• Précarité : dans le métro parisien, un SDF sur cinq a un emploi
    https://www.marianne.net/societe/precarite-dans-le-metro-parisien-un-sdf-sur-cinq-un-emploi

    L’étude, menée de décembre 2018 à août 2019, permet de dresser le profil de ces personnes victimes de la grande pauvreté : majoritairement des hommes seuls (82%), francophones, âgés de 46 ans en moyenne, ils sont 20% à déclarer avoir un travail. Et 3% des SDF interrogés sont titulaires d’une allocation chômage. Enfin, 6% touchent une retraite. Autrement dit, près d’un tiers des sans-abri ont un revenu lié au travail. A titre de comparaison, 26% vivent de minima sociaux (RSA, allocation adulte handicapé), 20,6% ont recours à la mendicité, 4,9% reçoivent l’aide d’un proche et 33,1% ne déclarent aucun revenu.

    #SDF #logement #précarité #pauvreté #inégalités

  • Un sistema desbordado deja sin techo a los refugiados

    Los 95.000 solicitantes de asilo que llegaron este año —el doble que en 2018— llenan la red de acogida. La solidaridad de vecinos impide que duerman en la calle.

    Claudia, Eduardo y sus dos hijos de 10 y 7 años han pasado tres noches esta semana durmiendo en el suelo de una parroquia de Madrid. En El Salvador, donde vivían, tenían buenos trabajos, pero huyeron de allí por la extorsión de las maras. “Nos pedían dinero constantemente, pero a la tercera ya no teníamos más y empezaron las amenazas de muerte. Nos vigilaban. En septiembre nos llamaron por última vez y nos dijeron: ‘El dinero que no pagáis lo vais a gastar enterrando a vuestros hijos’. Colgamos y decidimos vender todo”. La pareja desembarcó el jueves de la semana pasada en el aeropuerto de Barajas e inmediatamente fue a la comisaría para intentar registrar su demanda de asilo. Aseguran que traen pruebas de su persecución y piden protección. Las cuatro noches de hotel que reservaron terminaron y solo les quedan 50 euros. La quinta noche no tuvieron dónde dormir. En teoría, el Estado debe encargarse de dar alojamiento a todos aquellos solicitantes de asilo que no tienen medios, al menos hasta que se resuelva su petición. Pero no lo consigue. Si no fuese por la solidaridad de vecinos, voluntarios y párrocos, decenas de familias como la de Claudia y Eduardo dormirían cada noche sobre cartones en las calles de Madrid.

    Este año han llegado a España unos 95.000 solicitantes de asilo. La Secretaría de Estado de Migraciones asume que no tiene capacidad para dar un techo a todos los que lo necesitan. Tampoco el Ayuntamiento de Madrid, que debe atender las emergencias sociales. Ninguna de las dos Administraciones tiene un plan que pueda ejecutarse a corto plazo. El resultado es una imagen que comienza a ser recurrente: familias enteras con niños que cada noche se acurrucan bajo mantas térmicas a las puertas del Samur Social, el servicio municipal de la capital que, en última instancia, debería evitar que duerman a la intemperie. Todos esperan una cama para dormir. No todos la consiguen.

    Es medianoche. Martes. Hace un frío húmedo: el termómetro marca seis grados. Otra familia salvadoreña, de siete miembros, se encoge bajo un andamio de la Carrera de San Francisco, la calle de la capital donde está el edificio del Samur Social al que peregrinan los recién llegados. Son la abuela, tres hermanas, el marido de una de las hermanas y dos nietos. A los pequeños ni siquiera se les ve, tapados con kilos de mantas y el abrazo de los padres. Los mayores solo enseñan los ojos bajo la ropa de abrigo. Están muy apretados y, al moverse un poco, activan la alarma antirrobos del andamio que les cobija. El guardia de seguridad acude cuando oye la sirena. “A ver si no os movéis mucho”, les pide bronco. Creen que si se marchan de allí perderán su lugar en la lista de espera, pero el frío es insoportable y deciden aceptar la oferta del padre Javier Baeza, que les ofrece unos colchones en la parroquia San Carlos Borromeo, en Vallecas.

    La red nacional de acogida para solicitantes de asilo está al borde del colapso. Las 95.000 demandas presentadas este año, entre las que hay un 20% de menores de edad, doblan prácticamente las del año anterior. El ritmo es de 9.000 al mes. Más de un tercio de los solicitantes que han llegado a España este año son venezolanos, inmersos en una crisis humanitaria. Pero también hay colombianos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños que escapan de la violencia de sus países. Todo apunta a que los números, debido a la inestabilidad creciente en América Latina, seguirán aumentando.
    Red de vecinos

    Frente al Samur Social viven Eneko, Sandra y sus dos hijos. Desde su ventana han visto cómo la cola de personas que duermen en la calle ha aumentado en los últimos meses. Al final se decidieron a intervenir. Fue una noche de septiembre, cuando Sandra vio por primera vez que los trabajadores del servicio de emergencias dejaban en la calle a una pareja marroquí con cinco niños. “Me pongo los botines y le digo a Eneko: ‘Pues voy a bajar’. Consigo hablar con el encargado de turno y me dice que no puede hacer nada. Me empiezo a desesperar y a llamar a conocidos que me pudieran ayudar. Uno de ellos me habla de la Iglesia del Padre Ángel. Llamo allí y me dicen que aunque no tenían camas libres podían dormir en los bancos, así que los enviamos en dos Cabify. Empezamos a dar a conocer su caso a los medios, a hacer presión y a los dos días se les alojó”, cuenta la vecina. Ese mismo día, Eneko y Sandra volvieron a ver a otra pareja sin techo que se disponía a pasar la noche frente a su casa. En este caso eran venezolanos y tenían tres niños. Desde entonces no han parado de llegar familias.

    Eneko y Sandra fueron la punta de lanza de un movimiento más grande de solidaridad que suple la incapacidad de las instituciones. Hay otros vecinos, como Gabriela García, que les llevan sopa todas las noches, pero también abogados y párrocos. Cocinan para las familias y les llevan mantas y ropa de abrigo y, cuando no hay más suelo en las iglesias, los alojan en sus casas o les pagan una pensión.

    El sistema de asilo español solo concede algún tipo de protección a uno de cada cuatro solicitantes, una de las tasas más bajas de Europa, así que la inmensa mayoría verá rechazada su petición. España, por ejemplo, no reconoce como refugiado a prácticamente ninguno de los centroamericanos que, hostigados por la violencia, no encuentran protección en su propio país. Los venezolanos también suelen quedarse fuera, pero a ellos el Gobierno les concede un permiso de residencia y trabajo de un año por razones humanitarias. En todos los casos, de cualquier forma, mientras se estudia su situación la ley les permite vivir regularmente en España y a los seis meses, trabajar.

    Un sistema insuficiente

    La Secretaría de Estado de Migraciones tiene la obligación de acoger a los más vulnerables, pero está fallando. Nadie se preparó para estos números. España, que hasta ahora veía en la distancia el desafío que asumían sus socios europeos con la llegada de miles de refugiados, se ha colocado entre los cinco países de la UE que más demandas recibe, a poca distancia de Francia y Alemania. El Defensor del Pueblo lleva desde 2013 advirtiendo de las graves deficiencias del sistema.

    Margareth Yanett Jiménez y Julio César Aponte son una pareja de funcionarios venezolanos que desde el 15 de julio también duermen en la parroquia San Carlos Borromeo. Tienen dos niños mellizos de ocho años, Sarah Valentina y Moisés Nicolás. La niña rompió a llorar el viernes de la semana pasada cuando, tras ver que llegaban nuevas familias de solicitantes de asilo, creía que iban a perder la suerte de almacén donde duerme junto a sus padres. “Hace tres meses que nos reunimos con una trabajadora social de la Secretaría de Migraciones para que nos buscase un sitio donde vivir”, cuenta Jiménez. No tuvieron más noticias hasta el viernes 22. “La trabajadora nos llamó y nos dijo que el lunes nos dirían a qué sitio ir. Gloria a Dios”, celebró Jiménez. Diez minutos después llegó el jarro de agua fría: se habían equivocado con el número de plazas y no les correspondía ninguna. Hasta que les vuelvan a llamar. Durante los cuatro meses que la familia Aponte Jiménez lleva en la parroquia se ha dedicado a ayudar a los que van llegando. Les acompañan a poner las demandas de asilo, les indican dónde gestionar los papeles y qué documentos hay que llevar. A Julio César Aponte, agotado mentalmente de tanto llamar y esperar en vano, los voluntarios de la parroquia ya le conocen como “el conserje” o “el monaguillo”.

    El primer escollo administrativo que encuentra el solicitante de protección internacional está en el Ministerio del Interior. La Oficina de Asilo, con un programa informático de los noventa y el mismo personal desde hace 26 años, ha sido un departamento tradicionalmente olvidado. Solo el año pasado se puso en marcha un plan de choque con más funcionarios y medios con los que se ha quintuplicado el ritmo de resolución. Pero no es suficiente. Por cada dos solicitudes que entran se resuelve solo una. En los cajones hay más de 120.000 expedientes abiertos. Casos que deberían cerrarse en unas semanas, pueden llevar hasta dos años.

    Interior se ocupa de tramitar las solicitudes, pero la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente de otro ministerio, el de Trabajo, ha de gestionar el alojamiento de los que no tienen dónde vivir. El departamento de Consuelo Rumí ha estirado la red de acogida de 11.400 camas a 14.000 en el último año, pero, aunque varía según la semana, sigue habiendo miles de personas en lista de espera que duermen donde pueden. Como la familia Aponte o la familia de El Salvador cobijada bajo el andamio. “No tenemos suficientes recursos para responder al ritmo de llegadas actual”, afirman fuentes de Migraciones. “Si se resolviese con más agilidad, se descartarían expedientes y se aliviaría el sistema. Así podríamos dar una respuesta adecuada”, señalan apuntando a Interior.

    El desbordamiento del Estado obliga a los Ayuntamientos a hacerse cargo de los solicitantes que quedan fuera del sistema y ha llevado a ciudades como Madrid, puerta de entrada de casi la mitad de ellos, y Barcelona, el segundo destino, a atender un perfil desconocido en España de personas sin hogar: familias extranjeras con niños.

    “Si esto no se aborda, seguiremos teniendo niños en la calle durante todo el invierno”, mantiene el concejal de Familias, Igualdad y Bienestar Social de Madrid, José Aniorte, de Ciudadanos. “Ningún Ayuntamiento del mundo puede soportar esta presión”, asegura el edil, que dedica un cuarto de las 4.000 plazas para gente sin hogar a solicitantes de asilo. Su homólogo en Barcelona, el concejal Marc Serra (Barcelona en Comú), asegura que la ciudad tiene una alta demanda de alojamiento que antes no existía y que cada noche dan cobijo a cerca de 150 migrantes, la mayoría solicitantes de asilo de los que debería ocuparse Migraciones. Todas son familias con menores. Serra reconoce que también se queda gente en la calle, pero nunca con un perfil tan vulnerable. “En términos cuantitativos puede no ser mucho, pero hay familias desatendidas que acabamos asumiendo nosotros. Es lo suficientemente grave como para este sea un tema prioritario”, advierte.

    El volumen de solicitudes y la consecuente crisis de gestión ha llevado al Gobierno socialista a endurecer su discurso y hablar de “abuso” en el sistema. “Vemos con preocupación la utilización de la solicitud de asilo como vía de entrada a España por personas que van a ver denegada su petición porque no tienen perfil de beneficiario de protección internacional”, advierten fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones. Y aquí reside la paradoja. El tapón que alarga los plazos de resolución perjudica al conjunto de los solicitantes de asilo, pero ha acabado convirtiéndose en una puerta para miles de personas que pretenden mudarse a un país al que resulta extremamente complicado migrar de forma regular.

    https://elpais.com/politica/2019/11/23/actualidad/1574521465_352891.html
    #SDF #Espagne #sans-abri #asile #migrations #réfugiés #hébergement
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  • Des parents et des enfants sans domicile hébergés dans des écoles à Lyon

    Des parents d’élèves de cinq écoles se sont mobilisés pour mettre à l’#abri dans les #locaux_scolaires des élèves et leurs parents qui n’ont pas de logement.

    Pour échapper à la rue, ils ont trouvé refuge à l’école. Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, le groupe scolaire Michel-Servet, dans le Ier arrondissement de Lyon, héberge la nuit 17 enfants, âgés de 2 à 12 ans, et 9 parents. C’est l’une des cinq écoles occupées à ce jour par le collectif Jamais sans toit : des parents d’élèves, des enseignants, des habitants qui se mobilisent chaque année pour mettre à l’abri les familles en difficulté en attendant les hypothétiques places en hébergement ouvertes dans le cadre du plan froid. Au total, 30 enfants seraient hébergés dans ces établissements scolaires. « Aujourd’hui, les administrations trient et dissèquent les critères de vulnérabilité des familles pour ne pas les prendre en charge », dénonce le collectif, à l’origine d’un rassemblement de plusieurs centaines de personnes mercredi soir devant l’hôtel de ville de Lyon.

    En 2018, Jamais sans toit a pu faire dormir au chaud une centaine d’enfants pendant plusieurs semaines avant leur prise en charge, qui s’est soldée pour une partie d’entre eux par un retour à la rue aux beaux jours. « Le grand changement cette année, c’est que même les demandeurs d’asile se retrouvent dehors, une marche de plus a été franchie », constate Pauline Manière, mère d’élève à Michel-Servet. Raphaël Vulliez, enseignant de l’école, pointe un « manque de volonté politique » : « Il y a 24 000 logements vides, pour certains chauffés et surveillés, dans la métropole mais on en est encore à ce faux concept de l’appel d’air, de dire que si on loge tout de suite les gens, ça va en attirer d’autres. » Pour lui, payer sporadiquement des nuits d’hôtel ne règle rien : « C’est brutal pour les familles, ça coûte cher à la collectivité et ça condamne à être chaque année dans ce schéma d’urgence plutôt que de pérennisation. »
    « Tenir sur la durée »

    Alors l’entraide prend le pas au quotidien. En parallèle de la collecte de nourriture, de couettes, de vêtements chauds, Jamais sans toit organise des « goûters solidaires » pour constituer une cagnotte. Elle sert à faire des courses pour les dîners et les petits-déjeuners des familles, parfois à leur payer l’hôtel le week-end. La mairie du Ier arrondissement s’est également engagée à en financer un certain nombre. L’objectif du collectif Jamais sans toit : « tenir sur la durée », explique Céline Hernu, mère présente ce mercredi soir à Michel-Servet.

    Il est 19 heures, Naslati vient d’arriver dans le hall de l’école avec ses 4 enfants, âgés de 3 à 12 ans. Les trois plus jeunes sont nés à Mayotte, sur le territoire français donc, tandis que leur mère et son aîné sont comoriens. Naslati, 31 ans, a atterri en métropole en février pour « trouver une vie meilleure », « voir grandir ses petits sans bêtises ». Elle a d’abord été hébergée chez des amis, avant d’obtenir un récépissé de carte de séjour l’autorisant à travailler. Mais depuis un mois, elle est à court de solution de logement.
    « J’ai honte, je n’ai jamais été assistée »

    Elle a essayé de s’installer pour la nuit dans le hall d’un hôpital avant d’en être chassée. Alors elle s’est débrouillée une dizaine de jours, campant sous le porche de stations de métro, veillant sur ses enfants endormis contre elle. Depuis le 5 novembre, le dortoir de fortune de Michel-Servet est sa bouée. Elle va pouvoir entamer sa formation en français à Pôle Emploi, peut-être trouver quelques heures de ménage. « A Mayotte, je m’occupais du nettoyage chez des gens. Mais même en travaillant cinq jours par semaine, je gagnais 200 euros par mois et je n’avais pas de fiches de paie », raconte-t-elle.

