La operación, de carácter extraordinario, se basa en un pacto que España y Marruecos firmaron en 1992.
La Policía Nacional ha devuelto a Marruecos a los 116 subsaharianos que este miércoles saltaron la valla de Ceuta. Únicamente permanecen en España los dos menores que participaron en la entrada. El Gobierno ha recurrido para repatriarlos a un convenido firmado en 1992 por los entonces ministros del Interior de ambos países, José Luis Corcuera y Driss Basri, que contemplaba la expulsión en menos de 10 días de los ciudadanos de terceros países que entraran ilegalmente en España desde Marruecos. En sus 26 años, el acuerdo solo se había aplicado de manera excepcional.
Firmado tras un repunte de la llegada de pateras a las costas andaluzas a comienzo de los noventa, en sus primeros 13 años en vigor el convenio sirvió para expulsar únicamente a 114 migrantes. En 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó reactivarlo, pero sin éxito. Tampoco lo logró Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del PP, quien en 2014 llegó a plantear a Marruecos su aplicación solo a aquellos que lograran saltar la valla de “forma violenta”. Desde entonces, se había utilizado en contadas ocasiones y, siempre, con un número de extranjeros muy inferior al de este jueves.
Fuentes policiales destacan que las reticencias de Rabat a admitir ciudadanos de terceros países por esta vía había convertido su aplicación en excepcional. En los últimos años se aplicaba únicamente a los no marroquíes que arribaban en patera a las Islas Chafarinas, un archipiélago de soberanía española situado a 27 millas náuticas de Melilla y a 1,9 de la costa de Marruecos, en las que solo hay un destacamento militar español.
La decisión de reactivar el acuerdo de Corcuera más allá de estas pateras la tomó el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado 26 de julio, después de que más de 600 inmigrantes lograran saltar la valla de Ceuta. Los ministros del Interior y Asuntos Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y Josep Borrell, respectivamente, solicitaron entonces a Marruecos que permitiera la entrega de, al menos, una parte de este numeroso grupo, pero Rabat rechazó la propuesta, según detallan fuentes de Interior conocedoras de aquellos contactos. Marruecos sí se comprometió a aplicar el convenio si se volvía a producir un salto masivo, como el que finalmente se produjo este miércoles otra vez en Ceuta. España inició entonces los contactos, pero las autoridades del país magrebí volvieron a mostrar reticencias. Grande-Marlaska entró en contacto esa misma tarde con sus interlocutores magrebíes para desatascar la situación.
Los responsables de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras desplegaron entonces un amplio dispositivo para cumplimentar los trámites en pocas horas. Los migrantes fueron trasladados de 10 en 10 desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta a dependencias policiales para tramitar el expediente de devolución de forma exprés. Tras tomarles la filiación, se les entregaba la orden de expulsión en presencia de un abogado. De allí, pasaban a los calabozos para su posterior traslado en vehículos a la frontera. Interior ha marcado distancias con las polémicas devoluciones en caliente, en las que no se produce ninguna de estas circunstancias y que ya han costado una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Portavoces del ministerio recalcaban que “ninguno” de los 116 inmigrantes ahora devueltos a Marruecos solicitó asilo durante este trámite.
España pagará los gastos
Fuentes del equipo de Grande-Marlaska reconocen que el procedimiento habitual es que la devolución se haga directamente con el país de origen. Sin embargo, el acuerdo ahora esgrimido contempla la posibilidad de que regresen al país desde el que han cruzado la frontera, pese a que no sean oriundos de allí. “La clave es que han entrado por Marruecos”, recalcan estas fuentes. El convenio recoge que España se hace cargo tanto de los gastos de transporte a Marruecos como, posteriormente, desde allí a sus países de origen.
Interior recalca que la entrada de los ahora devueltos se produjo de forma “ilegal y violenta” tras arrojar cal viva, ácido y excrementos a los guardias civiles que custodiaban la frontera. Siete agentes y cinco migrantes resultados heridos. “Legalmente, su situación es muy distinta de los que se les rescata en el mar”, recuerdan desde el ministerio. En el caso del auxilio de las pateras, la normativa internacional establece la obligación de los servicios de salvamento de llevar a los rescatados al puerto seguro más cercano.
