• #Sénégal, les pirogues de la dernière chance

    Début mars, des #révoltes populaires d’une ampleur inédite ont secoué le Sénégal. Aux origines profondes de cette colère, une situation sociale et économique catastrophique, empirée par la #pandémie. C’est cette même #précarité doublée d’un avenir obstinément bouché qui pousse de nombreux jeunes à prendre la mer en direction de l’Europe, par les Canaries. Un périple trop souvent meurtrier. Des militants et voyageurs sénégalais nous ont parlé de cette #route_atlantique, de ses dangers, et de ce qui pousse tant de personnes à braver la mort.


    http://cqfd-journal.org/Senegal-les-pirogues-de-la

    #cartographie #visualisation #asile #migrations #réfugiés #risques #Afrique_de_l'Ouest #Canaries #îles_Canaries

  • Frontex y España se enfrentan por las operaciones contra la inmigración irregular

    La pugna por el despliegue en África y el creciente poder del cuerpo europeo llevaron a la agencia de control de fronteras a amenazar con su retirada

    Las relaciones entre España y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) son más tensas que nunca. La pugna por el despliegue de medios materiales y el control de los operativos ha llevado a Frontex a amagar con suspender su actividad en el Estrecho y las islas Canarias ―además del dispositivo que se despliega en cada operación #Paso_del_Estrecho― , según tres fuentes conocedoras del episodio. La decisión corrió el pasado miércoles por los despachos, llegó a comunicarse hasta a los agentes de la agencia desplegados en el archipiélago y amenazó con convertirse en una crisis política. El pasado viernes, Frontex salió al paso con un comunicado desde su sede en Varsovia para atajar rumores y anunciar que renovaba su presencia en España un año más.

    Las tensiones vienen de lejos y son el reflejo de la disputa entre los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y una agencia europea de fronteras con un mandato extendido. En los planes operativos para este 2021, que se cierran a principios de año, Frontex reclamaba a España mayor control sobre la inteligencia y el acceso a los datos de carácter personal en las fronteras españolas, competencias en materia de investigaciones transfronterizas (como las mafias de narcotráfico internacional) o el despliegue sobre el terreno del nuevo cuerpo de agentes europeos, un personal armado de cuya profesionalidad recelan las policías españolas. La propuesta no gustó a los negociadores. Un mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado considera que aceptar las propuestas de Varsovia supone una “entrega de soberanía” y cree que el conflicto “estallará cuando haya una desgracia”.

    Influencia en África

    La negociación de estos puntos ha estado marcada por otra de las principales batallas para España: el papel de la agencia en las islas Canarias, un enclave desde el que Frontex quiere ganar influencia en África. Actualmente, la agencia trabaja con un equipo de 26 agentes, españoles y extranjeros, que apoyan a la Policía Nacional en la identificación y las entrevistas a los migrantes con el objetivo de desbaratar las redes que les facilitan el viaje. Pero este despliegue tiene una cobertura limitada y el espectacular repunte de llegadas al archipiélago, que ha recibido casi 25.000 personas en los últimos 13 meses, impulsó nuevas negociaciones entre Varsovia y Madrid para lanzar una operación conjunta con la Guardia Civil en Senegal.

    El objetivo inicial era reformular la operación Hera II, un operativo que Frontex y la Guardia Civil ya habían desplegado de 2006 a 2019 en varios países de origen para cerrar la vía migratoria que se abrió durante la llamada crisis de los cayucos. Pero las diferencias entre unos y otros mantienen la iniciativa bloqueada.

    Por un lado, Frontex ―que aprobó un nuevo reglamento en 2019 que le da más autonomía― alega la necesidad de firmar su propio acuerdo bilateral con Dakar para patrullar sus costas, señalan fuentes españolas conocedoras de la negociación. Por otro, la #Guardia_Civil demanda que no haya condiciones para que la agencia colabore con más medios en origen y lo haga siempre bajo su coordinación.

    La Guardia Civil, que ya tiene acuerdos y agentes desplegados en Mauritania, Gambia y Senegal hace más de una década, siempre concentró el mando de las operaciones, las investigaciones y las relaciones con las autoridades locales y no tiene intención de renunciar a ello. “Hemos trabajado en todos estos ámbitos independientemente del decreciente apoyo de Frontex a lo largo de los últimos años porque consideraba esta ruta cerrada”, afirma una fuente española. En definitiva, la agencia con más presupuesto de la UE quiere más poder del que los agentes españoles están dispuestos a darle.

    España trató de plantarse en la negociación de los planes operativos con Frontex: si no hay ayuda de la agencia europea para un despliegue conjunto en Senegal, no se aceptarían las peticiones de mandato extendido de Frontex en territorio nacional, según otra fuente al tanto de las discusiones. Pero finalmente, tras la presión por una posible cancelación de las operaciones, se han aceptado las exigencias de Varsovia. “Es una lucha entre la realidad del terreno y la de los altos cargos que firman los reglamentos en la oficina”, según esta fuente.

    Frontex, que tiene presupuestados 5.600 millones de euros para los próximos siete años ―frente a los 19,2 millones de 2006―, incorporará 10.000 agentes propios para la vigilancia de fronteras y costas. En este contexto de crecimiento, la agencia empieza a demandar más control e influencia sobre las operaciones y no quiere limitarse a ofrecer barcos y aviones. Los agentes españoles, por su parte, quieren el apoyo de la agencia en los países de origen, pero siempre bajo su mando. No quieren ceder espacio ni competencias en un ámbito en el que llevan años invirtiendo recursos propios y experiencia.

    Fuentes europeas reconocen que la incorporación de guardias de Frontex a las operaciones en España “ha complicado la negociación del programa de trabajo para el nuevo año”. El programa debía renovarse, como en cada ejercicio, para entrar en vigor el 1 de febrero, pero las fricciones retrasaron la negociación: España, según fuentes conocedoras de la negociación, pidió cambios relevantes en los planes operativos; la agencia hizo una contrapropuesta, y las autoridades españolas no la aceptaron. El acuerdo no llegó hasta 29 de enero, al filo de que el plan de trabajo no se aprobase y los dos operativos de Frontex en España se quedaran sin base legal para su continuidad. En Frontex aseguran que las operaciones nunca estuvieron en peligro y que la voluntad de la agencia siempre ha sido mantener su presencia en España.

    En una entrevista con EL PAÍS el pasado 4 de enero el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, se refirió a los desencuentros entre Madrid y Varsovia.

    –¿Por qué cree que España no ve con buenos ojos la presencia de Frontex?

    – Eso me pregunto yo, por qué Frontex no está en Canarias cuando hay un serio problema y sí está masivamente en el Egeo, con cientos de agentes

    España apoyó desde el inicio, en 2005, la creación y puesta en marcha de Frontex, pero con el tiempo se ha mostrado reticente a implicar a los agentes de la agencia en sus competencias. “España se caracteriza por ser un Estado miembro que ha invertido considerables recursos públicos en operaciones de rescates en el mar además de en el control de sus fronteras exteriores”, afirma el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. “Eso explica que retenga bastante el protagonismo de su papel en fronteras, a diferencia de otros países que han recurrido más a la agencia, como Croacia, Grecia o incluso Italia”.

    La agencia está actualmente bajo una presión sin precedentes, cuando está a punto de convertirse en el primer cuerpo uniformado y armado en la historia de la UE. Las investigaciones cercan a su director, Fabrice Leggeri, sobre el que se han vertido duras críticas por su gestión, la degradación de las relaciones en el seno de la agencia y, sobre todo, por supuesta connivencia con la devolución en caliente de emigrantes en la frontera greco-turca.

    https://elpais.com/espana/2021-02-01/frontex-y-espana-se-enfrentan-por-las-operaciones-contra-la-inmigracion-irre

    Traduction:

    La lutte pour le déploiement en Afrique et la puissance croissante de l’organisme européen ont conduit l’agence de contrôle des frontières à menacer son retrait.
    Les relations entre l’Espagne et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) sont plus tendues que jamais. La lutte pour le déploiement des moyens matériels et la maîtrise des opérations a conduit Frontex à menacer de suspendre son activité dans le détroit et aux îles Canaries `` en plus du dispositif qui est déployé dans chaque opération au-dessus du détroit du détroit ’’, selon trois sources bien informées de l’épisode. La décision a traversé les bureaux mercredi dernier, elle a même été communiquée aux agents de l’agence déployés dans l’archipel et menaçait de devenir une crise politique. Vendredi dernier, Frontex a publié une déclaration de son siège à Varsovie pour arrêter les rumeurs et annoncer qu’elle renouvelait sa présence en Espagne pour une autre année.

    #Frontex #Espagne #asile #migrations #réfugiés #frontières #contrôles_frontaliers #opération_Paso_del_Estrecho #Canaries #îles_Canaries #Mauritanie #Gambie #Sénégal

  • When a migrant drowns, a whole community feels the loss. The hidden costs of Mediterranean shipwrecks on a remote Senegalese village

    On an unknown day in 2015, a shipwreck off the coast of Libya in the Mediterranean Sea took the life of Binta Balde’s second son.

    It was days before the news travelled the more than 3,400 kilometres back to the village of Anambe Counda in the remote south of Senegal where Binta lives and where her son, Demba, had been born.

    No one in the village knows the exact timeline of events. Lives here are ruled by the weather, and the passage of time is marked by the progress of two seasons: the rainy and the dry.

    All anyone can say with certainty is that news of the shipwreck arrived on a Friday, the communal day of prayer for the Muslim majority in the village.

    On that afternoon, grief-stricken cries pierced the normal, low din of neighbours chatting and children playing games. Binta froze. The shrieks came from the mud hut compound next to her own. Something terrible had happened.

    Binta rushed out to see if she could offer help, but before she reached anyone else, Mamadou, her eldest son, blocked her path.

    “There has been an accident,” he said. The neighbours’ son had drowned at sea while trying to reach Italy. But Mamadou hadn’t finished. “Demba was with him,” he said. “They were in the same boat. He died too.”

    Binta dropped to the ground as if she had been shot.

    Invisible victims

    Since 2014, when the UN’s migration agency, IOM, began keeping track, more than 21,500 people have died or disappeared attempting to cross the Mediterranean Sea to Europe. Already this year, almost 300 have perished. The true tally is undoubtedly higher, as some deaths are never officially recorded.

    Thousands more asylum seekers and migrants have died in the Sahara Desert and in Libya. There’s no official count, but IOM estimates the number could be twice as high as the fatalities in the Mediterranean.

    Behind every person who dies while trying to reach the EU are a family and friends – an entire community left to grapple with the impact of the loss. IOM refers to these people as the invisible victims of the humanitarian crisis in the Mediterranean.

    The impacts of the deaths on them are often material as well as emotional, and in places like Anambe Counda – far from the media and public gaze – they normally go entirely unseen.
    Demba

    Anambe Counda is part of the municipality of Pakour. Named after the largest village in the area, the municipality is a collection of 32 hamlets scattered across a vast plain near Senegal’s southern border with Guinea-Bissau. People in the area live on the knife-edge of poverty and are among the most likely in Senegal to migrate.

    Like other young men from Pakour, Binta’s son Demba left to help provide for his family. Demba’s father died when he was young. Polygamy is still relatively common in Senegal, and he left behind Binta, a second wife, and eight children.

    Growing up, Demba helped work the family’s small plot of land. But the family often had to ration food, especially between May and August when the stockpile from the previous year’s harvest ran low. During those months, having three meals a day was a luxury, and buying grain and rice on credit at an interest rate of around three percent was a major financial strain.

    Kolda, the administrative district where Pakour is located, is lush and replete with arable land and abundant water, unlike other arid and semi-arid parts of Senegal. Paradoxically, it is one of the poorest regions of the country. In rural areas, up to 65 percent of people at times lack the food to meet their basic nutritional needs.

    When he was 16, Demba moved to Dakar. Mamadou was already married, so it fell on Demba to leave in search of economic opportunity. Nobody in the family knows what work Demba found, but he was able to send home around $345 per month, split evenly between his mother and his father’s second wife – an impressive sum when the family’s income from the harvest was somewhere between $600 and $800 per year and Senegal’s monthly minimum wage is $94.

    Binta doesn’t know why Demba decided to leave for Europe. Dakar made sense. “After the harvest, there is nothing to do [in Pakour]. This is why he went [to Dakar],” Binta said.

    But Demba’s friends told TNH he wanted more than what his earnings in Dakar could bring. He had seen others who made it to Europe and were able to send more money back to their families. He wanted to build a concrete house for his mother and buy a car. But he didn’t tell Binta his plans because he was afraid she would worry and try to dissuade him. “If I had known it, I would have never allowed it,” Binta said, on the verge of tears. “I heard about the shipwrecks.”

    Demba did confide in Mamadou, who tried to persuade him not to go. But cautionary tales about danger in the Mediterranean were not enough to change Demba’s mind.

    When tragedy struck, news of Demba’s death eventually reached Anambe Counda by phone. A friend from a nearby village was on the same boat as Demba and the neighbour’s son. “He could save himself, but the others drowned,” Mamadou said of the neighbour.

    Demba was 22 years old.
    Frustrations

    Undocumented migration from Senegal to Europe peaked between 2014 and 2017. Over 28,000 Senegalese crossed the Mediterranean during those years, before the movement was curtailed by European policies aimed at restricting migration routes to Libya and reducing departures from the North African coast. Because of the absence of concrete data, it’s impossible to say for certain how many Senegalese died during that period.

    Despite the increased difficulty, the factors pushing people to migrate – especially lack of economic opportunity and disillusionment with seemingly corrupt and ineffective political leadership – haven’t gone away. In fact, over the past year, they have only been exacerbated by the COVID-19 pandemic.

    As a result, last year saw the revival of the Atlantic maritime route from the West African coast, including Senegal, to the Spanish Canary Islands – considered to be the most dangerous sea crossing for Africans trying to reach Europe. More than 400 people are believed to have died attempting the passage in the last week of October 2020 alone.

    At the beginning of March, the same set of frustrations pushing this upswing in migration also caused protesters to spill onto streets across Senegal, following the arrest of an opposition leader.

    Authorities responded by cracking down, with at least eight protesters killed in the clashes, including a teenager in a village 45 minutes from Pakour in Kolda, where frustrations over years of economic marginalisation and stagnant development are particularly acute.
    La recherche

    The Gambia, shaped like a gnarled finger, cuts through Senegal to the north of Pakour, dividing the Kolda region from the rest of the country and rendering transportation and commerce complicated and costly.

    The municipality – officially home to around 12,500 people, although many births go unrecorded – is on the eastern edge of Casamance, a territory stretching across southern Senegal where a low-intensity conflict between the Senegalese government and a separatist movement has been simmering since 1982. The fighting has not touched Pakour directly, but it has stunted economic development across the area.

    A two-day drive from Senegal’s capital, Dakar, the main village of Pakour has only limited access to off-grid electricity, and most of the surrounding villages have no access at all. There are no hospitals, and people travel from place to place on foot, by donkey, or, less often, on motorbikes.

    Despite the remoteness and economic struggles, walking on the red, dusty roads of the villages, almost everyone has a story to tell about attempting to migrate, or about family members and friends who left for Spain, Italy, or France. Since the 1980s, thousands of young men from the area, like Demba, have left to try to make a living in other parts of Senegal, Africa, and further away, in Europe.

    It is easy to spot which families have members overseas. Most inhabitants live in mud and straw huts with thatched roofs. The amount of millet, grain, and corn stockpiled on the roofs is a sign of comparative affluence: The larger the stockpile, the more likely it is that the family has a relative, or relatives, living abroad. Similarly, the few concrete homes mixed in with the huts are telltale signs of migration success stories.

    These benefits of what people in the villages call la recherche – the search, in French – are readily apparent, and make a tremendous difference when nearly 80 percent of people live in poverty and many families are forced to sometimes make do with one meal per day, mostly consisting of millet.

    The costs of la recherche are less easy to see.

    “We do not know how many people from our municipality died on their way to Europe, in the Mediterranean, in the Sahara, or in Libya,” a local official in Pakour, who asked to remain anonymous as he didn’t have permission to speak to the media, told The New Humanitarian.

    The deaths of people en route to Europe are often shrouded in ambiguity: A family doesn’t hear from a relative who has left for weeks, months, or years, and is left simply to presume the worst. Less frequently, as happened with Demba, a survivor or witness calls someone in the village to relay concrete news of a tragedy.

    The bodies of those who perish are never returned. They disappear below the waves, disintegrate into the sand, or end up interred in distant cemeteries beneath a plaque bearing no name. Without a body, without definitive answers, there is nothing to make the deaths concrete.

    As a result, the tangible benefits of migration continue to outweigh the abstract risks for those who want to leave, according to Seydina Mohamed L. Kane, a senior programme assistant with IOM. “They don’t see the losses,” Kane told TNH. “They don’t see the bodies.”
    Families

    “I cannot count the number of funerals I have officiated of young men who drowned,” Alassane Hane, Pakour’s chief imam, told TNH.

    For 25 years, Hane has been a reluctant witness to the exodus of youth from the municipality. Before they leave, young men often visit his mosque – a low, square building with blue paint peeling off its walls – asking for prayers of protection ahead of their journey. When they die, the imam shepherds their families through the mourning process.

    The fact the bodies are missing doesn’t prevent the community from organising funerals to symbolically acknowledge the loss. The men gather for prayers at the mosque, and the women sit together in the common area outside their huts, shedding tears.

    The time for catharsis and open expression of pain is brief. Families soon have to return to the task of scraping together a living. “It was God’s will,” people repeat stoically when asked about their loved ones who died migrating.

    Still, the pain endures. In private moments, family members sigh heavily, tears streak their cheeks, their body postures break, lives stagnate. It’s hard to move on without closure, and closure is difficult to find without material evidence of loss.

    Death also means there will be no financial lifeline from abroad, and it comes with additional costs. Many families sell belongings and borrow money to finance a relative’s travel to Europe. If the person dies, there’s no return on that investment. It’s also tradition for families to sacrifice animals, if they have them, and to offer the meat to fellow villagers during a funeral.

    Sathio Camara, from one of Pakour’s villages, died in the Mediterranean in 2018. He was 25 years old. He, like Demba, had hoped to reach Italy and send money back to his family. His mother sold one of the family’s two cows to help finance the trip and sacrificed the second for Sathio’s funeral.

    The cows had been a lifeline during difficult times. On top of their grief, Sathio’s loss has made the family even more economically insecure. “I could count on the milk [from the cows], and if we did not have anything to eat, we could sell it,” said Sathio’s mother, Salimatei Camara.
    Widows

    At 19, Ami has been a widow for nearly three years. Child marriage is common in Kolda – twice as common as in wealthier regions of Senegal. Like so many things in the area, the practice is connected to calculations around poverty and survival: Marrying a daughter into another family means one less person to support.

    Ami’s family arranged for her to wed Sathio when he was 21 and she was only 12. She moved into Sathio’s family’s compound, and a year later, when she was 13, she gave birth to a daughter, Mariam.

    For Sathio, finding work in Europe meant the opportunity to provide a better life to his parents, and to his wife and daughter. Ami only attended first grade, but dreamt of giving Mariam a full education – a goal that would require significant investment. As much as he wanted their financial circumstances to improve, Ami did not want Sathio to leave. “I wanted him to go back to school, to stay here with me,” she said.

    Their final conversation was about their daughter. “The last thing he told me was not to sell the groundnuts I had harvested,” Ami remembered. “He told me to keep them and save them for Mariam so that she could eat.”

    After news of Sathio’s death reached the village, Ami returned to her father’s home, but her parents are struggling to provide for her and Mariam. They are thinking of remarrying her to Sathio’s younger brother, Famora.

    If a widow with small children does not have parents to help her, or they cannot afford to support her, remarrying within the deceased husband’s family is seen as the best option. It gives the children some security and ensures they remain in their father’s family. Although the widow has to agree to it, between financial strains and familial pressure, most of the time they feel they have no choice.

    When asked about potentially marrying Famora, Ami shrugs. It doesn’t seem like a realistic possibility. Famora is in Italy. He migrated in 2017 and is undocumented and struggling to find consistent work to send money back home. But if things change and the marriage can take place, what option will Ami have?

    Moussou Sane became a widow at 23. Her husband, Souleymane Sane, was shot and killed on the street in Libya, where violence against sub-Saharan asylum seekers and migrants is rife. “He was handsome,” Moussou said of Souleymane. “He was generous.”

    Their marriage was also arranged when Moussou was 15 and Souleymane was a couple of years older. They had two children, and when Souleymane was killed, Moussou’s family couldn’t afford to take her back in with her kids so she married Souleymane’s older brother, Samba. The two always got along, but the circumstances of the marriage are strained. “You’re forced to do it, so that the children can remain in the family,” Samba said.

    Samba was already married with two children. He worries about being able to provide for them all. “If you don’t have enough resources, you don’t know how to feed them,” he said.

    Publicly, the constant struggle to overcome food insecurity dominates conversation. In private, when interviewed separately, both Moussou and Samba broke down in tears when talking about Souleymane, each wrapped in their own intimate grief.
    Survivors

    Ousmane Diallo watched his friend Alpha Balde drown. “I saw his body,” Ousmane said.

    Alpha (unrelated to Binta Balde) and Ousmane grew up in nearby villages and had known each other their entire lives. The two left Pakour at different times but reunited in Libya. In the spring of 2018, they boarded a rubber dinghy with dozens of other asylum seekers and migrants and set out to sea.

    About 12 miles from the coast, the dinghy started to shake, causing panic among the passengers. “There was an Italian ship nearby,” Ousmane said. “We asked for their help, but they said they could not intervene.”

    Instead, a patrol boat from the Libyan Coast Guard – funded and backed by Italy and the EU – arrived. The Libyans threw ropes into the water. In their panic, people started jumping off the unstable dinghy, trying to grab the ropes. Most didn’t know how to swim – including Alpha, who screamed and sank. He was 21 years old.

    Ousmane wanted to jump too, but a wall of people separated him from the edge of the boat. “I could not move. This is why I survived,” he said.

    It was Ousmane’s third attempt to reach Europe. He had left Pakour in 2015. When he reached Libya, he found work in a bakery and was able to send some money back to his family. But Libya was unstable and unsafe. Each time he tried to leave on a dinghy, he was caught by the Libyan Coast Guard and taken to a detention centre.

    In the first centre, detainees were frequently threatened, beaten, and denied food and water. “We had to drink the same water that was used for the toilet. If you were there, you automatically got sick,” he said.

    After watching Alpha drown, Ousmane was taken to another detention centre where he was haunted by thoughts of the water, screams, and the sight of his friend’s corpse. “I kept thinking about it. I was exhausted. I had to go home,” he explained. “After Libya, your heart changes.”

    Ousmane decided to return to Senegal through an assisted voluntary return programme run by IOM.

    Back in Pakour, he wears a pressed shirt, newer and cleaner than those worn by most men here. It speaks to the money he earned when he left the village. But he also has nightmares he can’t shake off, and has struggled to find his place in the village after returning.

    He is not alone.
    Returnees

    Between January 2017 and July 2020, more than 6,000 people returned to Senegal through IOM’s assisted voluntary return programme.

