Hace casi 100 días, en Montevideo, la capital uruguaya, las autoridades de la empresa pública encargada del abastecimiento de agua potable a nivel nacional, #OSE, informaron a la población de esa ciudad y la zona metropolitana que el agua de la canilla aumentaría los valores de sodio y cloruro.
Las reservas de agua dulce de la represa #Paso_Severino, en el #río_Santa_Lucía, que aportan al abastecimiento de agua a esa región del país, se estaban acabando a causa de la falta de lluvias y para estirarlas comenzaron a mezclarla con agua salada que sube desde el #Río_de_la_Plata por influencia de las mareas.
A partir de ese momento, el 60 por ciento de la población uruguaya pasó a recibir agua salada en sus casas.
La norma UNIT 833/2008, que certifica productos y servicios en el país, establece que el valor admitido de cloro en el agua es de 250 mg/L, mientras que el sodio es de 200 mg/L. En la primera semana de mayo OSE, con previo permiso del Ministerio de Salud Pública (MSP), aumentó el cloro a 780 mg/L y el sodio a 420 mg/L.
1.700.0000 personas se quedaron, de un día para otro, sin agua potable.
Las vueltas retóricas y discursivas de las autoridades para evitar admitir que el agua no es potable son infinitas. Ministros y autoridades nacionales insisten con que el agua es “bebible”, también manejan el concepto de “agua segura”. Sin embargo, además de ser intomable por su sabor, desde el mismo MSP no la recomiendan para la preparación de fórmulas de lactantes, tampoco para personas con enfermedades renales o insuficiencia cardíaca, ni para embarazadas, ni para personas hipertensas. Un dato: en Uruguay tres de cada diez personas de 15 a 64 años tienen presión arterial. La pregunta se hace evidente: ¿bebible para quién?
Los impactos son muchos: el sodio, pero sobre todo el cloruro, es altamente corrosivo, los calefones comenzaron a romperse, los metales a oxidarse, los problemas aparecen por varios frentes. Algunos son aún desconocidos, porque la información llega tarde, es confusa y muchos datos son reservados. Las autoridades se contradicen en las declaraciones y la participación social en el tema está completamente limitada.
Para la Organización Mundial de la Salud la definición de agua potable debe cumplir un requisito clave: ser aceptable para beber. Nadie acepta agua salada para tomar. Si la bebe, es porque no tiene los medios económicos para pagar agua embotellada. No tiene alternativa. Y esto en el primer país del mundo en incluir en su Constitución, por iniciativa popular, el agua potable como un derecho humano fundamental.
El gobierno recomienda agua embotellada y esperar que llueva, no lavar los autos, reusar el agua para regar y cocinar, entre otras medidas del estilo. Así, coloca la responsabilidad del consumo en las personas, y la culpa de la escasez en la impredecible e indómita naturaleza.
Conversamos con la ambientalista María Selva Ortiz, de REDES – Amigos de Tierra Uruguay, para entender qué hay más allá de la sequía y cuáles son los posibles caminos para superar la crisis, que no es solo hídrica, también es sanitaria.
Extractivistas del agua
Para Ortiz una de las causas de la actual crisis del agua se debe a “una muy mala gestión y mal uso del territorio”. La Política Nacional de Aguas en Uruguay tiene principios claros: solidaria con las generaciones futuras, prioriza lo social a lo económico y prioriza la cosecha de agua para consumo humano antes que cualquier otro fin. “Si se hubieran respetado estos principios y no se hubieran hecho todos los favores al gran capital, las cosas serían diferentes, no hubiéramos entregado el territorio a la soja transgénica, al modelo forestal celulósico, a la ganadería de corral y a las grandes extensiones de tierras destinadas al agronegocio extractivista que han puesto en riesgo la calidad y cantidad de nuestras aguas en varias oportunidades”, afirmó Ortiz.
En enero de este año el presidente Luis Lacalle Pou, del derechista Partido Nacional, dijo: “estamos casi haciendo el baile de la lluvia”.
La Universidad de la Republica y el Instituto Uruguayo de Meteorología ya habían alertado en varias ocasiones sobre la sequía prolongada. Sin embargo, “desde octubre del año pasado hubo políticas públicas para que el sector agropecuario tuviera agua dulce, pero para la población aún están esperando que llueva”, contó Ortiz.
El 80 por ciento de la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía viene del sector agropecuario y existen casi 500 embalses para uso de privados.
“Sobre el cauce y orillas de ríos y arroyos tenemos que hacer otro tipo de manejo de lo que estamos produciendo (…) no solamente planes de mitigación, sino de restauración de la naturaleza”. Para Ortiz una posible estrategia para priorizar el uso de la cuenca y el territorio de agua para consumo humano es “una transición hacia otro modelo agrícola, un plan de reconversión a la agroecología”. Esto además de asegurar el agua como derecho humano, aportaría al camino de la soberanía alimentaria.
“Esto implica ponerle freno a los privados y el actual gobierno no tiene voluntad política para esto”, subrayó la activista e investigadora ambiental.
Los dioses no tienen Constitución
Otra de las causas de esta crisis es el desmantelamiento de OSE, la empresa pública que provee de agua y saneamiento. Los recortes de personal e inversiones son constantes. El sindicato de funcionarios de OSE, FFOSE, actualmente en conflicto, denunció que desde 2018 no ingresa personal y que faltan al menos 1000 trabajadores/as para funcionar en condiciones óptimas. Esto redunda en la gestión y cuidado del agua potable.