    Fatima et Abdel El Marhani, 40 ans, ont, eux, déjà des promesses d’embauche, comme employée en grande surface et agent d’entretien, mais n’ont pas réussi à trouver un appartement en arrivant le 12 novembre de Colmar (Haut-Rhin), où leurs affaires attendent dans un garage. Ils sont sur liste d’attente pour un logement social. D’abord hébergés avec leurs trois filles chez des amis, ils sont venus par le bouche-à-oreille à l’école. « J’ai honte, je n’ai jamais été assistée. Je ne demande pas une villa en centre-ville, je veux juste un appartement avec une chambre pour les filles, de quoi faire à manger chaud », dit Fatima, « citoyenne française qui paie ses impôts ».

    « On a de plus en plus l’impression de faire le travail de l’Etat qui ne veut pas assumer », souligne Raphaël Vulliez. Alors Jamais sans toit a décidé « d’aller plus loin » en organisant, samedi, les baptêmes républicains des enfants accueillis. « Chaque fois que les familles frappent à une porte administrative, elles sont retoquées. C’est un moyen de leur signifier qu’elles ont leur place dans notre société, qu’on veille sur elles, qu’on ne va pas les lâcher », explique Anne Lasseur, conservatrice des musées Gadagne et habitante du quartier. Egalement en première ligne de la « crise » de l’hébergement dans la métropole, un collectif de travailleurs sociaux appelle à une grève le 28 novembre.

    https://www.liberation.fr/france/2019/11/21/des-parents-et-des-enfants-sans-domicile-heberges-dans-des-ecoles-a-lyon_
    #occupation #école #SDF #sans-abris #France #Lyon #hébergement #résistance

  • Le #campement sauvage près de la gare de #Grenoble sur le point d’être démantelé

    #Lionel_Beffre, le préfet de l’#Isère a annoncé ce mardi 19 novembre l’#évacuation imminente du campement de migrants situé entre la gare de Grenoble et le quartier Saint-Bruno. Une annonce intervenue lors de la présentation du dispositif mis en place dans le cadre du plan d’#hébergement_d’urgence hivernal. D’après Droit au logement, l’expulsion est imminente et aura lieu dès ce jeudi matin à 7 h 30.

    Alors qu’il présentait le plan d’hébergement d’urgence hivernal 2019-2020, Lionel Beffre, le préfet de l’Isère a annoncé le prochain démantèlement du camp de migrants situé sous l’estacade entre la gare de Grenoble et le quartier Saint-Bruno.


    Ce campement, déjà plusieurs fois évacué, notamment au mois de juin, abrite sous des tentes plusieurs dizaines de personnes, dont des enfants. Leurs profils ? Des demandeurs d’asile et des migrants, arrivés pour la plupart des Balkans, n’ayant pas encore fait de demande administrative d’asile.

    En toile de fond, un nouveau duel à fleurets mouchetés entre le représentant de l’État et la #Ville_de_Grenoble. La #municipalité demandant au préfet « de respecter les compétences de l’État et de la loi pour mettre toutes les personnes à l’abri à Grenoble […] pour que personne ne reste dans le plus grand dénuement après l’évacuation […] », rapporte le Dauphiné libéré.

    « Les services de l’État seront mobilisés pour procéder à l’évacuation »

    « Nous serons amenés prochainement à prendre nos responsabilités parce que ce campement devient dangereux à bien des égards », a ainsi prévenu Lionel Beffre. « Des immondices en tous genres, des braséros de fortune dans lesquels sont brûlés du bois, des cartons... Sans oublier la production de fumées incommodantes », liste le haut fonctionnaire. De surcroît, ajoute-t-il, « il y a parmi les occupants des passeurs, voire des dealers. Mais aussi et surtout la présence d’enfants dans une situation préoccupante ».

    Devant l’état sanitaire déplorable du campement, Corinne Torre. cheffe de mission à Médecins sans frontières (MSF) venue à Grenoble le visiter, avait rappelé à l’État ses responsabilités. Pour mémoire, Eric Piolle avait signé, en avril dernier avec treize autres édiles, une lettre adressée au gouvernement dénonçant les conditions d’accueil des migrants.

    « J’ai fait savoir au maire de Grenoble, puisque le pouvoir de police lui appartient, qu’il pouvait prendre un arrêté pour mettre un terme à cette situation et mettre ces personnes à l’abri », déclare Lionel Beffre. Une décision dont il pense « qu’elle ne viendra pas » et qu’en conséquence, « les services de l’État procéderont à l’évacuation ».

    Par ailleurs, le préfet assure qu’il prendra « des mesures empêchant que d’autres personnes en difficulté se réinstallent sur le site ». De quoi rappeler, dans un autre registre, les dix-neuf blocs rocheux destinés à dissuader « les passeurs et les locataires d’emplacements » installés par la mairie de Grenoble au mois de juillet dernier.

    « Nous ne reconduisons pas assez vite à la frontière les demandeurs d’asile déboutés »

    Pourquoi des demandeurs d’asile se retrouvent-ils dans ce genre ce campement ? « Parce que nous n’avons pas assez de places d’hébergement et n’arrivons pas à reconduire assez vite à la frontière les demandeurs d’asile déboutés ». Si c’était le cas, « ces derniers n’occuperaient pas des places indument, pérennisant ainsi au fil du temps leur situation », explique le préfet.

    « Aujourd’hui nous sommes dans une situation où le droit d’asile est très clairement dévoyé », lance Lionel Beffre. Qui s’en explique. « Une partie non négligeable des ces demandeurs d’asile sont originaires des Balkans. Or, dans ces pays-là, même si ça a été le cas dans le passé, il n’y a plus de dictatures, persécutions ou oppressions qui sont le fondement du droit d’asile », expose le préfet.

    Pour le haut fonctionnaire, les chances qu’ont donc leurs ressortissant d’obtenir le sésame du droit d’asile est très minime, « de l’ordre de 10 à 15 % ». Pour les autres, « notre devoir c’est de les accueillir dans des lieux spécialisés », conclut le préfet. Notamment pour les accompagner dans la constitution de leur dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).

    Si aucune date n’a été officiellement annoncée pour l’expulsion, elle aura lieu ce jeudi 21 novembre au matin selon Droit au logement. Qui déplore qu’« au moins un tiers des familles, si ce n’est plus, ne seront pas relogées, et laissées dans le froid, sans tente ni lieu ou s’installer, après un tri humain effectué par l’État. » Le Dal appelle ainsi à un rassemblement en solidarité à 7 h 30 en face du camp, côté Saint-Bruno.

    https://www.placegrenet.fr/2019/11/20/campement-gare-de-grenoble-demantele/268584
    #SDF #sans-abrisme #sans-abri #démantèlement #destruction #campement_sauvage #préfecture #migrations #asile #réfugiés #hébergement #logement #déboutés #expulsions #renvois

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  • Ruling allowing Serco to evict asylum seekers sets ‘dangerous precedent’

    Campaigners are warning that a “dangerous precedent” has been set by a “brutal” ruling from Scotland’s highest court that evicting asylum seekers by changing their locks is lawful.

    The judgement means an estimated 150 people in Glasgow can now be evicted. The Inner House of the Court of Session rejected an appeal by Govan Law Centre and upheld an earlier court verdict in favour of the multinational housing provider, Serco.

    Most of those affected have had their pleas for asylum refused and have no right to public funds. They now face street homelessness even though they may working on appeals to Home Office decisions to deport them. Serco claimed it could now evict up to 20 people per week.

    Lawyers, including those from the Scottish Human Rights Commission, said they had “serious” concerns that the judgement meant the rights of vulnerable people living in Scotland would be breached.

    The court found that because Serco is a private organisation, it does not have to meet human rights obligations. The company lost its Home Office contract to house asylum seekers in Glasgow to the Mears Group in September.

    If the court had found in Govan Law Centre’s favour, Serco would have been forced to get a court order before making each eviction, giving asylum seekers greater protection. The company has previously sought court orders in some cases.

    At a press conference held by Govan Law Centre, which was representing clients in the case, those living in Serco accommodation and facing eviction spoke about their fears of ending up on the streets in the depths of winter.

    Campaigners said they had deep concerns for clients and were frustrated that many of those facing eviction are still fighting appeals. People can spend years in the asylum system, falling in and out of destitution and their right to accommodation, before their right to protection is recognised.

    Lorna Walker, instructing solicitor for Govan Law Centre, said: “To lose your home and become street homeless, especially when you have no right to public funds, is one of the worst things that could happen to a human being.

    “It is our position that without a court of law the outcome can be catastrophic. We are deeply concerned that it is held that the human rights act does not extend far enough to protect this most vulnerable group of people from being evicted.”

    Khadija Anwar, from Kenya, spoke of her shock and confusion following the decision. She and her husband, Muhammad, from Pakistan, are facing eviction from their Serco flat after having their case refused. Now in their seventies, they have been destitute for five months, relying on support from Positive Action in Housing, food banks and other charities.

    “Both of us are very tired,” she said. “I am struggling with arthritis and vertigo and my husband has heart problems, dementia problems. It’s very difficult.”

    She added: “Already I can’t bear this cold, even inside the house. How can they do this? Do they think we can stay out on the street in this cold? I’m so worried about my husband, my loving husband. This is not the stage where we can leave [the UK] without each other.”

    Robina Qureshi, chief executive of Positive Action on Housing, said: “What the court has done is legally institute a form of housing apartheid in Glasgow where one section of our community have their housing and human rights upheld, yet another can be dragged from their homes and on to the streets without recourse to public funds, to work or any form of support.

    “What does an eviction without due process look like? Where are the police, where are the sheriffs officers? Serco and other private housing companies now have carte blanche. They have the freedom to do this. What we have seen that people are enduring destitution for years and finally getting leave to remain.

    “But the fight does not stop here. And we are ready for it.”

    Positive Action on Housing is hoping to find additional capacity in its rooms for refugees programme, where volunteer hosts offer someone a bed. But Qureshi acknowledged it was not a perfect set-up, claiming people should be able to build their lives without the support of charity.

    Currently the only other option is the Glasgow Night Shelter for Destitute Asylum Seekers, which has space for about 20 men but is often full. The Glasgow Winter Shelter will not open until December.

    Govan Law Centre is currently consulting with clients. But it may appeal to the UK Supreme Court, while the Scottish Human Rights Commission, which intervened in the case, confirmed it is also considering further legal action.

    Judith Robertson, chair of the commission, said: “We have serious concerns about the implications of this ruling, both for the people directly affected and for the protection of human rights more broadly.

    “The court’s finding that Serco is not acting as a public authority in this context, and therefore is not bound by human rights legal obligations, has profound consequences for how people’s rights are protected when public services are delivered by private providers.

    “Governments should not be able to divest themselves of their human rights obligations by outsourcing the provision of public services.”

    Fiona McPhail, Shelter Scotland’s principle solicitor, agreed the decision was “deeply concerning”. She added: “It’s the state that has the statutory obligation to accommodate asylum seekers. If by privatising those services, the state can avoid its obligations under human rights law, this sets a dangerous precedent.”

    Glasgow City Council has recently made cuts of over £3m to existing homeless services. Shelter Scotland is taking the council to court for failing to meet its duty to accommodate homeless people.

    https://theferret.scot/serco-judgement-evictions-glasgow-lock-change
    #SDF #sans-abrisme #sans-abri #Ecosse #asile #migrations #réfugiés #UK #privatisation #serco #hébergement #logement

    • Lock change evictions ruled lawful

      Refugee Survival Trust fears a humanitarian crisis on Glasgow’s streets, as lock change evictions of asylum seekers approved by Court of Session.

      A humanitarian catastrophe created by the UK Home Office and Serco, its former housing contractor, will force hundreds of vulnerable asylum seekers onto the streets of #Glasgow, warns the Refugee Survival Trust.

      This follows a ruling by the Court of Session, which found Serco’s controversial ‘lock change’ eviction policy to be lawful. This ruling will see people who are fleeing war and persecution evicted from their homes and forced onto the city’s streets into destitution.

      Cath McGee, Destitute Asylum Seeker Service Manager at the Refugee Survival Trust said, “We’ve been hearing from asylum seekers living under enormous stress who have told us that they are terrified of losing the roof over their head in the harsh winter months. We now fear a humanitarian crisis on Glasgow’s streets involving hundreds of already vulnerable people who have no other means to support themselves as they cannot work or claim benefits.”

      “These people have nowhere else to go. They are not permitted to access homeless services so throwing them out of their homes onto the streets will place them at enormous risk. They have fled war and persecution and are seeking asylum in Scotland. Now they will be forced to fight for their daily survival.”

      “With their basic right to shelter taken from them they won’t have a postal address to collect important letters related to their asylum case. Nor will they be in a position to seek legal advice or gather new evidence to support a fresh asylum claim to help them stay in the UK.”

      Scots housing law prevents Scottish families from being evicted without a court order. The Refugee Survival Trust, a charity that leads the Destitute Asylum Seeker Service in Glasgow and provides practical support including small emergency cash grants to asylum seekers facing destitution, says this should apply to everyone in Scotland, regardless of their immigration status.
      “Vulnerable people seeking asylum should be afforded the same housing rights as Scottish families. We should not tolerate a system that treats people seeking international protection in this brutal way,” said Ms McGee.

      In September 2019, the #Mears_Group took over the contract to provide housing to asylum seekers in Glasgow. The Group is yet to give a formal undertaking that it won’t force asylum seekers into homelessness and destitution.

      “We’re calling on the Mears Group to make a public commitment that they won’t pursue lock change evictions to forcibly remove vulnerable people seeking asylum here in Scotland from their homes,” added Ms McGee.

      https://www.rst.org.uk/archives/3232

    • Disappointing decision on Serco lock changes

      Today the Court of Session found in favour of Serco in a test case for asylum seeker lock changes.

      Our Principal Solicitor Fiona McPhail commented:

      “This decision is deeply disappointing news for all those directly affected.

      “We now face a situation where around 300 people will be at risk of summary eviction, with no right to homeless assistance or no right to work to earn their own income to cover rent, meaning there is a high risk they will end up on the streets of Glasgow.

      “Our clients are continuing to progress their asylum claims and cannot return to their country of origin.

      “The finding that Serco is not a public authority and therefore does not need to comply with the Human Rights Act or the Equality Act is deeply concerning. It’s the state that has the statutory obligation to accommodate asylum seekers - if by privatising those services, the state can avoid its obligations under human rights and equalities law, this sets a dangerous precedent.

      Gordon MacRae, Assistant Director for Communications and Policy, Shelter Scotland said:

      “At Shelter Scotland we think there are both moral and legal cases to be heard. It is morally repugnant to force anyone out of their home with nowhere for them to go. Public bodies must not stand by while people face winter on the streets.