    In Pakour, there are more than 150 returnees like Ousman. Many got stuck in Libya and were victims of violence and exploitation. Some were kidnapped for ransom. Others were victims of random acts of violence. Almost all are still haunted by their experiences.

    Some of the returnees have started an organisation – Pakour’s Association of the Returnees – that is supposed to help the young men who end up back in the municipality find economic opportunities. The organisation gives small loans at low interest rates to its members to help them buy farming tools and seeds.

    In recent years, the EU has also poured hundreds of millions of dollars into aid projects meant to address the “root causes of migration” through its Trust Fund for Africa. Senegal has received more than €170 million ($206 million) from the fund for projects, including the creation of a controversial national biometric identity database that critics suspect will be used to facilitate deportations from Europe.

    Kolda, together with other regions, has received over €60 million ($73 million) in funding for projects aimed at providing technical support and vocational training to farmers, and at giving them access to credit and small loans for entrepreneurial projects.

    But in Pakour, all this development funding has done little to change the material circumstances that push young men to migrate.

    One project financed by the EU Trust Fund that made it to the area around Pakour in 2018 was a travelling caravan offering information about local entrepreneurship and vocational training that was also intended to inform youth about the risks of irregular migration.

    In October 2018, a mobile cinema project funded by the Italian Development Agency and IOM brought a vivid documentary about the dangers migrants face en route to Europe to Pakour. The documentary was screened in 200 villages in six African countries, costing two million euros ($2.4 million). Its effect, however, was mostly to terrify the mothers of people who had already undertaken the journey, according to people in Pakour.

    Pakour’s Association of the Returnees also received funding from Caritas and IOM to start a poultry farm to stimulate the local economy. But the project is struggling and has so far failed to provide anyone with an income. Around 30 men take turns working at the farm on a voluntary basis. Many association members feel discouraged and worry about the future.

    “We need resources and real investment,” a representative of Pakour’s local authority told TNH. “Problems here are complex. You cannot solve them with a bunch of chickens.”

    Cycle

    Ibrahima Balde (no relation to Binta Balde or Alpha Balde) is in his thirties and returned from Libya four years ago. He came back to Pakour after witnessing his friend get shot and killed as retribution for other migrants escaping from a construction site in the southern Libyan city of Qatrun when they realised they wouldn’t be paid for their work.

    Ibrahima’s son will soon become a teenager. “I don’t want my child to go through what I had to go through, to see what I have seen,” he said.

    But if things don’t improve in Pakour, Ibrahima fears his son will have little choice but to take the same risks he took and hope for a better result.

    In recent years, relatively successful peacekeeping efforts in Casamance have led to better safety and stability in the area around Pakour – important ingredients for increased economic activity. A government offensive in January appears to have weakened the separatist group, but where things are heading remains to be seen. Development rates continue to lag behind other regions, and the pandemic has only made things worse for the entire country. Senegal’s growth dropped from an already low 5.3 percent in 2019 to an estimated 1.3 percent last year.

    Even Mamadou, Binta’s eldest son and Demba’s brother, is tempted to try to make his way to Europe. He started the journey once, before Demba, but returned home when their father died. If it wasn’t for Demba’s death, he would already have left again.

    Now, without Demba’s contribution to the family economy, Mamadou is struggling. He has a wife and two children to provide for, and he also needs to help support his siblings and his mother. They are all depending on him and he doesn’t see a future in Pakour. “It’s difficult,” he said. “We cannot earn any money here.”

    https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/3/23/When-a-migrant-drowns-a-whole-community-feels-the-loss

    #celleux_qui_restent #migrations #asile #réfugiés #morts #décès #mourir_en_Méditerranée #mourir_aux_frontières #Sénégal #Pakour #returnees #retour #renvois #expulsions #familles #communauté #celles_qui_restent #ceux_qui_restent

  • Une actrice sénégalaise lance une série TV pour sensibiliser le public à la migration dangereuse | The Storyteller
    https://storyteller.iom.int/fr/stories/une-actrice-senegalaise-lance-une-serie-tv-pour-sensibiliser-le-pub
    https://storyteller.iom.int/sites/default/files/styles/facebook_graph_/public/drag-n-drop/Cover-Gadji+Senegalese%20Actress%20Launches%20TV%20Series.png?itok=

    Une actrice sénégalaise lance une série TV pour sensibiliser
    le public à la migration dangereuse. L’actrice, mannequin et activiste sénégalaise Khalima Gadji prête son talent à l’écran pour informer les jeunes sur les risques de la migration irrégulière et les alternatives.Khalima joue dans « Loumey wakh wa cogne ba », une nouvelle série télévisée dont le titre se traduit par « Que vais-je dire aux voisins ? » Elle est diffusée sur l’une des principales chaînes du Sénégal. La série de dix épisodes, qui se déroule dans un quartier de Dakar, raconte l’histoire d’Anta, jouée par Khalima, une personne qui rentre chez elle après s’être rendue en Europe. L’histoire s’appuie sur des témoignages réels de migrants de retour, mettant en lumière les risques liés aux itinéraires de migration dangereux.
    « L’idée était de faire des migrants l’histoire principale et d’avoir une discussion à ce sujet », explique Khalima. « La migration n’est pas interdite. Ce que je recommande aux jeunes, c’est de voyager de manière plus organisée ».Elle poursuit : "Ils [les jeunes] prennent le risque de traverser la mer Méditerranée et le désert pour atteindre les pays d’Afrique du Nord et d’Europe, en pensant qu’ils réussiront là-bas. Oui, certains ont réussissent, mais beaucoup d’autres meurent ».En décembre 2020, le projet de l’OIM sur les migrants disparus avait enregistré plus de 3 000 décès le long des itinéraires migratoires du monde entier en 2020. Environ 92 pour cent des migrants qui tentent d’atteindre l’Europe depuis l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale par des voies irrégulières sont des jeunes hommes de moins de 30 ans.Khalima a produit la série télévisée après avoir écouté les expériences poignantes de jeunes gens qui retournent au Sénégal, après avoir tenté des périples dangereux pour atteindre l’Europe.Khalima est ambassadeur du projet Migrants comme Messagers, mené par l’OIM, qui soutient les activités menées par les migrants de retour au Sénégal et dans six autres pays d’Afrique de l’Ouest. Le projet sensibilise les communautés aux risques de la migration irrégulière et aux possibilités de solutions régulières.Khalima, ainsi que d’autres ambassadeurs, participe également à la diffusion de messages de santé publique sur la COVID-19 afin de démentir les rumeurs néfastes. Sa série télévisée vise à démystifier la migration irrégulière en présentant les risques qu’elle comporte. Le personnage, Anta, explique les sacrifices qu’elle et sa famille ont dû faire pour qu’elle puisse partir, les dangers qu’elle a rencontrés pendant son voyage, les difficultés qu’elle a connues en Europe et la stigmatisation et les difficultés qu’elle rencontre en tant que migrant de retour au Sénégal.
    La série a été diffusée pour la première fois à la télévision nationale sénégalaise l’année dernière et est disponible en ligne sur les chaînes YouTube de l’OIM au Sénégal et de Télé Story Sénégal. Jusqu’à présent, elle a été bien accueillie, avec plus de 800 000 visionnages en ligne. Une deuxième saison est en cours. Les réactions des téléspectateurs ont été positives et les fans se disent pris par le réalisme de l’intrigue et par le jeu de Khalima.« J’ai trouvé la série intéressante parce qu’elle correspond à ce qui se passe au Sénégal », déclare Coumba Mboup, un fan de la série. « Ici, quand vous revenez et que vous rentrez les mains vides, la société vous regarde de haut. Les gens vous stigmatisent. Khalima joue bien son rôle, c’est exactement comme cela ».Plusieurs migrants de retour ont participé à la production de la série en partageant leurs expériences pour aider à l’élaboration du scénario et s’assurer que l’intrigue et les personnages sont plausibles.« Le thème de la série était important pour moi car il dépeint le difficile retour d’un migrant. C’était vraiment intéressant, et cela m’a permis de renforcer mes compétences », explique Ndeye Fatou Sall, migrant de retour et volontaire participant à la sensibilisation.Pour promouvoir l’émission, Khalima est apparue avec Ramatoulaye Diène, journaliste et volontaire pour la sensibilisation, sur la station de radio Vibe Radio Sénégal. Elles ont discuté du projet Migrants comme Messagers, des risques liés à la migration irrégulière et de leurs expériences.Migrants comme Messagers a été lancé en 2017 par l’OIM et est mis en œuvre dans sept pays d’Afrique de l’Ouest : Côte-d’Ivoire, Gambie, Guinée, Liberia, Nigéria, Sénégal et Sierra Leone. Le projet soutient un réseau de plus de 290 volontaires pour informer les gens sur les dangers de la migration irrégulière et aider les migrants de retour à développer et à mener des initiatives locales de sensibilisation.Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les volontaires ont également organisé des campagnes de santé publique pour informer les gens et prévenir la propagation du virus dans leurs communautés.

    #Covid-19#migrant#migration#senegal#migrationirregulière#sante#sensibilisation1#OIM#media#migrantderetour

  • Sénégal - Il faut que cesse l’impunité internationale du régime de Macky Sall | Le Club de Mediapart
    https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/100321/senegal-il-faut-que-cesse-l-impunite-internationale-du-regime-de-mac

    Un collectif d’une centaine d’artistes, d’universitaires et de divers citoyens sénégalais lance un appel pour que cessent la répression que mène actuellement le régime du président Macky Sall, et l’impunité internationale dont il bénéficie. Face à l’ampleur de la répression, « de simples déclarations ne suffisent plus » !

    #Sénégal

  • The big wall


    https://thebigwall.org/en

    An ActionAid investigation into how Italy tried to stop migration from Africa, using EU funds, and how much money it spent.

    There are satellites, drones, ships, cooperation projects, police posts, repatriation flights, training centers. They are the bricks of an invisible but tangible and often violent wall. Erected starting in 2015 onwards, thanks to over one billion euros of public money. With one goal: to eliminate those movements by sea, from North Africa to Italy, which in 2015 caused an outcry over a “refugee crisis”. Here we tell you about the (fragile) foundations and the (dramatic) impacts of this project. Which must be changed, urgently.

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    Ready, Set, Go

    Imagine a board game, Risk style. The board is a huge geographical map, which descends south from Italy, including the Mediterranean Sea and North Africa and almost reaching the equator, in Cameroon, South Sudan, Rwanda. Places we know little about and read rarely about.

    Each player distributes activity cards and objects between countries and along borders. In Ethiopia there is a camera crew shooting TV series called ‘Miraj’ [mirage], which recounts the misadventures of naive youth who rely on shady characters to reach Europe. There is military equipment, distributed almost everywhere: off-road vehicles for the Tunisian border police, ambulances and tank trucks for the army in Niger, patrol boats for Libya, surveillance drones taking off from Sicily.

    There is technology: satellite systems on ships in the Mediterranean, software for recording fingerprints in Egypt, laptops for the Nigerian police. And still: coming and going of flights between Libya and Nigeria, Guinea, Gambia. Maritime coordination centers, police posts in the middle of the Sahara, job orientation offices in Tunisia or Ethiopia, clinics in Uganda, facilities for minors in Eritrea, and refugee camps in Sudan.

    Hold your breath for a moment longer, because we still haven’t mentioned the training courses. And there are many: to produce yogurt in Ivory Coast, open a farm in Senegal or a beauty salon in Nigeria, to learn about the rights of refugees, or how to use a radar station.

    Crazed pawns, overlapping cards and unclear rules. Except for one: from these African countries, more than 25 of them, not one person should make it to Italy. There is only one exception allowed: leaving with a visa. Embassy officials, however, have precise instructions: anyone who doesn’t have something to return to should not be accepted. Relationships, family, and friends don’t count, but only incomes, properties, businesses, and titles do.

    For a young professional, a worker, a student, an activist, anyone looking for safety, future and adventure beyond the borders of the continent, for people like me writing and perhaps like you reading, the only allies become the facilitators, those who Europe calls traffickers and who, from friends, can turn into worst enemies.

    We called it The Big Wall. It could be one of those strategy games that keeps going throughout the night, for fans of geopolitics, conflicts, finance. But this is real life, and it’s the result of years of investments, experiments, documents and meetings. At first disorderly, sporadic, then systematized and increased since 2015, when United Nations agencies, echoed by the international media, sounded an alarm: there is a migrant crisis happening and Europe must intervene. Immediately.

    Italy was at the forefront, and all those agreements, projects, and programs from previous years suddenly converged and multiplied, becoming bricks of a wall that, from an increasingly militarized Mediterranean, moved south, to the travelers’ countries of origin.

    The basic idea, which bounced around chancelleries and European institutions, was to use multiple tools: development cooperation, support for security forces, on-site protection of refugees, repatriation, information campaigns on the risks of irregular migration. This, in the language of Brussels, was a “comprehensive approach”.

    We talked to some of the protagonists of this story — those who built the wall, who tried to jump it, and who would like to demolish it — and we looked through thousands of pages of reports, minutes, resolutions, decrees, calls for tenders, contracts, newspaper articles, research, to understand how much money Italy has spent, where, and what impacts it has had. Months of work to discover not only that this wall has dramatic consequences, but that the European – and Italian – approach to international migration stems from erroneous premises, from an emergency stance that has disastrous results for everyone, including European citizens.
    Libya: the tip of the iceberg

    It was the start of the 2017/2018 academic year and Omer Shatz, professor of international law, offered his Sciences Po students the opportunity to work alongside him on the preparation of a dossier. For the students of the faculty, this was nothing new. In the classrooms of the austere building on the Rive Gauche of Paris, which European and African heads of state have passed though, not least Emmanuel Macron, it’s normal to work on real life materials: peace agreements in Colombia, trials against dictators and foreign fighters. Those who walk on those marble floors already know that they will be able to speak with confidence in circles that matter, in politics as well as diplomacy.

    Shatz, who as a criminal lawyer in Israel is familiar with abuses and rights violations, launched his students a new challenge: to bring Europe to the International Criminal Court for the first time. “Since it was created, the court has only condemned African citizens – dictators, militia leaders – but showing European responsibility was urgent,” he explains.

    One year after first proposing the plan, Shatz sent an envelope to the Court’s headquarters, in the Dutch town of The Hague. With his colleague Juan Branco and eight of his students he recounted, in 245 pages, cases of “widespread and systematic attack against the civilian population”, linked to “crimes against humanity consciously committed by European actors, in the central Mediterranean and in Libya, in line with Italian and European Union policies”.

    The civilian population to which they refer comprises migrants and refugees, swallowed by the waves or intercepted in the central Mediterranean and brought back to shore by Libyan assets, to be placed in a seemingly endless cycle of detention. Among them are the 13.000 dead recorded since 2015, in the stretch of sea between North Africa and Italy, out of 523.000 people who survived the crossing, but also the many African and Asian citizens, who are rarely counted, who were tortured in Libya and died in any of the dozens of detention centers for foreigners, often run by militias.

    “At first we thought that the EU and Italy were outsourcing dirty work to Libya to block people, which in jargon is called ‘aiding and abetting’ in the commission of a crime, then we realized that the Europeans were actually the conductors of these operations, while the Libyans performed”, says Shatz, who, at the end of 2020, was preparing a second document for the International Criminal Court to include more names, those of the “anonymous officials of the European and Italian bureaucracy who participated in this criminal enterprise”, which was centered around the “reinvention of the Libyan Coast Guard, conceived by Italian actors”.

    Identifying heads of department, office directors, and institution executives in democratic countries as alleged criminals might seem excessive. For Shatz, however, “this is the first time, after the Nuremberg trials, after Eichmann, that Europe has committed crimes of this magnitude, outside of an armed conflict”. The court, which routinely rejects at least 95 percent of the cases presented, did not do so with Shatz and his students’ case. “Encouraging news, but that does not mean that the start of proceedings is around the corner”, explains the lawyer.

    At the basis of the alleged crimes, he continues, are “regulations, memoranda of understanding, maritime cooperation, detention centers, patrols and drones” created and financed by the European Union and Italy. Here Shatz is speaking about the Memorandum of Understanding between Italy and Libya to “reduce the flow of illegal migrants”, as the text of the document states. An objective to be achieved through training and support for the two maritime patrol forces of the very fragile Libyan national unity government, by “adapting” the existing detention centers, and supporting local development initiatives.

    Signed in Rome on February 2, 2017 and in force until 2023, the text is grafted onto the Treaty of Friendship, Partnership and Cooperation signed by Silvio Berlusconi and Muammar Gaddafi in 2008, but is tied to a specific budget: that of the so-called Africa Fund, established in 2016 as the “Fund for extraordinary interventions to relaunch dialogue and cooperation with African countries of priority importance for migration routes” and extended in 2020 — as the Migration Fund — to non-African countries too.

    310 million euros were allocated in total between the end of 2016 and November 2020, and 252 of those were disbursed, according to our reconstruction.

    A multiplication of tools and funds that, explains Mario Giro, “was born after the summit between the European Union and African leaders in Malta, in November 2015”. According to the former undersecretary of the Ministry of Foreign Affairs, from 2013, and Deputy Minister for Foreign Affairs between 2016 and 2018, that summit in Malta “sanctioned the triumph of a European obsession, that of reducing migration from Africa at all costs: in exchange of this containment, there was a willingness to spend, invest”. For Giro, the one in Malta was an “attempt to come together, but not a real partnership”.

    Libya, where more than 90 percent of those attempting to cross the central Mediterranean departed from in those years, was the heart of a project in which Italian funds and interests support and integrate with programs by the European Union and other member states. It was an all-European dialogue, from which powerful Africans — political leaders but also policemen, militiamen, and the traffickers themselves — tried to obtain something: legitimacy, funds, equipment.

    Fragmented and torn apart by a decade-long conflict, Libya was however not alone. In October 2015, just before the handshakes and the usual photographs at the Malta meeting, the European Commission established an Emergency Trust Fund to “address the root causes of migration in Africa”.

    To do so, as Dutch researcher Thomas Spijkerboer will reconstruct years later, the EU executive declared a state of emergency in the 26 African countries that benefit from the Fund, thus justifying the choice to circumvent European competition rules in favor of direct award procedures. However “it’s implausible – Spijkerboeker will go on to argue – that there is a crisis in all 26 African countries where the Trust Fund operates through the duration of the Trust Fund”, now extended until the end of 2021.

    However, the imperative, as an advisor to the Budget Commission of the European Parliament explains, was to act immediately: “not within a few weeks, but days, hours“.

    Faced with a Libya still ineffective at stopping flows to the north, it was in fact necessary to intervene further south, traveling backwards along the routes that converge from dozens of African countries and go towards Tripolitania. And — like dominoes in reverse — raising borders and convincing, or forcing, potential travelers to stop in their countries of origin or in others along the way, before they arrived on the shores of the Mediterranean.

    For the first time since decolonization, human mobility in Africa became the keystone of Italian policies on the continent, so much so that analysts began speaking of migration diplomacy. Factors such as the number of migrants leaving from a given country and the number of border posts or repatriations all became part of the political game, on the same level as profits from oil extraction, promises of investment, arms sales, or trade agreements.

    Comprising projects, funds, and programs, this migration diplomacy comes at a cost. For the period between January 2015 and November 2020, we tracked down 317 funding lines managed by Italy with its own funds and partially co-financed by the European Union. A total of 1.337 billion euros, spent over five years and destined to eight different items of expenditure. Here Libya is in first place, but it is not alone.

    A long story, in short

    For simplicity’s sake, we can say that it all started in the hot summer of 2002, with an almost surrealist lightning war over a barren rock on the edge of the Mediterranean: the Isla de Persejil, the island of parsley. A little island in the Strait of Gibraltar, disputed for decades between Morocco and Spain, which had its ephemeral moment of glory when in July of that year the Moroccan monarchy sent six soldiers, some tents and a flag. Jose-Maria Aznar’s government quickly responded with a reconquista to the sound of fighter-bombers, frigates, and helicopters.

    Peace was signed only a few weeks later and the island went back to being a land of shepherds and military patrols. Which from then on, however, were joint ones.

    “There was talk of combating drug trafficking and illegal fishing, but the reality was different: these were the first anti-immigration operations co-managed by Spanish and Moroccan soldiers”, explains Sebastian Cobarrubias, professor of geography at the University of Zaragoza. The model, he says, was the one of Franco-Spanish counter-terrorism operations in the Basque Country, exported from the Pyrenees to the sea border.

    A process of externalization of Spanish and European migration policy was born following those events in 2002, and culminating years later with the crisis de los cayucos, the pirogue crisis: the arrival of tens of thousands of people – 31,000 in 2006 alone – in the Canary Islands, following extremely dangerous crossings from Senegal, Mauritania and Morocco.

    In close dialogue with the European Commission, which saw the Spanish border as the most porous one of the fragile Schengen area, the government of José Luis Rodríguez Zapatero reacted quickly. “Within a few months, cooperation and repatriation agreements were signed with nine African countries,” says Cobarrubias, who fought for years, with little success, to obtain the texts of the agreements.

    The events of the late 2000s look terribly similar to what Italy will try to implement a decade later with its Mediterranean neighbors, Libya first of all. So much so that in 2016 it was the Spanish Minister of the Interior himself, Jorge Fernández Díaz, who recalled that “the Spanish one is a European management model, reproducible in other contexts”. A vision confirmed by the European Commission officials with whom we spoke.

    At the heart of the Spanish strategy, which over a few short years led to a drastic decrease of arrivals by sea, was the opening of new diplomatic offices in Africa, the launch of local development projects, and above all the support given to the security forces of partner countries.

    Cobarrubias recounts at least four characteristic elements of the Madrid approach: the construction of new patrol forces “such as the Mauritanian Coast Guard, which did not exist and was created by Spain thanks to European funds, with the support of the newly created Frontex agency”; direct and indirect support for detention centers, such as the infamous ‘Guantanamito’, or little Guantanamo, denounced by civil society organizations in Mauritania; the real-time collection of border data and information, carried out by the SIVE satellite system, a prototype of Eurosur, an incredibly expensive intelligence center on the EU’s external borders launched in 2013, based on drones, satellites, airplanes, and sensors; and finally, the strategy of working backwards along migration routes, to seal borders, from the sea to the Sahara desert, and investing locally with development and governance programs, which Spain did during the two phases of the so-called Plan Africa, between 2006 and 2012.

    Replace “Spain” with “Italy”, and “Mauritania” with “Libya”, and you’ll have an idea of what happened years later, in an attempt to seal another European border.

    The main legacy of the Spanish model, according to the Italian sociologist Lorenzo Gabrielli, however, is the negative conditionality, which is the fact of conditioning the disbursement of these loans – for security forces, ministries, trade agreements – at the level of the African partners’ cooperation in the management of migration, constantly threatening to reduce investments if there are not enough repatriations being carried out, or if controls and pushbacks fail. An idea that is reminiscent both of the enlargement process of the European Union, with all the access restrictions placed on candidate countries, and of the Schengen Treaty, the attempt to break down internal European borders, which, as a consequence, created the need to protect a new common border, the external one.
    La externalización europea del control migratorio: ¿La acción española como modelo? Read more

    At the end of 2015, when almost 150,000 people had reached the Italian coast and over 850,000 had crossed Turkey and the Balkans to enter the European Union, the story of the maritime migration to Spain had almost faded from memory.