El 50 por ciento del agua que potabiliza OSE se pierde por roturas y pérdidas de caños.
Sobre esto, Ortiz es clara: “parte de la política neoliberal es desmantelar OSE para justificar la privatización del agua”. Y efectivamente, el gobierno uruguayo promueve el Proyecto Neptuno, también llamado Arazatí, una nueva planta potabilizadora de agua ubicada en el Río de la Plata, que estará en manos de un consorcio de cinco empresas privadas nacionales, algunas con capital transnacional.
Dentro de este consorcio hay empresas constructoras responsables de la infraestructura para UPM (empresa finlandesa forestal celulósica, con dos plantas de celulosa en Uruguay) y otros proyectos vinculados al agronegocio del país. “Hay una relación muy grande entre el gobierno y el extractivismo, están entregando el territorio”. Ortiz continuó: “tomar agua del estuario de la plata tiene una cantidad de problemáticas, una es la salinidad y las cianobacterias, porque es el resumidero de la Cuenca del Plata y lo compartimos con cinco países; además es una apuesta del gobierno a la privatización del servicio público, que viola la Constitución”.
El artículo 47 de la Constitución uruguaya dice textualmente: “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Por esto REDES – Amigos de tierra Uruguay presentó un recurso de amparo ante la justicia.
El Proyecto Neptuno, además de la Constitución, también viola el acuerdo internacional de Escazú, ratificado por Uruguay en 2019, porque como dijo Ortiz, “no hemos tenido acceso a la información, a la participación y tampoco a la justicia”.
Transnacionales everywhere
Según una encuesta, el 94 por ciento de las personas afectadas por la crisis hídrica consumen agua embotellada. “Estamos mercantilizando un derecho humano fundamental, si no tenés plata no podés comprar agua”, dijo la integrante de REDES – Amigos de la Tierra. “Esto crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”, advirtieron expertos de la ONU.
Con la crisis, la venta de agua embotellada se triplicó. Según una investigación de Zur, pueblo de voces, en Uruguay hay 52 empresas registradas para la venta de agua embotellada. La marca Salus tiene el 70 por ciento del mercado, pertenece al Grupo transnacional francés Danone y produce al menos 60.000 kg de residuos de plástico por día. La empresa tiene habilitado extraer 3.787.000 litros de agua por día en 10 pozos y 9 manantiales (de dominio público), por los cuales no paga absolutamente nada y parte del agua extraída es exportada.
“Le estamos dando un gran negocio a una multinacional que tiene de rehén a 1.700.000 uruguayos y uruguayas porque al gobierno no se le ocurrió ninguna mejor idea. Un gobierno neoliberal satisface sus necesidades básicas en el mercado”.
Esto no es todo. En el momento en el que el sur del país se queda sin agua potable, en el norte se inaugura la segunda planta de celulosa de la transnacional finlandesa UPM, un proyecto que toma agua del Río Negro y consume por día lo mismo que 44 millones de personas, o sea 12 veces la población total de Uruguay.
Por otro lado, Montevideo Refrescos, la empresa privada que produce Coca Cola, entre otras bebidas, usa aproximadamente 30.000 metros cúbicos de agua de OSE por mes, lo que equivale al consumo de 7.000 personas.
Quien defiende el agua, defiende la vida
Durante casi un mes hubo manifestaciones auto convocadas todos los días. Tres meses después, la lucha popular sigue en la calle, se realizan asambleas barriales, pintadas, volanteadas, conversatorios, movidas artísticas, coordinaciones y variedad de propuestas concretas que el gobierno ha desoído sistemáticamente.
“En mayo el gobierno prometió una desalinizadora, estamos a julio y aún no llegó, propuso una represa en el río San José, que tuvo un deslave y se rompió. Todas las propuestas que han hecho han fracasado. Las organizaciones y la academia tenemos propuestas claras, el gobierno no quiere escucharlas ni dialogar con nosotros/as”, subrayó Ortiz.
Dentro de la cantidad de propuestas que realizaron las organizaciones sociales, hay una batería de propuestas claves para enfrentar la crisis algunas de ellas son: 1. Tanques cisternas que lleven agua potable a los barrios; 2. Decretar un régimen tarifario que fije el precio del agua embotellada; 3. Suspender el cobro de la tarifa de OSE; 4. Asignar los recursos necesarios a OSE y Gobiernos Departamentales para el cumplimiento del suministro de agua potable y reparación de pérdidas; 5. Suspender la licitación del Proyecto Neptuno; 6. Comenzar a implementar medidas para la recuperación de la cuenca del río Santa Lucía con participación social; 7. Retomar el proyecto de la represa en el Arroyo Casupá.
Además de este paquete de medidas, hay más propuestas sobre la mesa que surgen de diversos sectores sociales: restringir el consumo de agua a los grandes consumidores no residenciales y que no brinden servicios de primera necesidad, la apertura de todos los embalses privados y la prohibición de plantación o replantación de soja y forestación en la cuenca del Río Santa Lucía.
Algunas lluvias aisladas han calmado las aguas y endulzado las canillas, pero el saqueo quedó evidenciado: lo que les falta a todos y todas, se lo llevan unos pocos. Las preguntas de María Selva Ortiz quedan resonando: “¿Qué va a pasar después? Cuando llueva, después de años de sequía, con un suelo agotado y compactado, ahí tendremos otro tipo de inconvenientes. ¿Qué va a seguir primando? ¿Los intereses del gran capital o los intereses del pueblo?”.
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