#centres

Marruecos encierra a migrantes en centros del Sáhara, a base de pan y leche, tras acusarlos de propagar el virus

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y la entidad saharaui Equipe Media alertan del arresto de decenas de migrantes subsaharianos en El Aaiún y Tarfaya después de ser señalados por las autoridades marroquíes como los culpables del brote de coronavirus en la región.

«Nos han encerrado a todos los black [negros]. Dicen que todos los black están infectados con corona. Yo no tengo coronavirus. No sabemos qué nos van a hacer», se escucha a una mujer subsahariana en un vídeo que graba desde una furgoneta junto a otras ocho mujeres antes de que un hombre enfundado en un traje de protección anti-covid abra la puerta para hacer subir a otra joven.

«Ayudadme. Voy a morir aquí. Los militares nos tienen encerrados y nos obligan a tomar comprimidos contra el coronavirus. Yo no tengo el corona. Ayudadme, por favor», lamenta otra mujer en un segundo vídeo en el que aparece con su hijo pequeño sobre su regazo.

Estos dos testimonios no son casos aislados, sino que representan la realidad de la población negra en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos que, desde mediados de este mes de junio, es detenida por la gendarmería en las calles o en sus propios domicilios para ser trasladados a centros de internamiento bajo la excusa de someterlos a pruebas de coronavirus, según señalan numerosas ONG.

El foco más grave de COVID-19 en Marruecos aparece en dos empresas españolas. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) denuncia que desde hace cerca de dos semanas las fuerzas de seguridad marroquíes están deteniendo a la población subsahariana en El Aaiún y sus alrededores tras conocerse 33 casos positivos de covid-19 entre los 70 migrantes que llegaron en dos pateras a la isla canaria de Fuerteventura, así como los 37 que fueron rescatados en la playa de Tarfaya, a 90 kilómetros de la capital del Sáhara Occidental.

Durante meses, esta región ha estado libre de covid-19, pero en las últimas semanas los casos se han disparado. Las cifras varían cada día, pero la última actualización de la organización saharaui Equipe Media señala 168 casos positivos este pasado jueves en «epicentros industriales de fábricas de envasado y conservas de sardina en el puerto de El Aaiún». En declaraciones a este diario señalan que «se trata de 24 inmigrantes subsaharianos y 144 marroquíes».

Por su parte, las autoridades marroquíes no han detallado datos sobre los focos donde se concentran estos casos. El Ministerio marroquí de Sanidad se limitó a reconocer este jueves 37 casos positivos en la región de El Aaiún-Saguía El Hamra y no ofreció más explicaciones.

Contagios para justificar detenciones

Desde la AMDH señalan a Público que «la infección por coronavirus es, ante todo, una oportunidad para detener a los subsaharianos». «Les vale con que solo uno haya dado positivo para mantenerlos a todos en los centros de internamiento antes de enviarlos de regreso a las fronteras más cercanas, como Mauritania», detallan desde esta ONG, que añade: «Algunos pueden estar enfermos, pero otros estarán contaminados por haber sido encerrados con ellos».

Por otro lado, desde esta entidad dicen desconocer qué tipo de medicación pueden estar recibiendo estas personas. El gobierno de Marruecos construyó a principios de marzo, al declararse la pandemia de coronavirus, hasta tres centros de internamiento: uno en El Aaiún, otro en Tarfaya y un tercero entre ambas, en la localidad de Tah, con el fin de confinar a los migrantes irregulares cuyo objetivo era alcanzar las islas Canarias durante la fase de confinamiento domiciliario.

Sin embargo, AMDH afirma que tras haber superado esa fase, no solo siguen sin liberar a quienes ya estaban encerrados, sino que han comenzado a retener a todos los subsaharianos bajo sospecha de ser portadores de la enfermedad.

La socióloga e investigadora de flujos migratorios africanos Cynthia González considera que estas detenciones son claramente racistas: «Cuando a un miembro de un grupo racializado le pasa algo, se la culpa a todo el grupo. Si un migrante negro tiene coronavirus, van a hacer redadas en todos lo barrios de migrantes negros, mientras que si un europeo blanco tiene coronavirus, no lo harán».

Equipe Media se muestra crítico con estas circunstancias: «Los marroquíes acusan a los subsaharianos de haber llevado el virus cuando en realidad son los marroquíes los que están entrando en El Aaiún por oleadas desde abril, procedentes de lugares de Marruecos que son focos del virus».

A ello añaden que los subsaharianos «llevan tiempo trabajando en las conserveras y en el puerto en condiciones muy duras e insalubres a cambio de poco dinero o comida».

Condiciones deplorables y negativos convertidos en positivo

Tarek (nombre ficticio) está encerrado en una escuela de El Aaiún que se ha convertido un centro de internamiento improvisado para más de una veintena de personas. "Estamos en colchones tirados en el suelo. Me hicieron la prueba de coronavirus el domingo, di negativo, pero sigo bloqueado porque 11 compañeros sí dieron positivo. Los que estamos sanos tememos enfermar”, cuenta en diferentes mensajes de WhatsApp este joven de Costa de Marfil que trabajaba en el puerto. «Acaban de llegar para hacernos otra prueba y aseguran que en 24 o 48 horas, tras conocer los resultados, nos dejarán marchar», quiere creer. Según denuncian varios de los entrevistados, las instalaciones carecen de duchas y no pueden lavarse.

El relato de Amadou, quien también prefiere utilizar un nombre ficticio, coincide en gran medida con el de Tarek. «La Policía marroquí me vino a buscar a casa el domingo. Me dijeron que les siguiera, que solo me iban a hacer la prueba de coronavirus y podría regresar a casa. Me llevaron junto a otros negros a una escuela de El Aaiún y a día de hoy todavía sigo esperando que me dejen salir», relata.

Además, Amadou alerta: «Nos dijeron que 11 personas estaban enfermas de covid-19. Miramos el informe y ponía negativo, pero lo tacharon y escribieron a mano positivo».

La AMDH confirma este hecho y publica en sus redes sociales la imagen de uno de los informes médicos alterados cuyo resultado negativo de coronavirus pasó a ser positivo. A todas estas irregularidades, Equipe Media añade el trato vejatorio y discriminatorio que estas personas padecen en estos centros. De hecho, tanto Tarek como Amadou corroboran que los responsables del centro en el que permanecen encerrados llevan una semana sirviéndoles únicamente pan y leche.

Prueba de ello es la concentración que tuvo lugar este pasado jueves en la puerta del centro en el que los retenidos lanzaron al pie de los gendarmes y paramilitares marroquíes barras de pan y cartones de leche que acumularon durante la semana. «No podemos vivir con esta dieta tan pobre», critica Amadou.

▻https://www.publico.es/sociedad/marruecos-coronavirus-marruecos-encierra-migrantes-centros-sahara-base-pan-l

Le Courrier | Violences à #Chevrilles

Trois requérants d’asile portent plainte contre les entreprises de sécurité mandatées par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et actives au centre fédéral d’asile de Chevrilles (#Giffers en allemand). Les trois plaignants accusent les agents de sécurité de violences physiques et d’agressions fréquentes envers les habitants du centre. Le Courrier relaie les témoignages d’Ali, Mohamed et Abdalim, victimes des violences dans le centre de Chevrilles, ainsi que ceux de deux agents de sécurité, qui déplorent leurs conditions de travail, qualifiées de “lamentables”, ainsi qu’une formation insuffisante du personnel de sécurité. Les agressions dans le centre de Chevrilles ont également été dénoncées par Solidarité Tattes et Droit De Rester Fribourg dans la newsletter publiée le 18 juin 2020 et relayée sur notre site. Ces trois plaintes surviennent en même temps que l’enquête de la WOZ et de la SRF sur les violences dans le centre fédéral d’asile de Bâle et dont nous nous faisions l’écho le 27 mai 2020.

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Trois plaintes pénales ont été déposées contre des agents de sécurité mandatés par le Secrétariat d’Etat aux migrations à Chevrilles (FR). Des vigiles dénoncent une banalisation de la violence.

Ils ont décidé de briser le silence assourdissant qui règne au lieu dit la Gouglera. Trois requérants d’asile ont porté plainte contre les entreprises de sécurité mandatées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) au Centre fédéral de Chevrilles (Giffers en allemand), situé en Haute-Singine (FR). Les trois hommes confient avoir été victimes de violences physiques de la part d’agents de sécurité. Blessés, ils ont été pris en charge par les urgences de l’hôpital de Fribourg, photos et constats médicaux à l’appui. Des employés de la sécurité font état d’une banalisation de la violence dans le centre.

Le 4 mai, vers 17 h 15, Ali rentre à la Gouglera après s’être rendu à Fribourg. Lui qui a été atteint du Covid souffre encore de vertiges et souhaite se coucher. Il attend que le service de sécurité le fouille et effectue le protocole d’entrée dans le centre. D’après ses propos, les agents l’ignorent et le font attendre trente longues minutes. Malade, il s’impatiente, cogne contre la vitre et demande aux vigiles de faire leur travail. Vexés par cette interpellation, deux agents l’auraient poussé au sol et roué de coups.

En sang devant le centre

« Lorsque j’ai dit au personnel de sécurité de faire leur travail, ils ont réagi comme si je les avais insultés, raconte Ali. Je leur ai dit d’arrêter, que j’avais du mal à respirer. Ils ont répondu qu’ils n’en avaient rien à faire. » L’homme raconte avoir erré la tête en sang devant le bâtiment, Il aurait appelé la police qui lui aurait répondu qu’il devait négocier lui-même avec les vigiles son retour dans le centre.

Grâce à l’aide d’un autre requérant, il parvient à prendre le bus pour Fribourg, mais perd connaissance avant d’arriver aux urgences. Des militaires l’escortent jusqu’à l’hôpital. Après quelques heures en observation, l’hôpital paie un taxi pour le ramener à la Gouglera. Aux portes du centre, il se serait vu refuser l’entrée et aurait passé la nuit sur un banc. « Pourquoi les autorités nous traitent-elles ainsi ? » s’interroge-t-il.

Cette même journée du 4 mai, Mohamed affirme avoir aussi subi l’ire de vigiles. Il fait la sieste dans sa chambre lorsque deux agents lui demandent d’évacuer les lieux. L’un d’eux lui fait remarquer que sa chambre est sale, Mohamed décrit un ton agressif et injurieux. Il s’en plaint auprès du directeur du centre. Lorsqu’il sort de l’entretien, deux agents le prennent à part. L’un l’aurait attrapé à la gorge, tandis que l’autre lui aurait pris les pieds pour le sortir du bâtiment. Il est soudain pris d’une crise d’épilepsie.

« Au lieu de me venir en aide, les agents ont ri. J’ai marché jusqu’à la route, mais j’ai perdu connaissance. Je me suis réveillé à l’hôpital. » Le constat médical mentionne une marque d’étranglement au niveau du cou. Selon la version des agents, Mohammed aurait été « agressé par un ami ». Celui-ci affirme pourtant que des témoins étaient présents. « Les agressions sont très fréquentes, personne n’ose rien dire. D’autres gens viendront après nous, je porte plainte pour que cela ne se reproduise plus. »

Hospitalisé

Abdalim marche difficilement avec des béquilles depuis sa sortie de l’hôpital le 7 mai. Il considère que des vigiles de Chevrilles ont « bousillé sa vie ». « Une bagarre a éclaté, moi je discutais tranquillement avec d’autres et on m’a demandé de rentrer dans ma chambre. » Abdalim ne s’est peut-être pas exécuté aussi rapidement que le souhaitait le personnel de sécurité. Il affirme avoir été violemment poussé contre une vitre, qui s’est brisée sous le choc et l’a grièvement blessé à la jambe.

Le verre a sectionné plusieurs tendons, ce qui a nécessité une opération et une hospitalisation de cinq jours. « J’ai traversé 23 pays, tout ça pour perdre l’usage de ma jambe en Suisse », lance l’homme en colère. D’après les agents, il aurait perdu l’équilibre et serait tombé de lui-même sur la vitre.

La police fribourgeoise affirme être intervenue une trentaine de fois au centre fédéral de Chevrilles en 2020. Depuis janvier 2019, quatre plaintes pénales ont été déposées pour des lésions corporelles simples. Les enquêtes sont en cours. D’après nos informations, le personnel impliqué dans ces agressions serait toujours en poste à Chevrilles. Contacté, le SEM affirme prendre la situation très au sérieux mais n’est pas autorisé à commenter les affaires en cours.

La Gouglera n’est pas le seul centre d’asile concerné par la violence. Mi-mai, l’émission alémanique Rundschau et la Wochenzeitung dénoncent une violence structurelle au sein du centre fédéral d’asile de Bâle. Viviane Luisier, de l’association Solidarité Tattes, considère ces agressions comme l’une des conséquences de la nouvelle procédure d’asile. Elle dénonce la concentration des requérants dans des centres fédéraux. « Les réfugiés sont soumis à un régime carcéral, loin des centres urbains. Je crains que ces centres deviennent des zones de non-droit. »
« Tolérance zéro »

Les requérants d’asile ne sont pas seuls à juger la situation intolérable. Des employés des entreprises de sécurité mandatées par la Confédération, Securitas et Protectas, jugent également certains comportements inacceptables. Révoltés par l’attitude de certains de leurs collègues, deux ont décidé de témoigner anonymement.

« Ce printemps, la situation est devenue très tendue. Certains agents sont allés trop loin », confie Julien*. « Le personnel de sécurité est très peu formé. Il faut de l’expérience pour immobiliser un individu. Les interventions dont je suis témoins sont très ‘sales’, elles peuvent souvent blesser les personnes que l’on cherche à immobiliser », relate Paul*. Il déplore aussi une attitude répressive. « Dans les scénarios d’exercice, les requérants d’asile sont présentés comme des gens violents en qui nous ne pouvons pas avoir confiance. »

D’après les deux agents, le recours à la violence serait régulièrement valorisé au détriment du dialogue. « On nous demande d’appliquer la tolérance zéro, sans nous expliquer ce que cela signifie. Lorsque quelque chose ne va pas, on ne cherche pas à réfléchir, on tape dedans », constate Paul. Le SEM explique que le personnel a pour instruction de désamorcer verbalement les différends chaque fois que cela est possible. La contrainte est sensée n’être utilisé qu’en dernier recours. Pour Paul, cette théorie est peu mise en pratique. « Lors de notre formation, on nous a dit qu’il fallait recourir dans un premier temps à la stratégie de désescalade, mais il n’y a aucun protocole. »

Le SEM affirme que le recours à des mesures coercitives non proportionnées n’est pas toléré et sanctionnée. Les vigiles peuvent se voir interdire de fournir des services au nom du SEM si des comportements illégaux ou intolérables sont identifiés. La responsabilité d’éventuelles autres sanctions revient aux entreprises de sécurité. « Lorsque les événements dérapent, les rapports sont rédigés par les agents eux-mêmes. Ils y mettent ce qu’ils veulent et sont couverts par la hiérarchie », commente Paul. Les deux vigiles affirment avoir été témoins de scènes lors desquelles certains de leurs collègues ont envenimé la situation, en provoquant les requérants d’asile. « On place des humains sous la surveillance d’enfants, c’est déplorable. » JJT

Prénom fictif.
« Nos conditions de travail sont lamentables »

Maigre salaire, contrats à durée déterminée, horaires éreintants, planification tardive, le tableau que décrivent les agents de sécurité est peu reluisant. « Les journées de treize heures, les horaires qui fluctuent, les services de nuit qui s’enchaînent, ça fatigue et ça rend agressif, témoigne Julien. Depuis que je travaille dans le centre d’asile de Chevrilles, j’ai vu beaucoup de casse : des burn-out, des accidents, du harcèlement. La gestion du personnel est catastrophique. »

Il affirme ne pas être serein, en raison du manque de matériel. « J’ai un collègue de 20 ans qui a travaillé sans gilet de protection. A plusieurs reprises, je n’ai pas eu de spray au poivre durant mes services et je n’avais pas de radio portative. » S’il n’excuse pas la violence, Julien pointe du doigt les entreprises de sécurité mandatées par la Confédération qui visent à maximiser les profits. « Nous ne sommes pas suffisamment formés pour gérer une telle pression. Il ne faut pas la même formation pour surveiller un parking que pour encadrer une population qui va du nourrisson à la grand-mère. », regrette-t-il.

Une nouvelle convention de travail dans le domaine de la sécurité est entrée en vigueur le 1er juin. Si les salaires d’entrée ont été augmentés de 0,5 à 1% et le travail limité à deux cent dix heures par mois, ces améliorations restent très insuffisantes pour le syndicat Unia. « Les conditions de travail offertes par le SEM et le manque de formation sont extrêmement problématiques. Les adjudications des mandats de sécurité reposent essentiellement sur le prix, non sur la compétence et la formation des agents », regrette Arnaud Bouverat, secrétaire syndical.

« Une formation solide constitue le seul rempart contre les violences. Economiser dans ce domaine n’est pas anodin : cela entraîne un danger pour la sécurité des habitants des centres et celle du personnel de sécurité » dénonce-t-il. JJT

*Prénom fictif.

►https://asile.ch/2020/06/23/le-courrier-violences-a-chevrilles

Violences à #Chevrilles

Trois #plaintes_pénales ont été déposées contre des agents de sécurité mandatés par le Secrétariat d’Etat aux migrations à Chevrilles (FR). Des vigiles dénoncent une banalisation de la violence.

https://lecourrier.ch/app/uploads/2020/06/malaise-a-chevrilles-3-936x546.jpg

Ils ont décidé de briser le silence assourdissant qui règne au lieu dit la Gouglera. Trois requérants d’asile ont porté plainte contre les entreprises de sécurité mandatées par le #Secrétariat_d’Etat_aux_migrations (#SEM) au Centre fédéral de Chevrilles (Giffers en allemand), situé en #Haute-Singine (FR). Les trois hommes confient avoir été victimes de #violences_physiques de la part d’agents de sécurité. Blessés, ils ont été pris en charge par les urgences de l’hôpital de #Fribourg, photos et constats médicaux à l’appui. Des employés de la sécurité font état d’une banalisation de la #violence dans le centre.

Le 4 mai, vers 17 h 15, Ali rentre à la Gouglera après s’être rendu à Fribourg. Lui qui a été atteint du #Covid-19 souffre encore de vertiges et souhaite se coucher. Il attend que le #service_de_sécurité le fouille et effectue le #protocole_d’entrée dans le centre. D’après ses propos, les agents l’ignorent et le font attendre trente longues minutes. Malade, il s’impatiente, cogne contre la vitre et demande aux vigiles de faire leur travail. Vexés par cette interpellation, deux agents l’auraient poussé au sol et roué de coups.

En sang devant le centre

« Lorsque j’ai dit au personnel de sécurité de faire leur travail, ils ont réagi comme si je les avais insultés, raconte Ali. Je leur ai dit d’arrêter, que j’avais du mal à respirer. Ils ont répondu qu’ils n’en avaient rien à faire. » L’homme raconte avoir erré la tête en sang devant le bâtiment, Il aurait appelé la #police qui lui aurait répondu qu’il devait négocier lui-même avec les #vigiles son retour dans le centre.

Grâce à l’aide d’un autre requérant, il parvient à prendre le bus pour Fribourg, mais perd connaissance avant d’arriver aux urgences. Des militaires l’escortent jusqu’à l’#hôpital. Après quelques heures en observation, l’hôpital paie un taxi pour le ramener à la Gouglera. Aux portes du centre, il se serait vu refuser l’entrée et aurait passé la nuit sur un banc. « Pourquoi les autorités nous traitent-elles ainsi ? » s’interroge-t-il.

Cette même journée du 4 mai, Mohamed affirme avoir aussi subi l’ire de vigiles. Il fait la sieste dans sa chambre lorsque deux agents lui demandent d’évacuer les lieux. L’un d’eux lui fait remarquer que sa chambre est sale, Mohamed décrit un ton agressif et injurieux. Il s’en plaint auprès du directeur du centre. Lorsqu’il sort de l’entretien, deux agents le prennent à part. L’un l’aurait attrapé à la gorge, tandis que l’autre lui aurait pris les pieds pour le sortir du bâtiment. Il est soudain pris d’une crise d’épilepsie.

« Au lieu de me venir en aide, les agents ont ri. J’ai marché jusqu’à la route, mais j’ai perdu connaissance. Je me suis réveillé à l’hôpital. » Le constat médical mentionne une marque d’#étranglement au niveau du cou. Selon la version des agents, Mohammed aurait été « agressé par un ami ». Celui-ci affirme pourtant que des témoins étaient présents. « Les #agressions sont très fréquentes, personne n’ose rien dire. D’autres gens viendront après nous, je porte plainte pour que cela ne se reproduise plus. »

Hospitalisé

Abdalim marche difficilement avec des béquilles depuis sa sortie de l’hôpital le 7 mai. Il considère que des vigiles de Chevrilles ont « bousillé sa vie ». « Une bagarre a éclaté, moi je discutais tranquillement avec d’autres et on m’a demandé de rentrer dans ma chambre. » Abdalim ne s’est peut-être pas exécuté aussi rapidement que le souhaitait le personnel de sécurité. Il affirme avoir été violemment poussé contre une vitre, qui s’est brisée sous le choc et l’a grièvement blessé à la jambe.