    But something remained of it: a management model. Based, once again, on an idea of crisis.

    “We tried to apply it to post-Gaddafi Libya – explains Stefano Manservisi, who over the past decade has chaired two key departments for migration policies in the EU Commission, Home Affairs and Development Cooperation – but in 2013 we soon realized that things had blown up, that that there was no government to talk to: the whole strategy had to be reformulated”.

    Going backwards, through routes and processes

    The six-month presidency of the European Council, in 2014, was the perfect opportunity for Italy.

    In November of that year, Matteo Renzi’s government hosted a conference in Rome to launch the Khartoum Process, the brand new initiative for the migration route between the EU and the Horn of Africa, modeled on the Rabat Process, born in 2006, at the apex of the crisis de los cayucos, after pressure from Spain. It’s a regional cooperation platform between EU countries and nine African countries, based on the exchange of information and coordination between governments, to manage migration.
    Il processo di Khartoum: l’Italia e l’Europa contro le migrazioni Read more

    Warning: if you start to find terms such as ‘process’ and ‘coordination platform’ nebulous, don’t worry. The backbone of European policies is made of these structures: meetings, committees, negotiating tables with unattractive names, whose roles elude most of us. It’s a tendency towards the multiplication of dialogue and decision spaces, that the migration policies of recent years have, if possible, accentuated, in the name of flexibility, of being ready for any eventuality. Of continuous crisis.

    Let’s go back to that inter-ministerial meeting in Rome that gave life to the Khartoum Process and in which Libya, where the civil war had resumed violently a few months earlier, was not present.

    Italy thus began looking beyond Libya, to the so-called countries of origin and transit. Such as Ethiopia, a historic beneficiary of Italian development cooperation, and Sudan. Indeed, both nations host refugees from Eritrea and Somalia, two of the main countries of origin of those who cross the central Mediterranean between 2013 and 2015. Improving their living conditions was urgent, to prevent them from traveling again, from dreaming of Europe. In Niger, on the other hand, which is an access corridor to Libya for those traveling from countries such as Nigeria, Gambia, Senegal, and Mali, Italy co-financed a study for a new law against migrant smuggling, then adopted in 2015, which became the cornerstone of a radical attempt to reduce movement across the Sahara desert, which you will read about later.

    A year later, with the Malta summit and the birth of the EU Trust Fund for Africa, Italy was therefore ready to act. With a 123 million euro contribution, allocated from 2017 through the Africa Fund and the Migration Fund, Italy became the second donor country, and one of the most active in trying to manage those over 4 billion euros allocated for five years. [If you are curious about the financing mechanisms of the Trust Fund, read here: https://thebigwall.org/en/trust-fund/].

    Through the Italian Agency for Development Cooperation (AICS), born in 2014 as an operational branch of the Ministry of Foreign Affairs, Italy immediately made itself available to manage European Fund projects, and one idea seemed to be the driving one: using classic development programs, but implemented in record time, to offer on-site alternatives to young people eager to leave, while improving access to basic services.

    Local development, therefore, became the intervention to address the so-called root causes of migration. For the Ministry of Foreign Affairs and the newborn AICS, it seemed a winning approach. Unsurprisingly, the first project approved through the Trust Fund for Africa was managed by the Italian agency in Ethiopia.

    “Stemming irregular migration in Northern and Central Ethiopia” received 19.8 million euros in funding, a rare sum for local development interventions. The goal was to create job opportunities and open career guidance centers for young people in four Ethiopian regions. Or at least that’s how it seemed. In the first place, among the objectives listed in the project sheet, there is in fact another one: to reduce irregular migration.

    In the logical matrix of the project, which insiders know is the presentation – through data, indicators and figures – of the expected results, there is no indicator that appears next to the “reduction of irregular migration” objective. There is no way, it’s implicitly admitted, to verify that that goal has been achieved. That the young person trained to start a micro-enterprise in the Wollo area, for example, is one less migrant.

    Bizarre, not to mention wrong. But indicative of the problems of an approach of which, an official of the Ministry of Foreign Affairs explains to us, “Italy had made itself the spokesperson in Europe”.

    “The mantra was that more development would stop migration, and at a certain point that worked for everyone: for AICS, which justified its funds in the face of political landscape that was scared by the issue of landings, and for many NGOs, which immediately understood that migrations were the parsley to be sprinkled on the funding requests that were presented”, explains the official, who, like so many in this story, prefers to remain anonymous.

    This idea of the root causes was reproduced, as in an echo chamber, “without programmatic documents, without guidelines, but on the wave of a vague idea of political consensus around the goal of containing migration”, he adds. This makes it almost impossible to talk about, so much so that a proposal for new guidelines on immigration and development, drawn up during 2020 by AICS, was set aside for months.

    Indeed, if someone were to say, as evidenced by scholars such as Michael Clemens, that development can also increase migration, and that migration itself is a source of development, the whole ‘root causes’ idea would collapse and the already tight cooperation budgets would risk being cut, in the name of the same absolute imperative as always: reducing arrivals to Italy and Europe.

    Maintaining a vague, costly and unverifiable approach is equally damaging.

    Bram Frouws, director of the Mixed Migration Center, a think-tank that studies international mobility, points out, for example, how the ‘root cause’ approach arises from a vision of migration as a problem to be eradicated rather than managed, and that paradoxically, the definition of these deep causes always remains superficial. In fact, there is never talk of how international fishing agreements damage local communities, nor of land grabbing by speculators, major construction work, or corruption and arms sales. There is only talk of generic economic vulnerability, of a country’s lack of stability. An almost abstract phenomenon, in which European actors are exempt from any responsibility.

    There is another problem: in the name of the fight against irregular migration, interventions have shifted from poorer and truly vulnerable countries and populations to regions with ‘high migratory rates’, a term repeated in dozens of project descriptions funded over the past few years, distorting one of the cardinal principles of development aid, codified in regulations and agreements: that of responding to the most urgent needs of a given population, and of not imposing external priorities, even more so if it is countries considered richer are the ones doing it.

    The Nigerien experiment

    While Ethiopia and Sudan absorb the most substantial share of funds destined to tackle the root causes of migration — respectively 47 and 32 million euros out of a total expenditure of 195 million euros — Niger, which for years has been contending for the podium of least developed country on the planet with Central African Republic according to the United Nations Human Development Index — benefits from just over 10 million euros.

    Here in fact it’s more urgent, for Italy and the EU, to intervene on border control rather than root causes, to stop the flow of people that cross the country until they arrive in Agadez, to then disappear in the Sahara and emerge, days later — if all goes well — in southern Libya. In 2016, the International Organization for Migration counted nearly 300,000 people passing through a single checkpoint along the road to Libya. The figure bounced between the offices of the European Commission, and from there to the Farnesina, the Italian Ministry of Foreign Affairs: faced with an uncontrollable Libya, intervening in Niger became a priority.

    Italy did it in great style, even before opening an embassy in the country, in February 2017: with a contribution to the state budget of Niger of 50 million euros, part of the Africa Fund, included as part of a maxi-program managed by the EU in the country and paid out in several installments.

    While the project documents list a number of conditions for the continuation of the funding, including increased monitoring along the routes to Libya and the adoption of regulations and strategies for border control, some local and European officials with whom we have spoken think that the assessments were made with one eye closed: the important thing was in fact to provide those funds to be spent in a country that for Italy, until then, had been synonymous only with tourism in the Sahara dunes and development in rural areas.

    Having become a priority in the New Partnership Framework on Migration, yet another EU operational program, launched in 2016, Niger seemed thus exempt from controls on the management of funds to which beneficiaries of European funds are normally subject to.

    “Our control mechanisms, the Court of Auditors, the Parliament and the anti-corruption Authority, do not work, and yet the European partners have injected millions of euros into state coffers, without imposing transparency mechanisms”, reports then Ali Idrissa Nani , president of the Réseau des Organizations pour la Transparence et l’Analyse du Budget (ROTAB), a network of associations that seeks to monitor state spending in Niger.

    “It leaves me embittered, but for some years we we’ve had the impression that civil liberties, human rights, and participation are no longer a European priority“, continues Nani, who —- at the end of 2020 — has just filed a complaint with the Court of Niamey, to ask the Prosecutor to open an investigation into the possible disappearance of at least 120 million euros in funds from the Ministry of Defense, a Pandora’s box uncovered by local and international journalists.

    For Nani, who like other Nigerien activists spent most of 2018 in prison for encouraging demonstrations against high living costs, this explosion of European and Italian cooperation didn’t do the country any good, and in fact favoured authoritarian tendencies, and limited even more the independence of the judiciary.

    For their part, the Nigerien rulers have more than others seized the opportunity offered by European donors to obtain legitimacy and support. Right after the Valletta summit, they were the first to present an action plan to reduce migration to Libya, which they abruptly implemented in mid-2016, applying the anti-trafficking law whose preliminary study was financed by Italy, with the aim of emptying the city of #Agadez of migrants from other countries.

    The transport of people to the Libyan border, an activity that until that point happened in the light of day and was sanctioned at least informally by the local authorities, thus became illegal from one day to the next. Hundreds of drivers, intermediaries, and facilitators were arrested, and an entire economy crashed

    But did the movement of people really decrease? Almost impossible to tell. The only data available are those of the International Organization for Migration, which continues to record the number of transits at certain police posts. But drivers and foreign travelers no longer pass through them, fearing they will be arrested or stopped. Routes and journeys, as always happens, are remodeled, only to reappear elsewhere. Over the border with Chad, or in Algeria, or in a risky zigzagging of small tracks, to avoid patrols.

    For Hamidou Manou Nabara, a Nigerien sociologist and researcher, the problems with this type of cooperation are manifold.

    On the one hand, it restricted the free movement guaranteed within the Economic Community of West African States, a sort of ‘Schengen area’ between 15 countries in the region, making half of Niger, from Agadez to the north, a no-go areas for foreign citizens, even though they still had the right to move throughout the national territory.

    Finally, those traveling north were made even more vulnerable. “The control of borders and migratory movements was justified on humanitarian grounds, to contrast human trafficking, but in reality very few victims of trafficking were ever identified: the center of this cooperation is repression”, explains Nabara.

    Increasing controls, through military and police operations, actually exposes travelers to greater violations of human rights, both by state agents and passeurs, making the Sahara crossings longer and riskier.

    The fight against human trafficking, a slogan repeated by European and African leaders and a central expenditure item of the Italian intervention between Africa and the Mediterranean — 142 million euros in five years —- actually risks having the opposite effect. Because a trafiicker’s bread and butter, in addition to people’s desire to travel, is closed borders and denied visas.

    A reinvented frontier

    Galvanized by the activism of the European Commission after the launch of the Trust Fund but under pressure internally, faced with a discourse on migration that seemed to invade every public space — from the front pages of newspapers to television talk-shows — and unable to agree on how to manage migration within the Schengen area, European rulers thus found an agreement outside the continent: to add more bricks to that wall that must reduce movements through the Mediterranean.

    Between 2015 and 2016, Italian, Dutch, German, French and European Union ministers, presidents and senior officials travel relentlessly between countries considered priorities for migration, and increasingly for security, and invite their colleagues to the European capitals. A coming and going of flights to Niger, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Ethiopia, Sudan, Tunisia, Senegal, Chad, Guinea, to make agreements, negotiate.

    “Niamey had become a crossroads for European diplomats”, remembers Ali Idrissa Nani, “but few understood the reasons”.

    However, unlike the border with Turkey, where the agreement signed with the EU at the beginning of 2016 in no time reduced the arrival of Syrian, Afghan, and Iraqi citizens in Greece, the continent’s other ‘hot’ border, promises of speed and effectiveness by the Trust Fund for Africa did not seem to materialize. Departures from Libya, in particular, remained constant. And in the meantime, in the upcoming election in a divided Italy, the issue of migration seemed to be tipping the balance, capable of shifting votes and alliances.

    It is at that point that the Italian Ministry of the Interior, newly led by Marco Minniti, put its foot on the accelerator. The Viminale, the Italian Ministry of the Interior, became the orchestrator of a new intervention plan, refined between Rome and Brussels, with German support, which went back to focusing everything on Libya and on that stretch of sea that separates it from Italy.

    “In those months the phones were hot, everyone was looking for Marco“, says an official of the Interior Ministry, who admits that “the Ministry of the Interior had snatched the Libyan dossier from Foreign Affairs, but only because up until then the Foreign Ministry hadn’t obtained anything” .

    Minniti’s first move was the signing of the new Memorandum with Libya, which gave way to a tripartite plan.

    At the top of the agenda was the creation of a maritime interception device for boats departing from the Libyan coast, through the reconstruction of the Coast Guard and the General Administration for Coastal Security (GACS), the two patrol forces belonging to the Ministry of Defense and that of the Interior, and the establishment of a rescue coordination center, prerequisites for Libya to declare to the International Maritime Organization that it had a Search and Rescue Area, so that the Italian Coast Guard could ask Libyan colleagues to intervene if there were boats in trouble.

    Accompanying this work in Libya is a jungle of Italian and EU missions, surveillance systems and military operations — from the European Frontex, Eunavfor Med and Eubam Libya, to the Italian military mission “Safe Waters” — equipped with drones, planes, patrol boats, whose task is to monitor the Libyan Sea, which is increasingly emptied by the European humanitarian ships that started operating in 2014 (whose maneuvering spaces are in the meantime reduced to the bone due to various strategies) to support Libyan interception operations.

    The second point of the ‘Minniti agenda’ was to progressively empty Libya of migrants and refugees, so that an escape by sea would become increasingly difficult. Between 2017 and 2020, the Libyan assets, which are in large part composed of patrol boats donated by Italy, intercepted and returned to shore about 56,000 people according to data released by UN agencies. The Italian-European plan envisages two solutions: for economic migrants, the return to the country of origin; for refugees, the possibility of obtaining protection.

    There is one part of this plan that worked better, at least in terms of European wishes: repatriation, presented as ‘assisted voluntary return’. This vision was propelled by images, released in October 2017 by CNN as part of a report on the abuse of foreigners in Libya, of what appears to be a slave auction. The images reopened the unhealed wounds of the slave trade through Atlantic and Sahara, and helped the creation of a Joint Initiative between the International Organization for Migration, the European Union, and the African Union, aimed at returning and reintegrating people in the countries of origin.

    Part of the Italian funding for IOM was injected into this complex system of repatriation by air, from Tripoli to more than 20 countries, which has contributed to the repatriation of 87,000 people over three years. 33,000 from Libya, and 37,000 from Niger.

    A similar program for refugees, which envisages transit through other African countries (Niger and Rwanda gave their availability) and from there resettlement to Europe or North America, recorded much lower numbers: 3,300 evacuations between the end of 2017 and the end of 2020. For the 47,000 people registered as refugees in Libya, leaving the country without returning to their home country, to the starting point, is almost impossible.

    Finally, there is a third, lesser-known point of the Italian plan: even in Libya, Italy wants to intervene on the root causes of migration, or rather on the economies linked to the transit and smuggling of migrants. The scheme is simple: support basic services and local authorities in migrant transit areas, in exchange for this transit being controlled and reduced. The transit of people brings with it the circulation of currency, a more valuable asset than usual in a country at war, and this above all in the south of Libya, in the immense Saharan region of Fezzan, the gateway to the country, bordering Algeria, Niger, and Chad and almost inaccessible to international humanitarian agencies.

    A game in which intelligence plays central role (as also revealed by the journalist Lorenzo D’Agostino on Foreign Policy), as indeed it did in another negotiation and exchange of money: those 5 million euros destined — according to various journalistic reconstructions — to a Sabratha militia, the Anas Al-Dabbashi Brigade, to stop departures from the coastal city.

    A year later, its leader, Ahmed Al-Dabbashi, will be sanctioned by the UN Security Council, as leader for criminal activities related to human trafficking.

    The one built in record time by the ministry led by Marco Minniti is therefore a complicated and expensive puzzle. To finance it, there are above all the Trust Fund for Africa of the EU, and the Italian Africa Fund, initially headed only by the Ministry of Foreign Affairs and unpacked among several ministries for the occasion, but also the Internal Security Fund of the EU, which funds military equipment for all Italian security forces, as well as funds and activities from the Ministry of Defense.

    A significant part of those 666 million euros dedicated to border control, but also of funds to support governance and fight traffickers, converges and enters this plan: a machine that was built too quickly, among whose wheels human rights and Libya’s peace process are sacrificed.

    “We were looking for an immediate result and we lost sight of the big picture, sacrificing peace on the altar of the fight against migration, when Libya was in pieces, in the hands of militias who were holding us hostage”. This is how former Deputy Minister Mario Giro describes the troubled handling of the Libyan dossier.

    For Marwa Mohamed, a Libyan activist, all these funds and interventions were “provided without any real clause of respect for human rights, and have fragmented the country even more, because they were intercepted by the militias, which are the same ones that manage both the smuggling of migrants that detention centers, such as that of Abd el-Rahman al-Milad, known as ‘al-Bija’ ”.

    Projects aimed at Libyan municipalities, included in the interventions on the root causes of migration — such as the whole detention system, invigorated by the introduction of people intercepted at sea (and ‘improved’ through millions of euros of Italian funds) — offer legitimacy, when they do not finance it directly, to the ramified and violent system of local powers that the German political scientist Wolfram Lacher defines as the ‘Tripoli militia cartel‘. [for more details on the many Italian funds in Libya, read here].
    Fondi italiani in Libia Read more

    “Bringing migrants back to shore, perpetuating a detention system, does not only mean subjecting people to new abuses, but also enriching the militias, fueling the conflict”, continues Mohamed, who is now based in London, where she is a spokesman of the Libyan Lawyers for Justice organization.

    The last few years of Italian cooperation, she argues, have been “a sequence of lost opportunities”. And to those who tell you — Italian and European officials especially — that reforming justice, putting an end to that absolute impunity that strengthens the militias, is too difficult, Mohamed replies without hesitation: “to sign the Memorandum of Understanding, the authorities contacted the militias close to the Tripoli government one by one and in the meantime built a non-existent structure from scratch, the Libyan Coast Guard: and you’re telling me that you can’t put the judicial system back on its feet and protect refugees? ”

    The only thing that mattered, however, in that summer of 2017, were the numbers. Which, for the first time since 2013, were falling again, and quickly. In the month of August there were 80 percent fewer landings than the year before. And so it would be for the following months and years.

    “Since then, we have continued to allocate, renewing programs and projects, without asking for any guarantee in exchange for the treatment of migrants”, explains Matteo De Bellis, researcher at Amnesty International, remembering that the Italian promise to modify the Memorandum of Understanding, introducing clauses of protection, has been on stop since the controversial renewal of the document, in February 2020.

    Repatriations, evacuations, promises

    We are 1500 kilometers of road, and sand, south of Tripoli. Here Salah* spends his days escaping a merciless sun. The last three years of the life of the thirty-year-old Sudanese have not offered much else and now, like many fellow sufferers, he does not hide his fatigue.

    We are in a camp 15 kilometers from Agadez, in Niger, in the middle of the Sahara desert, where Salah lives with a thousand people, mostly Sudanese from the Darfur region, the epicenter of one of the most dramatic and lethal conflicts of recent decades.

    Like almost all the inhabitants of this temporary Saharan settlement, managed by the UN High Commissioner for Refugees and — at the end of 2020 — undergoing rehabilitation also thanks to Italian funds, he passed through Libya and since 2017, after three years of interceptions at sea and detention, he’s been desperately searching for a way out, for a future.

    Salah fled Darfur in 2016, after receiving threats from pro-government armed militias, and reached Tripoli after a series of vicissitudes and violence. In late spring 2017, he sailed from nearby Zawiya with 115 other people. They were intercepted, brought back to shore and imprisoned in a detention center, formally headed by the government but in fact controlled by the Al-Nasr militia, linked to the trafficker Al-Bija.

    “They beat us everywhere, for days, raped some women in front of us, and asked everyone to call families to get money sent,” Salah recalls. Months later, after paying some money and escaping, he crossed the Sahara again, up to Agadez. UNHCR had just opened a facility and from there, as rumour had it, you could ask to be resettled to Europe.

    Faced with sealed maritime borders, and after experiencing torture and abuse, that faint hope set in motion almost two thousand people, who, hoping to reach Italy, found themselves on the edges of the Sahara, along what many, by virtue of investments and negotiations, had started to call the ‘new European frontier’.

    Three years later, a little over a thousand people remain of that initial group. Only a few dozen of them had access to resettlement, while many returned to Libya, and to all of its abuses.

    Something similar is also happening in Tunisia, where since 2017, the number of migrants and refugees entering the country has increased. They are fleeing by land and sometimes by sea from Libya, going to crowd UN structures. Then, faced with a lack of real prospects, they return to Libya.

    For Romdhane Ben Amor, spokesman for the Tunisian Federation for Economic and Social Rights, “in Tunisia European partners have financed a non-reception: overcrowded centers in unworthy conditions, which have become recruitment areas for traffickers, because in fact there are two options offered there: go home or try to get back to the sea “.

    In short, even the interventions for the protection of migrants and refugees must be read in a broader context, of a contraction of mobility and human rights. “The refugee management itself has submitted to the goal of containment, which is the true original sin of the Italian and European strategy,” admits a UNHCR official.

    This dogma of containment, at any cost, affects everyone — people who travel, humanitarian actors, civil society, local governments — by distorting priorities, diverting funds, and undermining future relationships and prospects. The same ones that European officials call partnerships and which in the case of Africa, as reiterated in 2020 by President Ursula Von Der Leyen, should be “between equals”.

    Let’s take another example: the Egypt of President Abdel Fetah Al-Sisi. Since 2016, it has been increasingly isolated on the international level, also due to violent internal repression, which Italy knows something about. Among the thousands of people who have been disappeared or killed in recent years, is researcher Giulio Regeni, whose body was thrown on the side of a road north of Cairo in February 2016.

    Around the time of the murder, in which the complicity and cover-ups by the Egyptian security forces were immediately evident, the Italian Ministry of the Interior restarted its dialogue with the country. “It’s absurd, but Italy started to support Egypt in negotiations with the European Union,” explains lawyer Muhammed Al-Kashef, a member of the Egyptian Initiative for Personal Right and now a refugee in Germany.

    By inserting itself on an already existing cooperation project that saw italy, for example, finance the use of fingerprint-recording software used by the Egyptian police, the Italian Ministry of the Interior was able to create a police academy in Cairo, inaugurated in 2018 with European funds, to train the border guards of over 20 African countries. Italy also backed Egyptian requests within the Khartoum Process and, on a different front, sells weapons and conducts joint naval exercises.

    “Rome could have played a role in Egypt, supporting the democratic process after the 2011 revolution, but it preferred to fall into the migration trap, fearing a wave of migration that would never happen,” says Al-Kashef.