      “Shelter Scotland exist to protect everyone’s housing rights no matter their circumstances. We will continue to do what we can protect those whose rights are denied. “

      Fiona McPhail added:

      “The Court appears to have placed some emphasis on the type of case it was- and the fact that it was not a judicial review. Hopefully the solicitors in this case will reflect on these observations, as judicial review proceedings were raised by another party and have been put on hold whilst this case has been taken as the lead case.”

      https://scotland.shelter.org.uk/news/november_2019/disappointing_decision_on_serco_lock_changes

    • #Glasgow faces homeless crisis with asylum seeker evictions

      With temperatures plunging, night shelters scramble to deal with fallout after court ruled to allow ‘lock-change evictions’.

      Asylum seekers in Glasgow are facing the prospect of sleeping on the streets in freezing conditions when the wave of “lock-change evictions” – held off for nearly 18 months by public protests and legal challenges – finally begins in earnest over the next fortnight, with the only available night shelter already full to capacity and frontline workers desperately scrambling to secure more emergency accommodation.

      Earlier this month, Scotland’s highest court upheld a ruling that Serco, which claims it has been “demonised” over its controversial policy of changing the locks on the homes of refused asylum seekers, did not contravene Scottish housing law or human rights legislation. The private housing provider now plans to evict 20 people a week.
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      Annika Joy, who manages the Glasgow night shelter for destitute asylum seekers, is blunt about the prospects of avoiding a homelessness crisis across the city, where temperatures plummeted to below zero last week. “We don’t have any slack,” she says. “We have 24 beds here, booked to capacity every night. We believe there are already 150 asylum seekers at any time who are making survival decisions, perhaps being forced to sell sex or labour for accommodation, or sofa surfing. Now we estimate that another 150 people will be evicted by Serco over the winter.”

      Joy is painfully aware of how basic the shelter’s provisions are. There are no showers in the building, nor sufficient secure space where guests can store possessions. Without enough power for a catering cooker, the hot breakfasts and dinners provided with donated food are made on a minimal four-ring hob. In the bunk room itself, colourful blankets and sheets are draped around beds. It looks like a children’s sleepover party, but these are adult males desperately trying to create privacy among strangers, many of whom suffer from insomnia or night terrors.

      Refused asylum seekers in the UK find themselves in an almost uniquely unsupported position, with no right to homeless assistance or to work to provide for themselves.

      Graham O’Neill of the Scottish Refugee Council says many of those initially refused have their claims accepted on appeal – 55% according to most recent figures. A quarter of those Serco planned to evict when it first announced its lock-change policy in July 2018 have since returned to Section Four homelessness support.

      For O’Neill, there is a deep frustration that many of those still facing eviction are waiting weeks for decisions that should be made within days, or have fresh asylum claims ready but aren’t allowed to lodge them because of Home Office bureaucracy. “They are facing street homelessness, when actually in law they have an entitlement to support.”

      Joy says that a longer-term solution is needed across the city: “These are not people who will need a bed for a few nights until they have their lives sorted out, and we won’t end homelessness in Glasgow without a proper plan for asylum seekers.”

      The city is already facing a winter crisis, with demands for the council night shelter to open early because of freezing temperatures, while last month Shelter Scotland launched a judicial review that claims Glasgow city council has illegally denied temporary accommodation to homeless applicants.

      With this in mind, campaigners are working together with local housing associations and charities who have spare rooms, and in discussion with Glasgow’s city council and the Scottish government – who are limited because they are not legally allowed to directly fund accommodation for over-stayers - to put together a critical mass of long-term accommodation.

      The plan is to offer accommodation along with wraparound legal and health support, which can also serve the women who make up one in five of those facing eviction and who currently have nowhere to go.

      Robina Qureshi, director of Positive Action in Housing, which has been supporting a number of those anticipating eviction, emphasises the long-term psychological toll of the lock-change policy, saying: “People are very frightened about the prospect of being turfed onto the street at any time.”

      Joy emphasises how much living circumstances impact on people’s capacity to access support. “It’s striking how many rights our guests who have been refused by the Home Office have. When people are less anxious about where they are going to spend the night, when they have the encouragement to open up about their experiences, we often discover new information that can help their claims.”

      https://www.theguardian.com/society/2019/nov/27/glasgow-faces-homeless-crisis-with-asylum-seeker-evictions-set-to-begin

  • #Tags et #graffitis #anti-touristes à #Athènes, en #Grèce
    Photos prises en juillet 2019

    Dear tourist, enjoy your AirBnB.
    A futur homeless


    #SDF #sans-abris

    Immigrants welcome
    Tourists fuck off

    AirBnB tourists leave

    AirBnB tourists, time to leave

    AirBnB tourists leave

    Don’t be an asshole, don’t do AirBnB

    AirBnB does not include breakfast

    #AirBnB #tourisme #art_de_rue #street_art

    Ajouté à la métaliste:
    https://seenthis.net/messages/745557#message808994

  • Des centaines de migrants abandonnés à leur sort devant le centre du HCR à Tripoli

    Des centaines de migrants sans abri patientent sous la pluie devant le #centre_de_rassemblement_et_de_départ (#GDF) – géré par le HCR dans la capitale libyenne - sans avoir l’autorisation d’y entrer. Ils avaient été libérés mardi en fin d’après-midi d’un centre de détention du sud de Tripoli, #Abu_Salim.

    Près de 24 heures après leur arrivée, des centaines de migrants patientent toujours devant le centre de rassemblement et de départ (GDF) du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), à Tripoli. Les portes du centre restent, pour l’heure, fermées.

    Les migrants, au nombre de 400, selon la police libyenne, ont donc passé la nuit dehors, sans pouvoir s’abriter de la pluie, comme en témoignent des images transmises à la rédaction d’InfoMigrants. Aucune femme et aucun enfant ne se trouvent parmi eux.

    “Quelle mascarade, quelle catastrophe humanitaire, 400 personnes passent la nuit sous la pluie, sans aucune couverture. Où sont les organisations humanitaires ? Où est la communauté internationale ?”, a demandé l’un des migrants devant le centre, à InfoMigrants.

    Le #GDF "déjà surpeuplé", selon le HCR

    Selon le HCR - qui parle de 200 personnes à ses portes -, la situation "est tendue", le centre étant "déjà surpeuplé". Impossible donc d’accueillir de nouveaux résidents.

    L’Organisation internationale pour les migrations (#OIM) assure faire son maximum. "Nos équipes travaillent maintenant sur le terrain, en coordination avec le #HCR et le #PAM (Programme alimentaire mondial), pour délivrer une assistance d’urgence [...] aux migrants libérés hier du centre de détention d’Abu Salim", ont-ils écrit sur Twitter mercredi 30 octobre.
    https://twitter.com/IOM_Libya/status/1189468937538412544?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E11

    Contactée par InfoMigrants, une source au sein de la police libyenne s’est étonnée de la position "incompréhensible" du HCR.

    Pour tenter de trouver un abri aux migrants abandonnés à leur sort, les forces de l’ordre libyennes ont proposé de les emmener dans d’autres centres de détention, mais ces derniers ont refusé.

    Marche à pied du centre de Abu Salim jusqu’au GDF

    La veille en fin de journée, ce groupe avait été relâché du centre de détention libyen d’Abu Salim, au sud de la ville de Tripoli. Les migrants libérés ont alors marché jusqu’au centre GDF de Tripoli. Les raisons de leur départ sont cependant vagues. Certains migrants assurent être sortis d’eux-mêmes. D’autres expliquent avoir été relâchés en raison de la situation sécuritaire dans cette zone de la capitale.
    https://twitter.com/sallyhayd/status/1189166848002187264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E11

    Le centre de détention d’Abu Salim est situé à proximité des zones de conflits [entre le général Haftar, l’homme fort de l’Est libyen et le gouvernement de Fayez al-Sarraj]. "La situation dans les centres de détention est inacceptable et l’accès aux produits de première nécessité est difficile. La libération d’hier était inattendue et suscite des inquiétudes quant à la sécurité des migrants", a déclaré l’OIM à InfoMigrants.
    Les chiffres restent également flous. Selon l’OIM, ce sont près de 600 personnes qui ont été "relâchées" du centre de détention d’Abu Salim.

    Quitter plus rapidement la Libye ?

    En se rendant au GDF, les migrants pensent pouvoir quitter plus rapidement le pays. Ils espèrent que l’étude de leur demande d’asile sera examinée plus vite et leur réinstallation accélérée.

    En juillet, environ 300 migrants du centre de détention de Tajourah, à l’est de Tripoli, avaient parcouru 45 km à pied afin de rejoindre le centre du HCR.

    Le GDF à Tripoli a ouvert ses portes au mois de décembre 2018. Géré par le ministère libyen de l’Intérieur, le HCR et LibAid (un partenaire du HCR), il a pour objectif de transférer les réfugiés vulnérables vers un lieu sûr, en Europe, notamment, via les programmes de réinstallation. Ou de les diriger vers d’autres structures d’urgence dans des pays tiers (au Niger ou au Tchad).

    Il peut également proposer des retours volontaires aux migrants qui souhaitent rentrer chez eux. Il arrive toutefois que certains des migrants du GDF ne soient pas éligibles aux programmes de réinstallation. En octobre, en l’espace de deux semaines, deux demandeurs d’asile avaient tenté de mettre fin à leurs jours dans le centre GDF après avoir été priés de quitter le centre.

    Plusieurs milliers de migrants sont détenus dans des centres de détention, officiellement gérés par les autorités libyennes. Dans la pratique, ces centres sont contrôlés par des groupes armés et les abus fréquents.

    Au total, “plus de 669 000" migrants ont été recensés par les Nations unies en Libye depuis le mois d’août 2018. Parmi ce nombre important de migrants présents sur le sol libyen figurent 12% de femmes et 9% d’enfants.

    https://twitter.com/sallyhayd/status/1189239816694751232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E11

    https://www.infomigrants.net/fr/post/20497/des-centaines-de-migrants-abandonnes-a-leur-sort-devant-le-centre-du-h

    #abu_slim #Tripoli #migrations #réfugiés #SDF #abandon #centre #HCR #centre_du_HCR #détention #prisons #prison #centre_de_détention #Gathering_and_Departure_Facility (#GDF)

    • Migrants en Libye : « Je sais qu’il y a une chance sur deux de mourir »

      A Tripoli, les exilés africains qui espèrent rejoindre l’Europe sont pris en tenaille entre les institutions – voies légales mais lentes -, les réseaux de passeurs - option coûteuse et dangereuse - et les centres de détention des autorités locales.

      Ils sont plusieurs centaines de milliers d’exilés à être pris au piège en Libye. Leur geôle a quatre murs, contre lesquels ils se fracassent tour à tour. D’abord la Méditerranée, cette mer qui les sépare de l’Europe, surveillée par les gardes-côtes. Puis le Département de lutte contre la migration illégale et ses centres de détention aux mains des milices. Il y a aussi le réseau des passeurs et des trafiquants qui représentent à la fois leur pire cauchemar et l’espoir, jamais éteint, d’un ticket de sortie de l’enfer. Le dernier mur, enfin, est celui du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR). Une issue de secours légale, mais bouchée (lire page 9). Les quotas de réinstallation dans des pays d’accueil, ridiculement bas par rapport aux besoins, ne permettant pas d’évacuer les réfugiés à un rythme suffisant.

      Michel Vumbi Mogambi a presque 70 ans. Quand il est arrivé en Libye, voilà vingt ans, il n’avait aucune intention de poursuivre sa route jusqu’en Europe. Le Congolais fuyait les combats dans son pays : la riche Libye de Kadhafi offrait à l’époque du travail et un bon salaire. Aujourd’hui, ruiné et rattrapé par la guerre, il prie pour sortir d’ici, silhouette voûtée parmi les fidèles de l’église San Francesco de Tripoli. A la sortie de la messe, le vieil homme est agité, sa chemise tachée de sang. La nuit dernière, des hommes en treillis ont défoncé sa porte, l’ont déshabillé, battu pour qu’il leur donne son argent. Son ami Peter, le mécanicien, s’est fait voler 1 800 dinars (environ 400 euros au marché noir). Leur voisin de chambrée, le Soudanais Habib Ali, 500 dinars. Et le vendeur égyptien du bout de la cour 5 000 dinars. Michel n’avait pas d’argent. Il a tenté de se cacher dans les toilettes, nu.
      « Vers qui voulez-vous vous tourner ? »

      La vingtaine d’hommes célibataires venus de toute l’Afrique qui partagent cette petite allée du quartier de Gargaresh ont tous été arrêtés, frappés, embarqués, puis relâchés au petit matin. Chacun a des blessures à montrer. Récentes, après la bastonnade de la veille ; anciennes, qui racontent une vie d’exil ; parfois cruelles, marques évidentes de tortures. Les serrures de leurs habitations ont été défoncées à coups de crosse. Les petites chambres taguées ont été retournées, à la recherche d’un billet, un bijou ou d’un téléphone dissimulé. « Les policiers étaient encagoulés, mais j’ai pu lire "Département de lutte contre la migration illégale" sur leurs uniformes noirs, dit Habib Ali. Quand ce sont les autorités elles-mêmes qui vous rançonnent et vous kidnappent, vers qui voulez-vous vous tourner ? »

      Michel est officiellement demandeur d’asile, enregistré au HCR. Mais sa petite carte plastifiée de l’ONU, qu’il sort sans arrêt de sa pochette, ne le protège pas : la Libye n’a jamais ratifié les conventions de Genève. Sur son territoire, les réfugiés n’ont aucune existence officielle.

      Ayoub Qassem est le porte-parole de la marine nationale libyenne. Il n’y a pas d’électricité, ce jour-là, dans la base navale d’Abou Sitta, sur la rive de Tripoli : son bureau est plongé dans la pénombre. Les lourds rideaux laissent tout juste filtrer une lumière bleutée qui donne au militaire formé en URSS un aspect de créature des profondeurs. « La migration clandestine est la dernière facette du colonialisme, assène-t-il. Partout, il y a des pions qui travaillent pour les intérêts de l’Occident. C’est l’Europe qui a créé un rêve dans la tête des Africains, afin d’éviter qu’ils ne développent leurs pays. Ils sont comme des papillons attirés par la flamme ! Mais qui va nous protéger, nous, les Libyens, contre cette invasion ? » Le vieil officier triture sa moustache, fulmine, soudain inarrêtable dans sa logorrhée complotiste et anti-impérialiste : « L’ONU est complice, elle a besoin de ces crises pour faire sa propagande et se lamenter sur le sort des migrants. »

      Depuis 2012, affirme-t-il, 80 000 personnes ont été « secourues », c’est-à-dire interceptées, par ses gardes-côtes. Une activité qui occupe 90 % de leur temps et de leurs ressources. Les équipages ont été en partie formés par Sophia, la mission de l’Union européenne, mais aussi par des experts espagnols. « Notre partenaire le plus sérieux est l’Italie, affirme Ayoub Qassem. Quand le pays ferme ses portes, cela nous aide. »
      Torture et viols systématiques

      La majorité des départs, en cette période de l’année, a lieu depuis les plages à l’est de Tripoli, à proximité de la ville de Khoms. Près de 6 000 migrants ont été arrêtés en 2019 dans les eaux libyennes. Plus de 600 sont morts noyés. « Quand on critique les ONG, on donne l’impression qu’on est contre les migrants en tant que personnes, soupire Massoud Abdelsamad, à la tête du Centre de sécurité maritime. Mais je vous parle simplement en technicien : plus il y a de bateaux de sauvetage en mer, plus il y a des tentatives de traversée. On sait que des passeurs surveillent la position des navires humanitaires sur les sites de trafic maritime et qu’ils envoient leurs embarcations de migrants dans leur direction. »

      Ella (1) a pris la mer à deux reprises. A chaque fois, la jeune Erythréenne a été refoulée vers cette Libye qu’elle « ne veut plus voir ». Chétive, le regard brûlant, elle dit : « Je suis venue jusqu’ici ici pour aller en Europe. C’est mon rêve, personne n’a le droit de me l’arracher. Peu importe ce qui m’arrive, je ne renoncerai pas. » Ella est aujourd’hui enfermée dans le centre de détention de Tariq al-Sikka, à Tripoli, géré par le Département de lutte contre la migration illégale.

