previously been in France, Germany or Spain.

(See: House of Commons intro briefing; Right to Remain toolkit section:
▻https://commonslibrary.parliament.uk/what-is-the-dublin-iii-regulation-will-it-be-affected-by-b
▻https://righttoremain.org.uk/toolkit/dublin)

By invoking the Dublin regulation, the UK evades actually assessing people’s asylum cases. These people were not deported because their asylum claims failed – their cases were simply never considered. The decision to apply Dublin III is made after the initial screening interview (now taking place in Yarl’s Wood). As we saw above, very few people are able to access any legal advice before these interviews are conducted and sometimes they are carried out by telephone or without adequate translation.

Under Dublin III the UK must make a formal request to the other government it believes is responsible for considering the asylum claim to take the person back, and present evidence as to why that government should accept responsibility. Typically, the evidence provided is the record of the person’s fingerprints registered by another country on the Europe-wide EURODAC database.

However, in the recent deportation cases the Home Office has not always provided fingerprints but instead relied on weak circumstantial evidence. Some countries have refused this evidence, but others have accepted – notably France.

There seems to be a pattern in the cases so far where France is accepting Dublin III returns even when other countries have refused. The suspicion is that the French government may have been incentivised to accept ‘take-back’ requests based on very flimsy evidence as part of the recent Franco-British Channel crossing negotiations (France reportedly requested £30m to help Britain make the route ‘unviable’).

In theory, accepting a Dublin III request means that France (or another country) has taken responsibility to process someone’s asylum claim. In practice, most of the people who arrived at Clermont-Ferrand on 26 August were not given any opportunity to claim asylum – instead they were issued with expulsion papers ordering them to leave France and Europe. They were also only given 48 hours to appeal these expulsions orders without any further legal information; a near impossibility for someone who has just endured a forceful expulsion and may require urgent medical treatment.

Due to Brexit, the United Kingdom will no longer participate in Dublin III from 31 December 2020. While there are non-EU signatories to the agreement like Switzerland and Norway, it is unclear what arrangements the UK will have after that (as with basically everything else about Brexit). If there is no overall deal, the UK will have to negotiate numerous bilateral agreements with European countries. This pattern of expedited expulsion without a proper screening process established with France could be a taste of things to come.

Conclusion: rushed – and illegal?

Charter flight deportations are one of the most obviously brutal tools used by the UK Border Regime. They involve the use of soul-crushing violence by the Home Office and its contractors (Mitie, Titan Airways, Britannia Hotels, and all) against people who have already lived through histories of trauma.

For these recent deportations of Channel crossers the process seems particularly rushed. People who have risked their lives in the Channel are scooped into a machine designed to deny their asylum rights and expel them ASAP – for the sake of a quick reaction to the latest media panic. New procedures appear to have been introduced off the cuff by Home Office officials and in under-the-table deals with French counterparts.

As a result of this rush-job, there seem to be numerous irregularities in the process. Some have been already flagged up in the successful legal challenges to the Spanish flight on 27 August. The detention and deportation of boat-crossers may well be largely illegal, and is open to being challenged further on both sides of the Channel.

Here we recap a few particular issues:

The highly politicised nature of the expulsion process for small boat crossers means they are being denied access to a fair asylum procedure by the Home Office.

The deportees include people who are victims of torture and of trafficking, as well as under-aged minors.

People are being detained, rushed through screening interviews, and “Dublined” without access to legal advice and necessary information.

In order to avoid considering asylum requests, Britain is applying Dublin III often just using flimsy circumstantial evidence – and France is accepting these requests, perhaps as a result of recent negotiations and financial arrangements.

Many deportees have family ties in the UK – but the primary Dublin III criterion of ‘family unity’ is ignored.

In accepting Dublin III requests France is taking legal responsibility for people’s asylum claims. But in fact it has denied people the chance to claim asylum, instead immediately issuing expulsion papers.

These expulsion papers (‘Order to quit France’ and ‘Ban from returning to France’ or ‘OQTF’ and ‘IRTF’) are issued with only 48 hour appeal windows. This is completely inadequate to ensure a fair procedure – even more so for traumatised people who have just endured detention and deportation, then been dumped in the middle of nowhere in a country where they have no contacts and do not speak the language.