    With one result: “they have helped transform Egypt into a country that kills dreams, and often dreamers too, and from which all young people today want to escape”. Much more so than in 2015 or that hopeful 2011.

    Cracks in the wall, and how to widen them

    If you have read this far, following personal stories and routes of people and funds, you will have understood one thing, above all: that the beating heart of this strategy, set up by Italy with the participation of the European Union and vice versa, is the reduction of migrations across the Mediterranean. The wall, in fact.

    Now try to add other European countries to this picture. Since 2015 many have fully adopted — or returned to — this process of ‘externalization’ of migration policies. Spain, where the Canary Islands route reopened in 2019, demonstrating the fragility of the model you read about above; France, with its strategic network in the former colonies, the so-called Françafrique. And then Germany, Belgium, Holland, United Kingdom, Austria.

    Complicated, isn’t it? This great wall’s bricks and builders keep multiplying. Even more strategies, meetings, committees, funds and documents. And often, the same lack of transparency, which makes reconstructing these loans – understanding which cement, sand, and lime mixture was used, i.e. who really benefited from the expense, what equipment was provided, how the results were monitored – a long process, when it’s not impossible.

    The Pact on Migration and Asylum of the European Union, presented in September 2020, seems to confirm this: cooperation with third countries and relaunching repatriations are at its core.

    Even the European Union budget for the seven-year period 2021-2027, approved in December 2020, continues to focus on this expenditure, for example by earmarking for migration projects 10 percent of the new Neighborhood, Development and International Cooperation Instrument, equipped with 70 billion euros, but also diverting a large part of the Immigration and Asylum Fund (8.7 billion) towards support for repatriation, and foreseeing 12.1 billion euros for border control.

    While now, with the new US presidency, some have called into question the future of the wall on the border with Mexico, perhaps the most famous of the anti-migrant barriers in the world, the wall built in the Mediterranean and further south, up to the equator, has seemingly never been so strong.

    But economists, sociologists, human rights defenders, analysts and travelers all demonstrate the problems with this model. “It’s a completely flawed approach, and there are no quick fixes to change it,” says David Kipp, a researcher at the German Institute for International Affairs, a government-funded think-tank.

    For Kipp, however, we must begin to deflate this migration bubble, and go back to addressing migration as a human phenomenon, to be understood and managed. “I dream of the moment when this issue will be normalized, and will become something boring,” he admits timidly.

    To do this, cracks must be opened in the wall and in a model that seems solid but really isn’t, that has undesirable effects, violates human rights, and isolates Europe and Italy.

    Anna Knoll, researcher at the European Center for Development Policy Management, explains for example that European policies have tried to limit movements even within Africa, while the future of the continent is the freedom of movement of goods and people, and “for Europe, it is an excellent time to support this, also given the pressure from other international players, China first of all”.

    For Sabelo Mbokazi, who heads the Labor and Migration department of the Social Affairs Commission of the African Union (AU), there is one issue on which the two continental blocs have divergent positions: legal entry channels. “For the EU, they are something residual, we have a much broader vision,” he explains. And this will be one of the themes of the next EU-AU summit, which was postponed several times in 2020.

    It’s a completely flawed approach, and there are no quick fixes to change it
    David Kipp - researcher at the German Institute for International Affairs

    Indeed, the issue of legal access channels to the Italian and European territory is one of the most important, and so far almost imperceptible, cracks in this Big Wall. In the last five years, Italy has spent just 15 million euros on it, 1.1 percent of the total expenditure dedicated to external dimensions of migration.

    The European Union hasn’t done any better. “Legal migration, which was one of the pillars of the strategy born in Valletta in 2015, has remained a dead letter, but if we limit ourselves to closing the borders, we will not go far”, says Stefano Manservisi, who as a senior official of the EU Commission worked on all the migration dossiers during those years.

    Yet we all know that a trafficker’s worst enemy are passport stamps, visas, and airline tickets.

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HmR96ySikkY

    Helen Dempster, who’s an economist at the Center for Global Development, spends her days studying how to do this: how to open legal channels of entry, and how to get states to think about it. And there is an effective example: we must not end up like Japan.

    “For decades, Japan has had very restrictive migration policies, it hasn’t allowed anyone in”, explains Dempster, “but in recent years it has realized that, with its aging population, it soon won’t have enough people to do basic jobs, pay taxes, and finance pensions”. And so, in April 2019, the Asian country began accepting work visa applications, hoping to attract 500,000 foreign workers.

    In Europe, however, “the hysteria surrounding migration in 2015 and 2016 stopped all debate“. Slowly, things are starting to move again. On the other hand, several European states, Italy and Germany especially, have one thing in common with Japan: an increasingly aging population.

    “All European labor ministries know that they must act quickly, but there are two preconceptions: that it is difficult to develop adequate projects, and that public opinion is against it.” For Dempster, who helped design an access program to the Belgian IT sector for Moroccan workers, these are false problems. “If we want to look at it from the point of view of the security of the receiving countries, bringing a person with a passport allows us to have a lot more information about who they are, which we do not have if we force them to arrive by sea”, she explains.

    Let’s look at some figures to make it easier: in 2007, Italy made 340,000 entry visas available, half of them seasonal, for non-EU workers, as part of the Flows Decree, Italy’s main legal entry channel adopted annually by the government. Few people cried “invasion” back then. Ten years later, in 2017, those 119,000 people who reached Italy through the Mediterranean seemed a disproportionate number. In the same year, the quotas of the Flow decree were just 30,000.

    Perhaps these numbers aren’t comparable, and building legal entry programs is certainly long, expensive, and apparently impractical, if we think of the economic and social effects of the coronavirus pandemic in which we are immersed. For Dempster, however, “it is important to be ready, to launch pilot programs, to create infrastructures and relationships”. So that we don’t end up like Japan, “which has urgently launched an access program for workers, without really knowing how to manage them”.

    The Spanish case, as already mentioned, shows how a model born twenty years ago, and then adopted along all the borders between Europe and Africa, does not really work.

    As international mobility declined, aided by the pandemic, at least 41,000 people landed in Spain in 2020, almost all of them in the Canary Islands. Numbers that take us back to 2006 and remind us how, after all, this ‘outsourcing’ offers costly and ineffective solutions.

    It’s reminiscent of so-called planned obsolescence, the production model for which a technological object isn’t built to last, inducing the consumer to replace it after a few years. But continually renewing and re-financing these walls can be convenient for multinational security companies, shipyards, political speculators, authoritarian regimes, and international traffickers. Certainly not for citizens, who — from the Italian and European institutions — would expect better products. May they think of what the world will be like in 10, 30, 50 years, and avoid trampling human rights and canceling democratic processes in the name of a goal that — history seems to teach — is short-lived. The ideas are not lacking. [At this link you’ll find the recommendations developed by ActionAid: https://thebigwall.org/en/recommendations/].

    https://thebigwall.org/en
    #Italie #externalisation #complexe_militaro-industriel #migrations #frontières #business #Afrique #budget #Afrique_du_Nord #Libye #chiffres #Niger #Soudan #Ethiopie #Sénégal #root_causes #causes_profondes #contrôles_frontaliers #EU_Trust_Fund_for_Africa #Trust_Fund #propagande #campagne #dissuasion

    –—

    Ajouté à la métaliste sur l’externalisation :
    https://seenthis.net/messages/731749
    Et plus précisément :
    https://seenthis.net/messages/731749#message765328

    ping @isskein @karine4 @rhoumour @_kg_

  • #fake_news relayé par France2

    Tom Becques sur Twitter : « #Sénégal Plusieurs témoins affirment que des convois militaires se dirigent vers Dakar, la capitale du pays. Pour rappel, des partis politiques de l’opposition et des mouvements de la société civile appellent à trois jours de manifestations massives dans le pays, dès demain. https://t.co/Y7htqtHOPm » / Twitter
    https://twitter.com/TDelcan/status/1368661035092238338

  • ❝Au Sénégal, une révolte populaire s’ébranle contre la « recolonisation économique »
    7 mars 2021 Par Fanny Pigeaud - Mediapart.fr"
    https://www.mediapart.fr/tools/print/945517


    Manifestations tournant à l’émeute, dans la quartier de Colobane, le 5 mars 2021, à Dakar, après l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko. © Seyllou / AFP
    L’arrestation du principal opposant Ousmane Sonko a déclenché une vague de colère inédite, avec en toile de fond une remise en cause d’un système de gouvernance favorisant les intérêts étrangers. De nombreux magasins Auchan et des stations Total ont été pillés ou saccagés. Au moins quatre personnes ont été tuées.
    Depuis plusieurs mois la tension montait. Et ce mercredi 3 mars au Sénégal, l’arrestation du député Ousmane Sonko, opposant au président Macky Sall, a eu le même effet qu’une étincelle près d’un baril de poudre : une explosion qui part dans tous les sens.

    À Dakar et dans plusieurs autres villes, des milliers de jeunes ont dit leur colère, scandant « Libérez Sonko ! », « Dëkk bi Sonko ko moom ! » (« Ce pays appartient à Sonko », en wolof) et réclamant plus de démocratie, de justice et de considération. Ces manifestations spontanées se sont rapidement transformées en émeutes. Des biens privés, dont des magasins Auchan et des stations Total, des bâtiments abritant des médias, le domicile de membres ou de proches du pouvoir, ainsi que des bâtiments publics ont été pillés ou brûlés entre mercredi et vendredi.

    Selon un bilan officiel vendredi soir, quatre personnes ont été tuées dans des affrontements avec les forces de sécurité. Amnesty International a dénoncé des arrestations arbitraires, plusieurs activistes connus font partie des personnes interpelées, et la présence d’hommes « en tenue civile, armés de gourdins » aperçus « aux côtés des forces de sécurité » qui ont « pourchassé des manifestants », ainsi que la coupure du signal de chaînes de télévision.

    Cette situation insurrectionnelle n’a pas de précédent dans l’histoire récente du Sénégal. Les derniers épisodes de violences, à la fin des présidences d’Abdou Diouf (1981-2000) et d’Abdoulaye Wade (2000-2012), n’avaient pas atteint une telle ampleur.

    Lorsqu’il a été arrêté, Ousmane Sonko, 46 ans, classé troisième à l’élection présidentielle de 2019, se rendait au palais de justice de Dakar, où il était convoqué dans le cadre d’une plainte pour « viols et menaces de mort », déposée début février par l’employée d’un salon de massage. Ses avocats et partisans considèrent cette procédure comme le résultat d’un « complot mal ficelé » visant à l’éliminer de la course pour la présidentielle de 2024.

    Dès le dépôt de cette plainte, les autorités ont fait installer un barrage filtrant autour du domicile du leader du parti Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) et obtenu de manière accélérée la levée de son immunité parlementaire, confortant les soupçons d’une machination politique. De fait, Ousmane Sonko dérange Macky Sall, à qui la rumeur prête l’intention de se représenter pour un troisième mandat (non prévu par la Constitution). Il est devenu son principal opposant depuis la nomination, fin 2020, de l’ex-premier ministre Idrissa Seck au Conseil économique, social et environnemental.

    Cet ancien inspecteur des impôts, radié de la fonction publique pour avoir accusé publiquement des personnalités d’avoir bénéficié d’avantages fiscaux illégaux, dont le frère de Macky Sall, tient un langage nouveau dans le champ politique sénégalais.

    Manifestations tournant à l’émeute, dans la quartier de Colobane, le 5 mars 2021, à Dakar, après l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko. © Seyllou / AFP
    Plaidant pour une meilleure gouvernance, dénonçant la gestion du pétrole et du gaz par les autorités, il milite aussi pour plus de souveraineté économique et monétaire – le Sénégal est membre de la zone franc, contrôlée par l’État français. Il est devenu l’un des rares hommes politiques d’Afrique francophone à demander une refonte des relations avec la France, fustigeant aussi une « bourgeoisie compradore » qui profite d’un système construit pour satisfaire l’étranger et une minorité de Sénégalais. « Il n’y a pas de sentiment antifrançais. Il y a un sentiment pro-africain, expliquait-il en 2019 à ses collègues députés. Nous n’avons rien contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. »

    C’est ce discours qui l’a rendu populaire auprès d’une partie de la jeunesse (les moins de 20 ans représentent plus de la moitié des 16 millions d’habitants), de plus en plus sensible à l’idée de mettre fin à un « système néocolonial », à « la domination étrangère, surtout française », comme l’a récemment redit un membre du collectif Frapp (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine). Car depuis que Macky Sall est au pouvoir (élu en 2012, puis réélu en 2019 à l’issue d’un scrutin controversé), il entretient des liens étroits avec Paris et de nombreuses entreprises françaises se sont installées dans le pays, donnant l’impression d’une « recolonisation économique » de la France, certaines bénéficiant de gros contrats aux retombées faibles pour la population.

    Le projet d’un train express régional (TER) devant relier Dakar à l’aéroport international Blaise-Diagne illustre bien ce à quoi assistent les Sénégalais. Conçu pour un prix exorbitant (1,3 milliard d’euros pour 55 kilomètres), il a été construit et doit être exploité par des entreprises essentiellement françaises, dont Engie, Thales, Eiffage, la SNCF, la RATP, Alstom, etc.

    Le Sénégal s’est, de surcroît, endetté auprès de la France pour 230 millions d’euros afin de financer cet ouvrage, dont la construction a bouleversé le quotidien de milliers de personnes. Prévu pour rouler à partir de 2019, ce train, qui ne sera vraisemblablement accessible financièrement qu’à une infime partie des citoyens, n’est toujours pas en service. Pendant ce temps, la pauvreté touche près de 40 % de la population.

    Sans perspectives, des milliers de jeunes tentent d’émigrer : les départs par l’océan vers les îles Canaries ont beaucoup augmenté ces derniers mois. Le nombre de morts aussi : plus de 500 personnes se sont noyées dans des naufrages entre octobre et novembre 2020. Un chiffre record, probablement en deçà de la réalité. Les populations ne font qu’emprunter « le même chemin que suivent leurs ressources », soulignait Ousmane Sonko en 2019 dans un discours à l’Assemblée nationale. Tant que des intérêts étrangers viendront « piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, on ne pourra jamais régler cette question » de l’émigration clandestine, avait-il ajouté.

    Ce n’est donc pas un hasard si des magasins Auchan, des boutiques Orange et des stations Total ont été prioritairement visés par les émeutiers. Déjà, en décembre 2020, des centaines de pêcheurs manifestaient leur détresse après le renouvellement des accords de pêche avec l’Union européenne, estimant qu’ils leur étaient défavorables.

    En 2018, l’économiste Ndongo Samba Sylla avait prévenu dans une interview à la radio privée Sud FM : « Les contradictions s’accumulent. On a une jeunesse qui est là, de plus en plus nombreuse, et on a un système politique qui dit à ces jeunes : “Vous n’avez pas d’avenir.” Cette jeunesse ne va pas pouvoir rester là, à ne rien faire. Tôt ou tard, si on ne va pas vers des réformes audacieuses pour plus de démocratie, plus de souveraineté, plus de libertés, le système va imploser. » Ainsi, le « modèle démocratique sénégalais », tant vanté, révèle aujourd’hui ses nombreuses failles. Les mesures répressives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, avec l’instauration d’un couvre-feu, ont fissuré un peu plus l’édifice : pénalisant les nombreux travailleurs du secteur informel, elles ont renforcé les frustrations.

    Pour l’instant, le pouvoir maintient sa ligne. Le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a blâmé, vendredi soir, les manifestants, évoquant des « actes de nature terroriste » et accusant Ousmane Sonko d’être responsable des violences. Ce dernier était toujours en garde à vue dimanche matin, après avoir été inculpé vendredi pour « participation à une manifestation non autorisée » et « troubles à l’ordre public », en lien avec les échauffourées qui ont eu lieu avant son arrestation entre ses partisans et les forces de l’ordre.

    Les partis d’opposition et mouvements de la société civile ont prévu de nouvelles manifestations lundi.
    #Sénégal #Néocolonial #freesenegal

  • Guéri du Covid, Baldé raconte : "Un jour, ma femme a cru que j’étais mort…’’
    https://www.seneweb.com/news/Politique/gueri-du-covid-balde-raconte-quot-un-jou_n_339599.html

    Invité sur le plateau de Dclique, le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé revient sur son combat contre le coronavirus. Il explique comment la maladie l’avait terrassé et les frayeurs de sa famille. Guéri, il précise la raison pour laquelle il a été pris en charge en France."Je ne suis pas allé me soigner en France, j’ai été contaminé ici au Sénégal. J’étais déjà asymptomatique avant de quitter le pays, d’ailleurs j’ai chopé le virus à l’Assemblée nationale. Je devais aller en mission au niveau de la Tunisie et j’ai rencontré le maire de Paris. A partir du troisième jour, j’ai commencé à ressentir de la fatigue. Mais malgré ça , le quatrième jour j’ai encore pris l’avion pour aller en France. Une fois sur Paris, j’ai refait des tests et le résultat est revenu positif. Ne pouvant pas effectuer le voyage, j’étais obligé de rester pour me soigner’’, explique le député-maire.

    #Covid-19#migrant#migration#senegal#france#sante#circulationtherapeutique#test#frontiere#elite

  • Un nombre choquant de morts, mais aussi des luttes grandissantes sur place

    2020 a été une année difficile pour des populations du monde entier. Les voyageur.euses des routes de #Méditerranée_occidentale et de l’Atlantique n’y ont pas fait exception. Iels ont fait face à de nombreux nouveaux défis cette année, et nous avons été témoins de faits sans précédents. Au Maroc et en #Espagne, non seulement la crise du coronavirus a servi d’énième prétexte au harcèlement, à l’intimidation et à la maltraitance de migrant.es, mais les itinéraires de voyage ont aussi beaucoup changé. Un grand nombre de personnes partent à présent d’Algérie pour atteindre l’Espagne continentale (ou même la #Sardaigne). C’est pourquoi nous avons commencé à inclure une section Algérie (voir 2.6) dans ces rapports. Deuxièmement, le nombre de traversées vers les #Canaries a explosé, particulièrement ces trois derniers mois. Tout comme en 2006 – lors de la dénommée « #crise_des_cayucos », lorsque plus de 30 000 personnes sont arrivées aux Canaries – des bateaux partent du Sahara occidental, mais aussi du Sénégal et de Mauritanie. Pour cette raison, nous avons renommé notre section sur les îles Canaries « route de l’Atlantique » (voir 2.1).

    Le nombre d’arrivées sur les #îles_Canaries est presqu’aussi élevé qu’en 2006. Avec plus de 40 000 arrivées en 2020, le trajet en bateau vers l’Espagne est devenu l’itinéraire le plus fréquenté des voyages vers l’Europe. Il inclut, en même temps, l’itinéraire le plus mortel : la route de l’Atlantique, en direction des îles Canaries.

    Ces faits sont terrifiants. A lui seul, le nombre de personnes mortes et de personnes disparues nous laisse sans voix. Nous dressons, tous les trois mois, une liste des mort.es et des disparu.es (voir section 4). Pour ce rapport, cette liste est devenue terriblement longue. Nous sommes solidaires des proches des défunt.es ainsi que des survivant.es de ce calvaire. A travers ce rapport, nous souhaitons mettre en avant leurs luttes. Nous éprouvons un profond respect et une profonde gratitude à l’égard de celles et ceux qui continuent de se battre, sur place, pour la dignité humaine et la liberté de circulation pour tous.tes.

    Beaucoup d’exemples de ces luttes sont inspirants : à terre, aux frontières, en mer et dans les centres de rétention.

    En Espagne, le gouvernement fait tout son possible pour freiner la migration (voir section 3). Ne pouvant empêcher la mobilité des personnes, la seule chose que ce gouvernement ait accompli c’est son échec spectaculaire à fournir des logements décents aux personnes nouvellement arrivées. Néanmoins, beaucoup d’Espagnol.es luttent pour les droits et la dignité des migrant.es. Nous avons été très inspiré.es par la #CommemorAction organisée par des habitant.es d’Órzola, après la mort de 8 voyageur.euses sur les plages rocheuses du nord de #Lanzarote. Ce ne sont pas les seul.es. : les citoyen.nes de Lanzarote ont publié un manifeste réclamant un traitement décent pour quiconque arriverait sur l’île, qu’il s’agisse de touristes ou de voyageur.euses en bateaux. Nous relayons leur affirmation : il est important de ne pas se laisser contaminer par le « virus de la haine ».

    Nous saluons également les réseaux de #solidarité qui soutiennent les personnes arrivées sur les autres îles : par exemple le réseau à l’initiative de la marche du 18 décembre en #Grande_Canarie, « #Papeles_para_todas » (papiers pour tous.tes).

    Des #résistances apparaissent également dans les centres de rétention (#CIE : centros de internamiento de extranjeros, centres de détention pour étrangers, équivalents des CRA, centres de rétention administrative en France). En octobre, une #manifestation a eu lieu sur le toit du bâtiment du CIE d’#Aluche (Madrid), ainsi qu’une #grève_de_la_faim organisée par les personnes qui y étaient détenues, après que le centre de #rétention a rouvert ses portes en septembre.

    Enfin, nous souhaitons mettre en lumière la lutte courageuse de la CGT, le syndicat des travailleur.euses de la #Salvamento_Maritimo, dont les membres se battent depuis longtemps pour plus d’effectif et de meilleures conditions de travail pour les gardes-côtes, à travers leur campagne « #MásManosMásVidas » (« Plus de mains, plus de vies »). La CGT a fait la critique répétée de ce gouvernement qui injecte des fonds dans le contrôle migratoire sans pour autant subvenir aux besoins financiers des gardes-côtes, ce qui éviterait l’épuisement de leurs équipes et leur permettrait de faire leur travail comme il se doit.

    Au Maroc, plusieurs militant.es ont dénoncé les violations de droits humains du gouvernement marocain, critiquant des pratiques discriminatoires d’#expulsions et de #déportations, mais dénonçant aussi la #stigmatisation que de nombreuses personnes noires doivent endurer au sein du Royaume. Lors du sit-in organisé par l’AMDH Nador le 10 décembre dernier, des militant.es rassemblé.es sur la place « Tahrir » de Nador ont exigé plus de liberté d’expression, la libération des prisonnier.es politiques et le respect des droits humains. Ils y ont également exprimé le harcèlement infligé actuellement à des personnes migrant.es.

    De la même manière, dans un communiqué conjoint, doublé d’une lettre au Ministère de l’Intérieur, plusieurs associations (Euromed Droits, l’AMDH, Caminando Fronteras, Alarm Phone, le Conseil des Migrants) se sont prononcées contre la négligence des autorités marocaines en matière de #sauvetage_maritime.

    Les voyageur.euses marocain.es ont également élevé la voix contre l’état déplorable des droits humains dans leur pays (voir le témoignage section 2.1) mais aussi contre les conditions désastreuses auxquelles iels font face à leur arrivée en Espagne, dont le manque de services de première nécessité dans le #camp portuaire d’#Arguineguín est un bon exemple.