      Autour d’elle, dans un coin de la pièce, trois femmes se sont serrées sur les blocs de mousse qui servent de matelas, et jettent des regards obliques en direction de l’encadrement de la porte : le gardien y fume sa cigarette. Cette prison « modèle » est la seule que le gouvernement libyen laisse les journalistes visiter. On y sert deux repas par jour et les demandeuses d’asile ont le droit de posséder un téléphone portable.

      « Le centre est dur, on devient folles à force de patienter, mais on est tellement en danger dans les villes libyennes que c’est préférable d’être dedans plutôt que dehors. On a la sécurité. Même si on risque autre chose ici… » Quoi exactement ? Coup de menton vers la silhouette masculine de la porte, ses amies lui ordonnent de se taire. « Vous allez partir d’ici dans une heure, mais nous, on va rester là pendant des mois, on doit se protéger », se fâche Beydaan (1), une jeune Somalienne enfermée depuis cinq mois ici, mais coincée depuis trois ans en Libye. Sa voisine Sanah (1) est soudanaise, c’est l’une des plus anciennes du centre : elle est arrivée en mai 2018 et a passé plusieurs entretiens avec des fonctionnaires du HCR. Depuis, elle attend une hypothétique place dans un pays d’accueil. « Au mois de mars, quatre femmes, mères de famille, ont été envoyées au Niger, répète-t-elle. Il paraît qu’après elles sont arrivées en Europe. »

      Mariam (1) l’Ethiopienne regarde avec des yeux fixes mais ne parle pas. Les autres racontent pour elle. Son mari a été exécuté par un passeur à Bani Walid, plaque tournante du trafic d’êtres humains en Libye. La torture, les viols y sont systématiques. Elle a passé plus d’un an dans un centre de détention « officiel » - la plupart sont en réalité gérés par des milices - à Khoms, avant d’être transférée à Tariq al-Sikka.

      « Le HCR s’oppose à la privation de liberté, les migrants ne devraient pas être enfermés, c’est notre position de principe, rappelle Paula Barrachina, porte-parole du HCR à Tripoli. Mais on se rend quand même dans les centres pour détecter les personnes les plus vulnérables et prodiguer des soins. C’est un dilemme permanent : faire de l’humanitaire sans participer à la pérennisation de ces lieux. »
      Places allouées au compte-gouttes

      Le HCR coadministre - avec le ministère libyen de l’Intérieur - à Tripoli son propre « centre de rassemblement et de départ », un site de transit où patientent les migrants « validés » pour obtenir l’asile en Occident. Mais les places dans les pays d’accueil étant allouées au compte-gouttes, le lieu est débordé. Quelque 1 500 personnes y vivent, dans un lieu aménagé pour 700. Surtout, les départs sont bien trop lents. Conséquence : les personnes vulnérables qui pourraient obtenir le statut de réfugiés croupissent dans des centres de détention insalubres, eux-mêmes saturés. Mais ils sont des dizaines de milliers d’autres à errer en Libye à la recherche d’une porte de sortie.

      « J’ai perdu patience. On ne peut pas continuer comme ça, tonne Ghassan Salamé, l’envoyé spécial des Nations unies en Libye. Il faut fermer ces centres de détention. Il y a des sévices, des directeurs qui sont suspectés de faire du trafic, des entreprises qui bénéficient de contrats de fournitures [de nourriture et entretien]… » Trois prisons du Département de lutte contre la migration illégale ont officiellement cessé leur activité cet été, mais plusieurs ONG affirment que les migrants interceptés en mer continuent d’y être envoyés. « La communauté internationale et l’opinion publique européenne sont malheureusement obsédées par ces centres, alors qu’en réalité nous avons un problème bien plus sérieux, qui ne concerne pas que 5 000 migrants, mais 700 000 à 800 000 personnes illégalement entrées en Libye, explique le diplomate. C’est sur elles que nous voulons nous concentrer, sur le grand nombre d’expatriés illégaux, essayer de les aider de manière humanitaire, les soigner, les aider à accéder au marché du travail, les protéger. » Pour mettre son plan à exécution, Salamé a demandé un programme de 210 millions de dollars (188 millions d’euros) au Conseil de sécurité des Nations unies : « Je suis fâché car nous n’en avons obtenu qu’un peu moins de 40 millions. Si nous devons faire ce pas supplémentaire, il faut vraiment que les pays qui le peuvent mettent la main à la poche. »
      « Un mois et demi pour traverser le désert »

      L’errance a fini par déposer Souleymane, 44 ans, sous le toit en tôle d’un hangar d’une administration à l’abandon, dans un quartier excentré de Tripoli. A sa suite, onze familles éparses, venues comme lui des monts Nouba, région en guerre du sud du Soudan. Allongé sur une natte en plastique, ses longues jambes repliées, le chef de la colonie décrit : « Nous sommes arrivés en Libye il y a un an. Nous habitions une maison dans la banlieue Sud de Tripoli dans une zone proche de la ligne de front. On entendait les tirs qui se rapprochaient, on est partis à pied. Après cinq jours à dormir sur la route, devant le HCR, un Libyen nous a trouvé cet abri. »

      Les autres hommes du campement se sont rassemblés en silence pour écouter la voix grave de l’ancien chauffeur de camion. « Je voyage avec ma femme et mes sept enfants, entre 1 an et demi et 16 ans. Je suis passé par le Tchad. Nous avons mis un mois et trois jours à traverser le désert, à cause des pannes. Le petit qui est là, à 5 ans, il marchait dix heures par jour. Nous étions vingt dans un camion de transport de bétail. A Sebha, j’ai été battu et torturé. Je suis arrivé au HCR à Tripoli le 28 février. Dix jours plus tard, j’étais enregistré. »

      A l’évocation de la chute du régime d’Omar el-Béchir, dans son pays, Souleymane sourit. « Au Soudan, le changement va prendre beaucoup de temps. Dans mon village, il n’y aura pas d’eau et d’école avant au moins quinze ans : mes enfants ne peuvent pas attendre. » Souleymane joue avec la cheville du garçon qui s’est installé contre lui. « Si j’avais assez d’argent, je pai erais la traversée à mon fils. Pour ma famille, cela coûte 3 500 euros de prendre la mer, environ 500 euros par personne, les bébés ne paient pas. Je sais qu’il y a une chance sur deux de mourir. »

      Il se redresse, calmement, insiste. « Je vois que vous ne comprenez pas. Pour des gens qui ont quitté une vie vraiment horrible, qui ont traversé le désert, le reste est dérisoire, ça n’a pas d’importance. » Faute d’argent, comme 45 000 autres demandeurs d’asile enregistrés par le HCR, il attend le miracle onusien d’une place d’accueil pour sa famille en Occident. « On dit qu’une famille de Soudanais est déjà partie pour la Norvège, après un an et demi d’attente. C’est bien, la Norvège ? »

      (1) Les prénoms ont été modifiés.

      https://www.liberation.fr/planete/2019/10/31/migrants-en-libye-je-sais-qu-il-y-a-une-chance-sur-deux-de-mourir_1760873

    • Refugees being ’starved out’ of UN facility in Tripoli

      Aid worker claims refugees are being denied food to motivate them to leave.

      The UN has been accused of trying to starve out refugees and asylum seekers who are sheltering for safety inside a centre run by the UN refugee agency in the Libyan capital of Tripoli.

      One group of about 400 people, who came to the Tripoli gathering and departure facility in October from Abu Salim detention centre in the south of the country, have apparently been without food for weeks.

      Among them are 100 minors, according to a recent assessment by the International Organization for Migration. They are “currently starving” apart from some food that other refugees manage to sneak out of another part of the centre, the IOM assessment said. They last received food assistance a “couple of weeks ago”.

      Internal documents seen by the Guardian show that the UNHCR is also planning to withdraw food from 600 other refugees and migrants in the centre – who include survivors of bombings, torture, forced labour and other human rights abuses. The majority have already tried to reach Europe by crossing the Mediterranean, but were returned to Libya by the EU-backed Libyan coastguard.

      In a document circulated among UN staff on Tuesday, and seen by the Guardian, the agency said it would “phase out” food catering from 31 December. The document said the information should not be made public before mid-December, when 230 more refugees have been evacuated to other countries, in order to prevent disruption. After that, the facility will no longer be used as a transit centre, the document said, until the remaining refugees and migrants “vacate voluntarily”.

      In the document, the UNHCR said that it would continue to finance cleaning in the centre after the withdrawal of food, partly to “prevent the reputational risk of having deficient/broken toilets and showers”. It also said a healthcare clinic on the site would continue to operate.

      An aid worker with knowledge of the situation, who spoke on condition of anonymity, said: “They are starving the population inside the [facility]. They’re just trying to starve them to motivate them to leave. It’s deliberately withholding aid to put people under pressure.”

      The group who will be affected by the next food withdrawal include 400 survivors of the 3 July Tajoura detention centre bombing, in which at least 53 refugees and migrants were killed after an airstrike hit the hall in which they were being held. Hundreds of survivors remained on the site of the strike for a week afterwards, staging a hunger strike in protest at the lack of help.

      They eventually walked dozens of miles to the gathering and departure facility, where they were let in but told their cases for evacuation wouldn’t be evaluated until they agreed to leave the centre.

      One Tajoura survivor told the Guardian this week that if they are forced to leave and fend for themselves in Tripoli “it will be a very dangerous scenario”. Refugees are frightened of forced recruitment by militias, being caught up in the ongoing civil war, or being kidnapped anew by traffickers. Others who have taken a UNHCR offer of money, in return for living alone in Tripoli, say the payments are not enough and they remain in danger. One Eritrean man recently released from Triq al Sikka detention centre was shot last week by men in police uniforms who, he said, were trying to rob him.

      “Still now they didn’t give food. I think it is [on] purpose?” an Eritrean refugee in the facility messaged the Guardian this week through WhatsApp. “Everyone is suffering and stressed and we have all decided to stay here until they use force, because being returned to a detention centre means again facing trafficking, torture and abuse.”

      The man said he spent more than a year in Abu Salim detention centre, which was repeatedly caught on the frontlines of Tripoli’s ongoing conflict. “[We have] no option until UNHCR gives us a positive response. Even if they leave we will stay here. We have no option, we will not go anywhere. There are no safe places in Libya at this time.”

      An 11 November email sent by the Guardian to UNHCR spokespeople, which asked whether denying food to former Abu Salim detainees in the facility was a “deliberate policy on UNHCR’s part”, went unanswered, as did further requests for comment.

      The internal UN document suggest that, after the agency stops using the facility as a transit centre, the property could continue to operate as an “open centre” for refugees and migrants previously held in detention centres, though there are other “possible scenarios”. These include that Libya’s department for combating illegal migration (DCIM) “moves in and forcibly removes all the migrants/asylum-seekers … [to] detention centres”, or that it turns the facility into a detention centre run by its own guards.

      The DCIM, which is under the interior ministry of the UN-backed Tripoli Government of National Accord, ostensibly runs a network of migrant detention centres in Libya, though in reality most are run by militias. A litany of human rights abuses, including rape and sexual abuse, labour exploitation and a denial of medical care have been reported.

      The UN-run facility opened in December last year to much fanfare. “The opening of this centre, in very difficult circumstances, has the potential to save lives,” said the UN high commissioner for refugees, Filippo Grandi. “It offers immediate protection and safety for vulnerable refugees in need of urgent evacuation, and is an alternative to detention for hundreds of refugees currently trapped in Libya.”

      https://www.theguardian.com/global-development/2019/nov/28/refugees-being-starved-out-of-un-facility-in-tripoli?CMP=share_btn_tw

    • Au centre du HCR à Tripoli, les migrants d’Abu Salim accusent l’ONU de ne pas les nourrir

      Les migrants actuellement réfugiés dans une partie du centre du HCR à Tripoli, le GDF, accusent l’agence onusienne de les « affamer ». Ces migrants n’ont pas accès aux distributions de nourriture et n’ont plus le droit d’en apporter de l’extérieur. Le HCR, de son côté, se défausse de toute responsabilité et assure que ce sont les autorités libyennes qui sont en charge de l’intendance du lieu.

      « L’ONU nous affame pour qu’on quitte le centre ». Massaoud* ne décolère pas. Ce migrant fait partie des 400 personnes qui se sont réfugiées dans un hangar juste à côté du centre de rassemblement et de départ (GDF), géré par les autorités libyennes en coordination avec le Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR). Il avait rejoint le centre après avoir été libéré de la prison d’Abu Salim le 29 octobre.

      Selon lui, depuis leur arrivée, le GDF ne distribue pas de nourriture à ces migrants et depuis quelques jours, leur interdit même d’en faire entrer dans l’enceinte du hangar. En tout, 400 personnes seraient concernées par ces restrictions de vivres - sur les 1 200 hébergées au sein du centre du HCR à Tripoli.

      Ahmed*, un autre migrant du GDF, affirme à InfoMigrants que les autorités font en effet la différence entre deux catégories : les 400 migrants de la prison Abu Salim – arrivés en octobre - et les autres.
      Quelques migrants autorisés à apporter de la nourriture

      « Avant on pouvait faire entrer de la nourriture. Mais depuis ce week-end, la police refuse sans justification », soupire Massaoud qui raconte avoir été battu par les gardes libyens et envoyé dans la prison de Tarek al-Sika plusieurs jours parce qu’il avait justement apporté de la nourriture dans le hangar. Il a ensuite été renvoyé au GDF.

      Contacté par la rédaction, le HCR se dégage de toute responsabilité. Selon l’agence onusienne, ce sont les autorités libyennes qui sont en charge de l’intendance du lieu. Et toujours selon le HCR, les Libyens n’autoriseraient, en effet, les entrées de vivres dans le hangar qu’au compte-goutte.

      « La DCIM, l’organe du ministère de l’Intérieur chargé de surveiller le périmètre de l’installation [du hangar], n’autorise actuellement que peu de représentants des demandeurs d’asile à acheter de la nourriture et des boissons pour le reste du groupe », explique Tarik Argaz, porte-parole du HCR en Libye, dans un mail envoyé à InfoMigrants.
      Les migrants priés de quitter le centre

      Les migrants d’Abu Salim accusent également le HCR de les pousser dehors en les affamant. Mais les exilés affirment n’avoir nulle part où aller et redoutent les combats qui font rage dans la capitale libyenne. De son côté, le GDF se justifie en précisant que le centre est surpeuplé et qu’il est destiné à un « public vulnérable ».