Le verre a sectionné plusieurs tendons, ce qui a nécessité une opération et une #hospitalisation de cinq jours. « J’ai traversé 23 pays, tout ça pour perdre l’usage de ma jambe en Suisse », lance l’homme en colère. D’après les agents, il aurait perdu l’équilibre et serait tombé de lui-même sur la vitre.

La police fribourgeoise affirme être intervenue une trentaine de fois au centre fédéral de Chevrilles en 2020. Depuis janvier 2019, quatre plaintes pénales ont été déposées pour des #lésions_corporelles simples. Les enquêtes sont en cours. D’après nos informations, le personnel impliqué dans ces agressions serait toujours en poste à Chevrilles. Contacté, le SEM affirme prendre la situation très au sérieux mais n’est pas autorisé à commenter les affaires en cours.

La Gouglera n’est pas le seul centre d’asile concerné par la violence. Mi-mai, l’émission alémanique Rundschau et la Wochenzeitung dénoncent une violence structurelle au sein du centre fédéral d’asile de Bâle. Viviane Luisier, de l’association Solidarité Tattes, considère ces agressions comme l’une des conséquences de la nouvelle procédure d’asile. Elle dénonce la concentration des requérants dans des centres fédéraux. « Les réfugiés sont soumis à un #régime_carcéral, loin des centres urbains. Je crains que ces centres deviennent des #zones_de_non-droit. »

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« #Tolérance_zéro »

Les requérants d’asile ne sont pas seuls à juger la situation intolérable. Des employés des entreprises de sécurité mandatées par la Confédération, #Securitas et #Protectas, jugent également certains comportements inacceptables. Révoltés par l’attitude de certains de leurs collègues, deux ont décidé de témoigner anonymement.

« Ce printemps, la situation est devenue très tendue. Certains agents sont allés trop loin », confie Julien*. « Le personnel de sécurité est très peu formé. Il faut de l’expérience pour immobiliser un individu. Les interventions dont je suis témoins sont très ‘sales’, elles peuvent souvent blesser les personnes que l’on cherche à immobiliser », relate Paul*. Il déplore aussi une attitude répressive. « Dans les scénarios d’exercice, les requérants d’asile sont présentés comme des gens violents en qui nous ne pouvons pas avoir confiance. »

D’après les deux agents, le recours à la violence serait régulièrement valorisé au détriment du dialogue. « On nous demande d’appliquer la tolérance zéro, sans nous expliquer ce que cela signifie. Lorsque quelque chose ne va pas, on ne cherche pas à réfléchir, on tape dedans », constate Paul. Le SEM explique que le personnel a pour instruction de désamorcer verbalement les différends chaque fois que cela est possible. La #contrainte est sensée n’être utilisé qu’en dernier recours. Pour Paul, cette théorie est peu mise en pratique. « Lors de notre formation, on nous a dit qu’il fallait recourir dans un premier temps à la stratégie de #désescalade, mais il n’y a aucun protocole. »

Le SEM affirme que le recours à des #mesures_coercitives non proportionnées n’est pas toléré et sanctionnée. Les vigiles peuvent se voir interdire de fournir des services au nom du SEM si des comportements illégaux ou intolérables sont identifiés. La #responsabilité d’éventuelles autres sanctions revient aux entreprises de sécurité. « Lorsque les événements dérapent, les rapports sont rédigés par les agents eux-mêmes. Ils y mettent ce qu’ils veulent et sont couverts par la hiérarchie », commente Paul. Les deux vigiles affirment avoir été témoins de scènes lors desquelles certains de leurs collègues ont envenimé la situation, en provoquant les requérants d’asile. « On place des humains sous la surveillance d’enfants, c’est déplorable. » JJT

Prénoms fictif.

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« Nos #conditions_de_travail sont lamentables »

Maigre salaire, contrats à durée déterminée, horaires éreintants, planification tardive, le tableau que décrivent les agents de sécurité est peu reluisant. « Les journées de treize heures, les horaires qui fluctuent, les services de nuit qui s’enchaînent, ça fatigue et ça rend agressif, témoigne Julien. Depuis que je travaille dans le centre d’asile de Chevrilles, j’ai vu beaucoup de casse : des burn-out, des accidents, du harcèlement. La #gestion_du_personnel est catastrophique. »

Il affirme ne pas être serein, en raison du manque de matériel. « J’ai un collègue de 20 ans qui a travaillé sans gilet de protection. A plusieurs reprises, je n’ai pas eu de spray au poivre durant mes services et je n’avais pas de radio portative. » S’il n’excuse pas la violence, Julien pointe du doigt les entreprises de sécurité mandatées par la Confédération qui visent à maximiser les profits. « Nous ne sommes pas suffisamment formés pour gérer une telle pression. Il ne faut pas la même formation pour surveiller un parking que pour encadrer une population qui va du nourrisson à la grand-mère. », regrette-t-il.

Une nouvelle #convention_de_travail dans le domaine de la sécurité est entrée en vigueur le 1er juin. Si les #salaires d’entrée ont été augmentés de 0,5 à 1% et le travail limité à deux cent dix heures par mois, ces améliorations restent très insuffisantes pour le syndicat Unia. « Les conditions de travail offertes par le SEM et le manque de #formation sont extrêmement problématiques. Les adjudications des mandats de sécurité reposent essentiellement sur le prix, non sur la compétence et la formation des agents », regrette Arnaud Bouverat, secrétaire syndical.

« Une formation solide constitue le seul rempart contre les violences. Economiser dans ce domaine n’est pas anodin : cela entraîne un danger pour la sécurité des habitants des centres et celle du personnel de sécurité » dénonce-t-il. JJT

*Prénom fictif.

▻https://lecourrier.ch/2020/06/18/malaise-a-chevrilles

Violence des protectas au Centre Fédéral de Chevrilles/Giffers : STOP au renvoi des victimes ! Non au déni de justice !

Après les violences contre Ali, Abdalim et Mohamed, une nouvelle plainte pénale contre certains agents de sécurité du Centre Fédéral d’Asile de Giffers (Chevrilles) a été déposée par Bodo, également victime de violences physiques.

À partir d’aujourd’hui, Ali, Abdalim, Mohamed et Bodo risquent d’être renvoyés de Suisse à tout moment, alors même que leurs plaintes pénales contre ces violences sont en cours !

L’avocate des plaignants a pourtant demandé la suspension des renvois pendant la procédure pénale mais le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) a refusé cette demande. Selon le SEM, les plaignants pourront bénéficier d’une brève autorisation de séjour pour revenir en Suisse si cela est nécessaire dans le cadre de la procédure pénale.

Ceci porte un nom : c’est un #déni_de_justice ! Les autorités ne peuvent garantir que les quatre hommes pourront revenir en Suisse pour participer en tant que plaignants à la procédure en cours. Le cours de la justice est donc entravé et ne peut se dérouler dans des conditions correctes.

Ce déni de justice envers les requérants d’asile n’est pas nouveau : on le retrouve dans le cas des victimes de l’incendie du Foyer des Tattes, qui a eu lieu à Genève en 2014. Cing ans après les faits, la procédure n’est toujours pas terminée et les victimes, renvoyées pour la plupart aux quatre coins du globe, sont totalement hors de portée des autorités.

Pour que la justice puisse suivre son cours, pour que les responsabilités puissent être établies, pour que la lumière soit faite sur les violences au CFA de Giffers (Chevrilles) :

nous demandons aux autorités fédérales de suspendre immédiatement les renvois d’Ali, Abdalim, Mohamed et Bodo !

Avant que d’autres violences ne se produisent, nous demandons également au Secrétariat d’État aux Migrations (SEM) :

d’ouvrir les portes des CFA aux organisations et personnes de la société civile afin de rompre l’isolement et de mettre fin à ces zones de non-droit ;
d’engager des travailleurs sociaux et soignants en nombre suffisant et ayant pour mission de SOUTENIR et de répondre aux besoins des requérant-e-s d’asile ;
d’arrêter toute collaboration avec des entreprises de sécurité privées, (telles que Protectas, Securitas ou autre), dans le cadre des CFA et autres foyers de requérants, tant que les mandats d’engagement de ces entreprises ne sont pas sérieusement révisés, garantissant la sécurité des requérants.
de mettre en place des formations complètes et obligatoires pour tout le personnel engagé, mettant l’accent sur l’encadrement social, l’intégration et le vivre-ensemble, et non sur la répression et l’isolement des requérants d’asile.

Solidarité Tattes, Droit de rester Fribourg, ACAT-Suisse

Reçu via la mailing-list de Solidarité Tattes, le 30.07.2020

Mesures de rétorsions, clinique psychiatrique et renvoi ! Visite aux requérants qui ont dénoncé les violences dans le Centre Fédéral d’Asile de Giffers

Mercredi 16 septembre, 3 membres du comité de Solidarité Tattes sont allé-e-s à Fribourg pour faire suite aux échanges avec les 4 requérants d’asile hébergés au Centre Fédéral d’Asile (CFA) de Giffers, à Fribourg. Requérants qui ont été assez courageux pour porter plainte contre les agents de sécurité de ce centre qui les ont violentés à divers moments et à divers degrés, suffisamment pour les envoyer à l’hôpital. Bref : ce sont ces 4 requérants qui ont levé le voile sur ce qui peut se passer dans ce CFA, à l’insu des citoyen-enne-s suisses dont certain-e-s pensent que cette nouveauté (la création des CFA) allait simplifier les démarches pour les requérant-e-s et pour les autorités.

Suite à la plainte déposée face à la justice par 4 requérants victimes d’agressions de la part des agents de sécurité, la vie dans le CFA ne s’est pas améliorée pour eux : les agents agresseurs sont restés en place encore plusieurs jours et semaines. Pour les 4 requérants, cela a signifié angoisse, stress, cauchemars et aussi humiliation. Deux d’entre eux ont été hospitalisés en clinique psychiatrique. De ces deux, l’un est sorti de la clinique et du CFA pour entrer en procédure nationale, enfin. C’est la seule bonne nouvelle que nous avons des 4 plaignants. Notre visite à Fribourg devait donc consister à voir les 3 requérants qui se trouvent encore dans le canton : l’un toujours en clinique psychiatrique, à qui nous avons rendu une visite de soutien, lui qui pense au suicide dès que le médecin lui parle de retourner au CFA ; et 2 autres, toujours hébergés au #CFA.

De ces deux derniers, seul l’un d’eux est venu nous retrouver au buffet de la gare de Fribourg. Il nous a dit que les 2 agents agresseurs n’étaient plus au CFA de Giffers et que cela rendait la vie moins difficile. Mais aussi, il nous a donné un nombre d’exemples stupéfiant des règles à respecter dans ce centre et dont le but ne peut être que celui de tenir les requérant-e-s en respect, de leur rappeler qu’ils-elles n’ont aucun droit et qu’ils-elles doivent se taire, se faire oublier, disparaître. Par exemple :

- Interdiction d’amener de la nourriture à l’intérieur du centre, ce qui pousse les requérants qui arrivent à s’acheter une friandise à la cacher dans les prés (!) et à la manger quand ils sont hors du centre !
- Punition dès qu’on arrive 5 minutes en retard au repas ou à l’entrée du centre après une sortie dans les environs.
- Fouilles corporelles à l’entrée et à la sortie du centre et fouilles fréquentes dans les chambres.
– Pénalités infligées mais jamais notifiées par écrit. A la question : « Pourquoi avez-vous été puni dernièrement ? Pourquoi vous prélève-t-on fréquemment de l’argent sur les 21 fr par semaine auxquels vous avez droit, au point qu’il ne vous reste jamais rien ? », la réponse est : « Je ne sais pas ! ».

Car les « pénalités » ne sont jamais assorties d’un papier qui dise la raison de la punition, la date où elle a lieu et qui l’inflige. Centre Fédéral d’Asile ? On nous parle d’un lieu fermé où règne l’arbitraire.

Quant au second requérant plaignant toujours hébergé à au CFA de Giffers, il ne viendra pas à notre rencontre. Il n’a pas le droit de sortir du centre car il a ce jour-là un rendez-vous médical, puis il devra aller au SPOMI (l’office de la population fribourgeois). A notre retour à Genève, nous apprenons… qu’il a été arrêté et emmené à l’aéroport de Genève pour son renvoi en Allemagne ! Cette personne était NEM-Dublin-Allemagne et son délai se situait à la fin de l’année. Mais il a été renvoyé maintenant, alors que la procédure de sa plainte pénale est encore en cours. Nos démarches juridiques et politiques pour demander à M. Gattiker, directeur du SEM, de ne pas renvoyer cette personne alors que la procédure pénale n’est pas close, ont été totalement inutiles. Gattiker a été inflexible.

De notre côté, nous sommes bien décidé-e-s à ne pas lâcher les 4 plaignants qui ont eu le courage de dénoncer les violences dans le CFA de Giffers et à ne pas lâcher non plus la mise au grand jour du fonctionnement inacceptable de ces zones de non-droit.

Alors c’est simple et logique : si les CFA sont déjà pareillement iniques, le Centre de renvoi prévu pour Genève en bord de piste d’atterrissage pour rendre fous adultes, adolescents et enfants ne doit jamais voir le jour.

Reçu via la mailing-list de Solidarité Tattes, le 22.09.2020

Le « #procès_de_Giffers », pour donner la parole à 4 requérants violentés

Ce lundi 23 mai 2022 débute à Fribourg le « procès de Giffers ». En mai 2020, en plein premier confinement, 4 requérants d’asile hébergés au Centre Fédéral d’Asile (CFA) de Giffers portent plainte contre des violences subies à l’intérieur de ce centre.

Rappel des faits

Le 3 mai 2020, Ali, requérant camerounais, demande aux Protectas du CFA de Giffers, où il réside, de bien vouloir le laisser entrer rapidement (fouille obligatoire à l’entrée du CFA). Etant convalescent (COVID-19), il se sent faible et n’arrive plus à attendre que les Protectas aient terminé de discuter entre eux. Le ton s’enflamme immédiatement : deux Protectas le poussent violemment et le frappent. Ali se rend à l’hôpital : le constat fait état de multiples contusions. A son retour au centre vers 22h, les Protectas lui interdisent l’entrée : il doit dormir sur un banc à l’entrée.

Ce même 3 mai 2020, Abdalim, requérant marocain, se voit intimer l’ordre de regagner sa chambre. N’ayant pas obtempéré suffisamment rapidement aux yeux du Protectas, celui-ci le pousse violemment contre une vitre, ce qui lui sectionne les tendons de la jambe. Il est hospitalisé puis opéré. Il doit ensuite marcher avec des béquilles pendant de long moins et souffre encore aujourd’hui de douleurs à la jambe.

Le 4 mai 2020, Mohamed, requérant algérien qui souffre d’épilepsie, subit lui aussi une agression de la part des Protectas. Ceux-ci veulent fouiller sa chambre et ils lui disent qu’elle est sale. Mohamed refuse. Deux Protectas l’agressent en l’empêchant de respirer. La situation provoque chez Mohamed une crise d’épilepsie et il est emmené à l’hôpital : le constat médical fait état d’une agression par étranglement avec une marque antérieure au niveau du cou.

Le dernier plaignant, Bodo, est un requérant ivoirien. Il s’est quant à lui fait violenter alors que les agents cherchaient à l’emmener de force à l’isolement. Son seul tort était de se soucier d’un rendez-vous médical qu’il ne voulait pas manquer, au risque de voir ce rendez-vous reporté plusieurs semaines après.

Giffers, un cas isolé ?

Mais Giffers n’est pas le seul CFA concerné. Les CFA de Bâle, Boudry, Altstätten et Vallorbe sont touchés par des faits similaires. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure d’asile et l’ouverture des CFA en 2019, de nombreux cas de violences ont été dénoncés et documentés par diverses associations. Certaines de ces violences ont largement été relayées par les médias.

Courant 2021, Amnesty International a publié un rapport dénonçant les violations des droits humains ayant lieu dans les CFA. Émission phare de la RTS, Temps Présent a diffusé en février dernier une enquête faisant état de dysfonctionnements systémiques dans la gestion des CFA et de dérapages répétés de la sécurité. Les petites associations de défense des droits des personnes migrantes ont de leur côté joué un rôle déterminant, de par leur travail et connaissance du terrain, dans l’éclatement au grand jour de la triste réalité des CFA.

Les CFA, un système diysfonctionnel

En ce qui concerne le « procès de Giffers », les violences dénoncées illustrent tristement les conditions d’accueil dans les CFA. Et ces violences ne sont pas des actes isolés, puisque le système des CFA est fondé sur la répression et l’isolement.

En effet, les sommes allouées par la Confédération à la « sécurité » dans les CFA sont supérieures aux montants dédiés à l’encadrement social et sanitaire. Ce ne sont pas quelques heures de formation sur la thématique de l’asile qui vont transformer un agent de sécurité en travailleur social. Les requérant-es d’asile ne sont pas libres de sortir et de rentrer au centre en dehors de certains horaires, ils sont soumis à des fouilles à leur retour au centre, ils n’ont pas le droit d’amener leur propre nourriture à l’intérieur du centre, etc. La gestion des CFA se fait dans un contexte de suspicion généralisée à l’égard des requérant-es. C’est par exemple au moment de se faire fouiller à son retour au centre qu’un des quatre plaignants qui passe en jugement dès aujourd’hui déclare s’être fait frapper.

À relever : les faits qui seront jugés datent d’il y a deux ans. Depuis lors, 3 des 4 requérants ayant déposé plainte ont quitté la Suisse, car ils avaient reçu des décisions négatives concernant leur procédure d’asile. À l’évidence, l’accès à la justice est beaucoup plus limité pour des personnes requérantes que pour des personnes disposant d’un droit de séjour en Suisse. En l’absence de preuves (le SAS d’entrée du centre où ont eu lieu certains des faits qui seront jugés est pourtant équipé d’une caméra de surveillance), les requérants ayant eu le courage de porter plainte n’ont que peu de chances d’obtenir gain de cause dans leur cas précis.

Alors un procès… pourquoi ? Ces 4 plaignants requérants et déboutés ont contribué à dévoiler au grand jour la réalité du système des CFA et des violences qui s’y déroulent habituellement dans le silence. C’est entre autre grâce à leur détermination que la société civile suisse a été mise au courant des traitements inhumains qui se déroulent dans notre pays. Même si les 4 plaignants, qui ne pourront pas tous être présents lors du procès, ne gagneront probablement rien à son issue, le « procès de Giffers » forcera l’attention publique à se tourner encore du côté des CFA.

La Suisse accueille par milliers et dans la dignité les personnes fuyant le conflit russo-ukrainien. Un accueil humain est donc possible ! Espérons que ce procès servira à démontrer que les CFA induisent forcément des violences et qu’un accueil digne passe par la fermeture des centres fédéraux d’asile !

Droit de Rester Fribourg & Solidarité Tattes

Reçu via la mailing-list de Solidarité Tattes, le 17.05.2022

LE « PROCES DE GIFFERS » : RENVOYÉ !

Il y a quelques jours, on vous annonçait l’ouverture du "procès de Giffers" agendé le lundi 23 mai à Fribourg. Ce procès devait donner la parole à Ali, Arkab, Mohammed et Bodo, les quatre personnes violentées par des agents de sécurité du Centre fédéral d’asile du même nom, en 2020. Ces quatre personnes requérantes d’asile avaient eu le courage de porter plainte pour les mauvais traitements qui leur avaient été infligés par les agents de sécurité, ce qui avait contribué à dévoiler les graves exactions commises dans les CFA partout en Suisse.

Pourtant, le procès n’a pas pu avoir lieu, notamment parce que ni Ali ni Arkab ni Mohammed n’étaient présents. Pas étonnant : trois de ces personnes ont dû fuir les autorités suisses peu après le dépôt de leur plainte afin d’éviter un renvoi musclé ! Ils se sont donc retrouvés à la rue, dispersés dans différents pays d’Europe. Nous avions pourtant alerté le SEM en 2020 : il semblait évident que la menace de renvoi était une entrave à la justice. Mais le SEM nous avait répondu, à nous mais également aux conseillers nationaux les ayant alertés, que non, que ce n’était pas un problème, qu’un renvoi n’entravait en rien la justice et que le jour du procès ces personnes pourraient alors revenir en Suisse. L’avocate aussi avait demandé au SEM de suspendre les expulsions des requérants concernés, le temps de la procédure, mais en vain.

Alors nous pouvons redire aujourd’hui que, oui, l’intimidation et le renvoi de 3 des requérants-victimes- plaignants vivant hors de Suisse est un obstacle à la justice. Tout d’abord parce que ces personnes vivent dans la rue et ne sont pas facilement atteignables, parce qu’elles n’ont pas toujours l’argent pour manger et à plus forte raison pour recharger leur téléphone, parce qu’elles préfèrent disparaître à tout jamais pour ne plus avoir à faire avec les autorités suisses.