    Au #Sénégal, les gens se sont organisées après les #naufrages horrifiants qui ont eu lieu en très grand nombre dans la seconde moitié du mois d’octobre. Le gouvernement sénégalais a refusé de reconnaître le nombre élevé de morts (#Alarm_Phone estime jusqu’à 400 le nombre de personnes mortes ou disparues entre le 24 et le 31 octobre, voir section 4). Lorsque des militant.es et des jeunes ont cherché à organiser une manifestation, les autorités ont interdit une telle action. Pourtant, trois semaines plus tard, un #rassemblement placé sous le slogan « #Dafa_doy » (Y en a assez !) a été organisé à Dakar. Des militant.es et des proches se sont réuni.es en #mémoire des mort.es. Durant cette période, au Sénégal, de nombreuses personnes ont été actives sur Twitter, ont tenté d’organiser des #hommages et se sont exprimées sur la mauvaise gestion du gouvernement sénégalais ainsi que sur les morts inqualifiables et inutiles.

    https://alarmphone.org/fr/2021/01/29/un-nombre-choquant-de-morts-mais-aussi-des-luttes-grandissantes-sur-plac
    #décès #morts #mourir_aux_frontières #asile #migrations #réfugiés #Méditerranée #mourir_en_mer #route_Atlantique #Atlantique #Ceuta #Melilla #Gibraltar #détroit_de_Gibraltar #Nador #Oujda #Algérie #Maroc #marche_silencieuse

    ping @karine4 @_kg_
    #résistance #luttes #Sénégal

    • Liste naufrages et disparus (septembre 2020-décembre 2020) (partie 4 du même rapport)

      Le 30 septembre, un mineur marocain a été retrouvé mort dans un bateau dérivant devant la côte de la péninsule espagnole, près d’Alcaidesa. Apparemment, il est mort d’hypothermie.

      Le 1er octobre, un cadavre a été récupéré en mer dans le détroit de Gibraltar.

      Le 2 octobre, 53 voyageur.euse.s, dont 23 femmes et 6 enfants, ont été porté.e.s disparu.e.s en mer. Le bateau était parti de Dakhla en direction des îles Canaries. L’AP n’a pas pu trouver d’informations sur leur localisation. (Source : AP).

      Le 2 octobre, un corps a été retrouvé sur un bateau transportant 33 voyageur.euse.s au sud de Gran Canaria. Cinq autres passager.e.s étaient dans un état critique.

      Le 2 octobre, comme l’a rapporté la militante des droits de l’homme Helena Maleno, d’un autre bateau avec 49 voyageur.euse.s sur la route de l’Atlantique, 7 ont dû être transférés à l’hôpital dans un état critique. Deux personnes sont mortes plus tard à l’hôpital.

      Le 6 octobre, un corps a été récupéré au large d’Es Caragol, à Majorque, en Espagne.

      Le 6 octobre, un corps a été rejeté sur la plage de Guédiawaye, au Sénégal.

      Le 9 octobre, Alarm Phone a continué à rechercher en vain un bateau transportant 20 voyageur.euse.s en provenance de Laayoune. Iels sont toujours porté.e.s disparu.e.s. (Source : AP).

      Le 10 octobre, un corps a été retrouvé par les forces algériennes sur un bateau qui avait initialement transporté 8 voyageur.euse.s en provenance d’Oran, en Algérie. Deux autres sont toujours portés disparus, 5 des voyageur.euse.s ont été sauvé.e.s.

      Le 12 octobre, 2 corps de ressortissant.e.s marocain.e.s ont été récupérés en mer au large de Carthagène.

      Le 16 octobre, 5 survivant.e.s d’une odyssée de 10 jours en mer ont signalé que 12 de leurs compagnons de voyage étaient porté.e.s disparu.e.s en mer. Le bateau a finalement été secouru au large de la province de Chlef, en Algérie.

      Le 20 octobre, un voyageur est mort sur un bateau avec 11 passager.e.s qui avait débarqué de Mauritanie en direction des îles Canaries. (Source : Helena Maleno).

      Le 21 octobre, la Guardia Civil a ramassé le corps d’un jeune ressortissant marocain en combinaison de plongée sur une plage centrale de Ceuta.

      Le 21 octobre, Salvamento Maritimo a secouru 10 voyageur ;.euse.s dans une embarcation en route vers les îles Canaries, l’un d’entre eux est mort avant le sauvetage.

      Le 23 octobre, le moteur d’un bateau de Mbour/Sénégal a explosé. Il y avait environ 200 passager.e.s à bord. Seul.e.s 51 d’entre elleux ont pu être sauvé.e.s.

      Le 23 octobre, un corps a été rejeté par la mer dans la municipalité de Sidi Lakhdar, à 72 km à l’est de l’État de Mostaganem, en Algérie.

      Le 24 octobre, un jeune homme en combinaison de plongée a été retrouvé mort sur la plage de La Peña.

      Le 25 octobre, un bateau parti de Soumbédioun/Sénégal avec environ 80 personnes à bord est entré en collision avec un patrouilleur sénégalais. Seul.e.s 39 voyageur.euse.s ont été sauvé.e.s.

      Le 25 octobre, un bateau avec 57 passager.e.s a chaviré au large de Dakhla/ Sahara occidental. Une personne s’est noyée. Les secours sont arrivés assez rapidement pour sauver les autres voyageur.euse.s.

      Le 25 octobre, Salvamento Marítimo a sauvé trois personnes et a récupéré un corps dans un kayak dans le détroit de Gibraltar.

      Le 26 octobre, 12 ressortissant.e.s marocain.e.s se sont noyé.e.s au cours de leur périlleux voyage vers les îles Canaries.

      Le 29 octobre, nous avons appris une tragédie dans laquelle probablement plus de 50 personnes ont été portées disparues en mer. Le bateau avait quitté le Sénégal deux semaines auparavant. 27 survivant.e.s ont été sauvé.e.s au large du nord de la Mauritanie.

      Le 30 octobre, un autre grand naufrage s’est produit au large du Sénégal. Un bateau transportant 300 passager.e.s qui se dirigeait vers les Canaries a fait naufrage au large de Saint-Louis. Seules 150 personnes ont survécu. Environ 150 personnes se sont noyées, mais l’information n’est pas confirmée.

      Le 31 octobre, une personne est morte sur un bateau en provenance du Sénégal et à destination de Tenerifa. Le bateau avait pris le départ avec 81 passager.e.s.

      Le 2 novembre, 68 personnes ont atteint les îles Canaries en toute sécurité, tandis qu’un de leurs camarades a perdu la vie en mer.

      Le 3 novembre, Helena Maleno a signalé qu’un bateau qui avait quitté le Sénégal avait chaviré. Seul.e.s 27 voyageur.euse.s ont été sauvé.e.s sur la plage de Mame Khaar. 92 se seraient noyé.e.s.

      Début novembre, quatre Marocain.e.s qui tentaient d’accéder au port de Nador afin de traverser vers Melilla par un canal d’égout se sont noyé.e.s.

      Le 4 novembre, un groupe de 71 voyageur.euse.s en provenance du Sénégal a atteint Tenerifa. Un de leurs camarades est mort pendant le voyage.

      Le 7 novembre, 159 personnes atteignent El Hierro. Une personne est morte parmi eux.

      Le 11 novembre, un corps est retrouvé au large de Soumbédioune, au Sénégal.

      Le 13 novembre, 13 voyageur.euse.s de Boumerdes/Algérie se sont noyé.e.s alors qu’iels tentaient de rejoindre l’Espagne à bord d’une embarcation pneumatique.

      Le 14 novembre, après 10 jours de mer, un bateau de Nouakchott est arrivé à Boujdour. Douze personnes sont décédées au cours du voyage. Les 51 autres passager.e.s ont été emmené.e.s dans un centre de détention. (Source : AP Maroc)

      Le 16 novembre, le moteur d’un bateau a explosé au large du Cap-Vert. Le bateau était parti avec 150 passager.e.s du Sénégal et se dirigeait vers les îles Canaries. 60 à 80 personnes ont été portées disparues lors de la tragédie.

      Le 19 novembre, 10 personnes ont été secourues alors qu’elles se rendaient aux îles Canaries, l’une d’entre elles étant décédée avant son arrivée.

      Le 22 novembre, trois corps de jeunes ressortissant.e.s marocain.e.s ont été récupérés au large de Dakhla.

      Le 24 novembre, huit voyageur.euse.s sont mort.e.s et 28 ont survécu, alors qu’iels tentaient de rejoindre la côte de Lanzarote.

      Le 24 novembre, un homme mort a été retrouvé sur un bateau qui a été secouru par Salvamento Maritimo au sud de Gran Canaria. Le bateau avait initialement transporté 52 personnes.

      Le 25 novembre, 27 personnes sont portées disparues en mer. Elles étaient parties de Dakhla, parmi lesquelles 8 femmes et un enfant. Alarm Phone n’a pas pu trouver d’informations sur leur sort (Source : AP).

      Le 26 novembre, deux femmes et deux bébés ont été retrouvés mort.e.s dans un bateau avec 50 personnes originaires de pays subsahariens. Iels ont été emmenés par la Marine Royale au port de Nador.

      Le 27 novembre, un jeune ressortissant marocain est mort dans un canal d’eau de pluie en tentant de traverser le port de Nador pour se rendre à Mellila .

      Le 28 novembre, un.e ressortissant.e marocain.e a été retrouvé.e mort.e dans un bateau transportant 31 passager.e.s en provenance de Sidi Ifni (Maroc), qui a été intercepté par la Marine royale marocaine.

      Le 2 décembre, deux corps ont été retrouvés sur une plage au nord de Melilla.

      Le 6 décembre, 13 personnes se sont retrouvées au large de Tan-Tan/Maroc. Deux corps ont été retrouvés et deux personnes ont survécu. Les 9 autres personnes sont toujours portées disparues.

      Le 11 décembre, quatre corps de “Harraga” algérien.ne.s d’Oran ont été repêchés dans la mer, tandis que sept autres sont toujours porté.e.s disparu.e.s.

      Le 15 décembre, deux corps ont été retrouvés par la marine marocaine au large de Boujdour.

      Le 18 décembre, sept personnes se sont probablement noyées, bien que leurs camarades aient réussi à atteindre la côte d’Almería par leurs propres moyens.

      Le 23 décembre, 62 personnes ont fait naufrage au large de Laayoune. Seules 43 à 45 personnes ont survécu, 17 ou 18 sont portées disparues. Une personne est morte à l’hôpital. (Source : AP)

      Le 24 décembre, 39 voyageur.euse.s ont été secouru.e.s au large de Grenade. Un des trois passagers qui ont dû être hospitalisés est décédé le lendemain à l’hôpital.

      https://alarmphone.org/fr/2021/01/29/un-nombre-choquant-de-morts-mais-aussi-des-luttes-grandissantes-sur-place/#naufrages

  • Détection du variant anglais du coronavirus : Le Sénégal dans une nouvelle phase de la lutte contre la COVID-19.
    https://www.dakaractu.com/Detection-du-variant-anglais-du-coronavirus-Le-Senegal-dans-une-nouvelle-

    Au Sénégal, les autorités sanitaires tentent de rassurer. Le Directeur de la prévention au ministère de la Santé a confié à nos confrères de la RFM que l’homme par qui le variant anglais est entré au Sénégal a été isolé et traité de même que ses contacts qui ont été déclarés guéris. Selon un décompte fait par Dakaractu, 176 cas importés ont été enregistrés depuis le 1er septembre. La dernière fois que des cas importés ont été détectés remonte à...trois jours. En effet, le bilan du ministère du 25 janvier faisait état de 2 cas importés parmi les nouvelles contaminations. Ce qui veut dire que le risque d’accueillir de voyageurs avec le variant britannique demeure, surtout que celui-ci est présent dans au moins 70 pays et territoires.
    Ce risque est d’autant plus élevé que des entrées au Sénégal avec de faux tests négatifs ont été récemment dénoncés par le ministre de la Santé. « Les cas graves et sévères sont devenus plus nombreux dans cette deuxième vague. Du coup, les cas de décès deviennent plus nombreux. C’est pourquoi on doit prendre toutes les dispositions pour maîtriser la pandémie en amont. Accélérer la détection précoce. Que la prise en charge soit efficace.
    Mais nous dénonçons les fraudes au niveau des tests qui sont à l’origine de ces cas importés à l’aéroport. Il y a des voyageurs qui atterrissent avec de faux tests très vite détectés par les services de sécurité et de santé préposés à l’aéroport. C’est ce qui nous a permis de maîtriser les cas importés », a déploré Abdoulaye Diouf Sarr dans l’émission Saytu de la RTS.
    Mais faut-il juste se limiter à dénoncer si l’on sait que depuis le 2 décembre, la maladie se répand de façon exponentielle et semble plus mortelle que lors de la première vague. Autant dire que le Sénégal est entré dans une nouvelle phase de l’épidémie et à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles...

    #Covid-19#migrant#migration#afrique#senegal#sante#variant#casimporté#pandemie#test

  • Pélérinage 2021 aux lieux saints de l’Islam : « Il faut s’y mettre dès à présent... » (Aïssata Tall Sall, ministre des affaires étrangères)
    https://www.dakaractu.com/Pelerinage-2021-aux-lieux-saints-de-l-Islam-%C2%A0Il-faut-s-y-mettre-des-

    Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, reste optimiste quant à la tenue de cette édition 2021 du pèlerinage aux lieux saints de l’Islam. Elle a rappelé récemment, à l’occasion de la rencontre avec les voyagistes privés, la nécessité de se préparer pour un bon déroulement de l’édition prochaine. Il faudra également s’y préparer en prenant en compte le volet vaccination qui est d’ailleurs un aspect indispensable pour cet événement mondial. « C’est vrai qu’on n’a pas encore de confirmation sur la tenue ou non du Hajj (pèlerinage) de 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, mais il faut, dès maintenant, poser la problématique des vaccins pour essayer d’y remédier au niveau diplomatique », a rappelé la ministre Aïssata Tall Sall devant les voyagistes privés. Cette dernière a également soulevé avec les voyagistes privés et des responsables de la délégation générale chargée du pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, l’urgence de se focaliser sur les difficultés rencontrées généralement dans le cadre de la préparation de cet événement. « Les difficultés, on doit ensemble et dès à présent, s’y atteler et les résoudre surtout dans ce contexte de crise sanitaire », a-t-elle ajouté tout en rappelant que le ministère sous sa tutelle, ne doit avoir aucunement de surprises si la date du pèlerinage venait à etre confirmée.

    #Covid-19#migrant#migration#senegal#religion#islam#sante#pelerinage#politique#vaccination

  • Disparition inquiétante de Diary Sow, étudiante au lycée Louis-le-Grand à Paris | Actu Paris
    https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/disparition-inquietante-de-diary-sow-etudiante-au-lycee-louis-le-grand-a-paris_

    Diary Sow, meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, actuellement en classe préparatoire au Lycée Louis-Le-Grand de Paris, est portée disparue depuis quelques jours, indique l’Agence de presse sénagalaise (APS) selon laquelle, l’élève n’a pas repris les cours depuis le retour des fêtes de Noël.

    Dans un communiqué, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, Serigne Mbaye Thiam, parrain de Diarry Sow, déclare que « l’information est malheureusement vérifiée’’.

    ’’Le Service de gestion des étudiants sénégalais à Paris a échangé avec les directions de son école et de sa résidence et assure un suivi rapproché de la situation avec ces établissements’’, a indiqué M. Thiam.

    Selon lui, les services de l’ambassade et du consulat du Sénégal à Paris sont aussi mobilisés pour retrouver la jeune fille. La police française a été également « informée ».

    Diary Sow, qui est également écrivaine, est un modèle de réussite au Sénégal

  • J’avais raté ce morceau d’avril 2020, du Sénégal, une reprise du classique de Youssou N’Dour, Xale (les jeunes), avec une vingtaine d’artistes sénégalais dans le Studio Sankara de Didier Awadi, pour sensibiliser la population à la pandémie de coronavirus :

    Youssou N’DOUR, Didier AWADI, MATADOR, Mamy VICTORY, Duggy TEE, BAXAW, SIMON, OMG, DIP Doundou GUISS, Samba PEUZZI, Korka DIENG, MOONAYA, XUMAN , Ngaaka BLINDE, Ndongo D, Clayton HAMILTON, VIVIANE, Pape BIRAHIM, Fou MALADE, Idrissa DIOP - Daan Corona (Vaincre le Corona)
    https://www.youtube.com/watch?v=qwT19-up78M

    Pour ma compile #coronavirus et #musique :
    https://seenthis.net/messages/832339

    NB1, par plaisir, la version originale de Xale, en 1985 :
    https://www.youtube.com/watch?v=l54Fhtf0fg0

    Et celle de 1990 :
    https://www.youtube.com/watch?v=9eT08LgMm4E

    #Sénégal #Youssou_N'DOUR #Didier_AWADI

  • Podor : Riposte pédagogique contre la Covid-19 pour améliorer les conditions d’études des réfugiés dans la Vallée
    https://www.seneweb.com/news/Societe/podor-riposte-pedagogique-contre-la-covi_n_336830.html

    Le Haut commissariat des réfugiés n’a pas lésiné sur les moyens pour maximiser les chances de réussite des réfugiés dans la vallée du fleuve Sénégal dans ce contexte de covid-19.Tablettes, cartes mémoires, fascicules des programmes, cahiers entre autres, constituent les kits scolaires distribués aux élèves réfugiés de la vallée.Ce programme initié par le gouvernement du Sénégal, le HCR, l’UNICEF, vise 900 élèves dont 500 sont dans le département de Podor.Le programme est destiné aux élèves réfugiés de la vallée de Saint-Louis à Bakel et leur permet d’étudier tous les programmes à distance.

    #Covid-19#migrant#migration#senegal#sante#refigie#enfant#scolaraisation

  • AIBD - Indignation de passagers sénégalais après des contrôles à l’embarquement faits par des policiers français et espagnols : la #souveraineté sénégalaise à rude épreuve !

    Des témoignages de passagers qui ont transité cette semaine par l’Aéroport Blaise Diagne de #Diass font état d’une situation inédite au niveau du contrôle préalable à l’embarquement. Pour la plupart en route pour des pays européens, ils ont remarqué selon certains qui ont bien voulu témoigner à Dakaractu, un contrôle a posteriori effectué par des éléments qui semblaient appartenir à des polices étrangères. En effet, après le contrôle des sociétés habituelles et connues à l’#AIBD, des policiers étrangers et principalement français et espagnols se chargeaient en dernier lieu, de vérifier la paperasse des passagers.

    Dakaractu qui a cherché à en savoir plus, a câblé quelques hauts gradés de la sécurité intérieure du pays. Selon un responsable c’est deux coopérants espagnols qui étaient à l’AIBD. Il a ainsi écarté toute présence de policiers français sur le périmètre du contrôle aéroportuaire. Un fait infirmé par les témoignages des passagers qui confirment bien l’enseigne de la #police française sur les tenues des agents avec le drapeau tricolore à l’appui.

    Une situation inédite qui a révulsé plus d’un passager qui ne se sont pas privés de commenter « cette bizarrerie ». D’autant plus que personne n’imagine voir un jour des policiers sénégalais préposés au contrôle dans un aéroport Européen, quel que puisse être le pays.

    Mais du côté de notre interlocuteur au niveau de la sécurité intérieure toujours, on se défend en indiquant que « ces deux agents étaient dans ce que l’on appelle dans le jargon de la sécurité publique, des « #mentors ». Leur présence entre dans le cadre d’un #accord nommé #programme_opérationnel_conjoint entre l’État et l’Union européenne, a-t-il renseigné en outre. Ils devraient selon lui, former de jeunes policiers sénégalais à certaines méthodes de #dissimulation. Sauf que selon nos sources de l’aéroport du côté des passagers, il n’y avait nulle part trace de policiers sénégalais près des « fameux mentors » en mission de #formation. Quoi de plus logique ?

    Du côté des passagers qui ont câblé Dakaractu on pense vraiment qu’un aéroport mais aussi le port restent des symboles de la #souveraineté_nationale d’un pays. De petites choses que l’État sénégalais « minimise », se plaignent nos interlocuteurs, mais qui donnent encore raison aux activistes qui pensent que le « Sénégal est toujours sous le joug de l’impérialisme français ».

    https://www.dakaractu.com/AIBD-Indignation-de-passagers-senegalais-apres-des-controles-a-l-embarque
    #aéroport #asile #migrations #frontières #contrôles_frontaliers #externalisation #Sénégal #contrôles_d'identité #police #France #Espagne #officiers_de_liaison_immigration (#OLI)

    ping @rhoumour @karine4 @_kg_

  • #Sénégal : les cas de #Covid-19 repartent à la hausse,

    #Coronavirus - « Cela Va Créer Des Problèmes » : Le Pr Seydi Alerte Les Sénégalais !
    https://www.senenews.com/actualites/coronavirus-cela-va-creer-des-problemes-le-pr-seydi-alerte-les-senegalais_

    Et quand on regarde bien, c’est souvent des rassemblements religieux. Dans les quartiers, on bloque les rues, les gens se comportent comme si la pandémie était terminée », déplore Pr Moussa Seydi.

    Selon Le Quotidien, il demande aux chefs religieux qui ont un leadership fort de faire revenir les fidèles à de meilleurs comportements afin d’éviter des rassemblements tous azimuts, chaque week-end, tous les jours.

    Le non-respect des mesures-barrières joue très certainement un rôle essentiel, mais le « Magal », rassemblement religieux qui réunit des millions de fidèles sur deux jours avait eu lieu en octobre dernier sans augmentation du nombre des cas par la suite.

    Cette hausse coïncide très précisément avec la baisse (relative mais notable) des températures et de l’humidité.

  • Note d’analyse : La mise en œuvre du #fonds_fiduciaire_d’urgence au #Mali, #Niger et #Sénégal

    Cette note d’analyse actualise le rapport conjoint « Chronique d’un chantage » (https://seenthis.net/messages/652123), publié en 2017 avec le #collectif_Loujna-Tounkaranké et le réseau euro-africain Migreurop, qui dénonçait l’utilisation politique du #FFU.

    Le #fonds_fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (FFU) de l’Union européenne (UE) a été créé lors du Sommet UE-Afrique sur les migrations de la Valette (Malte) en 2015 en réaction à l’augmentation des arrivées de personnes migrantes sur les côtes européennes.

    Les informations ont été collectées et des entretiens menés avec des acteurs de mise en œuvre dans ces trois pays.

    La Cimade, l’Association malienne des expulsés (AME), Alternative espaces citoyens Niger (AEC) et le Réseau migration et développement du Sénégal (REMIDEV) travaillent depuis de nombreuses années sur la coopération UE-Afrique en matière migratoire et ont choisi les projets en fonction de la pertinence des thématiques et des données disponibles. Certains projets ont dû être écartés (projets régionaux, projets liés à la coopération policière et militaire) par manque d’accès à l’information.

    https://www.lacimade.org/publication/note-analyse-ffu

    Pour télécharger le rapport :
    https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2020/11/LaCim.CollNotes2-UFF-10F-.pdf

    Analyse détaillée sur le Mali :
    https://www.lacimade.org/note-analyse-ffu-mali

    Analyse détaillée sur le Niger :
    https://www.lacimade.org/note-analyse-ffu-niger

    #externalisation #asile #migrations #réfugiés #rapport #La_Cimade #Cimade

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    • La mise en œuvre du fonds fiduciaire d’urgence au Niger

      Analyse détaillé de la mise en œuvre du fonds fiduciaire d’urgence de l’UE au Niger à travers deux projets FFU particulièrement emblématiques en complément de la note d’analyse « La mise en œuvre du fonds fiduciaire d’urgence au Mali, Niger et Sénégal : outil de développement ou de contrôle des migrations ? ».