      « Ils nous ont dit que la seule solution pour nous était de sortir du centre et de nous intégrer dans la société libyenne », explique encore Massaoud qui déplore que l’ONU ne traite pas son dossier de réinstallation. « Mais je vais faire quoi dehors ? C’est trop dangereux », s’inquiète le jeune homme.

      L’ONU propose un accompagnement à ceux qui accepteraient de quitter le GDF volontairement. « Le HCR leur offre une assistance pour les aider à s’établir dans les zones urbaines, y compris une assistance financière d’urgence pour une période de deux mois, des articles de première nécessité notamment des matelas, des couvertures, des vêtements, des kits d’hygiène, ainsi que l’accès à des soins médicaux », déclare encore Tarik Argaz.

      Depuis les premières arrivées spontanées début juillet, seulement 40 migrants ont accepté de quitter le GDF et de bénéficier de l’aide du HCR.

      https://www.infomigrants.net/fr/post/21185/au-centre-du-hcr-a-tripoli-les-migrants-d-abu-salim-accusent-l-onu-de-
      #faim

    • UN Libya migrant center plagued with crowding, TB, food cuts

      The United Nations center in Libya was opened as an “alternative to detention,” a last, safe stop for migrants before they were resettled in other countries. Now, just a year later, it looks increasingly like the notorious Libyan lockups it was supposed to replace.

      The facility is jam-packed with nearly 1,200 migrants — about twice the number it was built for — including hundreds who fled from abuse at other detention centers in hopes of sanctuary. Dozens of patients with tuberculosis languish in a room crammed with mattresses. Sewage is overflowing, and armed guards from a local militia have effectively turned the center into a prison.

      Unable to cope, the U.N. last week offered migrants the equivalent of $112 each to leave, and warned that food, already down to emergency rations, would be cut off on Jan. 1 for unapproved arrivals.

      “This is very dangerous because among us there are people who are malnourished,” said a 27-year-old Sudanese man who arrived at the center in July. “If they cut food, they won’t be able to stand it.”

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      This story is part of an occasional series, “Outsourcing Migrants,” produced with the support of the Pulitzer Center on Crisis Reporting.

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      He, like the rest of the nearly dozen migrants who spoke with The Associated Press from the compound, asked to withhold his name because of fears of retaliation. Libyan security officials and U.N. and other aid workers confirmed that the U.N. had lost control of the facility.

      The conditions at the center underscore the predicament the U.N. finds itself in over migration. The UN has criticized the detention of migrants in Libya - a position it reiterated last month when Italy suggested the U.N. High Commissioner on Refugees run more centers as a solution to rampant abuse in Libyan prisons.

      “UNHCR does not and will not run places of detention in Libya,” its spokesman, Charlie Yaxley, told the AP.

      Yet that is effectively what the Tripoli facility has become.

      “It’s not the best possible scenario,” acknowledged Jean-Paul Cavalieri, the head of the UNHCR in Libya.

      Cavalieri lamented the chaos that has accelerated as migrants, acting on their own, escape other detention centers with torture, rape, slave labor and trafficking to what they hope will be UN protection. He said the UNHCR is glad they are free of detention but cannot handle them at its center, known as the Gathering and Departure Facility, where people supposed to be there for days now spend months, stuck in a bureaucratic limbo.

      “What we are trying to do now is to turn the loss of the GDF as a transit center into an opportunity,” Cavalieri said, but he struggled to articulate how. Cavalieri also said there are fears of possible abuse at the U.N. center, including of young girls. UN staff now spend just four hours a day in the compound, migrants and Libyan officials say.

      In a statement after the AP story ran, Vincent Cochetel, UNHCR Special Envoy for the Central Mediterranean, said no one was being forced to leave the center, but “the situation is very tense.” UNHCR said 20 people agreed to leave Friday.

      “We need the GDF (this transit centre) to function again as it was designed for the most vulnerable and most at risk refugees in detention, pending their evacuation out of Libya,” Cochetel added.

      The dilemma has grown out of Europe’s outsourcing of migration to Libya. Europe has poured nearly 425 million euros into Libya since 2016 to keep migrants from reaching its shores — money that goes mostly to the U.N. and other aid agencies to improve conditions for migrants and Libyans displaced by the country’s civil war. The U.N. runs a vast operation within Libya, registering 40,000 refugees and asylum seekers, with about 6,000 inside the detention system and the rest ensconced in communities in Tripoli and beyond.

      But dependence upon European funding and its increasingly restrictive migration policies have left the U.N. in the uncomfortable position of being the arbiter of horror stories. It is the U.N.’s job to decide who has suffered enough to get a coveted resettlement slot in another country.

      Many end up waiting months, sometimes years — often in other detention centers — to find out their fate. The U.N. is now threatening to suspend asylum cases altogether for unauthorized migrants who refuse to leave its GDF facility.

      The facility, like the UNHCR mission in Libya itself, was funded largely by European countries. The idea was that it would be operated by UNHCR, with cooperation from the Libyan government.

      The situation was less than ideal from the outset, Cavalieri acknowledged. Delayed by months of negotiations, UNHCR ultimately agreed to a series of conditions from the Libyan government: armed guards within the compound and Interior Ministry militia at the gates, no freedom of movement for the refugees and asylum seekers, and a single Libyan “partner” for the various lucrative contracts inside.

      Those conditions were never publicly spelled out. When the first group of refugees was resettled from the facility in December 2018, the UNHCR described it as “the first centre of its kind in Libya,” and said it was “intended to bring vulnerable refugees to a safe environment” while solutions were found. More than 2,300 people have passed through in the past year.

      The influx of unauthorized migrants began in July, when an airstrike hit a detention center in Tripoli, killing 54. Survivors walked through the city to the U.N. center and, once the guards admitted them, they refused to leave.

      The latest group to arrive, in late October, included more than three dozen tuberculosis patients among several hundred who walked out of Abu Salim detention center, where they had been imprisoned for the last year without regular meals. Those whose families could spare money paid guards to buy them food; others went hungry.

      U.N. officials at the center told the new group, mostly men from sub-Saharan Africa, that there would be no resettlement unless they left — either for another detention center or for the streets of Tripoli. They were given bread and water, and U.N. officials said they had no control over what happened next, according to two Eritrean asylum-seekers. That would be up to the commander of the armed guards at the gates.

      The Eritreans, whose government is considered among the world’s most repressive, refused to leave. They also refused to discuss returning home when an Eritrean diplomat unexpectedly showed up at the invitation of a U.N. migration official, according to the asylum-seekers. His arrival forced them to face a representative of the very government from which they are seeking asylum.

      The tuberculosis patients, meanwhile, are being treated on-site in a crowded room of their own. They receive medicine from the U.N. But the pills are supposed to be taken on a full stomach, and instead the patients are making do with the same biscuits, bread and water they all have subsisted on since their arrival.

      Most of the migrants at the U.N. center fled from worse and are torn between relief and fury — relief to have escaped Libya’s prisons alive, and fury at the impotence of the UN, which they say lacks either the will or the power to make any meaningful decisions about their future, inside the center or out.

      “I hate these organizations. They don’t have any humanity,” said a 15-year-old Eritrean who survived the airstrike, fled to the U.N. facility, and is waiting to learn what will happen to him. His group is not allowed outside because they speak no Arabic and are targets for kidnapping. There are no resettlement slots available other than Libya.

      “What shall we do?” he asked. “We have no options but to stay. Is there any news?”

      The last thing most of those the AP interviewed want is to be turned out into Libyan cities, which are dangerous for everyone — Libyans and foreigners alike — but especially for migrants. They are considered ripe for kidnappings for ransom and for arrest by Libyan authorities who return them to the same detention centers they fled. So migrants inside see few alternatives to their new prison — it’s better than the old one or the streets.

      “You are not allowed out because it’s like you are at the very last stage. You are almost outside Libya. It’s for your own safety,” said Khaled al-Marghani of LibAid, the Libyan group that operates the facility. “If you leave, I won’t be able to let you back in.”

      Hardly anyone seemed eager to accept the latest offer, which the U.N. said came with guarantees from the Libyan government that they would not be re-arrested on the streets. But it is militias that run the streets, and not the central government.

      One Sudanese migrant did agree to leave, seeing little alternative. He said he’ll now try to cross to Europe by sea before he is swept up in a Libyan raid to detain migrants.

      “Instead of living in Tripoli and getting tortured, the sea is less torturous,” he said.

      At a hearing late last month before members of the European Parliament, Annabelle Roig Granjon, a senior officer with UNHCR, fielded questions about how European funds were helping migrants inside Libya, especially in the center that opened a year ago to so much hope.

      “The nature of the center, which was meant to be a transit center, is changing and this is a challenge right now,” she said. “What was meant to be an alternative to detention is turning into something else.”

      https://apnews.com/7e72689f44e45dd17aa0a3ee53ed3c03

    • UN tells migrants to leave Libya transit centre as $6m project flounders

      ‘You will not be considered for evacuation or resettlement if you stay.’

      The UN says it is unable to help most residents of an overcrowded refugee centre in the Libyan capital it once touted as a safe haven. To encourage people to go, it is offering money and aid, even telling them they won’t be able to register as refugees to leave the war-torn country if they remain.

      Originally intended as a temporary residence for a small fraction of refugees – just those who had already been vetted by the UN’s refugee agency (UNHCR) and were scheduled for evacuation or permanent residency in other countries — the Gathering and Departure Facility (GDF) now has some 1,150 residents, well over its stated capacity.

      Most arrived over the last eight months of clashes in Tripoli, including 900 who UNHCR says entered “informally”; some even bribed their way in. As the fighting has intensified, numbers in the centre have risen and many of the people inside are hoping for, or demanding, a way out of the country – even though the UN says it can’t offer that to everyone.

      A flyer UNHCR began distributing late November at the GDF – seen by The New Humanitarian – offers food, cash, primary healthcare, and medical referrals to those willing to leave.

      “You will not be considered for evacuation or resettlement if you stay,” stresses the flyer – the latest in a series of attempts to encourage those who entered informally to leave. Aid, including cash, was also offered earlier. About 100 people have taken up the offer since late November, but others have also likely entered the facility.

      A source within UNHCR Libya, who requested anonymity because of the sensitivity of the issue, criticised the effort to push people out, calling it tantamount to “blackmail” to promise them help if they go and threaten their ability to secure refugee status if they do not.

      “Asylum seekers are asylum seekers and can’t be denied the right to seek asylum on the basis of their stay at the GDF,” they said, adding that the aid on offer had not included “any future consideration for their protection needs or safety” once they leave.

      The agency has defended its actions.

      UNHCR’s Special Envoy for the Central Mediterranean Situation Vincent Cochetel pointed out that there are only two locations in Libya, both in the Tripoli area, where people can officially register their claim as a refugee with UNHCR, and the GDF is not one of them.

      Cochetel said the agency can no longer provide for or protect the people inside, given that it has become overcrowded and dangerous.

      “We believe the urban environment is safer for them, as long as they have a roof over their heads,” he said, adding that his agency provides various services in Tripoli, where the vast majority of migrants already live and rent accomodations.

      UNHCR “is not in charge of the GDF”, and never was, according to a spokesperson, who said that the centre was under the jurisdiction of the Ministry of Interior, which allows UNHCR and a local NGO, LibAid, to provide services there – like healthcare and food.

      But it was the refugee agency that proposed the project, and a statement released after the GDF’s opening late last year said the facility is “managed by the Libyan Ministry of Interior, UNHCR, and UNHCR’s partner LibAid.”

      According to internal UN documents and several sources, the $6 million facility – paid for by international donors – has now become unsanitary and is in disarray.

      Many of those inside are unsure whether to stay or go.

      “UNHCR is putting a lot of pressure on us to leave the GDF,” one young Yemeni man who said he was in the centre told TNH by WhatsApp. “Should I leave the GDF no matter how dangerous the situation is for us?”
      How it got this bad

      There are more than 600,000 migrants in Libya, including 46,000 registered refugees and asylum seekers. Some came to work, but others aim to make their way to Europe, through a country that has become notorious for the rape, kidnap, and extortion of migrants, and for squalid detention centres run by militias and gangs.

      Originally intended as a waystation for those on their way out of Libya, a UNHCR press release issued last December said the then-new GDF was a place to “bring vulnerable refugees to a safe environment while solutions including refugee resettlement, family reunification, evacuation to emergency facilities in other countries, return to a country of previous asylum, and voluntary repatriation are sought for them”.

      The GDF is no longer the gleaming facility shown off in promotional videos and photos when it opened a year ago, when families posed with their packed bags, and kids smiled in a playground.

      An internal UNHCR report from early November, obtained by TNH, paints a starkly different picture, as do the numerous accounts of those living inside the centre.

      “Sewage water flooded days ago,” it says, adding, “the toilets in all the housing are extremely dirty… [and people] are complaining of the smell”. According to the report, some people had tuberculosis, scabies had begun to spread, and “food is stored in bad conditions”.

      Some of this may be due to overcrowding, although the GDF’s capacity is not entirely clear: last December UNHCR said the facility could hold 1,000 people, but that number was adjusted in subsequent statements – in September, it was 700, and in October 600.

      Numbers at the centre began to increase not long after it opened, although roughly in line with capacity until fighting broke out in Tripoli — with the internationally recognised government in Tripoli and the militias that back it on one side, and eastern forces led by general Khalifa Haftar on the other.

      Thousands of people found themselves trapped in detention centres on front lines, and UNHCR began evacuations to the GDF, including some of the “most vulnerable people” who had survived a July double airstrike on a centre called Tajoura that killed 52 people.

      Other people were evacuated to the GDF from other centres or flocked there themselves, from Tajoura or elsewhere – drawn by the decent living conditions (it reportedly came to be known as “hotel GDF”) or because they saw it as a first step out of the country.

      UNHCR tried to reserve GDF places for people it had previously registered as having a claim to refugee status – but distinguishing between refugees and other migrants has been at the heart of why the centre ran into trouble.

      In late October, hundreds of residents from a separate Tripoli detention centre called Abu Salim managed to leave, and they too headed for the GDF, even though UNHCR described the facility as “severely overcrowded” at the time.

      The guards who surround the GDF eventually let them in. Several sources, including UNHCR’s Cochetel told TNH that the guards — provided by the Tripoli government’s Department for Combating Illegal Migration (DCIM) — took bribes to do so.
      Unrealistic hopes?

      Libya is not a party to the international refugee conventions and does not accept refugees itself.

      That leaves those who have not made it out of Libya and to Europe with limited options.

      The UN’s migration agency, IOM, coordinates “voluntary humanitarian return” for migrants who want to go back to their home countries: nearly 9,000 people have opted for this option in 2019.

      UNHCR, meanwhile, registers asylum seekers and refugees in Libya for possible moves to other countries, including permanent resettlement (774 people this year), or evacuation to countries who have agreed to take them, but not as citizens, like Rwanda (1,410 in 2019).

      Until recently, UNHCR said the Libyan authorities had only allowed it to register people from nine countries for refugee status, but Cochetel said this had now changed and the agency could take the details of people of any nationality.

      In addition to cash and healthcare, UNHCR says people who leave the GDF are eligible for “documentation,” and a spokesperson said “there is a commitment from the authorities not to detain asylum seekers holding UNHCR documents.”