Pour les 2 hommes hors de Suisse encore en contact avec l’avocate (le 3ème ne répond plus), un sauf-conduit a été émis. Mais rien n’a été pris en charge en termes de frais de voyage et d’hébergement à Fribourg. Il s’agit pourtant de personnes indigentes et allophones, qui de toute manière n’auraient eu aucun espace ni moment pour préparer le procès avec leur avocate.

Le 23 mai, l’avocate a eu toutefois la possibilité de dire que ses mandants n’avaient pas eu droit à un procès équitable, ni droit à une enquête sur les violations des droits humains qu’ils dénoncent. Ils n’ont pas été protégés par le SEM qui les a fait taire en les intimidant et les expulsant, avant même que l’autorité pénale ne les entende. Toute l’instruction s’est faite dans leur dos, sans qu’ils puissent assister ni aux auditions des témoins ni à celles de leurs accusateurs. En bref, l’autorité pénale a créé toutes les conditions pour faire voir dans cette procédure une affaire de droit commun, alors qu’on était confronté à la violence d’état.

Le procès a donc été ajourné, il aura lieu en septembre ! On vous tiendra au courant de la suite.

« Je ne savais pas que les humains pouvaient nous faire ça ».

Citation d’un des 4 requérants plaignants ayant subi des violences par les Protectas de Giffers

Reçu via la mailing-list de Solidarité Tattes, le 30.05.2022

Renvoi du « #procès de Giffers » : l’injustice suit son cours

Les humiliations, les coups : de quoi déposer plainte. Les 4 requérants d’asile insultés et agressés par des agents de sécurité au centre fédéral d’asile de Giffers ont osé faire usage de leur droit en mai 2020. Un premier procès devait débuter le 23 mai 2022, mais il n’a pas eu lieu parce que… le procureur ne s’est pas présenté ! A relever que 3 des 4 plaignants non plus n’étaient pas là : expulsés ou disparus, avalés par le système d’asile. Le procès a alors été agendé pour septembre 2022, mais il n’aura finalement pas lieu parce que le tribunal vient de se rendre compte que l’instruction n’a pas été menée comme il se doit : les prévenus n’ont pas été entendus… Bref : le système judiciaire suisse n’a visiblement pas réussi à réaliser le B.A. BA de la procédure !

En 2020, suite au dépôt de leur plainte, les 4 requérants d’asile étaient sûrs que justice leur serait rendue. Ils étaient sûrs que les violences qu’ils venaient de subir, ici en Suisse, étaient des faits exceptionnels que leur pays d’accueil n’allait pas excuser sans autres : les agents de sécurité incriminés allaient être jugés, punis, licenciés de leur travail. Le fait d’obtenir un dédommagement financier n’était pas dans leurs préoccupations ni dans leurs discussions, ils ne voulaient pas d’argent, ils voulaient la justice et ils étaient sûr de l’obtenir.

Entre mai 2020 et septembre 2022, un des requérants a été expulsé, un autre n’a pas attendu d’être chassé manu militari pour partir. Un troisième, ayant compris au cours d’une discussion que la justice ne se prononcerait pas facilement en faveur des plaignants, a « disparu » également. Seul un des plaignants est encore atteignable à ce jour.

Par deux fois, le « procès de Giffers » s’est agendé mais n’a pas eu lieu. Pendant ce temps, les plaignants vivent dans la rue hors de Suisse (« disparaître » signifie bien cela : sortir des radars de l’asile et dormir dans la rue, quelque part dans une ville européenne), leur droit fondamental n’est pas respecté, les violences exercées à leur encontre se perdent dans les sables, et si ce procès devait avoir lieu un jour, ce serait une triste farce qui énoncerait des noms, des responsabilités, des peines, des dédommagements pour des personnes qui sont inatteignables et ne le sauraient même pas. Sans parler du fait que les véritables coupables ne sont jamais pointés du doigt ! La violence inhérente au système d’asile, ce système orchestré par le SEM et les autorités suisse, mis en œuvre par l’Hospice général à Genève ou des sociétés privées dans les CFA, sortent de là sans une égratignure.

Difficile de ne pas faire le rapprochement entre le « procès de Giffers » et le « procès des Tattes » à Genève : même lenteur pour organiser les audiences (il y a 8 ans que la catastrophe a eu lieu), même irrespect du droit des sinistrés (sur les 40 défenestrés, la plupart sont partis apeurés ou ont été expulsés). Un jugement a été rendu en 2021, il est remis en question par l’avocate chargée de l’affaire. Mais on peut relever déjà que ce premier jugement met la faute sur… l’homme décédé dans le feu, les irresponsables qui ne respectent pas les précautions anti-incendie, les indisciplinés qui ont sauté par la fenêtre !

Des procédures qui traînent, des procès qui ne peuvent même pas avoir lieu et, surtout, les véritables coupables (ceux qui tirent les ficelles de ce système d’asile) jamais incriminés…
Que ce soit cette année ou dans 10 ans, ce procès n’amènera qu’une seule preuve irréfutable : un-e requérant-e d’asile n’a aucun droit en Suisse, il ne peut pas se défendre et n’importe qui peut impunément l’insulter, le tabasser, le violenter.

Reçu via la mailing-list de Solidarité Tattes, le 21 septembre 2022

Νέα παράταση εγκλεισμού στα ΚΥΤ των νησιών με πρόσχημα τον κορονοϊό

Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, η κυβέρνηση θα έπρεπε να τον είχε εφεύρει για να μπορέσει να περάσει ευκολότερα την ακροδεξιά της ατζέντα στο προσφυγικό.

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας του κορονοϊού η κυβέρνηση αντιμετώπισε την πανδημία όχι σαν κάτι από το οποίο έπρεπε να προστατέψει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ζουν στις δομές, αλλά αντιθέτως σαν άλλη μια ευκαιρία για να τους στοχοποιήσει σαν υποτιθέμενη υγειονομική απειλή. Εξού και δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας των δομών, αγνοώντας επιδεικτικά τις επείγουσες συστάσεις ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων.

Δεν προχώρησε ούτε στην άμεση εκκένωση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης από τους περισσότερους από 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στον κορονοϊό - άνθρωποι ηλικιωμένοι ή με χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Αντιθέτως, ανέβαλε στην πράξη με προσχηματικές αοριστολογίες ή και σιωπηρά για τουλάχιστον δύο μήνες τη σχετική συμφωνία που είχε κάνει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την κυρία Γιόχανσον στις αρχές Απριλίου.

Με άλλα λόγια, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, η κυβέρνηση θα έπρεπε να τον είχε εφεύρει για να μπορέσει να περάσει ευκολότερα την ακροδεξιά της ατζέντα στο προσφυγικό. Στην πραγματικότητα, αυτό ακριβώς κάνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου : χρησιμοποιεί την πανδημία του κορονοϊού για να παρατείνει ξανά και ξανά την καραντίνα σε δομές. Ιδίως στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά, όπου εξελίχθηκαν σε φιάσκο οι άτσαλες και βιαστικές απόπειρες του υπουργού Νότη Μητασράκη και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να επιβάλουν με επιτάξεις, απευθείας αναθέσεις και άγρια καταστολή έργα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέων Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, πολλαπλάσιας χωρητικότητας από ατυτή των σημερινών.

Η επιβολή καραντίνας στα ΚΥΤ στα νησιά ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου, αρκετά πριν την επιβολή καραντίνας στο γενικό πληθυσμό, και από τότε ανανεώνεται συνεχώς. Το Σάββατο 20 Ιουνίου οι υπουργοί Μηταράκης και Χρυσοχοΐδης έδωσαν άλλη μια παράταση υγειονομικού αποκλεισμού των ΚΥΤ μέχρι τις 5 Ιουλίου, οπότε και θα συμπληρωθούν 3,5 μήνες συνεχούς καραντίνας. Τουλάχιστον για τα μάτια των ξενοφοβικών, καθώς στην πράξη οι αρχές αδυνατούν να επιβάλουν καραντίνα σε δομές που εξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση έξω από τους οριοθετημένους χώρους των ΚΥΤ.

Οι υπουργοί ανακοίνωσαν επίσης παράταση της καραντίνας στις δομές της Μαλακάσας, της Ριτσώνας και του Κουτσόχερου, όπου είχαν εμφανιστεί κρούσματα πριν από πολλές εβδομάδες, και έκτοτε δεν υπάρχει ενημέρωση για νέα κρούσματα μέσα στις δομές, παρόλο που έχει παρέλθει προ πολλού το προβλεπόμενο χρονικό όριο της καραντίνας.

Πρόκειται για σκανδαλωδώς προκλητική διαχείριση, επικοινωνιακή και μόνο, τόσο του προσφυγικού και μεταναστευτικού όσο και του ζητήματος του κορονοϊού.

►https://www.efsyn.gr/node/248622

#hotspot #hotpspots

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Avec ce commentaire de Vicky Skoumbi, reçu le 21.06.2020 via la mailing-list Migreurop :

Sous des prétexte fallacieux, le gouvernement prolonge une énième fois les mesures de restriction de mouvement pour les résidents de hotspots dans les #îles et pour trois structures d’accueil au continent, #Malakasa, #Ritsona et #Koutsohero. Le 5 juillet, date jusqu’à laquelle court cette nouvelle #prolongation, les réfugiés dans les camps auront passés trois mois et demi sous #quarantaine. Je rappelle que depuis au moins un mois la population grecque a retrouvé une entière liberté de mouvement. Il est fort à parier que de prolongation en prolongation tout le reste de l’été se passera comme cela, jusqu’à la création de nouveaux centres fermés dans les îles. Cette éternisation de la quarantaine -soi-disant pour des raisons sanitaires qu’aucune donné réel ne justifie, transforme de fait les hotspots en #centres_fermés anticipant ainsi le projet du gouvernement.

#stratégie_du_choc

Pro-migrant protests in Athens as Greece extends lockdown

Following protests in Athens slamming the government for its treatment of migrants, the Greek government over the weekend said it would extend the COVID-19 lockdown on the migrant camps on Greek Aegean islands and on the mainland.

Greece has extended a coronavirus lockdown on its migrant camps for a further two weeks. On Saturday, Greece announced extension of the coronavirus lockdown on its overcrowded and unsanitary migrant camps on its islands in the Aegean Sea for another fortnight.

The move came hours after some 2,000 people protested in central Athens on Saturday to mark World Refugee Day and denounced the government’s treatment of migrants.

The migration ministry said migrants living in island camps as well as those in mainland Greece will remain under lockdown until July 5. It was due to have ended on Monday, June 22, along with the easing of general community restrictions as the country has been preparing to welcome tourists for the summer.

The Greek government first introduced strict confinement measures in migrant camps on March 21. A more general lockdown was imposed on March 23; it has since been extended a number of times. No known coronavirus deaths have been recorded in Greek migrant camps so far and only a few dozen infections have surfaced. Rights groups have expressed concern that migrants’ rights have been eroded by the restrictions.

On May 18, the Greek asylum service resumed receiving asylum applications after an 11-week pause. Residence permits held by refugees will be extended six months from their date of expiration to prevent the service from becoming overwhelmed by renewal applications.

’No refugee homeless, persecuted, jailed’

During the Saturday protests, members of anti-racist groups, joined by residents from migrant camps, marched in central Athens. They were holding banners proclaiming “No refugee homeless, persecuted, jailed” and chanting slogans against evictions of refugees from temporary accommodation in apartments.

https://scd.infomigrants.net/media/resize/my_image_big/cf6406dbca9574530667848f3740628c0bf0b16a.jpeg

More than 11,000 refugees who have been living in reception facilities for asylum seekers could soon be evicted. Refugees used to be able to keep their accommodation for up to six months after receiving protected status.

But the transitional grace period was recently reduced significantly: Since March of this year, people can no longer stay in the reception system for six months after they were officially recognized as refugees — they only have 30 days.

Refugee advocacy groups and UNHCR have expressed concern that the people evicted could end up homeless. “Forcing people to leave their accommodation without a safety net and measures to ensure their self-reliance may push many into poverty and homelessness,” UNHCR spokesperson Andrej Mahecic said last week.

The government insists that it is doing everything necessary “to assure a smooth transition for those who leave their lodgings.”

Moreover, UNHCR and several NGOs and human rights groups have spoken out to criticize the Greek government’s decision to cut spending on a housing program for asylum seekers by up to 30%. They said that it means less safe places to live for vulnerable groups.

Asylum office laments burden, defends action

In a message for World Refugee Day, the Ministry for Migration and Asylum said Greece has found itself “at the centre of the migration crisis bearing a disproportionate burden”, news agency AFP cites.

“The country is safeguarding the rights of those who are really persecuted and operates as a shield of solidarity in the eastern Mediterranean,” it added.

Government officials have repeatedly said Greece must become a less attractive destination for asylum seekers.

The continued presence of more than 36,000 refugees and asylum seekers on the islands — over five times the intended capacity of shelters there — has caused major friction with local communities who are demanding their immediate removal.

An operation in February to build detention centers for migrants on the islands of Lesbos and Chios had to be abandoned due to violent protests.

Accusations of push-backs

Greece has also been repeatedly accused of illegal pushbacks by its forces at its land and sea borders, which according to reports have spiked since March.

On land, a Balkans-based network of human rights organizations said migrants reported beatings and violent collective expulsions from inland detention spaces to Turkey on boats across the Evros River. In the Aegean, a recent investigation by three media outlets claims that Greek coast guard officers intercept migrant boats coming from Turkey and send them back to Turkey in unseaworthy life rafts.

Athens has repeatedly denied using illegal tactics to guard its borders, and has in turn accused Turkey of sending patrol boats to escort migrant boats into its waters.

According to UNHCR, around 3,000 asylum seekers arrived in Greece by land and sea since the start of March, far fewer people than over previous months. Some 36,450 refugees and asylum seekers are currently staying on the Aegean islands.

►https://www.infomigrants.net/en/post/25521/pro-migrant-protests-in-athens-as-greece-extends-lockdown

#résistance

Voir aussi ce fil de discussion :
Greece ready to welcome tourists as refugees stay locked down in Lesbos
►https://seenthis.net/messages/858847

Greek government must end lockdown for locked up people on Greek islands

COVID-19-related lockdown measures have had an impact on the lives of everyone around the world and generated increasing levels of stress and anxiety for many of us. However, the restriction of movement imposed in places like Moria and Vathy, on the Greek islands, have proven to be toxic for the thousands of people contained there.

When COVID-19 reached Greece, more than 30,000 asylum seekers and migrants were contained in the reception centres on the Greek islands in appalling conditions, without access to regular healthcare or basic services. Médecins Sans Frontières (MSF) runs mental health clinics on the islands.

In March 2020, a restriction of movement imposed by the central government in response to COVID-19 has meant that these people, 55 per cent of whom are women and children, have essentially been forced to remain in these overcrowded and unhygienic centres with no possibility to escape the dangerous conditions which are part of their daily life.

Despite the fact that there have been zero cases of COVID-19 in any of the reception centres on the Greek islands, and that life has returned to normal for local people and tourists alike, these discriminatory measures for asylum seekers and migrants continue to be extended every two weeks.

Today, these men, women and children continue to be hemmed in, in dire conditions, resulting in a deterioration of their medical and mental health.

“The tensions have increased dramatically and there is much more violence since the lockdown, and the worst part is that even children cannot escape from it anymore,” says Mohtar, the father of a patient from MSF’s mental health clinic for children. “The only thing I could do before to help my son was to take him away from Moria; for a walk or to swim in the sea, in a calm place. Now we are trapped.”

MSF cannot stay silent about this blatant discrimination, as the restriction of movement imposed on asylum seekers dramatically reduces their already-limited access to basic services and medical care.

In the current phase of the COVID-19 epidemic in Greece, this measure is absolutely unjustified from a public health point of view – it is discriminatory towards people that don’t represent a risk and contributes to their stigmatisation, while putting them further at risk.

“The restrictions of movement for migrants and refugees in the camp have affected the mental health of my patients dramatically,” says Greg Kavarnos, a psychologist in the MSF Survivors of Torture clinic on Lesbos. “If you and I felt stressed and were easily irritated during the period of the lockdown in our homes, imagine how people who have endured very traumatic experiences feel now that they have to stay locked up in a camp like Moria.”

“Moria is a place where they cannot find peace, they cannot find a private space and they have to stand in lines for food, for the toilet, for water, for everything,” says Kavarnos.

COVID-19 should not be used as a tool to detain migrants and refugees. We continue to call for the evacuation of people, especially those who belong to high-risk groups for COVID-19, from the reception centres to safe accommodation. The conditions in these centres are not acceptable in normal times however, they have become even more perilous pits of violence, sickness, and misery when people are unable to move due to arbitrary restrictions.

►https://www.msf.org/covid-19-excuse-keep-people-greek-islands-locked

La Grèce prolonge à nouveau le confinement dans les camps de migrants

Athènes a annoncé vendredi une prolongation jusqu’à la fin du mois d’août du confinement dans les camps de migrants installés sur ses îles et le continent. Le pays connaît une hausse du nombre d’infections mais aucun décès n’a encore été enregistré dans les camps de migrants.

Les camps de migrants de Grèce resteront confinés au moins jusqu’à la fin du mois d’août. Vendredi 31 juillet, le ministère des Migrations a déclaré que le confinement – entré en vigueur le 21 mars – sera prolongé jusqu’au 31 août "pour prévenir l’apparition et la diffusion des cas de coronavirus". Il s’agit de la 6e prolongation du confinement des camps de migrants, alors que la population grecque, elle, est sortie du confinement le 4 mai dernier.

La Grèce, avec 203 décès dus au Covid-19, n’a pas été aussi sévèrement touchée que d’autres pays européens et aucun décès n’a été enregistré dans les camps de migrants.

Mais ces derniers sont surpeuplés, en mer Egée particulièrement. Plus de 26 000 demandeurs d’asile y vivent, pour une d’une capacité d’accueil de moins de 6 100 places. Une situation qui génère de plus en plus de tensions avec la population locale.

Néanmoins, la prolongation du confinement des seuls camps de migrants ne constitue pas moins une discrimination manifeste des droits des personnes migrantes, ont dénoncé de nombreuses ONG dans un communiqué publié le 17 juillet.

“Nous sommes de plus en plus inquiets car les températures montent, nous sommes au milieu de l’été, et les migrants sont obligés de vivre dans des espaces saturés avec trop peu d’accès à l’hygiène, l’eau manque ainsi que les produits sanitaires dans la plupart des camps. Il y a un donc un risque que ces prolongement indéterminés provoquent d’importants problèmes sanitaires au sein des camps puisque les gens ne peuvent même plus sortir pour se faire soigner ou acheter des médicaments et des produits de première nécessité”, a indiqué à InfoMigrants Adriana Tidona, chercheuse spécialiste des questions migratoires en Europe pour Amnesty International.
Augmentation du nombre de cas

Si les autorités grecques veulent que les migrants restent dans des camps, elles invitent les touristes à venir dans le pays. Les aéroports grecs et les frontières ont ainsi été rouverts aux touristes étrangers. Or, ces mesures se sont accompagnées d’une augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans le pays.

Depuis le 1er juillet, plus de 340 cas confirmés ont été enregistrés parmi les près de 1,3 million de voyageurs entrant en Grèce, a indiqué mardi la protection civile

Mardi, la Grèce a annoncé qu’elle rendait le masque obligatoire dans les magasins, les banques, les services publics et la quasi-totalité des lieux clos, en réponse à une résurgence des infections.

►https://www.infomigrants.net/fr/post/26383/la-grece-prolonge-a-nouveau-le-confinement-dans-les-camps-de-migrants

Suite aux premiers cas de #covid-19 dans des #camps_de_réfugiés en #Grèce (►https://seenthis.net/messages/874186) et après avoir plusieurs fois prolongé le #confinement dans ces mêmes camps (►https://seenthis.net/messages/860092), le gouvernement grec annonce la création imminente de #centres_fermés...
►https://seenthis.net/messages/874742

Grèce : prolongation du confinement dans les camps de migrants

Plus de 24.000 demandeurs d’asile sont logés dans des camps insalubres, d’une capacité d’accueil de moins de 6100 places.

La Grèce a annoncé vendredi 28 août une prolongation jusqu’au 15 septembre du confinement imposé aux migrants dans les camps aux portes d’entrée de l’Europe, sur les îles et à la frontière terrestre du pays, qui connaît une résurgence des cas de coronavirus. Le confinement des camps, entré en vigueur le 21 mars, sera prolongé jusqu’au 15 septembre « pour empêcher l’apparition et la propagation des cas de coronavirus », a déclaré le ministère des Migrations.