      Contexte de la mise en œuvre du FFU au Niger

      Un pays d’accueil de toutes formes de mobilités

      Le Niger est régulièrement évoqué comme un pays de transit des personnes migrantes vers les pays du Nord de l’Afrique et vers l’Europe. C’est notamment sur cette base que la coopération avec l’Union européenne (UE) sur les questions migratoires s’est développée. Pourtant, le Niger est avant tout depuis plusieurs années un pays « où se superposent toutes les formes de mobilités, volontaires comme forcées[1] ». Près de 500 000 personnes y sont en effet sous la protection du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)[2] : des personnes réfugiées fuyant le conflit au Mali depuis 2012, des personnes fuyant le Nigéria ou la zone frontalière avec ce pays en raison des exactions de Boko Haram (réfugié·e·s nigérian·ne·s, personnes nigériennes de retour ou déplacées internes) ainsi que des personnes, en majorité soudanaises, en demande d’asile. Le pays accueille aussi des personnes de retour de Libye et des personnes expulsées d’Algérie (plus de 25 000 en 2019 dont 10 000 ressortissant·e·s nigérien·ne·s)[3].

      Coopération avec l’Union européenne sur les questions de migrations

      La coopération de l’UE avec le Niger sur les questions de migrations n’est pas nouvelle. Elle s’est particulièrement intensifiée à partir de 2015 suite à une augmentation des arrivées de personnes migrantes sur les côtes européennes depuis la Libye, cette année-là. L’UE rencontrant des difficultés à mener des projets destinés à contenir les personnes migrantes en Libye du fait du contexte chaotique depuis la chute de Kadhafi, elle s’est tournée vers le Niger. L’agenda européen en matière de migration adopté en mai 2015 prévoyait déjà plusieurs mesures concernant le Niger. Il a ensuite été un pays clé du Sommet UE-Afrique de La Valette (Malte) sur les migrations en novembre 2015 où les chefs d’État européens et africains ont développé un plan d’action conjoint sur les migrations, et un des principaux bénéficiaires du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique (FFU) adopté à cette occasion.

      La loi 2015-036 sur le trafic illicite des migrants

      C’est dans ce contexte que le Niger a adopté la loi 2015-036 sur le trafic illicite des migrants en mai 2015, quelques mois avant le Sommet UE-Afrique de la Valette, durant lequel le Niger a présenté un plan spécifique de « lutte contre les migrations irrégulières ». Cette loi criminalise l’aide à l’entrée ou la sortie illégale du Niger et l’aide au maintien sur le territoire de personnes en situation irrégulière.

      Elle a été appliquée durement plusieurs mois après son adoption (été 2016), notamment dans la région d’#Agadez, et sans information préalable et préparation des populations concernées et des instances étatiques régionales. Les transporteurs (chauffeurs de bus ou d’autres véhicules privés) se dirigeant vers le Nord en dehors des convois officiels ont été particulièrement visé. Les véhicules ont été saisis et les chauffeurs déférés en justice sur la base d’une suspicion d’entrée irrégulière à venir en Algérie ou en Libye[4]. Elle a également visé les hébergeurs, les intermédiaires mais aussi les vendeurs de cartes téléphone ou d’eau…

      À Agadez, les revenus liés à la migration étaient une ressource importante pour l’économie locale. L’application de la loi a été très mal perçue par la population. Le transport des personnes dans cette région est une activité majoritairement exercée par des membres des communautés touarègue et Toubou, disposant d’agences de voyage créées à l’époque où l’économie du tourisme était encore florissante, puis reconverties dans le transport des personnes migrantes depuis la fin de la rébellion touarègue au milieu des années 1990. Cette activité était parfaitement légale et s’exerçait majoritairement avec des permis estampillés dans les mairies et escortes militaires[5]. La loi 2015-036 a interdit cette activité du jour au lendemain et criminalisé les transporteurs. Ces conséquences ont été telles sur l’économie d’Agadez et une partie de sa population qu’elles ont fait craindre pour la stabilité de celle-ci. C’est la Haute autorité à la consolidation de la paix (HACP) créé en 1995 pour la mise en œuvre des accords de pays après la rébellion touarègue, qui a alerté sur ces enjeux.
      La mise en œuvre du FFU au Niger

      Le Niger est l’un des premiers pays bénéficiaires du FFU et a bénéficié des tous premiers projets signés en 2016. Il est aussi concerné par certains projets régionaux. 12 projets nationaux sont mis en œuvre au Niger (pour un montant total de 253 millions d’euros).

      A l’image de l’ensemble des projets du FFU, la majorité (6) est gérée par des coopérations européennes ou par des organisations internationales (OIM et HCR) (3). Seuls deux projets sont gérés par un acteur nigérien (la HACP), et un par un consortium d’ONG. Cette gestion pose question, notamment en ce qui concerne la pertinence des projets comme réponses aux besoins des États bénéficiaires et leur appropriation[6]. Au Niger, un responsable de la HACP souligne que les fonds du FFU « ne vont pas aux pays bénéficiaires », ce qui revient à « affaiblir l’État qui perd en crédibilité[7] ». Dans le même sens, le bilan migration 2018-2019 du gouvernement du Niger indique que certains projets « exécutés au compte du Niger par les partenaires ne correspondent pas toujours aux besoins réels des populations au niveau des collectivités », notamment car ils ne tiennent pas compte des « plans de développement communaux et régionaux », ce qui « fait courir (…) le risque d’un déphasage par rapport aux besoins réels des populations[8] ».

      En termes d’objectifs, bien que le FFU soit principalement financé par le Fonds européen de développement (FED), une grande partie des projets pour la région Sahel (48% des fonds, 1,6 milliards d’euros) sont affectés à des projets « directement liés à la migration[9] », contrairement aux principes de l’aide au développement[10]. Le Niger reçoit la plus grosse part (24% du budget) et fait figure de pays pilote en matière de lutte contre le trafic de personnes ou les migrations « irrégulières ».

      Ainsi, concernant les objectifs des 12 projets nationaux, trois projets concernent directement la « gestion » de la migration à travers le développement local (coopération allemande – GIZ), le renforcement de la chaîne pénale (AFD) et la création d’une équipe conjointe d’investigation (ECI) « pour la lutte contre les réseaux criminels liés à l’immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic des migrants » (coopération espagnole – FIIAPP) ; deux projets de l’Organisation internationale des migrations (OIM) concernent l’assistance aux personnes migrantes et leur retour « volontaire ».

      Par ailleurs, sur la quinzaine de projets régionaux concernant le Niger, sept projets portent sur l’appui au G5 Sahel[11] (cinq projets pour 177 millions d’euros) et aux forces de police ; deux projets financent l’assistance et le retour des personnes migrantes détenues en Libye ; et un seul porte sur la mobilité légale (initiative Erasmus+ d’échanges entre étudiant·e·s universitaires avec l’Europe).

      Le projet PAIERA (Plan d’actions à impact économique rapide à Agadez) – projet terminé

      Ce projet d’un montant de 8 millions d’euros est devenu un projet phare du FFU au Niger, mis en exergue dans la communication de l’UE pour ses « success stories ». Pourtant, celui-ci a été élaboré et mis en œuvre de manière très différente des autres projets.

      Preuve du manque de prise en compte des besoins des pays concernés et de leur contexte dans l’élaboration des projets (cf. note d’analyse), celui-ci n’était pas prévu initialement. Il est un des très rares projets émanant des autorités nationales et géré directement par un organisme d’un État bénéficiaire. Ce sont en effet les autorités nigériennes, notamment la HACP, qui ont sollicité l’UE. Révélant d’une part, la capacité des autorités nigériennes à négocier avec l’UE, mais surtout l’urgence de la situation, qui a contraint l’UE à valider un tel projet, non prévu.

      Face au mécontentement de la population et aux tensions à Agadez, il vise à compenser les conséquences économiques et politiques de l’application de la loi 2015-036 en offrant « des opportunités d’emploi et d’insertion socioprofessionnelle aux acteurs économiques qui bénéficient directement ou indirectement des retombées financières liées aux migrant·e·s ».

      Le projet est géré par la HACP et par Karkara, une des plus importantes ONG de développement nigérienne. Sa mise en œuvre a été compliquée. La sélection des bénéficiaires a été longue et contestée, certaines personnes dénonçant le faible nombre de personnes retenues, leur profil et des montants alloués insuffisants. Dès la première phase de sélection, des personnes ont été exclues, notamment celles estimées être des « trafiquants » (généralement les propriétaires de véhicules ou de maisons). Il a été jugé que d’une part, elles n’avaient pas besoin du soutien du projet car elles « gagnaient beaucoup d’argent », et d’autres part qu’il n’était pas éthique de les soutenir puisqu’elles seraient des « criminelles »[12]. Par ailleurs, les montants alloués par personne se sont très vite avérés insuffisants. Des pourparlers ont été menés pendant plusieurs mois entre la HACP, Karkara et l’UE afin d’augmenter les montants pour certaines catégories de personnes. Au final, il a été convenu que les projets des ménages vulnérables pourraient atteindre 500 000 à 600 000 CFA (1000€) et ceux des acteurs de la migration jusqu’à 1,5 millions de CFA (2 287€).

      Au total, sur les 23 mois du projet, 6 565 personnes ont été recensées, 1 447 écartées, 2 345 ont déposé un dossier (constituant un projet de reconversion professionnelle) parmi lesquelles seules 371 personnes ont reçu une aide, soit à peine 6%.

      Le projet a aussi financé des activités génératrices de revenus à haute intensité de main-d’œuvre (comme la réhabilitation de la veille ville, la création de petites infrastructures dans les communes, etc.). 1 713 personnes en ont bénéficié en percevant un petit salaire (1 000 à 2 500 CFA/jour soit 1,50 à 3,80€) durant la réalisation de ces activités (en moyenne 45 à 90 jours).

      Selon les acteurs, l’évaluation finale réalisée en décembre 2019 (et dont le rapport était en cours début 2020), serait très positive. 80% des bénéficiaires auraient trouvé une occupation loin de la migration et seraient devenus autonomes financièrement.

      Mais, si le projet a eu un impact sur la stabilisation de la région d’Agadez et a permis des créations d’emplois en dehors de la migration, les emplois créés restent peu qualifiés et précaires (vendeurs de crédits de téléphone, taxi-moto, etc.). Par ailleurs, leur nombre demeure faible (371) au regard des sommes investies (8 millions d’euros) et des objectifs initiaux (65 000 emplois étaient prévus dans la fiche projet). Au final, le projet apporte une aide individuelle de court terme qui ne crée pas de valeur ou de débouchés économiques globaux pour la région comme cela pourrait être pensé dans un projet de développement à la hauteur du budget dédié.

      Le projet Mécanisme de réponse et de ressource pour les migrants (MRRM) – OIM

      Le développement impressionnant de l’OIM au Niger et de ses activités de soutien aux retours « volontaires » est sans doute un des principaux résultats du FFU au Niger. Présente depuis 2006 au Niger, l’OIM est passée d’un bureau de 39 personnes en 2015 à plus de 500 personnes en 2020 selon la Cheffe de mission. Le projet « Mécanisme de réponse et de ressources pour les migrants (MRRM) » a été un des premiers validés pour la fenêtre Sahel et Lac Tchad en janvier 2016. Il correspond à la mise en œuvre d’une « approche globale » proposée par l’OIM dès juin 2015[13] et qui a donné lieu à l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration financée à hauteur de 638 000 000€ dans le cadre du FFU et mise en œuvre dans 27 pays d’Afrique dont le Niger. Bien que déjà développée sur le continent africain, notamment en Tunisie, cette approche est pour la première fois mise en œuvre dans sa forme la plus poussée. Le Niger est ainsi « pionnier dans cette approche » et est considéré comme « une bonne pratique » pour l’OIM[14]. Le financement de cette « approche globale » est justifié dans la fiche projet FFU quasiment uniquement sur le fait que le Niger soit un pays de transit.

      Au Niger, le MRRM est une réponse à « la crise migratoire » reposant sur 5 piliers[16] :

      Le « sauvetage humanitaire » : il se déroule essentiellement dans la zone frontalière avec l’Algérie, autour d’Assamaka. Il concerne les personnes expulsées par les autorités algériennes – en dehors de tout cadre légal – et abandonnées à la frontière en plein désert (à environ 12 kilomètres d’Assamaka). Les personnes secourues sont accueillies dans un centre de transit temporaire de l’OIM à Assamaka où elles reçoivent des premières aides (nourriture, soins médicaux d’urgence). Puis l’OIM assure le transfert jusqu’à son centre de transit à Agadez des personnes qui acceptent de retourner dans leur pays d’origine. Les autres sont livrées à elles-mêmes, certaines choisiraient de tenter de repartir en Algérie. Selon l’OIM, 80 à 90% des personnes iraient au moins jusqu’à Arlit (entre Assamaka et Agadez). On retrouve ici une des composantes majeures de l’OIM au Niger : la conditionnalité de l’aide à un retour « volontaire ». L’OIM mène aussi des opérations avec la protection civile nigérienne autour de Dirkou (route de la Libye) lorsqu’elle reçoit une alerte. En 2019, environ 1000 personnes ont été assistées[17].
      L’assistance directe : elle est fournie dans les centres de transit de l’OIM (Niamey, Agadez, Dirkou, Arlit). En 2019, 18 534 personnes ont été assistées dans le centre de transit d’Agadez, dont environ 17 000 sont retournées dans leur pays « volontairement », soit 92% des personnes assistées. Le nombre de personnes migrantes « en transit » assistées par l’OIM serait marginal, l’organisation assiste essentiellement de personnes de retour de Libye ou expulsées d’Algérie. Pourtant, l’identification, le référencement et les mesures de protection des personnes en demande d’asile, et des personnes vulnérables ou victimes de violations des droits humains n’est pas (ou peu) faite. Un seul protocole semble mis en place pour les victimes de traite. Il n’existe pas de procédure systématique d’identification des personnes souhaitant demander l’asile. L’OIM ne réfère au HCR que les personnes déclarant spontanément lors du premier entretien être déjà reconnues réfugié·e·s dans un autre pays ou vouloir demander l’asile. Ainsi, seuls 23 « cas » ont été transmis au HCR en 2018, et 60 à 80 en 2019 sur les 18 534 personnes assistées. En ce sens, l’utilisation du terme « protection » ne recouvre que les besoins primaires des personnes.
      L’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) : Le Niger est devenu en peu de temps le premier pays au monde d’où partent les retours volontaires de l’OIM[18]. Ces retours concernant essentiellement des personnes de retour ou refoulées de Libye (2016-2017) ou expulsées d’Algérie (depuis fin 2017) ou, plus rarement, des personnes en transit bloquées au Niger, le caractère volontaire de ces retours peut être questionné, d’autant qu’il est la condition sine qua none pour avoir accès au centre de l’OIM à Agadez et à ses services. Comme le soulignait en 2018 le Rapporteur spécial sur les droits de l’Homme des migrants « lorsqu’il n’existe aucune solution valable susceptible de remplacer l’aide au retour volontaire (par exemple, des mesures visant à faciliter l’obtention d’un permis de séjour temporaire ou permanent, assorties d’un appui administratif, logistique et financier approprié), le retour peut difficilement être qualifié de volontaire[19] ».
      La sensibilisation à la migration « sûre et informée » : L’OIM déploie des campagnes de communication sur « la migration sûre et informée » ou « les risques de la migration irrégulière », notamment à Agadez à travers une cinquantaine de « mobilisateurs communautaires ». L’OIM utilise également les réseaux sociaux et d’autres outils comme des panneaux d’affichage dans les lieux stratégiques et une caravane de sensibilisation a eu lieu en avril 2019 baptisée In da na sa’ni (« Si seulement jamais su » en langue haussa)[20]. Des cartes avec un numéro vert sont aussi distribuées, mais l’assistance proposée sera un retour « volontaire ».
      Le suivi des flux migratoires (displacement tracking mechanism – DTM) à certains « points de suivi des flux ».

      Ainsi, le FFU au Niger a contribué à financer et à mettre en œuvre des politiques migratoires sécuritaire tournées vers le contrôle des frontières, la coopération policière et « la lutte contre les migrations irrégulières ». Sous couvert d’humanitarisme, les personnes se retrouvent bloquées le long des routes, contraintes à emprunter des routes toujours plus dangereuses et risquées au lieu de prendre des transports officiels, et sont éloignées des frontières européennes à travers les retours « volontaires » assistés de l’OIM.

      Sources :

      [1] Florence Boyer et Harouna Mounkaila, « Européanisation des politiques migratoires au Sahel, Le Niger dans l’imbroglio sécuritaire », L’Etat réhabilité en Afrique. Réinventer les politiques publiques à l’ère néolibérale, 2018.

      [2] HCR, portail opérationnel crises des réfugiés, Niger, 30/04/2020

      [3] Entretien avec l’OIM Niamey du 07/02/2020

      [4] La Cimade – Migreurop – Loujna-Tounkaranké, Chronique d’un chantage, Coopération UE-Afrique, Décryptage des instruments financiers et politiques de l’Union européenne, 2017

      [5] International Crisis Group, Garder le trafic sous contrôle dans le Nord du Niger, 06/01/2020

      [6] La Cimade, Chronique d’un chantage, op. cit

      [7] Entretien avec la HACP au Niger du 04/02/2020

      [8] Secrétariat permanent du Cadre de concertation sur la migration, Bilan migration Niger 2018-2019, 2020

      [9] Altai Consulting, EUTF Monitoring and Learning system SLC yearly 2019 report, 2020

      [10] Site de l’OCDE, Aide publique au développement, novembre 2020.

      [11] Cadre de coordination en matière de sécurité et développement réunissant le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad.

      [12] Entretien avec Karkara Agadez, 12/02/2020

      [13] OIM, Addressing Complex Migration Flows in the Mediterranean : IOM Response Plan, 06/2015

      [14] Entretien avec l’OIM Niamey du 07/02/2020

      [15] OIM, État de la migration dans le monde 2020

      [16] Entretien avec l’OIM Agadez du 10/02/2020

      [17] Entretien avec l’OIM Niamey du 07/02/2020

      [18] OIM, 2019 return and reintegration key highlights, 2020

      [19] Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants sur sa visite au Niger, A/HRC/41/38/Add.1, 2019

      [20] OIM, « Une caravane de sensibilisation part pour un périple d’un mois à travers le Niger », 04/05/2019

      https://www.lacimade.org/note-analyse-ffu-niger

    • La mise en œuvre du fonds fiduciaire d’urgence au #Mali

      Analyse détaillé de la mise en œuvre du fonds fiduciaire d’urgence de l’UE au Mali à travers deux projets FFU particulièrement emblématiques en complément de la note d’analyse « La mise en œuvre du fonds fiduciaire d’urgence au Mali, Niger et Sénégal : outil de développement ou de contrôle des migrations ? ».

      Contexte de la mise en œuvre du FFU au Mali

      Le contexte sécuritaire au Mali est particulièrement dégradé. Depuis 2012, le pays est en proie à un conflit interne qui déstabilise l’État en perte de contrôle sur son territoire et complexifie notamment l’accès des organisations humanitaires à certaines régions. La situation sécuritaire reste particulièrement problématique dans le nord et le centre du pays, à travers la présence de milices et de groupes armés non-étatiques. Cette situation a favorisé la résurgence de conflits communautaires qui ont fait des centaines de mort·e·s en 2019. Ce conflit a entraîné d’importants déplacements de populations vers les pays voisins ou à l’intérieur du pays (164 500 réfugié·e·s et 844 400 déplacé·e·s en 2019[1]).

      Pays à forte émigration, en particulier vers la sous-région, le Mali est aussi ciblé par l’UE comme pays de retour. Tout d’abord des populations réfugiées, selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 76 000 personnes ont été rapatriées depuis le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et l’Algérie[2]. Par ailleurs, le Mali a accueilli en 2019, selon l’Organisation internationale des migrations (OIM), 5 622 personnes de retour « volontaire » de Libye, mais aussi du Niger (personnes expulsées d’Algérie) et de Mauritanie (personnes expulsées d’Espagne).

      Le Mali a lancé en 2015 une politique nationale migratoire (PONAM) mais sa mise en œuvre tarde, faute de financement. Cette politique se focalise sur la protection des Malien·ne·s de l’extérieur, l’information sur les risques de la migration irrégulière, la réinsertion des Malien·ne·s de retour (volontaire ou non) et la valorisation de la diaspora. Néanmoins, elle ne prévoit aucune mesure visant à garantir l’accueil et la protection des droits des personnes en situation de migration au Mali. En 2019, le Mali a également inauguré une brigade de répression du trafic de migrants et de la traite des êtres humains.

      La coopération de l’Union européenne avec le Mali sur les questions migratoires

      L’Union européenne (UE) est très impliquée au Mali, au même titre que la France, dans le règlement du conflit au Nord. Elle appuie la mise en œuvre de l’accord d’Alger (2015) et y intervient à travers deux missions civiles (EUTM-European training mission, ciblant les forces armées et EUCAP Mali – mission civile de formation des forces de sécurité intérieure). L’UE et la France appuient aussi le G5 Sahel[3] qui, en 2017 s’est doté d’une force conjointe transfrontalière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier et le trafic d’êtres humains. Le portefeuille de l’UE était de 948,5 millions d’euros en 2017[4]. La France y intervient également militairement à travers l’opération « Barkhane ».

      En matière migratoire, l’UE a soutenu la création du CIGEM (Centre d’information et de gestions des migrations) en 2008 à hauteur de 12 millions d’euros contre 8 prévus initialement à travers le 9ème Fonds européen de développement (FED)[5]. Elle a aussi appuyé la définition et la mise en œuvre de PONAM, toujours sur le financement du FED. Depuis 2015, l’UE a intensifié la coopération en matière migratoire avec certains pays d’Afrique, dont le Mali qui fait partie des cinq pays prioritaires pour la mise en œuvre d’un « nouveau cadre de partenariat en matière de migration »[6]. En ce sens, le Mali est un des pays bénéficiaires du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (FFU) adopté à l’occasion du Sommet UE-Afrique sur les migration de La Valette (Malte) en 2015[7].

      La mise en œuvre du FFU au Mali

      Au Mali, l’élaboration des projets s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, les projets ont été écrits directement depuis Bruxelles et répartis entre les États membres. Puis, une équipe de consultant·e·s s’est rendue à Bamako pour recenser les besoins du gouvernement. Les discussions se seraient faites par ministère et non au global avec le gouvernement, ce qui, selon certains acteurs, a donné lieu à une concurrence effrénée entre ministères. Selon le Haut conseil des Maliens de l’extérieur (HCME), « le Mali a présenté des projets au FFU. Il y a eu 8 réunions sur cette question. Des propositions chiffrées ont été faites pour le développement local, la réinsertion, etc. mais (…) au final, des négociations parallèles ont eu lieu avec certains départements (sécurité, territoire pour état-civil) et l’UE a choisi ces projets[8] ».