      But, even after registration, these papers do not confer the right to work, nor do they guarantee safety: Libya is a divided country with multiple authorities, none of which are party to refugee conventions and officially recognise UNHCR documents.

      Kasper Engborg, deputy head of office for OCHA Libya, the UN body that coordinates emergency response, explained how those flocking to the GDF often have expectations that go beyond just shelter.

      “They all went there in the hopes that this could be the first gateway to Europe, and they have obviously left [their home countries] for a reason. We are not in a place where we can judge what reasons people left for.

      “They believe as soon as they are in the GDF they are halfway on their way to Europe,” Engborg said, pointing out that not many countries have so far stepped up to offer spots to people who claim asylum in Libya, many of whom come from sub-Saharan Africa.

      A UNHCR report says 6,169 resettlement places have been found since September 2017, and over 4,000 of those have already been allocated.

      “At the end of the day it is the countries who decide who they want to take and how many people,” Engborg said.

      UNHCR’s Cochetel put it differently: “[Many] people believe UNHCR is a travel agency and we should resettle them all.” With limited spots available, he asked, “how do we do that?”

      While much of the blame for the current chaos in the GDF appears to have been placed on the new influx of people and a lack of resettlement spaces, others say the current situation points to problems that were there from the start.

      The GDF is across the street from the headquarters of the DCIM and a detention centre it runs, allowing people to slip between the facilities.

      That means, according to multiple sources who work in Libya’s aid operation, all of whom requested anonymity, that physical and administrative control has largely been dictated by local authorities, and occasionally the militias that back them and provide armed security.

      UNHCR’s Cochetel said the agency had limited choice in who it would work with in the GDF, and which firms to contract for services.

      It’s “costing us enormous amounts of money; we cannot choose the partners”, he said. “We pay for food four times the level we should be paying.”

      Two sources, both of whom requested anonymity, said part of the problem at the GDF stems from the fact that UNHCR never had a clear-cut agreement with the Libyan authorities – who are themselves split – on how the agency and its local partner, Libaid, would be able to operate inside the facility.
      What’s next?

      As controversy for the centre continues to swirl, it’s not clear what’s next for the GDF, and more importantly, for the people inside.

      A UNHCR spokesperson said a catering contract that provides hot meals to the people who entered the centre without vetting will end at the start of next year, but the UN denies it will let GDF residents go hungry. It says, too, that it will not shut off the electricity or stop providing aid altogether.

      “People are not going to be left in a starving situation,” said Engborg. “[If people do not leave] then other solutions will be found.”

      But those solutions – one floated by a UNHCR spokesperson includes the possibility that the facility could “be run as an open centre, administered by the Libyan government, where different UN agencies and partners could provide various services” – would have to be approved by the authorities in Tripoli.

      If conditions don’t improve, the UN could pull out altogether.

      The spokesperson said that “for the UN to remain engaged, the centre would need to be a purely civilian facility where agencies and residents would have unhindered access and freedom of movement”.

      One DCIM source, who requested anonymity because they were not authorised to speak to the media, said Tripoli authorities were unlikely to allow an unguarded centre on their doorstep.

      So far, there is little sign of others stepping in. Several international groups involved in providing aid to migrants and refugees declined to speak on the record about the GDF or say if they would pitch in to help those currently there.

      In the meantime, emotions are running high inside the centre, as desperate texts sent out to various media outlets lay bare.

      “It is a very confusing situation, and it is also a very difficult situation, because you are dealing with people’s hopes and emotions,” Engborg said. “Therefore, whatever rational decision that we often need to take, we are up against people’s legitimate hopes and emotions.”

      Leaving the GDF may mean a registration appointment, cash, and other help. But for some, staying may keep some semblance of safety and the dream of a new life elsewhere alive.

      Only around 100 residents have taken the UN up on its offer since it began distributing flyers, according to an aid worker in the centre. But the UN’s attempts to coax people out of the GDF and dissuade others from entering have largely proven unsuccessful. And, with no agreed resolution, it might get worse still.

      While “some people are leaving… new people are coming in”, said Cochetel. “They bribe, pay their way in… I have the feeling that more people will go there, thinking they will get better assistance at the GDF. [But] it’s not true.”

      https://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/12/10/UN-migrants-Libya-transit-centre-project

    • Non, en Libye les migrants en centres de détention n’ont pas plus de chance d’être réinstallés en Europe

      En Libye, des trafiquants font payer à des migrants leur entrée en centre de détention en leur faisant croire qu’ils seront plus rapidement évacués et réinstallés en Europe. C’est totalement faux mais plusieurs centaines de personnes, désespérées, ont déjà été victimes de cette arnaque.

      Depuis l’été dernier, il arrive que des migrants paient pour être enfermés dans des centres de détention en Libye. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR), informé de cette situation par des victimes de cette arnaque, les trafiquants demandent entre 200 et 500 dollars à certains migrants pour une place en centre de détention. Pour les convaincre de payer, ils leur promettent un accès facilité aux équipes du HCR et une réinstallation plus rapide en Europe.

      « Les trafiquants leur font la promesse qu’une fois qu’ils auront payé, le HCR sera pour eux comme une agence de voyage vers l’Europe. Parfois, ils leur disent même que le HCR a déjà planifié un rendez-vous avec eux », s’indigne Vincent Cochetel, représentant du HCR pour la Méditerranée centrale, contacté par InfoMigrants.

      Entre 200 et 500 dollars pour une place dans des centres dont les conditions de vie inhumaines (manque de nourriture et d’eau, absence d’hygiène et de soins, traitement dégradants…) sont régulièrement dénoncées par les ONG ? Pour Vincent Cochetel, le succès de cette nouvelle pratique des trafiquants est le signe d’une détérioration des conditions de vie des migrants en Libye. Si les personnes croient aux promesses des trafiquants et finissent par payer pour aller dans ces centres, c’est qu’elles se sentent trop en danger en dehors.

      « Les gens sont désespérés »

      « Beaucoup de quartiers de Tripoli sont touchés par des frappes aériennes et des coupures d’électricité et d’eau. Les gens se trouvent dans un cul de sac, ils n’ont pas assez d’argent pour traverser ou ne veulent pas prendre de risques car, avec l’hiver, l’eau est froide et la mer plus agitée. Ils sont désespérés et pensent qu’ils seront plus visibles dans ces centres », explique Vincent Cochetel.

      Certaines nationalités craignent également l’enlèvement. En Libye, selon le représentant du HCR, moins on parle l’arabe, plus on a une couleur de peau foncée et plus les risques d’être enlevé sont élevés.

      Pour alimenter cette nouvelle branche de leur économie, les trafiquants cibleraient en particulier les personnes membres des communautés érythréenne et soudanaise. Une rumeur persistante –bien que fausse – affirme que ces personnes ont plus de moyens financiers grâce à leurs diasporas.

      Le sentiment d’insécurité des migrants risque d’être renforcé par la fermeture, fin 2019, du centre de rassemblement et de départ (Gathering and Departure Facility, GDF) du HCR, à Tripoli. Pour compenser la fermeture de ce centre surpeuplé, L’agence onusienne assure qu’elle va renforcer ses programmes d’assistance dans des zones urbaines. Mais depuis avril 2019, le sud de la capital libyenne est en proie à un conflit armé.

      En juillet 2019, le centre de détention de Tajourah, près de Tripoli, a été la cible d’une frappe aérienne qui a fait plus de 44 morts et 130 blessés.
      « Les gens n’ont pas besoin d’être en détention pour être enregistrés »

      Pour les migrants qui ont accepté de payer pour se retrouver en centres de détention, les voies de recours sont inexistantes. Surtout dans un pays où « le système de détention officiel fait partie du ’business model’ des trafiquants », estime Vincent Cochetel,

      Le HCR lui-même reconnaît qu’il ne peut pas faire « grand-chose de plus que de prévenir les gens qu’ils n’ont pas besoin d’être en détention pour être enregistré ». « On essaye de faire passer le message dans différentes communautés. Mais parfois, ce qu’on dit a moins d’impact que le discours des trafiquants », déplore le représentant du HCR.

      Face à ce nouveau danger pour les migrants, la solution est de renforcer l’information dans les langues que les gens parlent. « Nous devons aussi bien équilibrer nos efforts de réinstallation pour qu’il n’y ait pas la perception qu’on réinstalle plus les gens en détention que ceux en milieu urbain », ajoute Vincent Cochetel.

      Depuis novembre 2017, le HCR a mis en place un système d’évacuation des réfugiés susceptibles d’obtenir une protection internationale dans un pays européen. Pour cela, les personnes doivent avoir été enregistrées en tant que réfugiés par l’agence onusienne. Ces enregistrements se font depuis les centres de détention officiels gérés par le département de lutte contre la migration illégale (DCIM, selon l’acronyme anglais) ou depuis le centre du HCR, à Tripoli.

      Les migrants évacués sont alors envoyés vers le Niger ou le Rwanda, dans l’attente de leur réinstallation dans un pays d’accueil. Mais les États européens et le Canada n’acceptent les réfugiés qu’au compte-goutte. Sur les quelques 50 000 réfugiés enregistrés par le HCR en Libye, seuls quelque 4 600 ont été réinstallés depuis novembre 2017.

      Les migrants qui parviennent à quitter les centres de détention et tentent de rejoindre l’Europe par la mer sont quasi-systématiquement interceptés par les garde-côtes libyens et renvoyés en détention.

      https://www.infomigrants.net/fr/post/21425/non-en-libye-les-migrants-en-centres-de-detention-n-ont-pas-plus-de-ch

    • « A Tripoli, la vulnérabilité des demandeurs d’asile est immense »

      Selon la porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés, le nombre de candidats à la traversée vers l’Europe interceptés par les gardes-côtes libyens a « augmenté de plus de 120 % » en janvier.

      Caroline Gluck est porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) en Libye. Elle alerte sur la détérioration de la situation des migrants en Libye et déplore le manque de solution d’évacuation pour les plus vulnérables. Depuis l’assaut déclenché en avril 2019 par le maréchal dissident Khalifa Haftar contre le gouvernement d’accord national (GAN) de Tripoli, la sécurité s’est considérablement dégradée dans la capitale. Le HCR a décidé de fermer son centre de rassemblement et de départ de Tripoli.
      Quelle est aujourd’hui la situation des migrants en Libye ?

      Environ 640 000 migrants se trouvent actuellement en Libye et le pays continue d’être une terre d’accueil pour des travailleurs étrangers. Il faut ajouter à ces personnes 47 000 réfugiés et demandeurs d’asile, sachant que le HCR enregistre chaque mois un millier de demandeurs d’asile supplémentaires, qui ont pour beaucoup été libérés de centres de détention ou été victimes de trafiquants. Ils ont urgemment besoin d’aide. Ils sont Syriens, Soudanais, Erythréens, Palestiniens… Leur vulnérabilité est immense, en particulier pour ceux originaires d’Afrique.

      La Libye n’est pas un pays sûr, ni une terre d’asile. Les réfugiés y sont considérés comme étant dans l’illégalité et peuvent à tout moment être arrêtés et détenus. Il leur est souvent difficile de trouver un logement, a fortiori depuis le regain de la guerre civile à partir d’avril 2019, qui a provoqué le déplacement de 150 000 Libyens à l’intérieur du pays. Migrants et nationaux se retrouvent en concurrence pour trouver des logements abordables.

      De façon générale, le contexte sécuritaire a des conséquences considérables pour l’ensemble des agences internationales et des ONG. Plus du quart des effectifs libyens du HCR ont été déplacés à cause du conflit. Toutes nos activités sont ralenties. Notre présence est limitée aux villes de Tripoli, Benghazi et Misrata et nous ne pouvons pas apporter notre aide à tous ceux qui en ont besoin. En outre, les dysfonctionnements du système bancaire font que nous avons du mal à déployer notre programme de soutien pour les personnes vivant en milieu urbain. Quelque 5 000 foyers reçoivent jusqu’à présent cette assistance qui représente, pour une personne seule, 250 dollars [230 euros]. Ce n’est pas assez.
      Un an à peine après son ouverture, le HCR a annoncé la fermeture de son centre de transit pour réfugiés à Tripoli. Pourquoi ?

      Il y a encore 119 personnes au sein du centre de rassemblement et de départ (GDF) et nous aimerions le fermer la semaine prochaine. La suite qui sera donnée n’est pas encore claire. Ce centre devait être un lieu de transit pour des réfugiés particulièrement vulnérables avant leur évacuation de Libye et, éventuellement, leur réinstallation en Europe ou en Amérique du Nord.

      Mais nous avons été dépassés par la réalité du terrain. En juillet, après le bombardement aérien du centre de détention de Tajoura [est de Tripoli], nous y avons accueilli de façon exceptionnelle 400 personnes. Les réfugiés ont cru qu’en entrant dans notre centre, ils pourraient quitter les pays. Fin octobre début novembre, 400 personnes du centre de détention d’Abu Salim [quartier de Tripoli], qui n’étaient pas prioritaires, sont venues au GDF. Les gardes de la DCIM [département libyen de lutte contre la migration illégale, qui relève du ministère de l’intérieur], qui surveillent le complexe dans lequel se trouve le GDF, les ont laissés faire. On a su que certains payaient pour pouvoir entrer. Les lieux sont devenus surpeuplés.

      D’autres événements ont précipité notre décision de fermeture. En janvier, trois obus de mortier sont tombés près du GDF et des débris ont atterri près d’un entrepôt à l’intérieur du complexe. Au même moment, nous avons appris que la DCIM construisait un site militaire à proximité immédiate du GDF. Fin janvier, deux journées d’entraînement de forces armées y ont eu lieu. Le site a perdu sa vocation civile et les réfugiés devenaient une cible militaire. Nous ne pouvons plus y travailler.

      Nous sommes conscients de nos échecs et de nos vulnérabilités. Nous recherchons un nouveau site pour que des réfugiés particulièrement vulnérables y transitent avant des vols d’évacuation. Mais nous avons aussi besoin que la communauté internationale offre plus de places de réinstallation. Seuls 2 400 réfugiés ont pu être évacués de Libye en 2019. Ce qui est vrai pour la Libye est vrai à l’échelle mondiale. Nous estimons qu’1,4 million de réfugiés en danger dans des pays de premier accueil ont urgemment besoin d’être évacués. En 2019, le HCR n’a pu en réinstaller que 63 000, soit 4,5 % des besoins mondiaux.
      Le sujet est moins présent dans l’actualité, mais les traversées de la Méditerranée se poursuivent…

      En janvier, les gardes-côtes libyens ont intercepté 1 040 personnes qui tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Il y a un an, ils en avaient intercepté 469. Cette augmentation de plus de 120 % est le fait de la guerre en Libye. Les gens sont désespérés. Des Libyens tentent aussi la traversée.

      On observe par ailleurs un changement depuis peu : les gens interceptés en mer ne sont plus systématiquement ramenés dans des centres de détention. Nous comprenons qu’il y a actuellement onze centres de détentions officiels, placés sous la responsabilité du ministère de l’intérieur, contre seize il y a encore quelques semaines. Il y a d’autres centres de détention non officiels, mais le HCR n’y a pas accès.

      Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons des fermetures de certains centres officiels. Peut-être que les ressources du gouvernement sont employées sur d’autres fronts, peut-être que notre plaidoyer a eu un effet même si je pense qu’il est limité. La situation continue d’évoluer au jour le jour. Ce qui est certain, c’est que la Libye a besoin de paix. Nous espérons que les pourparlers progresseront mais, à ce stade, nous ne pouvons que constater le soutien militaire apporté par des pays étrangers malgré le cessez-le-feu et l’embargo sur les armes.

      https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/14/a-tripoli-la-vulnerabilite-des-demandeurs-d-asile-est-immense_6029581_3212.h
      #vulnérabilité

  • Des enfants migrants non accompagnés injustement poursuivis en France

    Faute d’accès à un hébergement, les enfants ont trouvé refuge dans un #squat.


    À Marseille, des enfants migrants non accompagnés auxquels l’#Aide_sociale_à_l’enfance (#ASE) n’a pas fourni d’hébergement squattent dans un bâtiment inoccupé du diocèse. Les enfants sont maintenant poursuivis en justice pour #occupation_illégale de ce bâtiment, alors même que c’est le département des #Bouches-du-Rhône qui a failli à son obligation de les protéger.

    Cette situation perverse illustre les #défaillances des autorités françaises dans la protection de ces enfants. Environ 170 enfants non-accompagnés vivent dans le bâtiment, selon le Collectif 59 Saint-Just et le Réseau éducation sans frontières travaillant auprès de ces jeunes.

    Le squat est surpeuplé et infesté de punaises, et n’est en rien un hébergement approprié pour des enfants. Mais parce que l’ASE ne les a pas pris en charge comme elle aurait dû le faire, ce squat était la seule solution à leurs yeux.

    Certains des enfants convoqués devant le tribunal ont été reconnus mineurs par un juge et devraient en conséquence être pris en charge par les services de protection de l’enfance. D’autres sont en attente d’une évaluation de leur âge, parfois depuis des semaines, et devraient bénéficier d’une mise à l’abri. Selon les associations locales, 36 enfants vivant encore dans le squat à la date d’hier ont reçu une ordonnance de placement par un juge des enfants et auraient dû être pris en charge, comme le prévoit la loi.

    Les procédures d’évaluation de l’âge en France sont souvent injustes, et Human Rights Watch a documenté des procédures défectueuses d’évaluation de l’âge à Paris et dans les Hautes-Alpes. Mais à Marseille, même des enfants reconnus mineurs après ces procédures se retrouvent à la rue.

    Le 11 octobre, le tribunal administratif de Marseille a reconnu que les conditions de vie dans le squat ne sont pas acceptables pour des enfants non accompagnés et a enjoint le département des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement et la prise en charge de l’enfant requérant.

    Bien que forcés de vivre dans des conditions précaires du fait des défaillances des autorités, ce sont les enfants qui ont dû se présenter devant un tribunal à cause de la procédure d’expulsion les visant. C’est inacceptable. Il est grand temps que les autorités assument leurs responsabilités envers ces enfants, y compris ceux en attente d’une évaluation de leur âge, et leur garantissent la prise en charge et la mise à l’abri auxquelles ils ont droit.

    https://www.hrw.org/fr/news/2019/10/18/des-enfants-migrants-non-accompagnes-injustement-poursuivis-en-france
    #MNA #Marseille #France #hébergement #logement #justice #mineurs_non_accompagnés #asile #migrations #réfugiés #SDF

    ping @karine4

  • COMMENT L’ÉTAT JETTE LES MINEURS ÉTRANGERS À LA RUE

    Enquête sur le #Demie, ce dispositif de la mairie de #Paris, géré par la #Croix-Rouge, dont le but est d’évaluer la #minorité des jeunes étrangers. Nous avons exposé comment fonctionne l’#évaluation, en y infiltrant un journaliste, et essayé de comprendre pourquoi autant de mineurs se retrouvent à la rue dans la capitale.

    https://www.youtube.com/watch?v=49Rn8s3YXk0&feature=youtu.be


    #âge #asile #migrations #réfugiés #France #SDF #sans-abris #MNA #mineurs_non_accompagnés #vidéo

    ping @isskein

  • Le Syndicat des immenses | I.M.M.E.N.S.E.S : Individus dans une Merde Materielle Enorme mais Non Sans ExigenceS

    http://syndicatdesimmenses.be


    Dans le cadre des "24h du droit a un toit" lancé les 10-11 mai 2019 par le mouvement DROIT À UN TOIT (https://droitauntoit-rechtopeendak.brussels) pour une fin du sans-abrisme à Bruxelles, le "Syndicat des immenses" a été officiellement lancé. "Immense" est l’acronyme de "Individu dans une Merde Matérielle Enorme mais Non Sans Exigences" (http://syndicatdesimmenses.be). Contact : syndicatdesimmenses@gmail.com.
    Merci à Karine pour la vidéo.

    https://www.youtube.com/watch?v=fSMn_jhU0dY

    Exemples :
    Une petite centaine d’immenses poussent quotidiennement la porte de cette association. En devenant immense, du jour au lendemain, j’ai perdu beaucoup d’amis. S’il n’y a pas assez de sandwiches, priorité aux immenses ! OK, je suis immense, mais de là à me manquer de respect ! Comment faire entendre la voix des immenses ? Si l’activité n’intéresse plus aucun immense, on y met fin. Votre public est constitué exclusivement d’immenses ? On compte quelques immenses parmi nos bénévoles. Les immenses seraient plus forts s’ils se regroupaient. Les immenses sont de plus en plus visibles dans la ville. Encore une immense qui a retrouvé un logement ! La seule différence entre vous et nous, les immenses, c’est qu’on est dans une sacrée merde matérielle ! Le Syndicat des immenses a été officiellement lancé le 10 mai 2019 en face du Parlement européen, square Léopold, à la faveur des « 24 heures du droit à un toit »organisé par le mouvement bruxellois DROIT ÀUN TOIT (www.droitauntoit-rechtopeendak.brussels).

    Avantages :
    • Fin de l’hypocrite euphémisme qui ne trompe personne (« usagers », « bénéficiaires », « gens », « public » voire « clients ») : on spécifie le problème matériel de la personne.
    • Fin de la stigmatisation(« SDF », « sans-abri », « sans-papiers », « précaires »...) : on ne réduit pas les personnes à leur problème matériel, et, partant, on a moins la détestable tentation de les mettre toutes dans le même sac.
    • Fin de la pirouette faussement non-négative (« habitants de la rue ») : qui veut d’un trottoir en guise de salon ?
    • Le nom immense est clairement positif, valorisant, enviable.Une proposition du Syndicat des immenses − #Bruxelles, 31mars 2019

    Fondé en mars 2019 dans la foulée de la première Assemblée ouverte du mouvement Droit à un toit / Recht op een dak https://droitauntoit-rechtopeendak.brussels , le Syndicat des immenses (SDI) s’est d’abord appelé « Les précaires en colère », mais précaire, comme SDF, sans-abri ou sans-papiers, est stigmatisant. A surgi alors l’appellation immense , acronyme de Individu dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences. Le SDI est un groupe de pression et d’action, non un groupe de parole. Il porte des revendications http://syndicatdesimmenses.be/wp-content/uploads/2019/09/Revendications-SDI.pdf , défend les droits des immenses et intervient chaque mois dans l’espace public. Il a un logo, une bannière, un site http://syndicatdesimmenses.be , un compte bancaire, un groupe Facebook https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fsyndicatdesimmenses.be%2F , une adresse mail, des cartes de membre, des cartes de visite, et bientôt des statuts.

    Le 20 mars 2020 aura lieu la première « Université d’été des immenses ».

    #pauvreté #SDF #inégalités #femmes #hommes #enfants #précarité #chômage #logement #pauvres #logement #sans-abri #pauvreté 
    #sans-abris #hébergement #guerre_aux_pauvres #espace_public #stigmatisation #sans-papiers #précaires

  • How Finland is stamping out homelessness | MNN - Mother Nature Network
    https://www.mnn.com/lifestyle/responsible-living/stories/finland-housing-first-solving-homeless-crisis

    The Housing First approach “prioritizes providing permanent housing to people experiencing homelessness, thus ending their homelessness and serving as a platform from which they can pursue personal goals and improve their quality of life,” according to the National Alliance to End Homelessness fact sheet. This approach inverts the staircase model in which a homeless person complete certain steps, like obtaining a job or going through a drug rehabilitation program, before they’re provided with housing or housing assistance.

  • L.A. might ban homeless people from sleeping on many streets. What about your block?

    A plan under consideration at City Hall would ban sleeping on streets and sidewalks within 500 feet of schools, parks, day-care facilities and some popular venues, eliminating at least a quarter of #Los_Angeles for homeless people trying to bed down at night, a Times analysis found.


    https://www.latimes.com/projects/homeless-sleeping-maps
    #bannissement #ségrégation #périmètres_d'exclusion #exclusion #anti-SDF #sans-abrisme #SDF #sans-abri #cartographie #frontières #visualisation #USA #Etats-Unis #barrières_urbaines #in/visibilité #murs_urbains #invisibilité #ressources_pédagogiques #murs_intra-urbains #villes #géographie_urbaine #urbanisme
    ping @reka

  • CAMPEMENTS DE MIGRANTS SANS-ABRI : COMPARAISONS EUROPÉENNES ET RECOMMANDATIONS

    Depuis quelques années, les campements de migrants sans-abri défraient la chronique. Présents dans certains quartiers ou à la périphérie des #villes, ils suscitent des réactions indignées ou exaspérées. Désignés comme un retour des #bidonvilles, ils sont principalement habités par des immigrés aux situations variées : demandeurs d’asile et réfugiés aux dossiers incorrectement traités, ressortissants européens roms, sans-papiers… Ces sites sont régulièrement évacués puis repeuplés. #Visibilité et volume du problème distinguent la France, particulièrement #Paris. C’est ce que montre une enquête réalisée en 2018 dans six capitales européennes (#Bruxelles, #Berlin, #Bucarest, #Londres, #Madrid et #Rome). En ce qui concerne les migrations, la prise en charge des dossiers y repose sur le droit national et les moyens de sa mise en oeuvre. Mais, dans ces métropoles, les autorités locales ont davantage la main face aux campements que dans les villes françaises. Il serait judicieux de s’inspirer de leurs réalisations, tant en ce qui concerne le recensement que le traitement des phénomènes. Comparaison et coopération s’imposent d’autant plus que la dimension proprement européenne de l’#errance et de la grande indigence s’avère cruciale. En tout état de cause, la situation et la politique française, singulièrement à Paris, méritent d’être appréciées à l’aune de ce qui se déroule dans d’autres pays européens. La France ne saurait se résoudre à une #banalisation que l’on ne rencontre pas ailleurs.


    http://www.fondapol.org/etude/campements-de-migrants-sans-abri-comparaisons-europeennes-et-recommandatio
    #campements #migrations #sans-abri #sans-abrisme #SDF #réfugiés #asile #France #rapport #urban_matter #migrerrance

    ping @isskein @karine4

  • RTS | Reportage à Bruxelles auprès de jeunes Érythréens ayant quitté la Suisse
    https://asile.ch/2019/09/02/rts-reportage-a-bruxelles-aupres-de-jeunes-erythreens-ayant-quitte-la-suisse

    https://asile.ch/wp/wp-content/uploads/2019/09/Capture-d’écran-2019-09-02-à-11.13.50.png

    En Suisse, suite aux durcissements du droit d’asile visant les Érythréen-ne-s, un nombre grandissant d’entre eux se retrouve avec une décision de renvoi. Certains, craignant de rentrer dans leur pays d’origine, se rendent dans d’autres pays européens en espérant pouvoir obtenir des papiers et tenter de s’en sortir. Beaucoup se retrouvent à errer à Bruxelles […]

  • Paris : Un dispositif anti-SDF retiré d’une banque après un tollé sur les réseaux sociaux
    J.-L. D., 20 Minutes, le 28 juillet 2019
    https://www.20minutes.fr/societe/2572895-20190728-paris-dispositif-anti-sdf-retire-banque-devant-tolle-prov

    Quels sont les pires dispositifs anti-SDF « primés » par la Fondation Abbé-Pierre
    Delphine Bancaud, 20 Minutes, le 13 février 2019
    https://www.20minutes.fr/societe/2450403-20190213-pires-dispositifs-anti-sdf-primes-fondation-abbe-pierre

    Site web de la Fondation Abbé-Pierre consacré à ces dispositifs anti-SDF en France, et qui organise la cérémonie des « Pics d’or » :
    https://soyonshumains.fr
    https://seenthis.net/messages/650079

    Ajouté aussi à la compil #pierres :
    https://seenthis.net/messages/573068

    #Paris #France #SDF #Migrants #Pauvreté #Cruauté #honte #Pics #anti-SDF #dispositif_anti-SDF #Fondation_Abbé-Pierre #Soyons_Humains #Pics_d’or

  • #Grenoble : des #pierres posées pour empêcher les migrants de s’installer à #Berriat

    La Mairie de Grenoble a pris la décision d’installer de gros #blocs pour empêcher toute nouvelle tentative des familles de migrants de s’installer.

    Une bonne quinzaine de blocs de pierre, posée au sol, sur le trottoir et sous le pont de la voie ferrée. Après la nouvelle évacuation du campement Berriat samedi 30 juin (qui faisait suite à une première opération le 13 mars), la Mairie de Grenoble a pris la décision d’installer de gros blocs pour empêcher toute nouvelle tentative des familles de migrants qui, depuis plusieurs mois, avaient installé leurs tentes au croisement de la rue Pierre Sémard et du cours Berriat.

    « Cette zone a été accaparée par des groupes de passeurs, qui profitent de la fragilité de ces personnes »

    Du côté de la Mairie, on indique que cette décision fait suite « aux engagements pris auprès des riverains. Si les cailloux ont été mis, c’est surtout que cette zone a été accaparée par des groupes de passeurs, qui profitent de la fragilité de ces personnes. En faisant ça, on protège les familles de ce commerce sombre. »

    La mise en place d’un dispositif #anti-SDF ? « En aucun cas », assure la Mairie, avant d’indiquer que ces blocs n’avaient pas vocation à rester dans le temps et que des aménagements étaient prévus sur cette zone. « Sur la dernière évacuation, toutes les personnes ont été prises en charge par la ville et le CCAS », continue la mairie. « Elles sont toutes hébergées actuellement. »

    https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/07/04/grenoble-des-pierres-posees-pour-empecher-les-migrants-de-s-installer-a-
    #anti-SDF #migrations #asile #réfugiés #urban_matter #villes #architecture_défensive #SDF #sans-abri

    signalé par @karine4

    Ajouté à cette métaliste :
    https://seenthis.net/messages/732278

  • Le « #115 » devra bientôt transmettre la liste des réfugiés qu’il hébergement

    Le gouvernement planche sur un projet qui renforce l’#échange_d’informations entre les associations d’#hébergement_d’urgence et l’office de l’immigration.

    Le ministre de l’intérieur, Christophe #Castaner, et la ministre chargée de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, préparent une instruction interministérielle visant à renforcer l’échange d’informations entre la plate-forme d’urgence pour les sans-abri (115) et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

    D’après le projet de texte, non encore publié et que Le Monde s’est procuré, le gouvernement veut relancer la dynamique de la « #circulaire_Collomb » du 12 décembre 2017. Celle-ci avait provoqué une levée de boucliers des associations d’hébergement et de solidarité parce qu’elle essayait d’organiser le #contrôle du statut administratif des migrants qui se trouvent dans l’hébergement d’urgence. Le Conseil d’Etat, saisi par les associations, avait d’ailleurs encadré sa mise en œuvre.