La présence de plus de 24.000 demandeurs d’asile dans des camps insalubres, d’une capacité d’accueil de moins de 6100 places, situés sur les cinq îles de la mer Égée, est une source d’inquiétude pour les autorités.

Mais les ONG ont plusieurs fois dénoncé l’enfermement des demandeurs d’asile dans ces structures qui ne sont pas adaptées pour mettre en place les mesures barrières nécessaires. Les nouveaux arrivants sur les îles grecques sont par ailleurs placés en quarantaine dans des structures séparées pour ne pas prendre le risque de contaminer tout le camp. Alors que les arrivées s’étaient taries pendant le confinement, elles ont repris légèrement pendant l’été.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les gardes-côtes grecs ont entrepris une opération de sauvetage d’un voilier au large de l’île de Rhodes avec à bord 55 migrants. Mercredi, la police portuaire avait déjà effectué une opération similaire au large de l’île de Halki et avait secouru 96 personnes. Pour la troisième journée consécutive, des recherches se poursuivent pour retrouver un homme de 35 ans et son fils de 4 ans, portés disparus depuis le naufrage selon la mère de l’enfant. La Grèce, avec 254 décès dus au Covid-19, n’a pas été aussi sévèrement touchée que d’autres pays européens, et aucun décès n’a été enregistré dans les camps de migrants.

▻https://www.lefigaro.fr/flash-actu/grece-prolongation-du-confinement-dans-les-camps-de-migrants-1-20200828

More camps locked down

https://www.ekathimerini.com/resources/2020-09/camp_web-thumb-large.jpg

Migrant reception centers in #Thiva, central Greece, and Serres, in the country’s north, have been put on lockdown following outbreaks of the coronavirus.

The lockdowns were announced on Saturday in a joint decision by the ministries of Migration, Citizens’ Protection and Health and are to remain in force until October 9 when they will be reviewed.

Migrant facilities in Elaionas, Malakasa, Oinofyta, Ritsona, Schistos, Koutsohero and Fylakio, on the mainland, and on the islands of Samos and Leros are also under lockdown following outbreaks there.

On Lesvos, following the destruction of the Moria camp in fires earlier this month, migrants have been transferred to a temporary facility where Covid-19 infected residents have been segregated.

▻https://www.ekathimerini.com/257425/article/ekathimerini/news/more-camps-locked-down

ping @deka

Gewalt im Asylheim, Schwedens Sonderweg, Verkupplungsboom

Ein Asylsuchender rastet aus und greift einen Sicherheitsmann an. Dieser ruft Verstärkung. Der Migrant wird auf den Boden gedrückt und verletzt sich. Die «Rundschau» ist Gewaltvorwürfen in einem Asylzentrum nachgegangen. Ausserdem: Hat es Schweden besser im Griff? Und: Risikoperson sucht Partnerin.

►https://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/gewalt-im-asylheim-schwedens-sonderweg-verkupplungsboom?id=539cd587-8b5e-46b0-bb

Tatort Besinnungsraum

Recherchen zeigen: Im Basler Bundesasylzentrum Bässlergut kommt es immer wieder zu Gewalt. Die Behörden wiegeln ab. Doch brisanter als die einzelnen Fälle ist die Systematik.

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Ein Tag Ende April. Lotfi Rezgani sitzt auf einem der Metallstühle, die im Basler Horburgpark herumstehen. Hebt er beim Reden die Arme, klackern die Reissverschlüsse auf seiner schwarzen Lederjacke und verleihen dem Gesagten noch mehr Dringlichkeit: «Man hört immer, die Schweiz sei das Land der Gerechtigkeit. Heute weiss ich, dass das nicht stimmt.»

Der zweifache Familienvater stammt aus Tunesien und ist in den Horburgpark gekommen, um von der Gewalt zu berichten, der er und andere Asylsuchende im Basler Bundeszentrum Bässlergut im Niemandsland zwischen Gefängnis, Autobahn und Landesgrenze ausgesetzt sind. Einer Gewalt, von der er selbst einen blauen Knöchel davongetragen hat, die in anderen Fällen aber auch schon mit einem mehrtägigen Spitalaufenthalt endete.

Über Wochen haben die WOZ und die SRF-«Rundschau» mit Asylsuchenden, Securitas-Mitarbeitenden und AktivistInnen gesprochen. Dank des Öffentlichkeitsgesetzes konnte zudem Einsicht in vertrauliche Protokolle der Sicherheitsleute aus den letzten vier Jahren genommen werden. Bis auf Rezgani wollen alle GesprächspartnerInnen anonym bleiben: die Asylsuchenden, weil sie Angst um ihr Verfahren haben, die Securitas-MitarbeiterInnen, weil sie eine Kündigung befürchten. Die gemeinsame Recherche zeigt erstmals das Ausmass der Gewalt im Bässlergut – und macht die gewalttätigen Strukturen des Schweizer Asylsystems sichtbar.
Diszipliniert und fixiert

Im Zentrum der Konflikte steht oft ein Ort, der im Behördenjargon «Besinnungsraum» heisst und den die Asylsuchenden «Silo» oder «Zelle» nennen: ein kleines, fensterloses Zimmer, ausgestattet mit einer Matratze und verriegelt durch eine schwere Metalltür. Räume wie diese stehen in den meisten Bundeszentren zur Verfügung – als Ultima Ratio, um BewohnerInnen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Bässlergut gibt es gleich zwei davon. «Wenn man zu spät ins Zentrum kommt oder Probleme macht, muss man dorthin», sagt Rezgani.

Nach der dienstlichen Anweisung des Staatssekretariats für Migration (SEM) beträgt die «maximale Isolationszeit» im Besinnungsraum zwei Stunden. Im Bässlergut wurden aus zwei Stunden auch schon ganze Nächte, wie die Protokolle des Sicherheitsdiensts zeigen. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter übt grundsätzliche Kritik an der Massnahme: Sie geschehe ohne hinreichende gesetzliche Grundlage, schreibt das Gremium in einer Untersuchung von 2018.

Die Konflikte, die im Besinnungsraum enden, beginnen meist mit einer Kleinigkeit: Ein Bewohner darf sein Handy nicht auf dem Gang aufladen, ein anderer kommt zu spät ins Zentrum, es gibt Probleme bei der Essensausgabe. Aus Protesten gegen die Disziplinierungsmassnahmen der Sicherheitsleute kann schnell ein handfester Streit werden.

Protokoll vom 27. Dezember 2019, Titel: «Aggressiver AS», Eintrag von 9.00 Uhr: «Der AS [Asylsuchende] weigert sich renitent aus dem Bett zu kommen und beschimpft alle Anwesenden. Der AS zeigt ein erhöhtes Aggressionsverhalten. […] AS versucht ODS [Ordnungsdienstspezialist] einen Faustschlag zu geben. ODS geht dazwischen und wehrt Situation verhältnismässig mit SV [Selbstverteidigung] ab. Daraufhin fixieren ODS den AS verhältnismässig und bringen ihn zum Besinnungsraum. Während dem Fixieren wehrt sich der AS mit voller Kraft und stösst sich beim Türrahmen.» Nächster Eintrag, 9.45 Uhr: «Der AS klagt über starke Schmerzen in der linken Bauchgegend und verlangt einen Krankenwagen.»

Schmerzen im Bauch durch eine Selbstverletzung am Türrahmen? Der betroffene Asylsuchende, mit dem die WOZ sprechen konnte, schildert die Ereignisse anders: «Ich war krank und habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Am Morgen kamen die Securitas, es war sehr kalt, doch sie öffneten das Fenster, nahmen mir die Decke weg. Sie nahmen mich mit Gewalt mit und brachten mich in den Raum. Dort schlugen sie mich in den Bauch, bis ich nicht mehr atmen konnte. Ich kam für zwei Tage ins Spital.»

Ein weiteres Beispiel aus einem Protokoll der Securitas, datiert vom 3. Februar 2020, Titel: «Versuchter Angriff auf Securitas-Mitarbeiter», Eintrag um 12.10 Uhr: «AS wollte bei der Essensausgabe ohne Karte essen beziehen. ORS [Mitarbeiter der Betreuungsfirma] sagte zum AS, dass er die Karte vorher holen muss. AS war das egal und nahm sich trotzdem Essen. […] ODS versucht zu deeskalieren und dem AS nochmals die Hausregeln zu erläutern jedoch erfolglos.»

Nächster Eintrag, 12.12 Uhr: «Als ODS die Türe zum Logenbereich öffnete, sah der AS den ODS und wollte ihn unverzüglich angreifen. Daraufhin wird Notwehr angewendet und der AS wird verhältnismässig fixiert und in den Besinnungsraum platziert. Er wird nach Leitfaden auf gefährliche Gegenstände durchsucht und die Türe wird arretiert.»

Auch diesmal weicht die Version des betroffenen Asylsuchenden von jener des Sicherheitsdiensts ab: «Der Securitas wollte, dass ich die Identitätskarte zum Essen mitnehme. Wenn ich keine habe, müsse ich auf die neue warten. Ich habe mir dann einfach etwas genommen. Der Securitas nahm mir das Essen weg, steckte mich in den Raum und schlug mich. Bis abends um elf Uhr gab es nichts zu essen.»

Auch Lotfi Rezgani sagt, er sei Opfer eines Übergriffs geworden. Im Basler Horburgpark berichtet er über den Vorfall, der mit einem geschwollenen Knöchel endete. «Ich habe telefoniert, dann hat jemand ein Glas geworfen und mich getroffen. Ich fragte, was das solle, habe laut mit ihm geredet. Die Securitas sind auf mich zugerannt, sie haben nichts gefragt, sie haben mich einfach gestossen und am Kragen gepackt. Ich habe mich dann gewehrt. Es waren vier gegen einen.»

Dokumentiert ist die Gewalt auch in einem Schreiben von drei Bewohnern, in dem sie sich Anfang Februar beim SEM beschweren. Man habe Kenntnis davon, schreibt Pressesprecher Lukas Rieder, könne aber keine Stellung nehmen: «Da in diesem Zusammenhang mehrere Strafanzeigen eingereicht wurden, handelt es sich um ein laufendes Verfahren.» Dem SEM obliegt die Verantwortung für das Bundesasylzentrum, es nimmt auch im Namen der Firma Securitas Stellung.
«Sie mögen die Araber nicht»

Den Umgang der Securitas führt Lotfi Rezgani auf Rassismus gegenüber Asylsuchenden aus dem Maghreb zurück. «Sie mögen die Araber nicht», sagt er. Allen anderen gegenüber verhielten sich die Sicherheitsleute normal. Ähnlich sehen das auch die anderen Asylsuchenden: «Wir werden behandelt wie Hunde, wenn sie sehen, dass wir Araber sind», sagt einer.

Die Sicherheitsleute, mit denen die WOZ über ihre Arbeit sprechen konnte, bestätigen, dass die meisten Zwischenfälle junge Männer aus dem Maghreb betreffen. Häufig seien diese alkoholisiert oder bekifft, auch sprachliche Missverständnisse führten zur Eskalation. Die Situation ist für die MitarbeiterInnen belastend: «Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bin ich mit den Nerven fertig. Manchmal erhalten wir auch Morddrohungen», sagt einer. Doch auch für die jungen Männer sei die Lage schwierig, weil sie über keine Perspektiven auf Asyl verfügten. «Viele fügen sich Selbstverletzungen zu, ritzen sich mit Rasierklingen. Das ist schockierend.» Die Menschen hätten keine Chance und nichts zu verlieren. «Das System begünstigt diese Vorfälle.»

Laut dem SEM würden alle Personen grundsätzlich gleich behandelt. Es gebe allerdings tatsächlich junge Männer aus Nordafrika, die «sehr negativ» auffielen. Es liege in der Natur der Sache, dass man bei denen genau hinschaue, die schon einmal Probleme gemacht hätten. Viele verhielten sich aber «absolut korrekt».

«Dass sich die Gewalt besonders gegen Menschen aus dem Maghreb richtet, ist eine rassistische Praxis», kritisiert Marc Allamand vom Basler Kollektiv «Drei Rosen gegen Grenzen». Die meist jungen Männer hätten im Asylverfahren schlechte Karten und würden rasch wieder ausgewiesen. «Zudem sind sie gesellschaftlich stigmatisiert, weil sie angeblich sowieso nur Probleme machen.» Auch wenn die Männer in der öffentlichen Wahrnehmung kräftig wirkten, seien sie rechtlich gesehen in der schwächsten Position.

Zu den Vorwürfen der Asylsuchenden, dass sie regelmässig Opfer gewalttätiger Übergriffe werden, schreibt das SEM: «Wir haben keine Hinweise darauf, dass die Sicherheitsdienstleister in Basel oder in anderen Bundesasylzentren unverhältnismässigen Zwang anwenden. Das SEM würde dies nicht dulden und entsprechend sanktionieren.» Die Anwendung von Zwang dürfe nur das letzte Mittel sein, um sich und andere zu schützen.

Dieses letzte Mittel kommt im Bässlergut allerdings fast täglich zum Einsatz, wie die Securitas-MitarbeiterInnen bestätigen. «Im Normalfall haben wir pro Woche zwei bis sechs Auseinandersetzungen», sagt einer. Dabei handle es sich stets um Selbstverteidigung. «Wenn jemand die Faust hochzieht, dann muss ich nicht warten, bis er mich schlägt, sondern darf ihn zuerst packen. Das ist Notwehr, das ist das Gesetz.» Früher habe es auch einen Mitarbeiter gegeben, der grundlos zugeschlagen habe. Dieser sei aber wegbefördert worden.
Hinter der Mauer

Die Gruppe «Drei Rosen gegen Grenzen» hat diese Woche einen Bericht fertiggestellt, in dem sie die Übergriffe dokumentiert: Würgemale am Hals, Prellungen im Gesicht, Platzwunden, innere Verletzungen – insgesamt über ein Dutzend Fälle. «Die Berichte decken sich, das Muster ist immer gleich», sagt Marc Allamand, «es gibt keinen Grund, an ihrer Richtigkeit zu zweifeln.»

Aufgrund der von der WOZ und der «Rundschau» publizierten Informationen verspricht das SEM, die Vorwürfe der Asylsuchenden zu prüfen. «Es geht uns bei unserer Kritik aber nicht bloss um einzelne gewalttätige Securitas», sagt Sophie Pilarek, die ebenfalls bei «Drei Rosen gegen Grenzen» engagiert ist. Die AktivistInnen betonen, dass sie die Gewalt als strukturell bedingt erachten: Im System, das mit den neuen beschleunigten Verfahren geschaffen worden sei, bleibe die Zivilgesellschaft von den Zentren ausgeschlossen. «Hinter den Mauern ist Gewalt möglich, wird Gewalt provoziert und gedeckt.» Die Gruppe fordert zwar eine Untersuchung der Vorfälle, letztlich brauche es aber eine politische Antwort. «Die Lagerstruktur muss aufgelöst werden.»

►https://www.woz.ch/2020/asylpolitik/tatort-besinnungsraum

Violence au centre fédéral pour requérants d’asile de Bâle

Des investigations menées par divers médias ont montré que le centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Bâle est le théâtre de fréquents affrontements violents entre le personnel de sécurité et les personnes requérantes d’asile. L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) est extrêmement préoccupée par cette situation. Elle exige une enquête indépendante et des mesures précises pour prévenir la violence dans les CFA.

L’hebdomadaire alémanique « Wochenzeitung » et l’émission de la SRF « Rundschau » ont publié une recherche commune sur les violences survenues entre les employés de Securitas et les personnes requérantes d’asile au CFA de Bâle. L’enquête se fonde sur des témoignages de personnes requérantes d’asile, d’un employé de Securitas ainsi que sur des rapports internes. Les activistes du groupe Drei Rosen gegen Grenzen (« Trois roses contre les frontières »), qui ont également documenté les attaques commises à l’encontre des personnes requérantes d’asile, sont également mentionnés dans cette enquête. Le service de sécurité rejette les accusations et parle de mesures d’autodéfense contre des attaques menées par les personnes requérantes d’asile. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), responsable de ce domaine, souligne quant à lui que le service de sécurité fait toujours usage de la force de manière proportionnée.

Une enquête indépendante nécessaire

Pour l’OSAR, les incidents sont préoccupants. Une enquête interne par le SEM ne suffit pas. Les incidents doivent faire l’objet d’une enquête et être documentés de la manière la plus précise et indépendante qui soit, afin d’obtenir des informations détaillées sur les raisons de l’usage de la violence et le déroulement des faits. Ces incidents témoignent de l’urgence de créer des bureaux de médiation indépendants au sein des CFA, comme le demande l’OSAR – jusqu’à présent en vain – dans ses standards minimaux en matière d’hébergement (▻https://www.osar.ch/assets/asylrecht/stellungnahmen/190400-unterbringung-standards-sfh-pem-fr.pdf).

Dans tous les cas, cependant, il importe que les exigences en matière de droits humains et de droits fondamentaux soient respectées pour ce qui est de l’hébergement. La Commission nationale pour la prévention de la torture (CNPT) a exposé ces droits en détail dans son rapport de novembre 2018 (en allemand : ▻https://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2018/bundesasylzentren/bericht-bundesasylzentren.pdf) (synthèse en français : ▻https://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2018/bundesasylzentren/zusammenfassung-bundesasylzentren-f.pdf) à l’intention du SEM. Il s’agit notamment de la Constitution fédérale, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et des Pactes I et II des Nations unies, qui garantissent la protection contre la discrimination. Le respect de ces exigences doit être vérifié par une institution indépendante telle que la CNPT.

La prévention pour éviter l’escalade

L’OSAR attend du SEM qu’il mette en œuvre des mesures plus incisives pour prévenir la violence dans les CFA et qu’il fournisse des directives claires aux services de sécurité, dont il est le mandant. Celles-ci permettront d’identifier et de prévenir à temps les conflits naissants entre les prestataires de services de sécurité et les personnes requérantes d’asile, afin qu’ils n’évoluent pas en affrontements violents. En octobre 2019, l’OSAR a souligné la nécessité de mesures préventives (►https://www.osar.ch/news/archives/2019/la-confederation-attribue-des-mandats-pour-les-prestations-de-service-de-securi). En outre, le SEM est chargé d’exiger que le personnel de sécurité des entreprises de sécurité mandatées ait suivi une formation de base et une formation continue appropriées et d’assurer un suivi régulier en la matière. L’OSAR n’a pas de mandat fédéral en ce qui concerne la formation de base ou continue des services de sécurité dans les CFA. Elle ne propose qu’une journée de formation continue en compétence transculturelle, qui ne saurait en aucun cas remplacer une formation approfondie du personnel de sécurité et des mesures préventives dans les CFA.

►https://www.osar.ch/news/archives/2020/violence-au-centre-federal-pour-requerants-dasile-de-bale.html

« SIE FINDEN IMMER EINEN GRUND, UNS ZU SCHLAGEN »

Securitas-Gewalt im Bundesasyllager Basel. #Témoignages.

https://i.imgur.com/Usvv3dY.png

►https://3rgg.ch/wp-content/uploads/2020/05/3RGG_Immer-ein-Grund-uns-zu-schlagen_2020-1.pdf

Violences dénoncées au Centre fédéral de Bâle. Un système incriminé

Des violences physiques et psychologiques graves seraient commises de manière régulière par des employés de Securitas dans le Centre fédéral d’asile (CFA) de Bâle. Un travail d’enquête important réalisé à la mi-mai par des journalistes de la WOZ et de la SRF documente ces faits à partir de témoignages des personnes requérantes d’asile victimes de violences et des rapports des employé.e.s de l’entreprise de sécurité. Le collectif 3 Rosen Gegen die Grenzen (3rgg) complète ces allégations dans un rapport détaillé mêlant témoignages des habitant.e.s du CFA et une analyse qui démontre que le système même des centres fédéraux d’asile est partiellement responsable de telles dérives contraires au respect des droits humains. Le 25 mai 2020, les juristes progressistes de Bâle ont annoncé avoir porté plainte contre X pour ces actes de violence au sein du centre fédéral de Bâle.

Un travail d’enquête important a été mené ces dernières semaines par deux médias alémaniques pour mettre en lumière un climat de violence au sein du CFA de Bâle. Des journalistes de la WOZ et de SRF ont croisé les sources et dressent un tableau effrayant de ce qui pourrait bien avoir lieu dans d’autres centres d’asile en Suisse. Grâce à la loi sur la transparence, les journalistes ont accédé à des procès-verbaux confidentiels des agents de sécurité du CFA de Bâle des quatre dernières années. Plusieurs mentionnent des altercations entre des employés de l’entreprise en charge de la sécurité, ici Securitas, et des requérants d’asile logés dans le centre. Ceux-ci présentent les agents de sécurité faisant usage d’une auto-défense légitime face à des personnes menaçantes. Les témoignages recueillis auprès des habitant.e.s du centre évoquent davantage des abus de pouvoir et des passages à tabac au sein d’une cellule, à l’écart, officiellement présentée comme « salle de réflexion ».