      Cette manière d’élaborer les projets est problématique en termes de prise en compte des besoins des pays bénéficiaires et de leur implication. La PONAM, par exemple, dont la mise en œuvre n’est pas encore entièrement financée, aurait pu constituer une stratégie ou une référence pour la sélection de projets portant sur la migration, ce qui n’a pas été le cas. Un seul projet soutient directement la mise en œuvre de cette politique nationale, mais il n’n’apparaît pas dans le portefeuille du Mali car il est porté par un autre pays, le Maroc (projet coopération sud-sud).

      Pour quelques projets, des unités de gestion de projet ont été mises en place, permettant aux coopérations de déléguer la gestion à une équipe internationale et locale, sous la responsabilité d’un ministère national. Ce n’est pas le cas de tous les projets et en particulier ceux de coopération militaire et policière, gérés par les États membres.

      Le Mali s’est vu attribuer 12 projets nationaux, pour un montant total de 214,5 millions d’euros[9] dont huit sont confiés à des coopérations des États membres de l’UE et un à l’OIM. Seuls trois sont mis en œuvre par des ONG ou le secteur privé et aucun par une organisation locale. Cette gestion pose question, notamment en ce qui concerne la pertinence des projets comme réponses aux besoins des États bénéficiaires et leur appropriation[10].

      Huit projets sont orientés vers le soutien à l’économie, la création d’emplois et la résilience des communautés (projet d’assistance humanitaire essentiellement)
      Deux soutiennent les forces de sécurité intérieures,
      Un projet sur la gestion de la gouvernance des migrations, le retour et la réintégration au Mali,
      Et un projet pour le renforcement de l’état civil au Mali.

      A ces projets, s’ajoutent des projets régionaux :

      Huit portent sur l’appui au G5 Sahel (cinq projets pour 177 millions d’euros), et aux forces de police.
      Huit autres portent sur le redressement économique, le soutien aux entreprises et l’assistance aux personnes déplacées ou réfugiées.
      un projet finance l’assistance au retour et à la réintégration des personnes migrantes
      et un seul projet porte sur la mobilité légale (Initiative Erasmus+ d’échanges entre étudiant·e·s universitaires avec l’Europe.

      Il apparaît clairement que les projets soutenus par le FFU au Mali ont été orientés vers le développement et la sécurité en raison du conflit au Nord Mali. Au final, très peu de projets sont directement liés aux migrations si ce n’est réintégrer les personnes de retour et favoriser les investissements de la diaspora.

      Projet de renforcement de la gestion et de la gouvernance des migrations et le retour et la réintégration durable au Mali – T05-EUTF-SAH-ML-07

      Ce projet de 15 000 000€ est mis en œuvre par la coopération espagnole (AECID) et l’OIM. Il a pour objectif de « contribuer au renforcement de la gestion et de la gouvernance des migrations et assurer la protection, le retour et la réintégration durable des migrants au Mali ». En clair, il vise à soutenir la « réintégration » des Malien·ne·s de retour dans leur pays (OIM) et à « sensibiliser sur les risques de l’émigration irrégulière » (AECID). C’est un des 18 projets de l’OIM financés par le FFU et mis en œuvre dans 27 pays d’Afrique pour soutenir les retours « volontaires » et la réintégration des personnes migrantes dans leur pays de retour.

      Dans la fiche projet, le Mali est ciblé comme pays de départ, l’UE ayant établi qu’en 2015 « les migrants originaires d’Afrique de l’Ouest occupent une part croissante des flux migratoires ». Il est aussi présenté comme un pays de retour (forcé ou volontaire) des personnes migrantes maliennes (estimées à 90 000 de 2002 à 2014). Le Mali est enfin présenté comme « stratégique » en termes de « sensibilisation aux risques de la migration irrégulière » au sein de la CEDEAO, représentant « 70% des mouvements migratoires de la région, liés pour la plupart à la recherche d’emploi ».

      Le projet devait initialement assurer l’assistance à 1 600 personnes en transit, soutenir 4 000 « retours volontaires » de l’OIM et la réintégration de 1 900 personnes, et sensibiliser 200 communautés et 70 000 migrants·e·s en transit. Ces objectifs ont été largement dépassés à l’heure actuelle à tel point qu’une rallonge d’un an a été accordée par l’UE à l’OIM. Selon l’OIM à Bamako, 180 personnes sont accueillies tous les trois jours à la Cité d’accueil des Maliens de l’extérieur (centre de transit à Bamako). Cela représente 8 000 à 8 500 personnes par an, soit 18 000 personnes depuis le début du projet en 2017 dont 50% arrivent de Libye et 50% du Niger.

      Concernant l’aide à la réintégration, le projet reçoit certaines critiques notamment du HCME qui souligne les inégalités qu’il créé parmi les personnes de retour. Ainsi, en cas de retour collectif, toutes les personnes sont accueillies durant 72h au centre de transit de Bamako géré par le HCME et la direction générale des Maliens de l’extérieur (DGME). L’OIM y intervient pour l’enregistrement. Les personnes de retour dans le cadre du programme de l’OIM reçoivent un pécule de 52 000 FCFA (79€) pour rejoindre leur région d’origine. Les autres reçoivent de la DGME un pécule de 10 000 FCFA (15€), somme parfois insuffisante pour prendre le transport en charge jusqu’à la ville d’origine.

      Le HCME souligne également que la « réintégration » n’est pas à la hauteur des attentes. Auparavant, une aide financière et matérielle était donnée aux personnes de retour en fonction d’un projet formulé. Or, elle a été arrêtée et l’aide à la réintégration consiste uniquement à une formation en gestion de sa microentreprise, pour à peine 6% des personnes de retour sous financement OIM. Par ailleurs, les personnes ne bénéficient d’aucun suivi ni soutien par la suite.

      Enfin, ce programme fait concurrence à un autre projet de la DGME financé sur le budget spécial d’investissement qui, pour éviter les doublons, s’adresse aux personnes qui n’entrent pas dans les critères du programme de l’OIM et leur propose une aide à la création d’activité économique. Or ces personnes ne sont pas forcément en capacité de présenter des projets (projets à hauteur de 3 à 5 millions de FCFA (soit 4 573€ à 7 622€). Ainsi, selon le HCME, seuls 130 projets individuels ou collectifs ont été financés depuis 2017.

      Concernant l’assistance aux personnes en transit au Mali, le projet prévoyait la construction de trois centres de transit au Mali (Bamako, Gao et Kayes). Or, un centre de transit, dédié à l’accueil des personnes de retour, existait déjà à Bamako (la Cité), construit par le HCME dans ses locaux et géré conjointement avec la DGME. Les centres de Gao et Kayes semblent par ailleurs être l’objet de controverse. Un existe déjà à Gao à travers les locaux et la prise en charge de la protection civile. Quant à Kayes, la construction d’un centre est jugée peu pertinente, les personnes de retour dans la région se rendant directement dans leur famille. Néanmoins, la délégation de l’UE au Mali maintient construire des centres de transit, tandis que l’OIM affirme construire des bureaux régionaux pour la DGME malienne[11].

      Le volet « sensibilisation » est indépendante de la partie « retour ». Confié à la coopération espagnole (AECID), il est géré par une unité de gestion du projet sous la tutelle du ministère des Maliens de l’extérieur. 27 agents de terrain (12 à Bamako, 7 Sikasso, 7 à Kayes) sont chargés de mettre en œuvre des activités de sensibilisation notamment dans les lycées. Selon AECID, le projet ciblait 70 000 jeunes (alors que la fiche projet mentionne 70 000 « migrants en transit »), objectif déjà atteint. Par ailleurs, l’unité de gestion du projet gère directement des formations auprès d’acteurs institutionnels (agents aux frontières, douanes, journalistes, spots radio grand public, etc.). Les organisations de la société civile maliennes sont également mises à contribution à travers un fonds d’appui. Le programme est également censé promouvoir les « opportunités de migration régulière » dans l’espace CEDEAO, mais celles-ci sont uniquement utilisées comme une alternative à la migration irrégulière – sous-entendu vers l’Europe.

      La pertinence de ce projet peut être questionnée. Il n’y pas d’indicateurs de résultats, mais uniquement d’activité, ainsi son évaluation porte uniquement sur la réalisation de telle ou telle activité sans analyser l’impact de celle-ci ou ce qu’elle a pu apporter comme changement. Alors que l’impact des campagnes de sensibilisation menées dans différents pays de départ et de transit depuis des années reste toujours à démontrer[12], ce projet une fois encore finance cette sensibilisation sans savoir si elles ont un réel impact sur la migration dite irrégulière.

      Projet d’appui à la filière de l’anacarde au Mali – PAFAM – T05-EUTF-SAH-ML-02

      Ce projet d’un montant de 13 000 000 €, vise à « contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable de la population du Mali par la mise en valeur de la chaine de valeur de l’anacarde (noix de cajou) ». Il est mis en œuvre par la coopération espagnole (AECID).

      Selon le coordinateur international de l’unité de gestion du projet, celui-ci a été demandé par le gouvernement malien afin de poursuivre un projet similaire déjà mené par AECID en 2010 avant le FFU bien que de ce dernier, n’a pas été pérennisé du fait de la fermeture de l’usine créée[13]. Les objectifs « d’augmentation des opportunités économiques et d’emploi et d’amélioration de la sécurité alimentaire » poursuivis par le projet, sont justifiés par le fait qu’ils permettront « d’atténuer les causes de l’émigration par le biais de l’amélioration de la production, la transformation et la commercialisation de l’anacarde ».

      En réalité le lien de ce projet avec la migration est assez faible, si ce n’est les zones de mise en œuvre, Kayes étant la plus importante région d’origine des ressortissant·e·s malien·ne·s en France et étant également une zone de production de la noix de cajou. Le projet se base ainsi sur le lien préconçu entre pauvreté et migration qui reste peu démontré à ce jour, voire remis en cause. En effet, comme le souligne le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les études montrent que « les progrès réalisés en matière de développement (…) favorisent les migrations », ainsi, « la plupart des pays africains [auraient] tout juste atteint les niveaux de croissance et de développement auxquels l’émigration commence à s’intensifier[14] ». Le faible lien avec les migrations, conjugué au fait que le projet a été approuvé parmi les premiers en 2016, laisse supposer que ce projet était déjà validé sur d’autres instruments financiers de l’UE et intégré dans le FFU.

      Pour répondre aux objectifs du FFU, les « personnes de retour » ont été intégrées parmi les bénéficiaires. Néanmoins début 2020, l’équipe de gestion du projet était toujours en cours de réflexion pour mettre en œuvre cet aspect du projet. En effet, il ne s’agit pas du public habituel des acteurs de mise en œuvre, qui n’ont pas, par ailleurs, d’expérience spécifique sur l’identification et l’accompagnement des personnes migrantes, notamment de retour.

      Un des indicateurs du projet prévoit également la réduction de 100% du nombre de personnes émigrantes (émigration saisonnière ou de longue durée), tout comme l’augmentation de la population de retour grâce à la création d’opportunités d’emplois. Des indicateurs qui semblent bien difficiles à atteindre d’autant que l’équipe de coordination ne semble pas disposer de données de départ sur le nombre de personnes émigrant par manque d’opportunités économiques.

      La mise en œuvre du FFU au Mali illustre son utilisation comme un outil de financement de la coopération des États membres de l’UE et de leurs priorités politiques. Au Mali, la plupart des projets sont orientés vers la stabilisation du pays et le rétablissement de la sécurité pour « créer des pôles de développement » et soutenir l’État malien dans la reprise du contrôle du territoire et la lutte anti-terrorisme. Côté migrations, les seules actions financées sont principalement l’aide au retour « volontaire » et à la réintégration des personnes de retour à travers l’OIM, et ce, malgré l’existence de programmes gouvernementaux.

      Sources :

      [1] UNHCR, Global report 2019

      [2] Cluster protection Mali, Rapport sur les mouvements de population, 31 décembre 2019

      [3] Cadre de coordination en matière de sécurité et développement regroupant le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad.

      [4] https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/delegation_ue_mali_10.2017.pdf

      [5] Voir également sur ce sujet : La Cimade, Prisonniers du désert, 2010

      [6] Commission européenne, Communication relative à la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration, 7 juin 2016.

      [7] La Cimade – Loujna-Tounkaranké – Migreurop, Chronique d’un chantage, 2017

      [8] Entretien avec le HCME du 03/03/2020

      [9] Site internet du FFU : https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/mali

      [10] La Cimade, Chronique d’un chantage, op. cit

      [11] Entretiens avec la Délégation de l’UE au Mali du 04/03/2020 et avec l’OIM Bamako du 05/03/2020

      [12] OIM, Evaluating the impact of information campaigns in the field of migration, a systematic review of the evidence, and practical guidance, Central Mediterranean Route Thematic Report Series, Issue n°1

      [13] Foreingpolicy.com, “Europe slams its gates – a foreign policy special investigation”, “The paradox of prosperity”, 2017

      [14] PNUD, Au-delà des barrières : voix des migrants africains irréguliers en Europe, 2019

      https://www.lacimade.org/note-analyse-ffu-mali

  • Mort·e·s et disparu·e·s aux frontières européennes : les États irresponsables désignent de nouveaux coupables, les parents !

    Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020, un jeune père iranien assistait impuissant à la mort de son fils de 6 ans au cours de leur traversée en #mer pour rejoindre la #Grèce. Le lendemain, les autorités grecques décidaient de le poursuivre en justice pour « #mise_en danger_de_la_vie_d’autrui ». Il risque 10 ans de prison.

    Trois jours plus tard au #Sénégal, les autorités décidaient de poursuivre plusieurs personnes dont le père d’un jeune garçon de 14 ans décédé lors d’une traversée vers les #Canaries mi-octobre. En payant le passage de son fils, celui-ci serait coupable aux yeux des autorités « d’#homicide_involontaire et de #complicité_de_trafic_de_migrants ». Son procès s’ouvre mardi 1er décembre. Au Sénégal, deux autres pères sont également poursuivis pour « mise en danger de la vie d’autrui et #complicité_d’émigration_clandestine ».

    A la connaissance de nos organisations, c’est la première fois que des autorités publiques s’attaquent aux parents pour criminaliser l’aide à la migration « irrégulière », faisant ainsi sauter le verrou protecteur de la #famille. Il s’agit d’une forme de #répression supplémentaire dans la stratégie déployée depuis des années pour tenter d’empêcher toute arrivée sur le territoire européen, qui révèle jusqu’où peut aller le #cynisme quand il s’agit de stopper les migrations vers l’Union européenne (UE).

    Tandis que les routes migratoires deviennent toujours plus dangereuses en raison de la multiplicité des entraves et des mesures de contrôles le long des parcours, l’UE, ses États et les États coopérant avec elle ne cessent de se dérober de leur #responsabilité en invoquant celles des autres.

    Tout d’abord celle des « #passeurs », terme non-défini et utilisé pour désigner toute une série d’acteurs et d’actrices intervenant sur les routes migratoires jusqu’à s’appliquer à toute personne ayant un lien avec une personne en migration. Ainsi, le « passeur » peut prendre une multitude de visages : celui du trafiquant exploitant la misère à celui du citoyen·ne solidaire poursuivi·e pour avoir hébergé une personne migrante en passant par les personnes migrantes elles-mêmes. Dans leur diversité, l’existence même de ces acteurs et actrices qui viennent en aide aux personnes migrantes dans le passage des frontières est une conséquence directe des politiques restrictives des États, qui rendent leur aide ou leurs services nécessaires.

    Les « passeurs », pointés du doigt et coupables tout désignés des drames aux frontières, ont ainsi constitué un bon #alibi pour les États dans le #déni de leurs responsabilités. Les actions de lutte contre « les passeurs » ont été présentées comme le meilleur moyen pour « sauver des vies » dès 2015, comme en atteste l’opération maritime militaire européenne, #EUNAVfor_Med, visant à l’identification, la saisie et la destruction des embarcations utilisées par les « passeurs ». Loin de « #sauver_des_vies », cette opération a contribué à un changement de pratique des personnes organisant les traversées en Méditerranée : aux gros bateaux en bois (risquant d’être saisis et détruits) ont été préférés des bateaux pneumatiques peu sûrs et moins fiables, mettant encore plus en danger les personnes migrantes et compliquant les opérations de sauvetage. Bien que ces conséquences désastreuses aient été relevées par de nombreux·ses observateur·ice·s, la stratégie de l’UE et de ses États membres n’a nullement été remise en cause [1].

    Autres « #coupables » désignés par les États comme responsables des arrivées sur le sol européen et des drames en Méditerranée : les ONGs de #sauvetage. Tandis que ces dernières tentent de pallier depuis 2015 le manque d’intervention des États en matière de sauvetage en mer, elles subissent depuis 2017 des pressions et des poursuites judiciaires pour les dissuader d’intervenir : refus d’accès aux ports européens pour débarquer les personnes sauvées, saisies des navires, poursuites des capitaines et équipages pour « aide à l’immigration irrégulière » et même « collusion avec les passeurs », etc. Au mépris de l’obligation internationale du secours en mer des navires en détresse, les États membres criminalisent le sauvetage en Méditerranée lorsque celui-ci concerne des personnes en migration.

    Aujourd’hui, pour contourner les mesures de #blocage des personnes migrantes, les routes migratoires se déplacent à nouveau loin des côtes méditerranéennes et les naufrages se multiplient au large des îles Canaries, comme c’était le cas en 2006. Pourtant, l’Union européenne, ses États membres et les États de départ avec qui elle collabore n’interrogent toujours pas les conséquences désastreuses des politiques qu’ils mettent en œuvre.

    Cette logique de #déresponsabilisation des États pour le sort des personnes migrantes et de #criminalisation de celles et ceux qui leurs viennent en aide est aujourd’hui poussée à son comble puisque désormais ce sont des parents, déjà accablés par la perte de leur enfant, qui sont poursuivis et pointés du doigt comme responsable de ces drames. Tandis qu’à l’inverse, les acteurs étatiques et paramilitaires intervenant dans le contrôle des frontières, en particulier l’agence européenne #Frontex, jouissent d’une parfaite #impunité.

    Cette évolution alarmante de la criminalisation des personnes exilées, de leur famille et des solidarités qui se mobilisent autour d’elles cachent en réalité très mal les responsabilités des États dans les drames sur les routes migratoires. Les disparitions et décès aux frontières ne sauraient être uniquement attribués à des « passeurs sans scrupule », des « ONG irresponsables » et des « parents inconscients des risques ». L’Union européenne et les États doivent prendre la mesure des conséquences des politiques migratoires à l’œuvre. C’est bien le durcissement de la règlementation, la sophistication des contrôles aux frontières ainsi que la multiplication des instruments de coopération dans le domaine des migrations rendant le franchissement des frontières toujours plus difficile, qui est à l’origine du développement d’un « business » du passage et des décès et disparitions qui en découlent.

    http://www.migreurop.org/article3011.html

    #parents #père #criminalisation_de_la_migration #décès #mort #mourir_aux_frontières #migrations #asile #réfugiés #frontières #culpabilité

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    Sur l’incrimination du père iranien pour les événements en #mer_Egée :
    https://seenthis.net/messages/885779

    ping @isskein @karine4 @_kg_ @reka

    • Le procès de trois pères ayant aidé leurs enfants à émigrer divise le Sénégal

      Trois pères de famille sont poursuivis au Sénégal pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l’Europe. L’un de ces jeunes, mineur, est décédé en mer fin octobre : il s’appelait Doudou et rêvait de devenir footballeur. Le jugement est attendu ce mardi à Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Le procureur a requis 2 ans de prison.

      Des pères de famille sur le banc des accusés. Ils sont jugés pour « mise en danger de la vie d’autrui » et « complicité de trafic de migrants ». Depuis quelques mois, les départs reprennent de plus belle, depuis les plages de Mbour, Dakar ou encore Saint-Louis. Des dizaines de candidats au voyage entassés sur des pirogues surchargées qui tentent de rejoindre l’Espagne en dépit de conditions météo difficiles dans l’Atlantique en cette période de l’année. Des embarcations qui prennent l’eau. Des moteurs en surchauffe. Les pêcheurs ramènent des corps. Les récits dramatiques se succèdent dans les journaux.

      Pour le procureur, ceux qui ont laissé partir leurs enfants dans ces conditions ont fait preuve de grave négligence en organisant leur voyage. Le jeune Doudou Faye a trouvé la mort en mer. Son père avait payé un passeur 250 000 FCFA (un peu moins de 400 euros). Il n’a pas parlé de ce projet à la mère de l’adolescent. Une affaire qui a suscité émotion et indignation au Sénégal, et à l’étranger.
      Naufrages

      Des jeunes, mineurs, qui embarquent à destination de l’Europe avec des rêves plein la tête, Moustapha Diouf en a connu beaucoup. Président de l’AJRAP, l’association des jeunes rapatriés de Thiaroye sur Mer près de Dakar, il a lui-même fait la traversée en pirogue en 2006, vers les îles Canaries. « Depuis une quinzaine d’années maintenant, il y a des parents qui poussent leurs enfants à partir » explique-t-il.

      Moustapha Diouf est lui-même père de famille. Quand il évoque le cas de Doudou, il ne peut s’empêcher de penser à son fils de 14 ans. « La tempête, le froid, le manque d’eau, c’est insoutenable », se souvient-il avant d’ajouter : « Vous voyez ce qui se passe ici ? On ne peut pas retenir les gens… Il y a beaucoup de lassitude. On est fatigué. On nous parle de l’émergence au Sénégal, mais nous, nous ne sommes pas parvenus à émerger ». Lors de son procès, le père de Doudou Faye a dit « regretter » son acte. Ses avocats affirment que ce père « avait l’espoir d’un avenir meilleur pour son enfant, et qu’il puisse aussi aider sa famille ». Pour la défense, ces pères ne sont « pas des coupables, mais bien des victimes ». Des avocats qui disent « ne pas comprendre la nouvelle stratégie du parquet »
      Un procès pour dissuader ?

      Jusqu’à présent, les autorités sénégalaises s’employaient surtout à démanteler les réseaux de passeurs, et à interpeller de temps à autre les migrants qui voulaient monter à bord, ou ceux qui organisaient les départs à terre. Pour le sociologue Aly Tandian, professeur à l’université Gaston Berger de Saint-Louis et directeur de l’Observatoire sénégalais des migrations, « viser » directement les familles des candidats à l’immigration est une première.