This completely invalidates the Home Office’s argument that the people it deports will be able to access a fair asylum procedure in France.

▻https://corporatewatch.org/cast-away-the-uks-rushed-charter-flights-to-deport-channel-crossers

#asile #migrations #réfugiés #UK #Angleterre #Dublin #expulsions #renvois #Royaume_Uni #vols #charter #France #Allemagne #Espagne #Home_Office #accord #témoignage #violence #Brexit #Priti_Patel #Royal_Navy #plan_opérationnel_conjoint #Manche #Commandant_de_la_menace_clandestine_dans_la_Manche #Cherbourg #militarisation_des_frontières #frontières #Calais #Dunkerque #navires #Border_Force_Cutters #avions_de_surveillance #Royal_Air_Force #Opération_Sillath #refoulements #push-backs #Douvres #Kent_Intake_Unit #Yarl’s_Wood #Bedfordshire #Serco #Short_Term_Holding_Facility (#SHTF) #hôtel #Mears #hôtels_Britannia #Alex_Langsam #Immigration_Enforcement_squads #Heathrow #Colnbrook #Harmondsworth #Gatwick #aéroport #Brook_Hous #G4S #Removal_Directions #Carlson_Wagonlit_Travel (#CWT) #privatisation #compagnies_aériennes #Titan_Airways #Clermont-Ferrand #Düsseldorf

@karine4 —> il y a une section dédiée à l’arrivée des vols charter en France (à Clermont-Ferrand plus précisément) :
Larguées à destination : la France

ping @isskein

#Paris-Milan : Carla extradée, une première lettre
▻https://fr.squat.net/2020/08/26/paris-milan-carla-extradee-une-premiere-lettre

Mardi 25 août 2020, Carla, arrêtée le 26 juillet dernier, a finalement été extradée en #Italie. Elle est désormais incarcérée à la #prison de Vigevano, près de #Milan, en module AS3 (alta sicurezza 3). Cette section d’isolement haute sécurité est initialement réservée aux détenu-es qui sont accusé-es d’appartenir à la mafia. Depuis la fermeture de […]

#anti-terrorisme #Coronavirus #Opération_Étincelle

#Terra_Migra

http://www.gallimard-jeunesse.fr/var/storage/images/product/6c4/product_9782075099370_244x0.jpg

« Je suis Terra Migra, mes sourires sont faits de fleurs, de chants d’oiseaux. Mes larmes sont de sel dans des rives lointaines. »

Ainsi s’adresse notre planète à deux personnages que le hasard a fait se rencontrer. L’un est fataliste, l’autre ouvert au monde. Ce monde-là est celui des migrants vivants ou en grand danger d’oubli. De quelle Histoire présente ou disparue viennent-ils ?

Superbement mis en musique par #Marc-Olivier_Dupin, le texte et les illustrations de #Pef évoquent de manière extrêmement sensible et juste la peur de l’autre, le racisme, les guerres, les migrations, la Terre-Mère.

#musique #opéra #migrations #asile #réfugiés #Méditerranée #morts #décès #Aylan

▻http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Albums-Gallimard-Jeunesse/Terra-Migra
... un cadeau qui m’a été offert par @isskein

Du colonialisme italien
#métaliste, évidemment non exhaustive, d’infos publiées sur seenthis concernant le #colonialisme_italien

#Italie #colonisation #colonialisme #histoire #mémoire #Italie_coloniale

How to Fight Against Big Tech’s Power
▻https://www.nytimes.com/2020/07/29/technology/personaltech/big-tech-power-how-to-fight.html?auth=login-email&login=email

In the morning, you check email. At noon, you browse social media and message friends. In the evening, you listen to music while shopping online. Around bedtime, you curl up with an e-book. For all of those activities, you probably used a product made or sold by Google, Amazon, Apple or Facebook. There’s no simple way to avoid those Big Four. Even if you subscribed to Spotify, you would probably still be using a Google Android phone, an Amazon speaker or an Apple iPhone to stream the music. (...)

#Apple #Google #Amazon #Mastodon_ #Facebook #Android #Brave #Firefox #Opera #smartphone #DuckDuckGo #consommation #technologisme #domination (...)

##addiction

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