En 2018 déjà, la Commission nationale contre la torture (CNPT) qui avait dressé un rapport sur le fonctionnement des CFA -jadis encore « à l’essai »- avait mis en garde face à l’utilisation d’une telle cellule : « Si elle se déclare satisfaite de la directive de service concernant le recours à la « salle de réflexion », la Commission est d’avis que les bases légales formelles régissant les mesures de sécurité et de protection, dont l’utilisation de la salle de réflexion, ne sont pas suffisantes ». Elle recommandait alors la mise en place de « mesures de surveillance appropriées. »

Conseil qui n’a visiblement pas été suivi à en croire les témoignages rapportés dans l’imposant rapport rédigé par le Collectif de militant.e.s bâlois 3rgg qui vient compléter le travail d’enquête des deux médias. 15 témoignages font état de l’usage de violences psychologique et psychique répétées de la part d’employés de l’entreprise Securitas envers les personnes requérantes d’asile au sein de ce CFA. Les témoins sont tous originaires d’Afrique du Nord et sont des hommes voyageant seuls. Certains sont mineurs.

Les problèmes commencent par de petits incidents. Les Securitas provoquent les résidents par de petits harcèlements : ils ne laissent par exemple pas les gens charger leur téléphone portable dans le couloir. Au lieu de désamorcer la situation, les Securitas font monter la tension, voire encouragent l’escalade. Cela conduit à des protestations des demandeurs d’asile, voire à des disputes. Dans les conditions de vie exiguës, la promiscuité imposée à de nombreuses personnes différentes, dont beaucoup sont dans un état de santé et mental précaire, et qui doivent se soumettre à des règles extérieures et une routine quotidienne strictes, une situation tendue n’est pas surprenante. Mais que se passe-t-il alors ? Securitas appelle les renforts, isole les demandeurs d’asile, les emmène en cellule et les frappe avec les mains et les pieds, même lorsqu’ils sont déjà à terre. Par la suite, les demandeurs d’asile victimes de violences sont conduits à l’hôpital en ambulance. Nabil a dû être hospitalisé durant 15 jours. (Traduit de l’allemand à l’aide du logiciel Deepl, p.8)

Dans son rapport, le Collectif 3rgg explique que la violence commise par les employé.e.s doit non seulement être condamnée individuellement, mais également mise en perspective. Selon eux, c’est le système d’asile lui-même qui engendre ce type de dérive. Il doit aussi en être tenu responsable. Les employés subissent des conditions de travail précaires, sans réelle formation vis-à-vis des personnes requérantes d’asile, souvent fragilisées par un parcours migratoire chaotique. C’est également ce que constatait l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en octobre 2019 réclamant « une formation spécifique obligatoire régulière du personnel de sécurité. Il faut en effet que celui-ci dispose d’une compétence et d’une sensibilité transculturelles pour permettre la communication avec les personnes requérantes d’asile ayant des besoins particuliers comme notamment les personnes traumatisées et les victimes de la violence sexuelle ou de la traite d’êtres humains. ». L’organisation demandait expressément que les mesures disciplinaires soient uniquement décidées par la direction du centre et que les entreprises de sécurités s’engagent au « respect des normes minimales en matière de protection des droits fondamentaux des personnes requérantes d’asile »

Selon le rapport de 3rgg, le Secrétariat d’Etat aux migrations et ORS (en charge de la gestion des centres) doivent être tenues responsables de ces violences, notamment parce qu’elles en ont été informées et n’ont pas agi. Le SEM explique qu’un employé de Securitas aurait présenté ses excuses après avoir été reconnu coupable d’usage disproportionné de la violence au sein du CFA de Bâle. L’affaire a alors été classée. Et l’agent promu au sein de sa hiérarchie ! Le reportage de SRF rapporte l’indignation de ses collègues, « choqués » d’avoir appris cette promotion.

Suite à ces révélations, les Juristes démocrates de Bâle ont porté plainte contre X pour ces violences le 25 mai 2020. Dans leur communiqué de presse, ils relèvent que dans ce cas spécifique, le SEM avait justifié cette promotion par le fait que l’employé avait fait usage de la violence suite à un « stress important ». Ce qui, relève le regroupement de juristes, n’est jamais considéré dans le cas des requérant.e.s d’asile qui traversent pourtant souvent des vécus post-traumatiques importants :

« La DJS Basel a déposé une plainte pénale car nous partons du principe que la violence injustifiée exercée par des employés des services de sécurité à l’encontre de demandeurs d’asile est un cas de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 du Code pénal suisse. Cette qualification existe si les dommages corporels sont commis à l’encontre d’une personne qui est sous la garde du contrevenant ou dont le contrevenant est responsable. » (Traduction de l’allemand effectuée à l’aide du logiciel Deepl)

Le dépôt de cette plainte est un acte important qui a probablement été rendu possible tout d’abord par le courage des personnes venues témoigner, relayé par le travail d’enquête et de documentation important fourni par le Collectif 3rgg, mais également par la ténacité, remarquable, des journalistes des médias WOZ et SRF à dévoiler ces informations. Des informations gardées bien jalousement par les autorités, qui ont la mainmise sur ce qui se déroule derrière les murs des centres fédéraux. La société civile y est tenue à distance, les enfants ne sont plus scolarisés à l’extérieur et les adultes voient leur mobilité en dehors du centre réduite par des emplacements éloignés de tout et des horaires restreints. Un isolement et un fonctionnement à huis clos qui favorisent l’abus de pouvoir et les violations des droits humains, imputables à l’Etat même lorsque ces actes sont commis par des tiers[1]. Un contrôle démocratique fort et une plus grande transparence, demandés de longue date, y sont indispensables. Une plainte pénale permettra-t-elle enfin de changer de paradigme ?

Giada de Coulon, pour Vivre Ensemble
[1] Commission fédérale contre le racisme, Requérants d’asile dans l’espace public, p. 30, et Arrêt du tribunal administrarif fédéral (ATF 133 | 49 consid. 3.2) cité p. 22. Recommandations de la CFR ►https://www.ekr.admin.ch/pdf/Asylsuchende_F_web.pdf

►https://asile.ch/2020/05/27/violences-denoncees-au-centre-federal-de-bale-un-systeme-incrimine

Nous dénonçons !

Nous dénonçons ! – Plainte pénale contre les responsables de la Direction de la sécurité du canton de Zurich, du Service social cantonal et de l’ORS Service AG

Le système d’asile mis en place en Suisse durant les dernières années isole, précarise et aliène les personnes exilées. Les conditions de vie difficiles qui découlent de ce système se sont encore aggravées pendant la pandémie de coronavirus : alors que le Conseil fédéral impose à la population de respecter les distances interpersonnelles, les résident-e-s des centres vivent dans des espaces exigus et dans des conditions indignes. Comme l’ont montré divers reportages, les conditions qui règnent dans certains centres ou foyers rendent les mesures de protection de l’OFSP impossibles à suivre.

En ce qui concerne les centres d’aide d’urgence du canton de Zurich, il a été documenté que les habitant-e-s ne recevaient pratiquement aucune information et que, souvent, ils ne disposaient pas de savon ou d’articles d’hygiène. Ils ont continué à être logés dans des dortoirs, et les personnes malades ou les membres d’un groupe à risque n’ont pas été séparés. Le maintien de l’obligation de présence a contraint ces personnes à rester dans les centres ; la distanciation physique était impossible. Les responsables mettent ainsi en danger les habitant-e-s des centres et contribuent à la propagation du virus.

Solidarité sans frontières (Sosf), les Juristes démocrates de Suisse (JDS) et plusieurs personnes lésées, qui sont hébergées dans les centres de départ du canton de Zurich, ont déposé le 27 mai 2020 une plainte pénale. Celle-ci est dirigée contre les responsables de la Direction de la sécurité du canton de Zurich, le service social cantonal et la société privée ORS Service AG, qui est responsable de la gestion et de l’organisation des centres d’aide d’urgence dans le canton de Zurich. Il leur est reproché de ne pas avoir (suffisamment) respecté leur devoir de protection et d’action et les recommandations de la Confédération pour endiguer la pandémie de coronavirus dans les centres de renvoi, et d’avoir violé diverses dispositions du code pénal suisse et de l’ordonnance COVID-19. Sont dénoncées l’exposition (mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui), les lésions corporelles par omission, la contrainte et la violation de la loi sur les épidémies.

Un article publié dans la revue juridique « Jusletter » le 18 mai 2020 (▻https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2020/1024/abgewiesene-asylsuch_47b71a6a6c.html__ONCE&login=false#sectiona0c35) affirme également que les circonstances dans lesquelles les demandeurs d’asile déboutés, en particulier dans le canton de Zurich, doivent vivre pendant la pandémie COVID 19 sont contraires aux droits fondamentaux. Le droit constitutionnel d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse comprend, entre autres, l’obligation de fournir des soins médicaux de base et de protéger la santé.

Parallèlement au dépôt de la plainte pénale, une #campagne est lancée, soutenue par de nombreuses organisations. Elles reprochent aux autorités de vouloir maintenir à tout prix un régime d’asile répressif et de ne pas prendre les mesures de #protection_sanitaire nécessaires. Il est incompréhensible que les exilé-e-s doivent encore vivre dans des conditions précaires et dans des espaces restreints. Ce qui est nécessaire pour les Suisses pour des raisons de #santé_publique ne semble pas s’appliquer aux demandeurs d’asile #déboutés. Une fois de plus, les exilé-e-s sont traités comme des êtres humains de seconde zone.

▻https://www.sosf.ch/fr/sujets/asile/projekte-kampagnen/nous-denonons.html?zur=41
#justice #plainte #plainte_pénale

#coronavirus #solidarité #migrants

Voir aussi la compile des effets délétères indirects de la pandémie :
►https://seenthis.net/messages/832147

Rappel de Sara Prestianni sur l’utilisation des #hotspots_mobiles en #Italie (via mailing-list Migreurop, 01.05.2020) :

The “hotspot boat” is the same system , used by Italy from April 17 , only for migrants have been intercepted by ships flying foreign flags, as decided in the inter-ministerial decree of 7 April.
On board of the ship “hotspot” Rubattino - positioned in front of Palermo - there are at this moment almost 200 migrants, of the two rescues carried out by the ships Alan Kurdi and Aita Mari. All of them were negative to the Covid test, but it is not clear how long they will have to stay on the ship and where they will be transferred (at the beginning of the procedure there was talk of a relocation to Germany).
Yesterday the Guarantor for the Rights of Italian Prisoners, in his bulletin, expressed concern about the establishment of these “floating” hotspots.
▻http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl

“The implementation of quarantine measures in extraordinary and exceptional places cannot lead to a situation of ’limbo’: migrant people are under the jurisdiction of the Italian State for the purposes of the health measures imposed on them, but at the same time they do not have the possibility - and for a period of time not indifferent - to exercise the rights that our country recognizes and protects. They cannot apply for asylum, they are not de facto - and at least temporarily - protected as victims of trafficking or unaccompanied foreign minors, nor can they have timely access to procedures for family reunification under the Dublin Regulation. - procedures which, moreover, have their own intrinsic deadlines.”
The Guarantor also indicated that the experience of the ship “Rubattino” would not seem to remain an isolated case as the Ministry of Infrastructure and Transport launched on 19 April a procedure for the chartering of vessels to be used for the assistance and health surveillance of migrants rescued at sea or arrived on the national territory as a result of autonomous boats.

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–-> sur les hotspots mobiles, voir aussi : ▻https://seenthis.net/tag/hotspot_mobile

voir aussi
The faces and names of a migration tragedy

▻https://seenthis.net/messages/849641

Abela admits coordinating private boats that returned migrants to Libya

PM says Easter manoeuvre was a ’rescue’ not a pushback.

Prime Minister Robert Abela has admitted commissioning a boat that returned migrants to war-torn Libya on Easter weekend but has insisted it was a rescue mission and not a pushback.

A boat commissioned by Maltese authorities picked up a group of migrants in the search and rescue area earlier this month and returned them to the North African country.

It is a crime under international law for states to return asylum seekers to a country where they are likely to face persecution.

Speaking publicly about the controversy for the first time on Friday, Abela admitted the manoeuvre and defended the government’s actions.

"There was no pushback,"he said.

"There was a rescue of migrants. Had the Maltese government not coordinated, tens of lives would have died, because a [EU coastguard] Frontex plane just flew overhead and kept on going.

“Malta’s ports are closed but it coordinated this rescue and ensured that the irregular migrants were taken to the port that was open.”

The country, along with Italy, closed its ports, citing concerns about the spread of coronavirus.

Former OPM official Neville Gafa claimed under oath this week that he had coordinated the pushback.

Asked Gafa’s involvement, Abela said his only involvement was liaising with a contact he was claiming to have in Libya so that the rescue could be facilitated. He said Gafa was not paid or promised anything.

Abela defended using a private boat, saying that a Search and Rescue convention stipulates the legal obligations of individual states that are not obliged to carry out the actual rescues but to coordinate such rescues.

The obligations also state that countries can use their own assets or else send private assets to rescue boats in distress, he said.

This week, Malta has commissioned a Captain Morgan tourist boat Europa II, to house migrants until a solution for their disembarkation is found.

“We are ready to do anything to save lives. We have nothing to be ashamed of,” Abela said, adding that the cost for the Captain Morgan boat being used to temporarily house migrants outside Maltese waters will come from aid by the EU.

“Malta’s position is clear and we know what our obligations are. We are going to remain firm on this. We are not a safe port and we cannot guarantee our resources for rescues.

"We are duty bound to stick to this position. It is counterproductive to close port and airports to tourists but then open ports for irregular migrants. There are hundreds of thousands of people on the Libyan coast wanting to leave there and come to Lampedusa and Malta. We are obeying international rules,” he insisted.

He said the migration problem should not be “Malta’s alone” and called for the EU to intervene.

Earlier on Friday, Foreign Minister Evarist Bartolo told Times of Malta that “the EU was responsible for a huge push back of migrants to Malta”.

He said its failure to set up an effective and fair solidarity mechanism to share the burden of welcoming irregular migrants means that Malta had borne a huge burden over the years.

He quoted a letter from a United Nations official to him in which he admitted that Europe needed to adopt a more principled migration policy that will serve European needs, that does not penalise those seeking to cross, and that does not leave countries like Malta, which are trying to do the right thing, on their own.

“If we continue to fail, more people, Libyans and non-Libyans, will be compelled to seek safety on the European side” because of the ongoing war and the economic consequences of Covid-19.

Bartolo said that in the first three months of the year, 3,600 irregular migrants left the Libyan coast through the Central Mediterranean route. This is over 400 per cent more than in the same period in 2019. Some 1,200 came to Malta.

He said Malta’s centres were “overflowing” and there is no room for more migrants.

▻https://timesofmalta.com/articles/view/abela-admits-coordinating-private-boats-that-returned-migrants-to.7893

Malte a affrété des navires privés pour renvoyer les embarcations de migrants vers la Libye

Une enquête du New York Times révèle que les autorités maltaises ont affrété, depuis le mois d’avril, une flotte de navires privés afin d’empêcher les migrants d ’atteindre l’île et les renvoyer en Libye. Selon plusieurs experts, cette action est illégale.

En pleine pandémie de coronavirus, Malte fait tout pour empêcher les embarcations de migrants d’atteindre l’île. A tel point que le gouvernement a discrètement dépêché en avril une flotte de navires marchands privés pour intercepter les migrants et les renvoyer en Libye, a révélé une enquête du New York Times publiée jeudi 30 avril.

Selon le quotidien américain - qui s’appuie sur les témoignages d’un capitaine de l’un de ces bateaux, commandant en chef des garde-côtes libyens, et d’un ancien responsable maltais impliqué dans l’opération - les trois chalutiers de pêche affrétés appartiennent à des particuliers mais ont agi sur les instructions des forces armées maltaises.
Une opération sur ordre du Premier ministre maltais

L’opération a été documentée pour la première fois dans la soirée du 12 avril, écrit le New York Times, quand trois chalutiers ont quitté le port de la Valette, la capitale maltaise, sur ordre des autorités. Un ancien responsable maltais, Neville Gafa, a déclaré qu’il avait été enrôlé par le gouvernement le soir même pour utiliser ses relations en Libye et assurer le passage en toute sécurité des deux premiers chalutiers vers les ports libyens.

Le Dar As Salam 1 et le Tremar, ont ainsi été envoyés pour intercepter une embarcation de migrants présente dans les eaux maltaises - qui avait émis des appels de détresse depuis deux jours - afin de les renvoyer en Libye, a précisé Neville Gafa. A bord du canot, se trouvait cinq cadavres.

Le 15 avril, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait pourtant affirmé que les migrants avaient été interceptés par un navire marchand puis remis à des garde-côtes qui les avaient alors amenés au port de Tripoli.

Le troisième chalutier, le Salve Regina, a quant à lui navigué vers Tripoli le 15 avril, transportant plusieurs tonnes de nourriture et d’eau, en guise de remerciement au gouvernement libyen, assure au quotidien américain le capitaine du Tremar, Amer Abdelrazek.

Devant la justice maltaise, à la suite de la plainte lancée par plusieurs ONG contre le Premier ministre sur sa responsabilité dans la mort des cinq migrants, Neville Gafa a déclaré sous serment qu’il avait agi sur ordre du cabinet du Premier ministre.

Une opération illégale

« Dans une tendance à l’augmentation des abus contre les demandeurs d’asile ces dernières années, cette nouvelle approche se démarque », déclare au New York Times Itamar Mann, expert en droit maritime et des réfugiés à l’université de Haïfa, en Israël. « Ces méthodes ressemblent de façon effrayante au crime organisé, aux opérations de passeurs, que les décideurs européens dénoncent avec tant de fermeté », continue le chercheur pour qui cette opération est illégale eu égard au droit international.

En effet, comme écrit le quotidien américain, une flotte de navires privées, basée dans un port européen, qui intercepte et expulse des demandeurs d’asile des eaux internationales relèvent de la responsabilité des garde-côtes européens.

Cette opération « pourrait mettre les fonctionnaires de l’Etat maltais en danger de responsabilité pénale, dans le pays ou à l’étranger », signale encore Itamar Mann.

▻https://www.infomigrants.net/fr/post/24485/malte-a-affrete-des-navires-prives-pour-renvoyer-les-embarcations-de-m

After disembarking, the migrants were taken to a notorious detention center run by a pro-government militia, where migrants are routinely tortured, held for ransom or sold to other militias.

et aussi : ▻https://www.nytimes.com/2020/04/09/world/europe/malta-migrant-boat.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article

#Malte

Malta-Libya #deal sets up centres ’against illegal migration’

Coastguard, UN centres, EU help among items discussed

Malta and Libya will be setting up units to coordinate operations against illegal migration, the government said on Thursday.

These centres are expected to start operating within the coming weeks, however, the government provided no additional information.

The announcement followed an unannounced trip by Prime Minister Robert Abela, Home Affairs Minister Byron Camilleri and Foreign Affairs Minister Evarist Bartolo to Tripoli, where they discussed migration with the Libyan government.

The three met Fayez al-Sarraj who heads the UN-backed Government of National Accord as well as Mohammed Sheibani, deputy minister responsible for migration at the meeting in Tripoli.

It was Abela’s first trip to war-torn Libya as prime minister.

Sources said the meeting was held on the back of a new wave of Malta-Libya relations, and a change in approach.

Discussions revolved around the need to push the EU to help Libya to train its coastguard, obtain funding for reception camps manned by the UN, as well as to build a realistic strategy to slow down the flow of migrants into Libya.

“It was a positive meeting, though of course that doesn’t mean we’ve resolved the migration issue,” a source told Times of Malta.

“Malta could be Libya’s bridge to the EU. We need to stop human trafficking as well as save lives at sea,” the source said.

Valletta, diplomatic sources say, has been trying to build new bridges with the Libyan authorities to stem the tide of migrants leaving the North African coast.
800,000 migrants in Libya

In a statement issued later on Thursday, the government said that during the meeting Abela reiterated Malta’s position on the need to address and stop human trafficking. Malta, he added, was facing unprecedented and disproportionate flows and burdens.

Meanwhile, al-Sarraj said that 800,000 migrants were currently in Libya and the country needed an effective long-term and holistic approach.

Both leaders spoke about the need to strengthen cooperation to ensure that lives are not lost at sea and to combat human traffickers on the ground and at sea.

According to Abela, the solution lies in concrete action on Libyan shores and its southern border. This would be done through addressing and stopping human trafficking, rather than focusing just on relocation of migrants to other countries.

Signing a #memorandum_of_understanding, Malta and Libya agreed to set up a coordination unit in each country to assist in operations against illegal migration.

The agreement also stipulates that Malta supports Libya when it comes to financial assistance through the upcoming Multiannual Financial Framework.