      « Le Sénégal s’est engagé dans une politique répressive, ce procès est destiné à alerter et clarifier la position du Sénégal. On a pu entendre des critiques dénonçant la quasi absence des autorités et leur incapacité à résoudre le problème, donc ce procès est une réponse forte apportée par l’État » conclut-il.
      L’État rejette toute responsabilité

      Interpellée lors d’une conférence de presse fin novembre, la ministre de la Jeunesse préfère pointer du doigt la « pression sociale ». Pour Néné Fatoumata Tall, les exigences sont fortes vis-à-vis de la jeunesse « dans leurs quartiers, dans leurs maisons ». Elle en appelle au sens de la responsabilité. Selon elle, il faut que les familles arrêtent de dire tous les jours à leurs enfants « que telle personne (partie à l’étranger) a réussi à construire un immeuble pour ses parents, alors qu’il n’est pas mieux élevé que toi (resté au pays). Ces mots reviennent souvent dans les foyers et c’est une pression insupportable », affirme la ministre.

      Pour le sociologue Aly Tandian, mettre en cause les familles ne conduira pas à enrayer le phénomène : « Faut-il s’engager dans cette logique d’épicier ? Ce n’est pas faire un procès aux parents qui va sensibiliser les populations. Il faudrait plutôt essayer de comprendre les causes profondes, et apporter une réponse ». Selon lui, « la logique sécuritaire a déjà suffisamment montré ses limites ». Les pères des jeunes migrants risquent donc deux ans de prison ferme. Mais pour le directeur de l’Observatoire sénégalais des migrations, ils ont de toute façon « déjà été condamnés aux yeux de la communauté ».

      https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201207-le-proc%C3%A8s-de-trois-p%C3%A8res-ayant-aid%C3%A9-leurs-enfants-%C3%A0

    • Immigration : les pères de migrants sénégalais condamnés à une peine inédite

      Trois pères de famille ont été jugés, mardi 8 décembre, au Sénégal pour avoir facilité et payé le trajet illégal de leurs fils en pirogue à destination des Canaries. Un procès qui illustre la nouvelle stratégie du gouvernement sénégalais pour tenter d’enrayer les départs illégaux vers l’Europe.

      C’est une première au Sénégal. Trois pères de famille ont été condamnés à une peine de prison d’un mois ferme et de deux ans avec sursis pour avoir payé un passeur pour que leur fils parte en pirogue aux îles Canaries. Reconnus « coupables pour mise en danger de la vie d’autrui », ils ont cependant été relaxés pour le « délit de complicité de trafic de migrants » par le tribunal de grande instance de Mbour, au sud de Dakar.

      « Depuis 2005, il existe une loi qui punit de cinq à dix ans d’emprisonnement et prévoit une amende de 1 à 5 millions de F CFA (de 1 520 € et 7 600 €) toute personne participant à la migration illégale. Mais jusqu’à présent, il était surtout question de punir les passeurs et les facilitateurs. C’est la première fois que les parents des candidats au voyage sont poursuivis et condamnés en justice », souligne Aly Tandian, sociologue et directeur de l’Observatoire sénégalais des migrations.

      Parmi les condamnés, Mamadou Lamine Faye. Il a versé 250 000 F CFA (environ 400 €) pour que son fils, Doudo, âgé de 14 ans, puisse partir aux Canaries. La mort de l’adolescent, plus jeune passager de l’embarcation qui a fait naufrage le 26 octobre dernier, a ému la population sénégalaise. « J’ai vraiment été choqué par cet acte irresponsable. Les conditions de vie peuvent être très difficiles ici, mais elles ne doivent pas servir d’excuse pour envoyer un innocent à la mort. Ce n’est pas à l’enfant de ramener de l’argent pour sa famille ! », s’emporte Simal, père de trois enfants.

      Ces dernières semaines, les naufrages de pirogues se sont succédé, ainsi que le nombre de disparus et de décès en mer, suscitant une vive émotion dans la population. En réponse à ces drames, une nouvelle stratégie, plus répressive, a été adoptée par le gouvernement sénégalais pour tenter de stopper le flux de départs vers l’Europe.

      Une orientation qui divise la population. « Les familles participent au départ des jeunes : certaines mamans vendent leurs bijoux pour réunir la somme à payer et les parents poussent leur enfant à partir. S’ils savent qu’ils risquent la prison, peut-être que ça les fera réfléchir, surtout en région où la pression est immense », rapporte Souleymane, jeune Dakarois qui a lui-même fait la traversée illégalement en 2006, sans que sa famille ne le sache et qui a été intercepté par les garde-côtes espagnols.

      À Mbour, ville de pêcheurs particulièrement touchée et qui a vu plusieurs de ses jeunes mourir en mer ces derniers temps, Ousmane Wade Diop, un militant de la société civile, pense que cette décision de justice va calmer les gens un temps seulement : « Ils auront peur des conséquences, mais cela ne les empêchera pas de continuer… en cachette. Il y a un sentiment de désespoir trop profond, une trop grande frustration », regrette-t-il.

      Cette gestion sécuritaire de la migration est décriée par le sociologue Aly Tandian. Il la juge trop répressive. Et il y voit surtout un moyen pour l’État de réaffirmer son engagement dans le dossier migratoire, alors qu’il était accusé par la population d’un certain immobilisme.

      Si les avis divergent sur le procès, tous soulignent la nécessité de résoudre les causes des départs. Les racines du mal que sont le chômage et la pauvreté sont pointées du doigt. « La pêche et le tourisme sont les deux mamelles de la région de Mbour mais actuellement, ces secteurs ne fonctionnent plus à cause du Covid-19 tandis que les accords de pêche conclus avec l’Union européenne privent les pêcheurs de leur travail », insiste Wade Diop.

      Aussi, de nombreux Sénégalais doutent de l’impact du procès sur des populations aux prises avec d’autres préoccupations du quotidien, comme le juge Aly Tandian : « La migration n’est pas un phénomène, c’est un fait social, explique-t-il. Les départs n’ont jamais cessé, c’est la médiatisation qui avait diminué. La population est tout à fait consciente des risques, elle est même surinformée ! Mais tant que ses attentes, c’est-à-dire de l’emploi, ne seront pas remplies, les départs continueront. »

      https://www.la-croix.com/Monde/Immigration-peres-migrants-senegalais-condamnes-peine-inedite-2020-12-09-1

  • Canaries : l’Espagne renforce sa coopération avec le Maroc et le Sénégal - InfoMigrants
    https://www.infomigrants.net/fr/post/28685/canaries-l-espagne-renforce-sa-cooperation-avec-le-maroc-et-le-senegal

    L’Espagne va augmenter sa présence policière au large du Sénégal afin d’empêcher les départs de migrants vers les Canaries, a indiqué dimanche 22 novembre la ministre espagnole des Affaires étrangères. Madrid a également annoncé la reprise prochaine des expulsions des migrants sénégalais et marocains vers leur pays d’origine, gelées en raison de la crise du coronavirus. Les autorités espagnoles multiplient les rencontres avec les responsables politiques étrangers afin de lutter contre l’immigration clandestine, et stopper la vague d’arrivées massives observée ces derniers mois aux Canaries. Dans un premier temps, le ministre espagnol de l’Intérieur a rencontré vendredi 20 novembre son homologue marocain lors d’une visite à Rabat. Fernando Grande-Marlaska a alors appelé à la reprise des expulsions de migrants marocains vers le royaume chérifien

    #Covid-19#migrant#migration#espagne#canaries#senegal#maroc#immigration#clandestins#cisesanitaire#expulsion#ue

  • La ministra de Exteriores cierra en Senegal un acuerdo para reactivar las repatriaciones

    González Laya anuncia el envío de una patrullera y un avión de la Guardia Civil para sumarse al dispositivo de vigilancia en el país africano

    La ministra de Asuntos Exteriores, #Arancha_González_Laya, ha acordado con las autoridades de Senegal el comienzo “en breve plazo” de los vuelos de repatriación de los ciudadanos de este país que lleguen por vía irregular a Canarias. “Los equipos de ambos países ya están trabajando en ello. Esta medida va a contribuir de manera decisiva a frenar las salidas, como ya ocurrió en 2006”, aseguró la ministra durante su visita a Dakar este domingo y tras reunirse con el presidente, Macky Sall. “Ambos gobiernos estamos de acuerdo en que no habrá rutas para las actividades criminales”, dijo, en referencia a quienes organizan estos viajes. “El presidente Sall nos ha trasladado su intención de colaborar en estas repatriaciones”, añadió.

    Pese a la existencia de un acuerdo bilateral entre ambos países, los vuelos de repatriación de ciudadanos senegaleses que llegan a España por vía clandestina se encuentran paralizados a causa de la covid-19, que provocó un cierre de fronteras. El viaje realizado este domingo por González Laya a Dakar, en el que también se entrevistó con la ministra de Asuntos Exteriores senegalesa, Aissata Tall, tenía entre sus objetivos volver a activarlos. “Sabemos que es un tema muy sensible y nosotros también lo seremos”, añadió la ministra española. “Lo haremos en coordinación con Senegal, con toda discreción y respetando la dignidad de las personas”.

    González Laya explicó que, además de los equipos de ambos países, ya están trabajando con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el proceso de identificación de los emigrantes. “Vamos a mandar un mensaje muy claro a las redes criminales de tráfico de personas y es el de no tolerar que hagan grandes beneficios a espaldas de la ley”, añadió. La ministra de Exteriores aclaró que, por ahora, no está previsto retomar estos vuelos de repatriación con Malí -dado que la mayor parte de los malienses transitan por Mauritania para llegar a Canarias y ya pueden ser expulsados a través de este país-, ni con Gambia, pues los ciudadanos de esta nacionalidad que llegan al archipiélago son una minoría.

    Además del acuerdo en materia de vuelos de repatriación, González Laya aclaró que había negociado con las autoridades senegalesas el refuerzo de los medios de vigilancia españoles frente a la emigración clandestina. Desde el año 2006, coincidiendo con la anterior crisis de los cayucos, hay dos patrulleras de la Guardia Civil y un helicóptero de la Policía Nacional operando en este país y se prevé que, también a la mayor brevedad, se trasladen a Senegal una patrullera más y un avión. “Trabajamos mano a mano con las autoridades de este país y compartimos la preocupación por la existencia de redes de tráfico de personas que enriquecen a unos pocos y ponen en riesgo a muchos”, manifestó.

    González Laya defendió la actuación del Gobierno español en la crisis migratoria en Canarias, a donde han llegado este año unas 18.000 personas por vía irregular, miles de ellos senegaleses que zarpan desde la costa de este país en cayucos. “La covid-19 ha destrozado las economías africanas y sabíamos que una consecuencia iba a ser una mayor emigración. Ha llegado una cantidad muy grande de personas en un corto periodo de tiempo. Pero España estaba preparada, llevamos meses trabajando en este asunto, tanto en la acogida, como en la colaboración de los países de origen y tránsito para impedir los mecanismos de entrada irregular dentro del marco reglamentario europeo”, explicó.

    Otro acuerdo alcanzado este domingo entre Senegal y España ha sido el de favorecer la emigración regular y ordenada. “El presidente Macky Sall tiene la voluntad de mejorar las condiciones socioeconómicas de sus ciudadanos y dar mayores oportunidades a los emprendedores, pero al mismo tiempo abrir canales para la emigración legal. Estamos de acuerdo. Vamos a trabajar para abrir una ventana para que quienes quieran ir a España puedan hacerlo de manera ordenada”, dijo González Laya, quien anunció la potenciación de mecanismos de migración circular entre ambos países. En 2019 se puso en marcha una experiencia piloto en este sentido por la que medio centenar de jóvenes pudieron ir a España a trabajar mediante contratación en origen y de manera temporal.

    Por último, la ministra de Exteriores anunció la firma de un acuerdo que permitirá a los ciudadanos senegaleses que residen legalmente en España mantener sus derechos adquiridos con la Seguridad Social y sus pensiones si deciden regresar a su país, lo que definió como “portabilidad de derechos”. En la actualidad hay unos 70.000 senegaleses residentes en España. El acuerdo también funciona a la inversa, es decir, con los españoles que viven en este país africano.

    La visita de González Laya a Senegal incluyó una visita al Puerto de Dakar para conocer de primera mano los medios con los que cuentan tanto la Guardia Civil española como la Marina senegalesa en la vigilancia de la emigración clandestina, así como un encuentro con los militares españoles de la Operación Marfil, que prestan apoyo logístico a la Operación Barkhane del Ejército francés contra el yihadismo en el Sahel, y con los empresarios españoles representados en la Cámara de Comercio de España en Senegal.

    https://elpais.com/espana/2020-11-22/la-ministra-de-exteriores-cierra-en-senegal-un-acuerdo-para-reactivar-las-re

    #Espagne #Sénégal #accord_de_réadmission #asile #migrations #réfugiés #expulsion #renvois #Méditerranée_Occidentale #militarisation_des_frontières #frontières #Canaries #îles_Canaries #vols

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  • Sur les îles Canaries, les arrivées massives de migrants africains font craindre l’apparition d’une « nouvelle Lesbos »
    https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/20/les-arrivees-massives-de-migrants-africains-font-craindre-l-apparition-d-une

    La brusque accélération du nombre de traversées est « plus ou moins » équivalente à celle de l’année 2006, quand 30 000 migrants étaient arrivés aux Canaries en quelques mois, selon l’estimation d’un porte-parole de la Croix-Rouge à l’Agence France-Presse (AFP). « Beaucoup fuient les persécutions et la violence dans la région du Sahel ou en Côte-d’Ivoire, tandis que d’autres partent en raison de l’extrême pauvreté, ont estimé l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) dans un communiqué commun, le 16 novembre. Les conséquences de la pandémie de Covid-19, l’insécurité alimentaire et le changement climatique sont parmi les autres facteurs à l’origine de cet exode. » Depuis plusieurs mois, les migrants africains ont aussi préféré la route des Canaries à celles de la Méditerranée, à la suite du renforcement des contrôles frontaliers permis par les accords conclus entre l’Union européenne (UE) avec la Libye, ainsi que la Turquie. La coopération entre l’Espagne et le Maroc sur la surveillance du détroit de Gibraltar a aussi été renforcée en 2019, poussant les réseaux de passeurs à proposer des traversées depuis le littoral du sud du pays, directement orienté vers l’archipel des îles Canaries. « Quand vous fermez une route [migratoire], une autre s’ouvre, plus chère et plus dangereuse », a commenté Judith Sunderland, vice-directrice pour l’Europe de l’organisation Human Rights Watch (HRW).
    La route des Canaries « est la plus dangereuse, c’est celle où [les migrants] prennent le plus de risques, et il y a donc plus de morts », a déclaré à l’AFP le préfet de l’archipel, Anselmo Pestana. « Ils peuvent mettre quarante-huit heures ou plus d’une semaine, avec une mer traîtresse, des vents qui tournent et peuvent transformer les nuits en un véritable enfer », précise à l’agence Txema Santana, membre de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés, une organisation non gouvernementale (ONG) locale.Les moyens de transports gérés par les réseaux de passeurs consistent en de longues pirogues en bois, fragiles et surchargées pour de tels trajets : une vingtaine d’opérations de secours menées en seulement vingt-quatre heures, entre le 18 et 19 novembre, ont permis de sauver 630 migrants, selon les chiffres de Salvamento Maritimo, une organisation de secours en mer.
    Les nombreuses arrivées d’embarcations sur l’archipel des Canaries, au début de novembre, ont contraint les secouristes à en abandonner certaines en mer une fois les migrants transférés, par manque de temps de les remorquer vers la côte. Depuis la fin de l’été, les naufrages se multiplient : deux embarcations transportant près de trois cents migrants ont notamment été secourues de justesse, le 26 octobre, après une panne de moteur au large de la Mauritanie. Quelques jours plus tôt, un incendie s’était déclaré à bord d’une pirogue au large de Mbour, à plus de 80 kilomètres au sud-est de Dakar, provoqué par « une explosion du moteur et des fûts de carburant à bord ». L’estimation officielle du nombre de morts est depuis contestée par les familles de disparus dont les corps n’ont pas été retrouvés.
    Quelle est la réponse des autorités ?
    « Nous n’allons pas transformer les Canaries en une nouvelle Lesbos », a assuré lundi le ministre de l’intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, en référence à l’emblématique île grecque, porte de l’Union européenne (UE) dont les camps sont submergés et avec des conditions de vie dénoncées par de nombreuses organisations internationales. Vendredi, celui-ci doit se rendre en visite à Rabat et rencontrer les autorités « pour renforcer la collaboration et travailler de manière conjointe (…) pour éviter ces départs » de migrants, a détaillé la ministre de la politique territoriale espagnole, Carolina Darias.Pour Madrid, empêcher une saturation des capacités d’accueil de l’archipel passe par l’accentuation d’une « politique de retour » déjà engagée depuis plusieurs années : à peine arrivés sur l’île, les migrants auxquels il est adressé un ordre d’expulsion sont le plus rapidement raccompagnés en avion vers leur pays d’origine. Une stratégie soutenue par la Commission européenne, qui plaide pour « augmenter les retours » des migrants « qui n’ont pas besoin de protection internationale », a expliqué sa commissaire aux affaires intérieures, la Suédoise Ylva Johansson, en visite la semaine dernière dans les Canaries. L’une des responsables de l’ONG Amnesty International en Espagne, Virginia Alvarez, a déploré, mercredi 18 novembre, des mesures prises trop tardivement alors que les premières alertes avaient été lancées « dès septembre ». L’organisation humanitaire a également demandé que le droit d’asile soit garanti aux migrants remplissant les conditions et qu’une aide juridique soit proposée à ceux risquant l’expulsion. Mme Carolina Darias a, de son côté, annoncé vouloir renforcer les moyens de surveillance maritimes et aériens, en détachant plusieurs navires, un sous-marin, un avion et un hélicoptère entre les Canaries et l’Afrique

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  • Les Canaries, débordées par l’afflux de migrants : « Ces citoyens dorment au milieu des rats »
    https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/16/les-canaries-debordees-par-l-afflux-de-migrants-ces-citoyens-dorment-au-mili

    Près des bateaux de pêche amarrés sur le petit port d’Arguineguin, face aux restaurants et aux hôtels désertés par les touristes, près de 2 000 migrants, en majorité marocains et sénégalais, sont entassés sur un quai dans des conditions déplorables. C’est ici, au sud de l’île espagnole de Grande Canarie, que la Croix-Rouge a monté un campement en août afin de leur prodiguer les premiers soins et de les identifier. Mais il était alors prévu pour 400 personnes. Or, ils sont près de 17 000 à être arrivés sur les côtes des Canaries depuis le début de l’année, dont 5 300 en octobre et 1 400 durant la seule journée du 7 novembre. Du jamais-vu depuis la « crise des pirogues » de 2006 – des milliers de migrants rejoignaient l’archipel depuis l’Afrique.« Il faut transférer ce campement de la honte », exige Onalia Bueno, la maire de Mogan, commune dont dépend Arguineguin. « Ces citoyens dorment au milieu des rats, sur une couverture, ne peuvent se laver que tous les trois ou quatre jours. Et une quarantaine ont le Covid-19 », ajoute-t-elle, devant le port, interdit d’accès à la presse pour, selon le gouvernement espagnol, « préserver l’intimité des personnes ».
    Pour les ONG, l’explication de ce boom migratoire est double. D’une part, la fermeture de la route du détroit de Gibraltar par le Maroc, en 2019, a provoqué le report des flux sur la voie canarienne, beaucoup plus dangereuse. D’autre part, « la pandémie a augmenté le nombre de personnes parties du fait de la crise économique », résume Txema Santana, porte-parole de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR).
    « On ne peut plus gagner sa vie en Afrique. Il n’y a plus assez de poissons, les gros bateaux de Chine et d’Europe prennent tout », raconte Daouda, pêcheur sénégalais de 26 ans parti de Saint-Louis le 15 août pour un avenir meilleur pour lui et pour sa mère, restée là-bas, qui vend normalement ses poissons sur le marché. Comme lui, de nombreux pêcheurs africains ont fait la traversée récemment. « Les gens ne peuvent plus payer le prix, et les restaurants sont fermés… », explique Ahmed un autre pêcheur, marocain, parti de Dakhla, sur la côte du Sahara occidental.
    Non loin, devant l’Hôtel Vista Flor Bungalows de Maspalomas, charmant complexe de petites maisons accolées transformées en centre d’accueil pour 500 migrants, les accords mélancoliques de la kora et la voix du chanteur gambien Jaliba Kuyateh s’élèvent du téléphone de trois jeunes Subsahariens. Ils regardent passer les voitures, les yeux dans le vide.
    L’Hôtel Vista Flor Bungalows de Maspalomas a été transformé en centre d’accueil pour 500 migrants.
    Ce mardi 10 novembre, un avion a atterri sur l’île de Grande Canarie pour embarquer les 22 migrants détenus dans le centre d’internement des étrangers (CIE), direction Nouakchott, grâce à la réactivation des accords de rapatriement avec la Mauritanie annoncé quelques jours plus tôt par le gouvernement de gauche. Ce pays africain accepte le renvoi non seulement de ses ressortissants, mais aussi de tous ceux qui sont partis de ses côtes ou ont transité par la Mauritanie. Les Canaries n’ont jamais été le but de ces migrants : ils rêvent du continent européen. Et ils espèrent leur transfert sur la péninsule, comme cela se fait d’ordinaire pour soulager la pression sur les infrastructures de l’archipel.
    Daouda est tellement angoissé qu’il a dû être hospitalisé, pris de fortes douleurs dans le ventre, quand il a compris que le document remis par la police à son arrivée était un ordre d’expulsion. « Les migrants reçoivent des papiers qu’ils ne savent pas lire, des ordres d’expulsion qui peuvent faire l’objet d’un recours, et tous ne connaissent pas leurs droits à demander la protection internationale », assure le juge d’instruction Arcadio Diaz Tejera, qui s’est lui-même déplacé au port à trois reprises pour s’assurer que les Maliens, au moins, sont au courant du droit d’asile.
    Avec les femmes et les enfants, ce sont les seuls à être transférés presque automatiquement sur la péninsule, car « ils sont les plus susceptibles de voir aboutir leur demande de protection internationale », explique M. Santana. « De nuit, des hommes sont venus attaquer mon village, Kari, dans le nord du Mali, pour qu’on aille faire la guerre, raconte l’adolescent Adama, 15 ans, en français. Je suis malien, je ne peux pas tuer un autre Malien. J’ai couru pour m’enfuir et j’ai perdu ma famille. Je ne sais pas s’ils sont vivants ou morts… »
    « Nous sommes passés d’une centaine de places d’accueil à plus de 5 000, et qui plus est en pleine pandémie », souligne Anselmo Pestana, délégué du gouvernement aux Canaries. Lorsqu’ils débarquent, les migrants sont soumis à un test PCR. Les cas positifs sont envoyés en quatorzaine dans un ancien internat, isolé sur la plage volcanique du Cabron, les autres passent la quatorzaine dans des hôtels, où ils sont logés et nourris, dans l’attente d’une solution. Alors que certains observateurs craignent que l’archipel ne suive le chemin de Lesbos, en Grèce, ils soulignent que « le travail de sauvetage maritime que nous réalisons et notre prise en charge des migrants ne sont pas similaires », tout en demandant « l’implication d’autres pays : l’Union européenne ne peut pas laisser les pays frontaliers assumer seuls ce phénomène »

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