    Un an et demi après, le projet d’instruction entend généraliser la transmission d’informations entre le 115 et l’OFII. Le premier devra ainsi « communiquer mensuellement à l’OFII la liste des personnes hébergées dans un dispositif d’hébergement d’urgence », qu’il s’agisse de demandeurs d’asile ou de réfugiés. Des réunions devront ensuite se tenir au niveau des départements, entre l’OFII et le 115, « sous l’autorité du préfet », pour examiner leur situation. L’idée étant notamment de mieux orienter ces personnes migrantes vers des dispositifs d’hébergement dédiés.

    Jusque-là, la circulaire Collomb prévoyait que les préfectures envoient des équipes mobiles dans les structures d’hébergement d’urgence afin de recueillir ces informations. Mais les visites étaient conditionnées à l’accord de l’hébergeur et au consentement des personnes. « Ça a marché doucement », constate un cadre de l’administration.

    https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/29/le-115-devra-bientot-transmettre-la-liste-des-refugies-qu-il-heberge_5483118
    #hébergement #OFII #tri #surveillance #préfecture #fichage #France #asile #migrations #réfugiés #demandeurs_d'asile

    L’idée étant notamment de mieux orienter ces personnes migrantes vers des dispositifs d’hébergement dédiés.

    –-> mmmhhh... certainement !
    #tri ?

    #équipes_mobiles #équipe_mobile

    via @isskein
    cc @karine4

    • Et en #Angleterre...

      Secret plan to use charities to help deport rough sleepers

      #Home_Office accused of turning ‘outreach workers into border guards’ as emails reveal new scheme targeting non-UK homeless.

      The Home Office has drawn up a secret programme using homelessness charities to acquire sensitive personal data that could result in the deportation of non-UK rough sleepers, the Observer can reveal.

      A chain of emails from senior Home Office officials from December 2018 to May 2019 also shows that the clandestine programme ignores European privacy laws by passing rough sleepers’ sensitive personal information directly to the Home Office without their consent.

      The scheme, which is still in a trial phase, is seen by charities and campaigners as the latest manifestation of the Home Office’s much maligned “hostile environment” policy. A previous plan to deport EU rough sleepers was defeated 18 months ago when the high court deemed it unlawful and discriminatory.

      But the Home Office, apparently undeterred, has rolled out a remarkably similar new scheme which, according to an internal email, will lead to “enforcement in some cases” – deportation – and targets “non-UK” and non-EEA (European Economic Area) rough sleepers, which after Brexit will include EU nationals.

      Gracie Bradley, policy and campaigns manager for the human rights charity Liberty, said: “It’s disgraceful that the Home Office, local authorities, and charities are attempting to turn trusted homelessness outreach workers into border guards. Homelessness charities must refuse complicity in the hostile environment.”

      A spokesman for the Public Interest Law Centre, which won the high court case, said: “It’s now clear the Home Office – with the Greater London Authority, local councils and some homelessness charities – is trying to resurrect this discriminatory policy under a different guise.”

      The correspondence reveals that some refugee charities have already been asked to forward cases to the programme, called the Rough Sleeper Support Service (RSSS), and at least one has agreed. Emails also reveal that homeless charity St Mungo’s has attended meetings with the Home Office to discuss allowing outreach workers to enter a homeless person’s data into RSSS without their consent.

      An email, dated 10 April 2019 from a Home Office official, confirmed the scheme “provides a single point of contact for LAs [local authorities] to receive rapid immigration status checks on non-UK national rough sleepers”. It also explains why it wants to bypass privacy laws: “A system relying on consent to comply with the GDPR [EU General Data Protection Regulation] would be vulnerable to individuals withdrawing consent.”

      Another email, dated 18 February 2019 to GLA officials, shows that targeting homeless individuals would be prompt, saying “immigration [status] checks are completed on rough sleepers within 24 hours of a referral”.

      Obtained through freedom of information requests from Liberty, the correspondence says the scheme is spearheaded by the lead officer for previous immigration enforcement operations and will be “utilised to resolve the non-EEA national rough sleepers situations”. The emails also chronicle Home Office frustration that the programme is still in the test phase because of a failure to agree a data-sharing deal with charities and local authorities.

      The emails show significant opposition from charities with “push back” from several including St Mungo’s and migrants advocacy group Praxis, who warn of “reputational risks” for groups linked to the scheme. According to one email, Praxis raised several concerns, including that the scheme risked “poorly made decisions”, was unnecessary and that it was “unclear if RSSS referral would make detaining and removal of rough sleepers at their reporting appointments more likely”.

      The charity raises fears that the programme will be primarily geared at removing rough sleepers. “There appear to be no immigration decision-makers in the RSSS, just immigration officers. The culture embedded in the RSSS seems to be one of enforcement,” it said in an email sent on 3 May 2016.

      Even as the scheme was conceived, fears existed that it would be controversial. One email, sent on 18 December 2018, from a GLA officer to the Home Office, cites a “possibility of bad press surrounding the RSSS and there needs to be a clear line on what this team is and how it can help ensure no one dies on the streets”.

      Although some emails show that sharing information with the Home Office could help prioritise a person’s case and ensure homelessness charities offered the right support, Bradley said referrals will likely result in immigration enforcement action.

      She said ministers should be concentrating on combating the root causes of homelessness rather than targeting rough sleepers. “Consent and data protection should also be at the heart of our interactions with public institutions,” she added.

      The Public Law Interest Centre spokesman added: “Despite its name, the new RSSS offers no ‘support’ to homeless migrants living in the UK. It is an ‘hostile environment’ measure in all but name.”

      A St Mungo’s spokesperson said the charity had met Home Office staff “to find ways to respond more quickly” to non-UK cases. “In particular, we are seeking to ensure people who may use the service do so based on informed consent and legal advice from a registered immigration adviser,” they added.

      A Home Office spokesman said the RSSS was set up “to help resolve the immigration status of non-UK nationals sleeping rough, either granting lawful status or providing documentation. This enables individuals to access support or assists them in leaving the UK where appropriate.” He added: “The service prioritises support work on outstanding cases and helps to resolve status issues.”

      A London mayoral spokesperson said: “Heavy-handed enforcement is not the solution to rough sleeping and our services will have no part in it. We have made absolutely clear to the Home Office that we do not support their approach or any other that victimises people sleeping rough.”

      The latest homelessness figures show 8,855 people were seen sleeping rough in London during 2018-19, 18% higher than the previous 12 months.

      https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/06/home-office-secret-plan-charities-deport-rough-sleepers
      #SDF #sans-abri #UK

    • Les associations refusent que le « 115 » transmette la liste des réfugiés hébergés

      Vingt-neuf associations ont déposé, lundi 9 septembre, un recours devant le Conseil d’État pour demander la #suspension d’une mesure obligeant les gestionnaires d’hébergements d’urgence à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (#OFII) la liste des réfugiés et demandeurs d’asile qu’ils hébergent.

      https://www.la-croix.com/France/Immigration/associations-refusent-115-transmette-liste-refugies-heberges-2019-09-09-12
      #résistance

  • La ’increíble’ medida en Finlandia para reducir el número de personas sin techo: darles un techo

    #Helsinki puso en marcha con éxito el programa ’Vivienda primero’, que consiste en dar pisos a personas sin hogar de manera permanente y con contrato de alquiler.
    A través del proyecto se ha creado vivienda pública y se han reformado edificios más antiguos. Ya solo hace falta un hostal para personas sin techo, con 50 camas.
    Autoridades y activistas destacan la importancia de la vivienda pública para erradicar los problemas relacionados y evitar la segregación por barrios.


    https://www.eldiario.es/theguardian/milagro-solucion-radical-Helsinki-mundo_0_906410053.html
    #Finlande #SDF #sans-abri

    • Programme #Housing_first :

      The Guide is a resource about Housing First in Europe. It has been designed to explain what Housing First is and how it actually works in a range of European contexts. It sets out the core principles of Housing First and shows how these are implemented in different settings.

      The Guide is the first European resource of its kind. As Housing First has taken off in Europe, a growing demand has emerged for knowledge and expertise. Until now, much of the available material has come from North America. There was a need for practical guidance bringing together existing knowledge and experience on doing Housing First in European contexts. That’s why we created this Guide. It complements similar manuals developed in the US (Tsemberis 2010) and Canada (Canadian Housing First Toolkit).


      http://housingfirstguide.eu/website

    • Finland’s Zero Homeless Strategy: Lessons from a Success Story

      Following a period when homelessness rose in many countries, the onset of the COVID-19 pandemic prompted governments across the OECD area to provide unprecedented public support – including to the homeless. In the United Kingdom, for instance, people who had been living on the streets or in shelters were housed in individual accommodations in a matter of days. And in cities and towns across the OECD, public authorities worked closely with service providers and other partners to provide support to the homeless that had previously been considered impossible.

      How can countries build on this momentum and ensure more durable outcomes? The experience of Finland over the past several decades – during which the country has nearly eradicated homelessness – provides a glimpse of what can be possible with a sustained national strategy and enduring political will.

      The number of homeless people in Finland has continuously decreased over the past three decades from over 16 000 in 1989 to around 4 000, or 0.08% of the population (Figure 1). This is a very low number, especially considering that Finland uses a relatively broad definition of homelessness, whereby in particular it includes people temporarily living with friends and relatives in its official homelessness count. In 2020, practically no-one was sleeping rough on a given night in Finland.

      This is undoubtedly a remarkable success, even if comparing homelessness statistics across countries is fraught with difficulties (OECD, 2020). Many homeless people live precariously, with the implication that statistical tools such as household surveys typically fail to accurately measure their living conditions. Furthermore, countries define homelessness very differently, for instance counting people who temporarily live with friends or relatives as homeless (as Finland does) or excluding them from homelessness statistics. While there is no OECD-wide average against which to compare Finland’s homeless rate of 0.08%, other countries with similarly broad definitions of homelessness provide points of reference, such as neighbouring Sweden (0.33%) or the Netherlands (0.23%).1

      Finland’s success is not a matter of luck or the outcome of “quick fixes.” Rather, it is the result of a sustained, well-resourced national strategy, driven by a “Housing First” approach, which provides people experiencing homelessness with immediate, independent, permanent housing, rather than temporary accommodation (OECD, 2020). A key pillar of this effort has been to combine emergency assistance with the supply of rentals to host previously homeless people, either by converting some existing shelters into residential buildings with independent apartments (Kaakinen, 2019) or by building new flats by a government agency (ARA, 2021). Building flats is key: otherwise, especially if housing supply is particularly rigid, the funding of rentals can risk driving up rents (OECD, 2021a), thus reducing the “bang for the buck” of public spending.

      The Finnish experience demonstrates the effectiveness of tackling homelessness through a combination of financial assistance, integrated and targeted support services and more supply: using just one of these levers is unlikely to work. Financial assistance comes from the social benefits systems, which includes a housing allowance for low-income people (mostly jobless persons with no or low unemployment benefits) covering about 80% of housing costs (Kangas and Kalliomaa-Puha, 2019). Emergency social assistance funding can complement the housing allowance if it is insufficient. Social services provide housing before other interventions that are targeted to beneficiaries’ needs (such as, to pick one example, providing health services to help overcome substance abuse). These efforts require dwellings: investment grants by Finland’s Housing Finance and Development Centre financed the construction of 2 200 flats over 2016-19 for long-term homeless people (ARA, 2021). Indeed, investing in housing development should be a priority for OECD governments as they navigate the recovery from the crisis: over the past two decades, public investment in housing development has dropped to just 0.06% of GDP across the OECD on average (OECD, 2021b).

      Another important driver of Finland’s success is the integration of efforts to fight homelessness with other parts of the social safety net. When a housing need is identified in any part of the social service system, housing is provided first, to provide a solid basis for employment, long-term health and/or family assistance (OECD, 2020). This integrated approach avoids the pitfalls that can arise, for instance, when benefits are preconditioned on having an address, or when obtaining a flat requires a minimum income. There are indications that, by facilitating the integration of previously homeless people in society, the upfront Finnish investment that provides people with housing first, pays off by reducing subsequent costs incurred by social services. Evaluations point to annual savings in public expenditure in the range of EUR 9 600-15 000 per person who had previously experienced homelessness (Y-Foundation, 2017; Ministry of the Environment, 2011).

      Overall, Finland’s achievements illustrate the benefits of integration, balance and continuity in policies to tackle homelessness: integration across housing and social assistance programmes, balance between demand and supply, and political continuity over time have helped to maximise the results of the country’s investment to end homelessness. Not only has this approach resulted in a steady decline in homelessness, but it has also made the system more resilient to shocks, including the COVID-19 crisis. Indeed, the pandemic was less of a strain to Finland’s homeless support system compared to other countries, given that many vulnerable people were already housed and supported in individual flats (Fondation Abbé Pierre – FEANTSA, 2021).

      These lessons can be transposed to other OECD countries as they look to build on the momentum and lessons learned from the COVID crisis.

      References

      ARA (2021), Report 2021: Homelessness in Finland 2020, The Housing Finance and Development Centre of Finland (ARA). Fondation Abbé Pierre – FEANTSA (2021), Sixth Overview of Housing Exclusion in Europe, FEANTSA – Abbé Pierre.

      Kaakinen, J. (2019), “Time to act: Let’s end homelessness for good,” OECD Forum Network Series on the New Societal Contract.

      Kangas, O. and L. Kalliomaa-Puha(2019), “ESPN Thematic Report on National Strategies to Fight Homelessness and Housing Exclusion: Finland”, European Social Policy Network (ESPN), European Commission, Brussels.

      Ministry of the Environment (2011), Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset [Economic effects of reducing homelessness], Ympäristöministeriön.

      OECD (2020), “Better data and policies to fight homelessness in the OECD”, Policy Brief on Affordable Housing, OECD, Paris, http://oe.cd/homelessness-2020.

      OECD (2021a), Brick by Brick: Building Better Housing Policies, OECD, Paris.

      OECD (2021b), OECD Affordable Housing Database, indicator PH1.1, OECD, Paris.

      Pleace, N. et al. (2021), European Homelessness and COVID 19, European Observatory on Homelessness.

      https://oecdecoscope.blog/2021/12/13/finlands-zero-homeless-strategy-lessons-from-a-success-story

  • À Bruxelles, un couple de hackers urbains face au mobilier anti-SDF
    https://usbeketrica.com/article/bruxelles-couple-de-hackers-urbains-face-mobilier-anti-sdf

    En plus d’écarter les personnes en situation de vulnérabilité, les espaces publics incitent de moins en moins à la rencontre ou à la flânerie. Elisabetta Cinzia Rosa, architecte, travaille sur le sujet des marges et des projets urbains. « Les personnes sans-abri ne sont jamais pris en compte dans les projets urbains », affirme-t-elle. « Cela relève d’une manière de faire de l’urbanisme qu’on pourrait qualifier de ‘néolibérale’ : de lissage de l’espace, d’éloignement de tout ce qui n’est pas considéré comme attractif ou convenable. Et dans ces aménagements, si on arrête de marcher ou de consommer, on est déjà à la marge. »