►https://timesofmalta.com/articles/view/abela-ministers-return-from-libya-after-positive-migration-talks.79484

#accord #centres

Mer méditerranée : Malte renforce sa coopération avec la Libye pour lutter contre « l’immigration illégale »

Malte a signé un accord avec le gouvernement d’union nationale (GNA) libyen dans le but de renforcer « la lutte contre l’immigration illégale » en mer Méditerranée. Le texte prévoit la création de « centres de coordination » à Tripoli et La Valette qui seront opérationnels dès le mois de juillet.

Malte tente par tous les moyens de limiter le flux de migrants qui débarquent sur ses côtes. Pour ce faire, les autorités maltaises et libyennes viennent d’acter la création de « centres de coordination » à Tripoli et à La Valette.

Ces deux centres « offriront le soutien nécessaire à la lutte contre l’immigration illégale en Libye et dans la région méditerranéenne », selon un protocole d’accord entre Malte et le gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, et présenté au Parlement maltais mercredi 3 juin (▻https://www.independent.com.mt/file.aspx?f=206640).

Financé par le gouvernement maltais, ces structures seront chacune dirigées par trois fonctionnaires et limiteront leur travail « au soutien et à la coordination », indique cet accord valable pour trois ans. Les centres devraient voir le jour dès le mois de juillet.
« L’UE a la responsabilité de parvenir à un accord global avec la Libye »

Malte, le plus petit État de l’Union européenne (UE), de par sa taille et sa population, se plaint depuis longtemps d’être obligé d’assumer à lui seul l’arrivée des migrants en provenance de la Libye, pays en guerre.

Actuellement, plus de 400 migrants secourus en Méditerranée sont bloqués sur quatre navires touristiques affrétés par Malte juste à la limite de ses eaux territoriales, La Valette exigeant qu’ils soient ensuite pris en charge par d’autres pays européens.

Le ministre maltais des Affaires étrangères, Evarist Bartolo, a déclaré au Parlement mercredi que « l’UE a la responsabilité de parvenir à un accord global avec la Libye afin de limiter l’immigration clandestine ».

« Le nombre d’immigrants arrivant à Malte est disproportionné par rapport aux autres pays européens », a insisté le ministre. Selon lui, depuis 2005 l’Europe n’a accueilli que 1 700 migrants, tandis que 22 000 sont arrivés à Malte - seuls 8% des migrants en situation irrégulière sur l’île ont été relocalisés dans d’autres pays européens.

Selon le protocole d’accord, Malte proposera à la Commission européenne une augmentation du soutien financier pour aider le GNA à sécuriser ses frontières sud et à démanteler les réseaux de trafiquants d’êtres humains.

La Valette proposera également le financement de « moyens maritimes supplémentaires nécessaires » pour contrôler et intercepter les passeurs de migrants en Méditerranée.

▻https://www.infomigrants.net/fr/post/25175/mer-mediterranee-malte-renforce-sa-cooperation-avec-la-libye-pour-lutt

Accordo Malta-Libia: insieme daranno la caccia ai migranti. Con i soldi Ue

Centrali operative e pattugliamenti congiunti. Fonti Onu: è una regolazione dei respingimenti illegali. Intanto Frontex smentisce l’inchiesta di Malta sulla “#Strage_di_Pasquetta”

https://www.avvenire.it/c/2020/PublishingImages/673d40d74a7d4fd084fc5c524e3d8e1f/malta_69641934.jpg?width=1024#.jpg

Dopo la scoperta degli accordi segreti con Tripoli, siglati tre anni fa, Malta ha deciso di uscire allo scoperto negoziando un memorandum siglato dal premier Robert Abela, fresco di archiviazione per le accuse di respingimento, e il presidente libico Fayez al Sarraj.

I due Paesi daranno insieme la caccia ai migranti nel Mediterraneo, ma con nuovi fondi Ue da destinare a Tripoli.

SCARICA QUI IL DOCUMENTO COMPLETO: ▻https://www.avvenire.it/c/attualita/Documents/MOU%20with%20Libya.pdf

E’ prevista la creazione di «centri di coordinamento» nel porto di Tripoli e a La Valletta che saranno operativi da luglio. In realtà le operazioni congiunte andavano avanti da anni, ma adesso sono state ufficializzate. Le strutture congiunte «forniranno il sostegno necessario alla lotta contro l’immigrazione clandestina in Libia e nella regione del Mediterraneo», si legge. Inizialmente Malta finanzierà interamente l’attivazione delle centrali operative, ognuna delle quali sarà guidata da tre funzionari dei rispettivi governi. Fin da subito, però, il premier Abela si impegna a ottenere dall’Ue fondi aggiuntivi da destinare alla cosiddetta Guardia costiera libica, che verrà ulteriormente equipaggiata.

Nessuna menzione si fa riguardo alla necessità di ristabilire il rispetto dei diritti umani nei campi di prigionia libici. L’unico scopo, come del resto è sempre stato in questi anni anche per Italia e Ue, è quello di trattenere i profughi in cattività, a qualunque costo. «L’UE ha la responsabilità di raggiungere un accordo globale con la Libia», c’è scritto nell’accordo che, di fatto, appalta a Malta e Libia il controllo dell’intero Canale di Sicilia, ad esclusione delle ultime 12 miglia territoriali dalla costa di Lampedusa. Malta, lo stato più piccolo dell’Unione Europea (Ue) per dimensioni e popolazione, si è lamentato da tempo di essere costretto ad assumere da solo la responsabilità dell’arrivo dei migranti dalla Libia, un paese in guerra che secondo l’Onu in alcun modo può essere ritenuto un “porto sicuro”.

Nelle settimane scorse una nuova serie di inchieste giornalistiche internazionali ha permesso di accertare che non solo Malta ha messo in mare da tempo una flottiglia di “pescherecci fantasma” incaricati di intercettare i barconi e ricondurli in Libia, ma che spesso le Forze armate dell’isola equipaggiano i gommoni, anche con motori nuovi, affinché raggiungano le coste siciliane.

Nei giorni scorsi il Tribunale dell’isola aveva archiviato il procedimento contro il premier laburista Robert Abela e il capo delle forze armate, accusati della morte di 12 migranti nella “strage di Pasquetta”. Forte di questa “assoluzione”, Abela si è recato a Tripoli per sigillare l’intesa con il presidente al-Sarraj. Ma proprio uno dei punti chiave utilizzati dal giudice Joe Mifsud per cestinare le accuse, ieri è stato categoricamente smentito dall’agenzia Ue Frontex che ha risposto per iscritto alle domande di Avvenire. Secondo il magistrato, infatti, il coordinamento dei soccorsi in qualche misura era attribuibile non a Malta ma a Frontex che aveva individuato con un suo aereo i barconi. Da Varsavia, rispondendo con una nota ad “Avvenire”, l’agenzia ha precisato che “è il centro di salvataggio appropriato, non Frontex, a decidere se chiedere assistenza a qualsiasi nave della zona. E Frontex non aveva navi vicino a quest’area”. La responsabilità di intervenire, dunque, era di innanzitutto di Malta che invece per giorni ha ignorato gli Sos e ha poi inviato un motopesca quando oramai 7 persone erano affogate e altre 5 sono morte di stenti durante il respingimento dalle acque maltesi verso la Libia.

Nel fine settimana di Pasqua l’aeroobile Eagle 1, tracciato e segnalato dal giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale “stava svolgendo - spiegano da Frontex - una missione di sorveglianza ben al di fuori dell’area operativa dell’Operazione Themis di Frontex”. Nella nota un portavoce dell’agenzia Ue precisa poi che “Frontex gestisce operazioni congiunte, nonché la sorveglianza pre-frontaliera, che veniva eseguita dall’aereo in questione”. Secondo questa ricostruzione, che avrebbe meritato maggiore puntiglio investigativo anche per accertare eventuali responsabilità esterne a Malta, “in linea con il diritto internazionale, Frontex ha avvisato i centri di soccorso competenti dell’avvistamento di una nave che riteneva necessitasse di assistenza”, si legge ancora. Parole che hanno un significato preciso e costituiscono un’accusa verso chi era stato informato e doveva prestare quell’assistenza negata per giorni. Le autorità italiane hanno apposto il segreto alle comunicazioni intercorse. Silenzio che potrebbe essere presto scardinato da indagini giudiziarie. Lo stesso per Malta, che neanche nell’atto conclusivo dell’inchiesta ha voluto rendere pubbliche le comunicazioni con Roma e con Frontex che a sua volta ribadisce ad Avvenire che “è il centro di salvataggio appropriato, non Frontex, a decidere se chiedere assistenza a qualsiasi nave della zona. Tuttavia, desidero sottolineare qui che Frontex non aveva navi vicino a quest’area”.

Il memorandum sta creando non poco dibattito nei vertici della Marina militare italiana. A Tripoli, infatti, si trova la nave Gorgona, ufficialmente incaricata di assistere la cosiddetta guardia costiera libica per conto di Roma. E certo i marinai italiani non vogliono finire a fare gli addetti alla manutenzione delle motovedette donate dall’Italia ma che tra pochi giorni si coordineranno con Malta. «Mentre l’obiettivo dichiarato nell’accordo vi è il benessere del popolo libico e di quello maltese, il benessere delle principali vittime, cioè migranti, richiedenti asilo e rifugiati, non viene mai menzionato», ha commentato sul portale cattolico Newsbook il giudice maltese Giovanni Bonelli, già membro della Corte europea dei diritti dell’uomo. «Si potrebbe pensare - aggiunge - che questo memorandum si riferisca all’estrazione di minerali, non a degli esseri umani».Fonti delle Nazioni Unite contattate da “Avvenire” hanno reagito a caldo considerando l’intesa come una «regolamentazione di fatto dei respingimenti illegali».

Negli anni scorsi più volte Avvenire ha documentato, anche con registrazioni audio, il collegamento diretto tra la Marina italiana e la Guardia costiera libica. Ma ora Malta si spinge oltre, ufficializzando una alleanza operativa che inoltre rischierà di causare conflitti con l’operazione navale europea Irini a guida italiana. Fonti delle Nazioni Unite contattate da Avvenire hanno reagito a caldo considerando l’intesa come una “regolamentazione di fatto dei respingimenti illegali”.

▻https://www.avvenire.it/attualita/pagine/accordo-malta-libia-respingimento-migranti

Petrolio e migranti. Il « patto libico »
▻https://seenthis.net/messages/862595

Malta: Illegal tactics mar another year of suffering in central Mediterranean

The Maltese government has resorted to dangerous and illegal measures for dealing with the arrivals of refugees and migrants at sea, which are exposing countless people to appalling suffering and risking their lives, Amnesty International revealed today in a report “Waves of impunity: Malta’s violations of the rights of refugees and migrants in the Central Mediterranean”. As Amnesty is launching this new report, despair is growing aboard the Maersk Etienne, which has been denied a port to disembark for over a month, after rescuing 27 people on a request from Maltese authorities

The Maltese government’s change in approach to arrivals in the central Mediterranean in 2020 has seen them take unlawful, and sometimes unprecedented, measures to avoid assisting refugees and migrants. This escalation of tactics included arranging unlawful pushbacks to Libya, diverting boats towards Italy rather than rescuing people in distress, illegally detaining hundreds of people on ill-equipped ferries off Malta’s waters, and signing a new agreement with Libya to prevent people from reaching Malta.

“Malta is stooping to ever more despicable and illegal tactics to shirk their responsibilities to people in need. Shamefully, the EU and Italy have normalized cooperation with Libya on border control, but sending people back to danger in Libya is anything but normal,” said Elisa De Pieri, Regional Researcher at Amnesty International.

“EU member states must stop assisting in the return of people to a country where they face unspeakable horrors.”

Some of the actions taken by the Maltese authorities may have involved criminal acts being committed, resulting in avoidable deaths, prolonged arbitrary detention, and illegal returns to war-torn Libya. The authorities also used the COVID-19 pandemic as a pretext to declare that Malta was not a safe place to disembark – to discourage people from seeking safety and a decent life in Europe.

The abusive practices by Malta are part and parcel of wider efforts by EU member states and institutions to outsource the control of the central Mediterranean to Libya, in order that EU-supported Libyan authorities might intercept refugees and migrants at sea before they reach Europe.

People are then returned to Libya and arbitrarily detained in places where torture and other ill-treatment is highly likely. From the beginning of January to 27 August 2020 7,256 people were ‘pulled back’ to Libya by the EU-supported Libyan Coast Guard, which was often alerted of the presence of boats at sea by airplanes engaged in Frontex and other EU operations.

The Easter Monday pushback

The case of the “Easter Monday pushback” illustrates the desperate lengths to which the Maltese authorities are willing to go to prevent people arriving on their shores.

On 15 April 2020, a group of 51 people, including seven women and three children, were unlawfully returned to Tripoli after being rescued in Malta’s search and rescue region by the commercial fishing boat Dar Al Salam 1.

The boat, which had been contracted by the Maltese government, took those onboard back to Libya and handed them over to the Libyan authorities, exposing refugees and migrants – who had just survived a deadly shipwreck – to further risks to their life.

Five people were dead when the vessel reached Libya, and the survivors reported that a further seven people were missing at sea. Survivors reported that those on board were not given medical assistance. In an official statement the Maltese authorities confirmed they had coordinated the operation.

Lack of accountability in Malta

While a magisterial inquiry into the case was conducted, it left many questions unanswered. It is still unknown how the 12 people died and how 51 were returned to Libya despite it being illegal to transfer people there. The magistrate conducting the inquiry did not hear the testimonies of the 51 people transferred to Libya, nor probe the chain of responsibility to contract the Dar El Salam 1 and instruct it to transfer people to Libya.

The NGO Alarm Phone has evidence that other pushbacks by Maltese authorities may also have occurred in 2019 and 2020, which have not been investigated.

EU and Italian cooperation with Libya

Italy in particular has worked closely with Libya, having provided support to Libyan maritime authorities by providing vessels, training and assistance in the establishment of a Libyan SAR region to facilitate pullbacks by the Libyan coastguard.

Despite intensifying conflict and the arrival of COVID-19 threatening the humanitarian situation of refugees and migrants in Libya, Italy has continued to implement policies to keep people in Libya. These include extending its Memorandum of Understanding on Migration with Libya aimed at boosting Libyan authorities’ resources to prevent departures, for another three years, extending its military operations in the region focusing on supporting Libya’s maritime authorities, and maintaining legislation and practices aimed at the criminalization of NGOs rescuing people in the central Mediterranean.

The central Mediterranean is the latest border on which Amnesty International is highlighting abuses by EU member states authorities. In 2020, Amnesty International has also documented abuses on the borders between Croatia and Bosnia, and Greece and Turkey. The EU urgently needs an independent and effective human rights monitoring system at its external borders to ensure accountability for violations and abuses.

“The European Commission must turn the page when they launch the New Pact on Migration and Asylum after the summer and ensure European border control and European migration policies uphold the rights of refugees and migrants,” said Elisa De Pieri.

“The horrors faced by people returned to Libya must caution European leaders against cooperating with countries which don’t respect human rights. By continuing to empower abusers and to hide their heads in the sand when violations are committed, those EU leaders share responsibility for them.”

▻https://www.amnesty.eu/news/malta-illegal-tactics-mar-another-year-of-suffering-in-central-mediterranean/#:~:text=The%20Maltese%20government%20has%20resorted,Malta's%20violations%20

Dispositif d’#accueil des demandeurs d’asile : état des lieux 2020

Etat des lieux des dispositifs d’accueil et d’hébergement dédiés aux personnes demanderesses d’asile et réfugiées.

https://i.imgur.com/sJVWYSm.png

43 600 PLACES DE CADA
Au 1er janvier 2020, le dispositif national d’accueil compte environ 43 600 places autorisées de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (#CADA). Le parc est principalement situé en Ile- de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Cependant, ce sont les régions Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Occitanie qui ont connu le plus grand nombre de créations. Le principal opérateur est #ADOMA devant #COALLIA, #FTDA, #Forum_réfugiés-Cosi. A l’occasion des appels à création des dernières années , le groupe #SOS et #France_Horizon ont développé un réseau important.

Selon le ministère de l’intérieur, le dispositif est destiné à accueillir des personnes dont la demande est en procédure normale et les plus vulnérables des personnes en procédure accélérée

https://i.imgur.com/48I7oSQ.png

64 500 PLACES D’AUTRES LIEUX D’HÉBERGEMENT (APPELÉS GÉNÉRIQUEMENT #HUDA)
Pour pallier le manque de places de CADA, un dispositif d’#hébergement_d’urgence_des_demandeurs_d’asile (HUDA) s’était développé au cours des décennie 2000 et 2010. Ce dispositif est géré régionalement. Il est très développé en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand Est et a intégré en 2019 les 6 000 places d’#ATSA qui naguère était géré par le ministère et l’#OFII central et la majorité des places dites CHUM qui existaient en Ile-de-France. Selon la circulaire du 31 décembre 2018, ce dispositif est destiné à accueillir des personnes en #procédure_accélérée ou Dublinées. 36% des places sont des nuitées d’hôtel notamment à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Nice. Une information du ministère de l’intérieur du 27 décembre 2019 veut réduire cette part à 10% en ouvrant des structures stables.

https://i.imgur.com/9ULoscm.png

Mis en place pour orienter des personnes vivant dans le campement de la Lande à Calais et développé pour son démantèlement, le dispositif des centres d’accueil et d’orientation (#CAO) a compté selon le ministère de l’intérieur 10 000 places dont 2 000 ont été dédiés à des mineurs entre novembre 2016 et mars 2017. Ce dispositif a été rattaché budgétairement depuis 2017 aux crédits de la mission asile et immigration (BOP 303) et est géré depuis par l’OFII. Ces places sont intégrés dans le dispositif HUDA

5 351 places ont été créées dans le cadre d’un programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (#PRAHDA). Lancé par appel d’offres en septembre 2016 remporté pour tous les lots par ADOMA, il consiste en grande partie en des places situées dans d’anciens #hôtels formule 1, rachetés au groupe #Accor. Ces places, gérées par l’OFII, accueillent pour moitié des personnes isolées, qui ont demandé l’asile ou qui souhaitent le faire et qui n’ont pas été enregistrées. Ce dispositif s’est spécialisé dans beaucoup de lieux dans l’hébergement avec #assignation_à_résidence des personnes Dublinées notamment ceux situés à proximité d’un #pôle_régional_Dublin. Cependant des personnes dont la demande est examinée à l’OFPRA ou à la CNDA y sont également logées.

Dernier dispositif mis en place en 2017 mais destiné aux personnes qui souhaitent solliciter l’asile, les #centres_d’accueil_et_d’étude_de_situations (#CAES) comptent environ 3000 places. Leur particularité est un séjour très bref (en théorie un mois, deux mois en réalité) et d’avoir un accès direct aux #SPADA.

L’ensemble des structures sont des lieux d’hébergement asile où l’accueil est conditionné à la poursuite d’une demande d’asile. Des arrêtés du ministre de l’intérieur en fixent le cahier des charges, le règlement intérieur et le contrat de séjour. L’OFII décide des entrées, des sorties et des transferts et les personnes qui y résident sont soumises à ces prescriptions, notamment à ne pas les quitter plus de sept jours sans autorisation ou peuvent y être assignées à résidence.

Enfin, environ 1000 places de #DPAR sont destinées à l’assignation à résidence des déboutées du droit d’asile sur orientation des préfets et de l’OFII. Ces structures sont financées par une ligne budgétaire distincte des autres lieux.

https://i.imgur.com/58n4OtA.png

PLUS DE 8 700 PLACES DE #CPH POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE PROTECTION INTERNATIONALE.
Historiquement, première forme de lieu d’accueil lié à l’asile, le centre provisoires d’hébergement accueille des réfugié·e·s et des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Limité pendant vingt ans à 1 083 places, le dispositif a connu un doublement avec la création de 1 000 places supplémentaires en 2017. 3 000 places supplémentaires ont été créées en 2018 et 2000 autres en 2019 soit 8 710 places.

https://i.imgur.com/5MhNtDP.png

Pour accélérer les arrivées de personnes réinstallées, l’État a mis en place des centres de transit d’une capacité de 845 places au total.

En tout le dispositif d’accueil dédié compte plus de 108 000 places. Selon l’OFII, il est occupé à 97% soit 87 000 personnes hébergées dont 75% ont une demande d’asile en cours d’examen.

Cependant il reste en-deça des besoins d’hébergement car le nombre de demandeurs d’asile en cours d’instance bénéficiant des conditions d’accueil est de 152 923 en octobre 2019 contre 127 132 en mai 2018. Une partie des places (environ 25%) est occupée par des personnes qui ne sont pas encore ou plus demanderesses d’asile (demandes d’asile non enregistrées dans les CAES, bénéficiaires de la protection internationale ou déboutées). Malgré la création massive de places, le dispositif national d’accueil n’héberge que les deux cinquièmes des personnes. En conséquence, plus de 70 000 personnes perçoivent le montant additionnel de l’allocation pour demandeur d’asile de 7,40€ par jour pour se loger. Environ 20 000 autres sont dépourvues de ces conditions car ayant demandé l’asile plus de 90 jours après leur arrivée, ayant formulé une demande de réexamen ou sont considérés en fuite.

▻https://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux

#Dublinés

Dans le billet ci-dessus on signal les autres cartographies de l’accueil publiées par la Cimade:

#2017:

▻https://www.lacimade.org/rapport-dactivite-de-lofii-2017-cartographie-de-laccueil-des-demandeurs-da

#2019:
▻https://www.lacimade.org/dispositif-daccueil-des-demandeurs-dasile-le-dessous-des-cartes

#déconfinement #recommandations #recherche #confinement_strict #apprentissage_post-crise (#RETEX) #gestion_de_crise #Belgique #Pays-Bas #masques #espace #quartier #BCE #monnaie #politique_monétaire #complot #conspirationnisme #complotisme #privacy #vie_privée #droits_humains #vaccin #droits #libertés #crise_sanitaire #pauvreté #droits_des_enfants #police #rites_funéraires #enterrement #prisons #centres_fermés #égalité_hommes-femmes #égalité #genre #trauma #traumatisme #deuil_anticipatoire #santé_mentale #violences_domestiques #violences_intrafamiliales #VIF #logement #habitat #télétravail #discriminations #jeunesse #éducation #écoles #continuité_pédagogique #médias #sécurité_alimentaire #alimentation #déconfinement_sociétal #le_monde_d'après

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@davduf, il y a un chapitre sur « #Pratiques_policières et réactions communales »...

#vaccins

#coronavirus #solidarité #Migrants

Voir compile des effets délétères indirects de la pandémie :
►https://seenthis.net/messages/832147

Conseil de l’Europe | Libérer les migrants en détention administrative pendant la crise du Covid-19

▻https://seenthis.net/messages/834730

COVID-19 : Des mesures doivent être prises pour protéger les personnes privées de liberté, selon l’organisme de prévention de la torture de l’ONU

Le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT) a émis des avis détaillés sur une série de mesures que les gouvernements et les mécanismes nationaux indépendants de surveillance devraient prendre pour protéger les personnes privées de liberté pendant la pandémie de COVID-19.

L’avis public du SPT prévoit des mesures que les autorités devraient prendre concernant tous les lieux de privation de liberté, y compris les prisons, les centres de détention pour immigrants, les camps de réfugiés fermés et les hôpitaux psychiatriques, afin d’atténuer les risques pour la santé créés par le coronavirus.

Les mesures consistent notamment à envisager de réduire la population carcérale en mettant en œuvre des programmes de libération anticipée, provisoire ou temporaire des délinquants à faible risque, à examiner tous les cas de détention provisoire, à étendre le recours à la libération sous caution pour tous les cas, sauf les plus graves, ainsi qu’à examiner et réduire le recours à la rétention des immigrants ainsi qu’aux camps de réfugiés fermés. Les recommandations mettent également l’accent sur le fait que tous les détenus, les personnes en quarantaine et dans les établissements médicaux fermés, leurs familles et tout le personnel, devraient recevoir des informations fiables, précises et à jour concernant toutes les mesures prises.

« En l’espace de quelques semaines à peine, le coronavirus a eu un impact profond sur la vie quotidienne de chacun. Dans les prisons et autres lieux de privation de liberté, dont beaucoup sont gravement surpeuplés et insalubres, il y a des problèmes de plus en plus aigus qui nécessitent une action immédiate », a déclaré Sir Malcolm Evans, président du SPT. « Les gouvernements doivent prendre les mesures de précaution nécessaires pour prévenir la propagation de l’infection et mettre en œuvre des mesures urgentes pour garantir aux détenus un accès aux soins de santé appropriés et pour maintenir le contact avec les familles et le monde extérieur », a-t-il ajouté.

L’avis du SPT appelle également les organes de surveillance nationaux indépendants, officiellement connus sous le nom de mécanismes nationaux de prévention (MNP), à continuer d’exercer leur mandat préventif pendant la pandémie, y compris leurs visites dans les lieux de détention, lorsque cela est possible, en tenant compte des restrictions légitimes des contacts sociaux et du principe « ne pas nuire ». L’avis souligne que les MNP doivent être en mesure de poursuivre leur travail de prévention, même si l’accès aux lieux de détention est temporairement restreint.

En outre, le SPT a reporté sa visite à Madagascar, initialement prévue pour mai, compte tenu de la situation pandémique actuelle.

▻https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25756&LangID=F

#coronavirus #solidarité #CRA

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Un #blog :
Aux enfermés du confinement

https://seenthis.net/local/cache-vignettes/L600xH309/S6RpXF9png-ff92c-730dc.png

High court rejects call to free 736 detainees at risk from coronavirus

Judges say Home Office has addressed dangers in immigration detention centres.

The high court has rejected calls to free hundreds of immigration detainees who, lawyers and human rights activists say, are at risk from Covid-19 while behind bars.

The ruling, following a hearing over Skype on Wednesday, was handed down in response to an urgent legal challenge from Detention Action.

The legal action asked for the release of hundreds of detainees who are particularly vulnerable to serious illness or death if they contract the virus because of particular health conditions, and also for the release of those from about 50 countries to which the Home Office is currently unable to remove people because of the pandemic.

The two judges – Dame Victoria Sharp, president of the Queen’s Bench division, and Mr Justice Swift – came down strongly on the side of the Home Office and highlighted the range of measures already being implemented by the home secretary, Priti Patel.

These included the release of more than 300 detainees last week, ongoing assessments of the vulnerability of individual detainees to the virusand a range of “sensible” and “practical” steps the Home Office is taking to make detention centres safer, such as single occupancy rooms and the provision of face masks for detainees who wish to wear them.

“It seems likely that the arrangements already in place by the secretary of state will be sufficient to address the risks arising in the majority of cases,” the judges said, adding that “the present circumstances are exceptional”.

The court hearing on Wednesday heard that 736 people are still being detained in the UK, while 350 have been released in recent days. It was also confirmed that detainees in three detention centres have displayed symptoms of Covid-19.

The Home Office previously confirmed to the Guardian one case of Covid-19 on Sunday at Yarl’s Wood immigration removal centre in Bedfordshire, which mainly houses women.
Million undocumented migrants could go hungry, say charities
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The court heard that in a second centre - Brook House, near Gatwick airport - one detainee who had displayed symptoms was reportedly serving food to other detainees just before he fell ill.

Chris Buttler, representing Detention Action and also representing a detainee who lawyers say is at greater risk from Covid-19 because he suffers from high blood pressure, told the court that expert evidence suggests the virus “will run rampant” through detention facilities.

He argued that the home secretary was acting unlawfully and falsely imprisoning many detainees because removals are no longer possible to 49 countries and it is difficult to remove people to many others.

He said that the Home Office was a “glaring exception” to the government’s moves to suppress Covid-19 and that leaving people in detention would further burden the already overstretched NHS when they get sick.

“The home secretary is arguably falsely imprisoning some clients who there is no realistic risk of removing,” Buttler told the court.

Lisa Giovannetti QC, representing the Home Office, told the court: “Government accepts all reasonable steps should be taken to shield people in high-risk categories and we have been proceeding on that basis. I can’t claim the system is perfect but it’s a reasonable one.”

She said reviews to identify the most vulnerable detainees were under way and this process is due to be completed imminently, adding that numbers in immigration detention have fallen substantially from 1,200 in January to 736 now.

As part of Detention Action’s case, the public health expert Prof Richard Coker, of the London School of Hygiene and Tropical Medicine, provided an expert report warning that prisons and detention centres provide ideal incubation conditions for the rapid spread of the coronavirus, and that about 60% of those in detention could be rapidly infected if the virus gets into these locked facilities.
Guardian Today: the headlines, the analysis, the debate - sent direct to you
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Toufique Hossain of Duncan Lewis Solicitors, who brought the case, said: “This litigation has brought about the release of hundreds of detainees, preventing many from suffering serious harm.

“Hundreds more remain in detention in terrible conditions. Though we are disappointed with the ruling today, this action has clearly focused the minds at the Home Office on vulnerable individuals they usually wilfully neglect.”

Bella Sankey, Director of Detention Action, said: “While the high court declined to grant our interim relief tonight, our litigation has already forced major and rapid concessions from the government: 350 people released from detention in the past week; an undertaking to proactively review the detention of all those held under immigration powers according to updated guidance and with a view to further significant releases; and a very strong presumption against any new detentions for people facing removal to around 50 countries.

“The government has also been forced to issue new guidance on hygiene standards in detention and to accept that detention poses high risks to those with Covid-19-relevant underlying health conditions.

“We will monitor the implementation of all these guarantees and continue to hold the government to account.”

A Home Office spokesperson said: “We welcome the court’s decision. Immigration Enforcement is responding to the unique circumstances of the coronavirus outbreak and following the latest guidance from Public Health England. The safety of detainees and staff is of vital importance.

“Decisions to detain are made on a case-by-case basis and kept under constant review, but our priority is to maintain the lawful detention of the most high-harm individuals, including foreign national offenders.’’

▻https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/26/high-court-rejects-call-to-free-736-detainees-at-risk-from-coronavirus?

#coronavirus #solidarité #CRA #prisons #migrants #UK

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Immigration detention

The Home Office has already released around 350 people from immigration detention. But a senior official told the Home Affairs committee of MPs on 18 March:

there is no plan to have a wholesale systematic release from our immigration removal centres.

An urgent legal challenge by the charity Detention Action aimed at securing the release of all immigration detainees was rejected by the High Court on 25 March. The charity says that the Home Office has made various commitments to safeguard the wellbeing of detainees:

Enhanced screening, identification and monitoring of those at risk or showing symptoms of Covid-19, particularly for this with underlying health conditions.
Ensuring that persons at increased risk from Covid-19, and persons who are symptomatic, are provided with facilities to self-isolate in single-occupancy rooms and are provided with individualised care plans
A review of cleaning practices within detention centres to ensure compliance with Public Health England guidance
Provision of anti-bacterial cleaning materials to detainees, upon request
The introduction of social spacing measures in communal areas
The production of specific guidance to explain in clear terms how to reduce the risk of an outbreak of Covid-19

Detention Action’s director, Bella Sankey, adds that the department has given “an undertaking to proactively review the detention of all those held under immigration powers according to updated guidance and with a view to further significant releases”. There is also a “very strong presumption against any new detentions for people facing removal to around 50 countries”, including Jamaica, India, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Sudan, and Albania.

The Home Office says that “the vast majority of detainees still in immigration removal centres are foreign national offenders”.

With many countries closing their borders and flights unavailable, immigration judges may be receptive to the argument that removal is no longer imminent and grant bail accordingly.
▻https://twitter.com/FranckMagennis/status/1239534663221284864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12

▻https://twitter.com/BIDdetention/status/1246069190395486210?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12

As of 26 March, visits to immigration removal centres were no longer possible.
Bail reporting suspended

The Home Office website now says:

Following Public Health England’s advice on coronavirus (COVID-19), the Home Office has decided that reporting as a condition of immigration bail should be temporarily deferred while it reviews how frequently people should report. You will receive an SMS text message soon with details of your next reporting date.

This follows widespread reports of those on bail receiving texts about the suspension of reporting requirements. Those can now be taken as officially confirmed.
Voluntary removals

The Voluntary Returns Service Communications and Engagement Team circulated an update on its operations on 20 March:

…we are currently experiencing difficulties that mean that we cannot currently support assisted returns for people who require a level of assistance upon return from the United Kingdom. We are experiencing infrastructure and other issues that make it difficult to impossible to offer that level of support at this time.

We have therefore made a very difficult decision to cease offering assisted returns at this time.

We will continue to register an interest from people who wish to return, and to offer other levels of support to help as many people as we possibly can. Where we can arrange flights, get travel documents etc we will continue to do this, and we are very happy to talk to people to see what help we can offer on an individual basis.

The widespread cancellation of flights has obvious ramifications for enforced returns as well, but at time of writing we have no information about whether there will be any general suspension of removals.

▻https://www.freemovement.org.uk/coronavirus

#Assignation_à_résidence avant #expulsion : les obligations de pointage doivent être suspendues

Face au confinement, des personnes étrangères sont placées devant un dilemme : se déplacer en préfecture ou au commissariat pour respecter le pointage dans le cadre des procédures d’expulsion – s’exposant ainsi elles-mêmes ainsi que les autres au risque de propagation du virus – ou interrompre le pointage, au risque d’être déclarées « en fuite » par l’administration.

Depuis le 16 mars, la France entière est placée en confinement, avec des restrictions de circulation prévues par un décret du même jour. Conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé de du conseil scientifique, l’objectif prioritaire des autorités françaises est en effet de réduire les risques de transmission du virus et de protéger toute la population, notamment les plus vulnérables.

Par décret du 20 mars, les personnes étrangères qui faisaient l’objet, avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, d’une mesure d’expulsion (obligation de quitter le territoire, décision de transfert Dublin) assortie d’une assignation à résidence (AAR), ont pourtant appris que le confinement ne leur est pas complètement applicable.

Prévue à l’article L.561-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’AAR « expulsion » prévoit en effet une obligation de pointer régulièrement (jusqu’à une présentation quotidienne, dimanches et jours fériés compris) auprès d’un commissariat ou d’un guichet de préfecture pour démontrer que la personne ne cherche pas à se soustraire à la surveillance de l’administration et à l’exécution de son renvoi du territoire. Le non-respect de cette obligation peut avoir de lourdes conséquences pour les personnes : peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans et interdiction judiciaire du territoire.

Il est aberrant que le gouvernement n’ait pas exempté ces personnes de déplacement dans le contexte actuel, alors même que les appels à la « responsabilité collective » et les slogans « sauvez des vies, restez chez vous » sont de mise dans le discours public et sur les réseaux sociaux.

Les personnes concernées font face à une situation d’autant plus incompréhensible que l’exécution à court terme des mesures d’expulsion apparaît illusoire : les frontières se ferment les unes après les autres partout dans le monde. Quel intérêt à maintenir le contrôle sur ces personnes durant cette période, puisqu’elles sont de toute façon confinées comme une grande partie de la population ?

Sur le terrain, tout le monde est désemparé face à l’injonction paradoxale : certaines préfectures (Loiret) interrogées par La Cimade affirment que les personnes doivent continuer à se présenter, sous peine d’être considérées « en fuite », alors que d’autres (Bouches du Rhône) indiquent que leurs guichets sont fermés et que les présentations doivent cesser. Les personnes étrangères comme les services de l’État ne savent donc plus à quel saint se vouer.

Les personnes concernées – notamment beaucoup de familles avec enfants mineurs – sont soumises à une double anxiété, bien compréhensible : celle relative à la protection de leur santé et celle d’être exposées à des déclarations « en fuite » qui vont complexifier leur parcours administratif, voire des sanctions pénales légales en cas de non-respect des pointages.

La Cimade demande donc au ministre de l’intérieur de prendre sans délai une instruction pour suspendre l’exécution des assignations à résidence en cours, afin de ne pas rajouter inutilement du stress aux personnes concernées et de mettre enfin pleinement en œuvre les consignes sanitaires nécessaires à la préservation de toute la collectivité.

▻https://www.lacimade.org/assignation-a-residence-avant-expulsion-les-obligations-de-pointage-doiven

#coronavirus #solidarité #prisons #migrants #CRA #France

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Le Conseil d’État refuse la fermeture des centres de rétention : protection au rabais pour les étrangers

Par une ordonnance du 27 mars 2020, le juge des référés du Conseil d’État, saisi par l’ADDE, La Cimade, le GISTI, le SAF et le CNB, vient de refuser la fermeture temporaire des centres de rétention administrative pour cause d’épidémie de COVID-19. Le Conseil d’État impose cependant au Ministère de l’intérieur des limites dans l’utilisation de ces lieux de privation de liberté.

L’ADDE, La Cimade, le GISTI, le SAF et le CNB regrettent que le Conseil d’État ait refusé de tirer les conséquences nécessaires de l’exceptionnelle gravité de l’épidémie de COVID-19, qu’il a pourtant longuement soulignée, et ceci, alors même que la Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, le Défenseur des droits, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté et le bureau de la Commission nationale consultative des droits de l’homme appellent à libérer tous les migrants en rétention administrative pendant la crise du COVID-19.

Le juge des référés reconnaît pourtant que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Il considère en outre que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes.

Il ressort donc de cette décision qu’aucune rétention administrative n’est désormais possible en dehors du cas où le départ des personnes concernées peut être organisé à brève échéance.

Cela suppose que l’administration soit en possession du passeport en cours de validité de la personne placée en rétention ou que la délivrance d’un laisser-passer consulaire soit donnée comme imminente et certaine, que les frontières du pays de destination soient ouvertes au transport international de voyageurs en provenance de France et qu’un mode de transport soit immédiatement disponible pour un départ effectif à brève échéance.

La majorité des personnes actuellement encore enfermées en rétention ne remplissent pas ces conditions et doivent être libérées, leur expulsion étant impossible à brève échéance.

Cela suppose également que le nombre de personnes enfermées dans les centres de rétention administrative soit drastiquement réduit, afin d’éviter toute forme de promiscuité qui serait manifestement incompatible avec la lutte contre l’épidémie, et que les personnes retenues ainsi que le personnel des centres de rétention aient un accès constant et effectif aux moyens d’hygiène permettant d’éviter la propagation du COVID-19.

Nos organisations constatent que tel n’est pas le cas et rappellent que les centres de rétention ne sont pas destinés au confinement sanitaire des personnes qu’ils renferment.

Puisque le Conseil d’État a pris sa décision en considération des « circonstances particulières du temps présent » (point 14), chacune des organisations signataires se réserve la possibilité de le saisir de nouveau, seule ou conjointement avec d’autres organisations, en fonction de l’évolution des circonstances.

Au-delà de cette décision, nos organisations comme de nombreuses autorités administratives indépendantes réitèrent leur demande au ministère de l’intérieur de fermer les centres de rétention au regard de la crise sanitaire et compte tenu de l’impossibilité d’exécuter les expulsions de la plupart des personnes visées.

▻https://www.lacimade.org/presse/le-conseil-detat-refuse-la-fermeture-des-centres-de-retention-protection-a

CENTRE DE RETENTION DE #CORNEBARRIEU : LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DEMANDE DES COMPTES AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Depuis le début du confinement, trois personnes retenues ont été successivement placées à l’isolement au #CRA de Cornebarrieu en raison de suspicion de #contamination au #COVID-19.

Lundi 23 mars 2020, la Cour d’appel de Toulouse a remis en liberté 13 étrangers retenus au centre.

Pour faire droit à leurs demandes, la Cour prenait acte de ce que le retour des intéressés à destination de leurs pays d’origine respectifs était rendu impossible par la situation sanitaire mondiale et la fermeture de nombreuses frontières.

Pourtant aujourd’hui, 6 personnes sont toujours retenues dans ce centre.

Cinq d’entre elles avaient vu leurs demandes de mise en liberté rejetées par le juge des libertés et de la détention puis par la Cour d’appel de Toulouse les 20 et 21 mars dernier.

Les 26 et 27 mars 2020, elles ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour demander leur libération immédiate, se fondant sur le caractère arbitraire de leur maintien en rétention en l’absence de toute possibilité de retour dans leurs pays d’origine et invoquant le traitement inhumain et dégradant caractérisé par un enfermement incompatible avec le respect des mesures de prévention de l’Organisation mondiale de la santé de nature à leur faire courir un
risque accru de contamination au virus.

La Cour européenne a laissé au gouvernement français jusqu’au 31 mars prochain pour s’expliquer sur les raisons et les conditions du maintien en rétention de personnes pour lesquelles il n’existe aucune perspective de retour.

En parallèle, le 26 mars, un nouvel étranger était placé au centre de rétention à sa sortie de détention.

Rien n’indique que des précautions particulières aient été prises alors l’intéressé était préalablement incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses dans un contexte de surpopulation carcérale particulièrement propice à la propagation du virus.

Cela démontre une fois de plus, qu’aucune mesure particulière n’est prise afin d’éviter la propagation du virus au centre, faisant courir un risque accru de contamination aux personnes retenues.

Sans attendre la réponse de la Cour, l’ensemble des étranger.e.s placé.e.s en centre de rétention devront être immédiatement remis.e.s en liberté.

Fait à Toulouse,
Le 27 mars 2020

▻https://www.cercledesvoisins.org/blog/index.php/rubriques/activite/comuniques/3305-centre-de-retention-de-cornebarrieu-la-cour-europeenne-des-dr

Coronavirus : Appel aux associations de la part des prisonniers du CRA de #Mesnil_Amelot

La majorité des prisonniers du CRA de Mesnil Amelot sont en #grève_de_la_faim depuis deux jours (le 30 mars) pour demander la libération immédiate de tout le monde.
Voici leur communiqué :
▻https://abaslescra.noblogs.org/on-demande-notre-liberation-immediate-et-la-fermeture-du-centre-

Ils ont également écrit un appel aux associations de soutien aux sans-papiers, qu’ils demandent de relayer au maximum :
▻https://abaslescra.noblogs.org/appel-des-prisonniers-du-mesnil-amelot-en-lutte-aux-associations

voici le texte :

« Je vous écris au nom de tous les détenus du CRA2 du Mesnil-Amelot. On demande à la CIMADE ainsi qu’à toutes les associations de soutiens aux sans-papiers de nous défendre, de faire une demande auprès de la préfecture de la fermeture du CRA. On demande a l’ADE, l’association de défense des étrangers de nous défendre parce qu’on est jugé sans avocat, sans voir le juge. En fait on est jugé sans notre présence ou notre dossier.
A toutes ces associations : s’il vous plait, aidez nous. On a peur de la suite. »

–-> reçu via la mailing-list de Migreurop, le 01.04.2020

Solidarité aux prisonniers du Mesnil Amelot et de #Vincennes : appel à harceler les préfectures en ces temps de confinement !

https://abaslescra.noblogs.org/files/2020/04/Untitled-300x188.png

Le 30 mars au matin tous les prisonniers du bâtiment 9 et 10 et quelques prisonniers du bâtiment 11 du CRA du Mesnil Amelot ont entamé une grève de la faim pour exiger leurs libération immédiate ; les prisonniers de Vincennes sont également mobilisés. La situation dans ces prisons pour sans papiers, comme dans toutes les autres en France, est très dure :
parloirs fermés, dégradation des problèmes sanitaires, aucune mesure sanitaire prise. Nous devons manifester notre solidarité aux personnes enfermées. Le confinement nous empêche de nous rassembler devant les CRA pour manifester cette solidarité, mais en envoyant massivement des mails aux adresses des préfectures on peut montrer qu’on est au courant de ce
qui se passe à l’intérieur des CRA et qu’on est toujours là ; c’est aussi une manière de ralentir leur sale travail en saturant leurs boites mails et, si on est vraiment nombreux.euses, qui sait, en faisait bugger leur système ?

On vous propose d’à partir du VENDREDI 3 AVRIL À 11H, de participer collectivement à l’envoi d’un e-mail (texte plus bas) aux adresses ci-dessous :

pref-eloignement@seine-saint-denis.gouv.fr
pref-eloignement@val-de-marne.gouv.fr
pref-eloignement@hauts-de-seine.gouv.fr
pref-astreinte-eloignement@seine-et-marne.gouv.fr

Il faut envoyer le texte à chaque adresse séparément. Les envois collectifs finissent directement dans les spams. Copiez le texte dans le corps du message. Changer l’objet du mail peut être également une bonne technique.

L’idée est de reproduire l’envoi de ces mails TOUS LES JOURS de 11H à 12H !

Brisons le silence, ne laissons pas isolés les prisonniers en lutte !

Texte à envoyer :
“Au CRA du Mesnil Amelot, les retenus ont entamé une grève de la faim depuis le 30 mars pour protester contre l’enfermement et les conditions qui empirent avec le coronavirus ; les retenus de Vincennes restent également mobilisés. A l’intérieur comme à l’extérieur, on continuera à lutter contre vos politiques racistes et contre les CRA qui tuent, torturent, tabassent.

On demande la libération immédiate de tous les retenus et la fermeture du CRA.

Le communiqué des retenus :

Y a tous le bâtiment 9, 10 qui fait grève de la faim, et quelques
personnes du bâtiment 11.
On demande notre libération immédiate et la fermeture du centre. On a
peur de la contamination du coronavirus. Il y a encore de nouvelles
arrivées Ici il n’y a pas d’hygiène, donc c’est plus risqué que dans
d’autre endroit.
On a contacté la CIMADE, et on lui demande de faire une DML pour tout le
monde (demande de remise liberté).
Y a pas de vol, y a rien ici. Pourquoi on est là encore ?
Y a des gens qui se coupent pour sortir d’ici. La police est encore
violente avec nous. Depuis qu’on est en grève de faim les policiers
n’ont toujours pas répondu.
On veut que des journalistes nous contacte, et que la préfecture décidé
de nous libérer le plus rapidement possible.
Les retenus de Mesnil-Amelot le 30 mars 2020

▻https://abaslescra.noblogs.org/solidarite-aux-prisonniers-du-mesnil-amelot-et-de-vincennes-appe

Des témoignages audios et écrits de retenus des CRA de Mesnil-Amelot et Oissel

Dans cette émission de l’actu des luttes, plusieurs témoignages de retenus des CRA de Mesnil-Amelot ou une grève de la faim à eu lieu la semaine dernière et de Oissel. Les prisonniers de Oissel parlent le lendemain du jour où le Conseil d’Etat explique que : “les conditions de fonctionnement des CRA dans ces circonstances particulières ne sauraient caractériser une carence dans l’accès au soins ou à la mise à disposition de produits d’hygiène dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19”.

Voici ce qu’il se passe au centre de Oissel : tous les retenus sont malades et au lit. Ils expliquent qu’ils n’ont même plus la force de lutter contre leurs conditions d’enfermement. Voici le témoignage (sous le lien vers la radio) de deux d’entre eux. Ils devaient parler à plus nombreux mais n’avaient pas la force.

Plus récemment, le 5 avril, un prisonnier de Oissel à donné quelques nouvelles de la situation ;

“On est obligé de partager les cigarettes a 3 ou 4.”

” Ca va pas. On est 8 personnes, y a eu 3 libérations (un sénégalais, un tunisien et un géorgien). Je sais pas pourquoi ils ont été libéré, ils ont été voir le JLD et après ils ont été libéré .Hier ils ont ramené deux nouveaux, de prisons. Un à Renne et un à Caen. Ca va pour eux pour le moment c’est le début.
Pour nous c’est trop compliqué. Les toilettes et les douches sont chambre.
On a pas de france d’asile on a pas d’ofii. Ils viennent une fois par semaine. Mais une fois par semaine c’est pas beaucoup. On a obtenu le droit que les familles viennent poser de l’argent et que la paf le ramene. Mais si t’as pas de famille ou que ta famille peut pas venir à Oissel ? Parce que le centre il est loin de tout.
Ils appellent sur les cabines pour savoir qu’est ce qui ce passe, c’est tout. Ils ont dit que tout le monde il va sortir, on sait pas.
La situation est pas bien là. Ils nettoient juste les couloirs, et pas les chambre.”

Retranscription du témoignage des prisonniers de Oissel qui parlent pendant l’émission :

« Tout le monde ici on est malade, ya pas à manger, ya pas de femme de ménage, ya pas pour acheter quelque chose [L’Offi]. On est pas des humains ou je sais pas moi. […] L’Offi est pas là, il a dit il vient pas jusqu’à la fin du Coronavirus. On est malade, tout le monde il est malade, moi je suis malade. Même les policiers ils ont dit « on vient pas à la prochaine semaine ». On vient pas ? On reste ici tout seul ? ou je sais pas moi si y’a possibilité de rentrer chez nous chez nos familles ? On reste ici, 14 tous les détenus qui viennent de prison. Y’a pas de libération, les albanais, les géorgien ils ont été libéré un peu mais les noirs et les arabes pas de libération. On reste ici je sais pas pourquoi. Même les frontières pour nous ramener dans nos pays elles sont fermés pendant deux mois ou jusqu’à quatre mois peut-être je sais pas moi. Pour le Ramadan aussi je sais pas comment ça va etre.. Y’a pas de femme de ménage, ici l’odeur dans les cellules… […] je te passe mon ami. »

« C’est bon je peux y aller ? Bon vas y moi je suis là depuis deux mois je sors de prison et peut importe ce que j’ai fait. Je fais du sport et tout, et au fur et à mesure que les jours passent je commence à me sentir mal et tout. J’ai commencé à voir différents symptômes sur les autres qui était là, ça veut dire des éternuements, des maux de tête, des écoulements du nez. Tous ces symptômes là qui ressemble au Corona tu vois ? Et on est tous ensemble dans la même pièce, quand on regarde la télé et y en a un qui va éternuer tout le monde va attraper le microbe, indirectement. Même au niveau de la ventilation y’a pas de ventilation ici y’a rien pour aérer, tous les microbes reste ensemble c’est comme ça que le microbe va se propager. Jour après jour j’ai vu tout se dégrader ici au niveau de notre santé, à l’heure ou je parle là j’ai mal à la gorge, j’ai mal à la tête je peux même plus faire mon sport. La situation c’est vraiment de pire en pire jour après jour. La santé de tout un chacun se dégrade. Même les policiers ils sont ni gantés ni masqué, eux aussi ils ont il éternuent, ils ont des écoulements, ils sont toujours avec du papier jetable. Ils se torchent tout le temps.Et suite à cela, on parle à moins d’un mètre de distance. Ça veut dire on a contracté le virus comme ça du Corona. Y’a un mec encore qui est arrivé ce matin de prison, ils sont systématiquement masqué, tu vois ? On a jamais vu notre santé se dégrader aussi vite ça veut dire que vraiment la maladie elle est ici et même la nuit on dort pas on arrive pas à dormir. Et que ça a éternue, et que il y a des maux de ventre, et que y’a des réels symptôme du Corona.

[…]

La situation à l’heure actuelle : quand je parle là j’ai du mal à parler du mal à expliquer. Pour te faire comprendre un peu la dangerosité et la gravité de la situation actuellement au centre de Oissel…

Tu disais tout à l’heure que là actuellement tout le monde est dans son lit la main sur la tête…

J’ai fait un tour là dans le bâtiment tout le monde est… Tout le monde on dirait des cadavres. Tout le monde est K.O., tu vois que ça va vraiment pas, tu vois qu’il y a un virus qui les démange. Vraiment c’est un dérangement. Voilà tout le monde se fait démanger par le virus du Corona.

Ça veut dire que hier, quand le conseil d’État à dit que les conditions en CRA, au niveau de l’hygiène ne justifient pas la libération des retenus c’est que..

C’est vraiment ça, ils sont pas d’accord pour fermer l’établissement parce que déjà, de un c’est un vrai business pour eux, tout un chacun qui est venu ici, pour acheter des cigarettes, il faut dépenser, pour acheter des… pour tout faut dépenser. Ça veut dire tous les jours ils s’enrichissent et pendant ce temps notre santé elle se dégrade. Voilà c’est vraiment la réalité des choses de ce qui se produit actuellement au centre de Oissel.

Quand hier j’ai fait une demande de remise en liberté, je l’ai fait à 16h 30. J’ai eu la requête qui rejette ma demande de mise en liberté à 19h 13 pile poil. C’est écrit noir sur blanc : « ne peut pas être libéré car ne présente pas de positivité du Coronavirus à l’heure actuelle ». Ce qui est strictement faux ! Vraiment aucun test de PCR ou de sérologie n’a été fait pour prouver que untel n’a pas de Corona et ne peut pas être libéré. Vraiment, c’est vraiment du faux noir sur blanc.

[…]

Et du coup pour revenir là-dessus depuis les derniers jours il y a vraiment eu aucune libération ?

Il y a eu quelques libération mais c’est les mecs du Maroc, la frontière elle a été fermée et il a été libéré. Mais sinon depuis il y a eu aucune libération. En fait les mecs qui ont été libérés c’est pour des raisons administratives, mais tous ceux qui sont là pour des raisons juridiques c’est-à-dire ceux qui sort de taule, non. [au CRA tout le monde est là pour des raison administratives (sans-papiers), mais les nouvelles personnes qui arrivent en ce moment en CRA sont le plus souvent des détenus qui viennent de finir leur peine de prison]

C’est si divisé ? Ceux qui sortent de taule ils restent et ceux qui sortent pas de taule sont libérés ? Y’a personne là qui est dans le CRA, qui s’est fait choper dans la rue ou des trucs comme ça ?

Exactement c’est que des taulards, que des mecs qui sortent de taule.

Parce que dans les autres CRA c’est pas du tout si clair que ça, Genre au Mesnil-Amelot. ou à Vincennes il y en a qui sont là depuis avant le confinement et les interdictions de parloir et tout, et il y en a d’autres qui sont arrivés de taule depuis et qui ont été libérés.

Ah, mais à Oissel c’est vraiment comme ca. En tout cas ici, la situation c’est pire, c’est grave, tout ce qu’on attend ici c’est un cadavre. Je crois qu’il faut qu’on crève d’abord et après… pour l’instant la plupart des gens ils ont les symptômes du Corona.

Et du coup les équipes médicales tout ça les infirmières les médecins y’a rien ?

Déjà y a pas de médecin OK ? Après il y a une infirmière, quand t’as mal, quand on a des symptômes tout ça, elle donne des doliprane c’est tout elle peut rien faire d’autre. Même elle, elle te dit : « Mais moi je suis en bas de l’échelle, même moi-même. Et moi aussi je peux vous contaminer parce que je vais chez moi, je vais voir mes enfants, je vais dehors et après je suis parmi vous tous les jours. »

Et avec France Terre D’Asile [l’association présente dans le centre en temps normal] ça se passe comment ?

On a plus de visites, on les voit plus, on les reçoit au téléphone. Que des coups de fil que des coups de fil. Mais le problème c’est qu’on utilise tous le même téléphone [cabines téléphoniques du centre] ça veut dire que quand y’a un mec qui décroche, qui parle, et qu’il y a un autre mec qui prend le téléphone après, et ben ya tous les microbes laissées par le premier mec. Et ainsi de suite ,et ainsi de suite, le virus, il se propage entre les divers mecs qui sont ici. Même pas de désinfectant pour nettoyer les cabines.

Il y a autre chose que tu veux raconter ?

Bah moi ça fait un moment que je suis là et personnellement je vois que ma santé elle se dégrade, jour après jour. Là je vous parle avec difficulté d’habitude je suis plus lucide que ça. Je peux même plus faire mon sport. Et même les fenêtres ici tout est fermé, tout. Y’a rien qui est aéré ya pas de vent qui sort dehors pour pouvoir aérer la cellule. Ça veut dire on est tous comme si on était dans un sac-poubelle fermé quoi ! Enfermé avec le virus qui se multiplient au lieu qu’il soit… Ouais ben j’ai dis ce que j’avais à dire. À l’heure ou je parle là j’ai mal à la tête et je vais… Je suis au bout là, vraiment je suis au bout, c’est la première fois que j’arrive au bout comme ça. Je suis vraiment à bout de souffle, et le nez qui coule, j’ai mal à la gorge, je suis vraiment en burnout comme ils disent…

▻https://abaslescra.noblogs.org/des-temoignages-audios-et-ecrits-de-retenus-des-cra-de-mesnil-am

L’inégalité des vies en temps d’épidémie

Exposés à un niveau élevé de risque de contamination, détenus et retenus sont des confinés forcés. Le « sens des responsabilités et de la solidarité » prôné par Emmanuel Macron s’arrête-t-il aux portes des établissements pénitentiaires et des centres de rétention surpeuplés ?

En appelant, lundi, au « sens des responsabilités et de la solidarité » des Français, le président de la République leur a demandé de rester chez eux avec pour seul objectif de les « protéger face à la propagation du virus ». Il a également évoqué l’engagement de l’État « pour les plus précaires, pour les plus démunis, pour les personnes isolées ». A aucun moment, il n’a toutefois mentionné celles et ceux qui, en dehors des personnels soignants, se trouvent dans la situation la plus exposée parce qu’ils sont enfermés dans des établissements pénitentiaires ou des centres de rétention administrative. Il y a en effet aujourd’hui deux sortes de confinement, en France comme ailleurs : le confinement volontaire, qui protège, car il permet d’éviter les contacts avec des personnes possiblement infectées, et le confinement forcé, qui fragilise, car il rassemble en grand nombre, dans un même espace restreint, des personnes qui ne peuvent quasiment pas éviter la proximité des compagnons et des compagnes qu’on leur impose.

Les conditions d’enfermement dans les prisons exposent à un risque particulièrement élevé. Au 1er janvier, on comptait 70 651 personnes détenues, dont 3 157 femmes, soit 10 000 de plus que dix ans auparavant, pour 61 080 places opérationnelles. La surpopulation affecte essentiellement les 40 848 personnes emprisonnées dans les 133 maisons d’arrêt, où la densité atteint 138%. En réalité, la suroccupation des cellules est bien plus forte que ce qu’indique ce taux en raison de celles réservées à des prisonniers devant rester seuls, souvent pour raison de santé. Presque toutes les cellules sont doublées, c’est-à-dire ont deux lits superposés, et dans 1 614 d’entre elles, on a été obligé d’ajouter un matelas. Dans neuf mètres carrés, trois détenus doivent alors cohabiter, bien que l’encellulement individuel soit inscrit dans la loi depuis 1875, ait été réitéré dans la loi pénitentiaire de 2009 et ait fait l’objet de rappel par la Cour européenne des droits de l’homme. Il faut ajouter que près d’un tiers de ces prisonniers sont des prévenus, autrement dit sont présumés innocents dans l’attente de leur procès, et que les deux autres tiers sont pour la plupart condamnés à de courtes peines, correspondant à des délits mineurs.
Des enfermements non justifiés

Parallèlement, ce sont chaque année plus de 45 000 étrangers, dont des enfants, qui se trouvent placés dans les 50 centres et locaux de rétention administrative, avec la perspective d’un éloignement du territoire ou d’une décision de justice qui les libérera. Depuis la loi du 10 septembre 2018, la durée maximale de rétention est passée de 45 à 90 jours, conduisant à un doublement du nombre de personnes retenues plus d’un mois et à un accroissement de moitié du nombre de places en métropole. Les conditions d’enfermement sont très dures, dans des bâtiments parfois délabrés et suroccupés, ne respectant pas des règles minimales d’hygiène. Les tensions résultant de ces conditions génèrent de fréquentes violences, automutilations et suicides. Victime d’une surenchère à l’expulsion, au demeurant inefficace, la population retenue dans ce dispositif comprend des ressortissants étrangers ayant de fortes attaches en France et des demandeurs d’asile affectés par la procédure de Dublin. Plus de la moitié est libérée par le juge judiciaire ou le juge administratif, preuve que l’enfermement ne se justifiait pas.

Détenus et retenus sont ainsi des confinés forcés que leur enfermement dans des lieux surpeuplés expose à un niveau élevé de risque de contamination. Qu’un cas survienne, et c’est toute la population détenue ou retenue qui se trouve menacée. Mais pas seulement elle. Les personnels pénitentiaires, en détention, et les forces de l’ordre, en rétention, de même que l’ensemble des agents qui interviennent dans ces institutions sont eux aussi très vulnérables en raison de leurs contacts fréquents avec les détenus et les retenus. Les surveillants et, parfois, les policiers sont les premiers à se plaindre des conditions dans lesquelles ils travaillent, qui sont également les conditions dans lesquelles vivent les détenus et les retenus. Ils se sentent légitimement pénalisés par l’indignité du traitement fait à ceux qu’ils ont la charge de garder. Pour tous, le risque de contamination n’est assurément pas imaginaire.

Les premiers cas de Covid-19 sont apparus à Fresnes, deuxième établissement pénitentiaire français par sa taille, avec 2 200 prisonniers pour 1 700 places. Un détenu âgé a développé une forme grave et au moins quatre membres du personnel ont fait l’objet d’un dépistage positif. On imagine sans peine l’inquiétude de la centaine de détenus confinés et la colère des autres prisonniers condamnés à une suroccupation des cellules plus grande encore. Et ce d’autant que les parloirs sont réduits, les promenades limitées, les activités sportives annulées, les visites d’avocats plus rares, et les sorties en permission difficiles, sinon impossibles. On se souvient que les restrictions apportées en Italie aux visites des familles avaient conduit à des mutineries faisant douze morts.

La situation en France peut également devenir explosive, alors que plusieurs centaines de surveillants sont déjà en quarantaine, rendant les conditions de travail de leurs collègues plus contraignantes et les conditions de l’incarcération des prisonniers plus dégradantes encore. Quant aux centres de rétention administrative, plusieurs cas de Covid-19 y sont également apparus et la Cimade y a interrompu son activité en interpellant le ministre de l’Intérieur sur le danger encouru.
Sortir de la spirale punitive

Les solutions à cette situation intenable sont simples. Si elles étaient mises en œuvre, elles protégeraient les détenus et les retenus de la propagation de l’infection et donneraient à la France l’occasion de sortir de la spirale punitive dans laquelle elle s’est engagée depuis plusieurs décennies, tandis que les Pays-Bas, l’Allemagne, le Portugal inversaient la tendance.

Dans les prisons, il faut appliquer la loi qui impose l’encellulement individuel et que plusieurs rapports parlementaires récents ont rappelée. Si le ministère de la Justice considère qu’il y a 13 887 détenus en surnombre et 21 075 prévenus en attente de jugement, auxquels s’ajoutent plus de 20 000 condamnés à des peines de moins d’un an d’emprisonnement, souvent de quelques mois, il est facile de comprendre que beaucoup de ces détenus n’ont pas leur place en prison, notamment dans les conditions épidémiologiques actuelles. Plusieurs pays européens ont cherché et trouvé des alternatives aux courtes peines d’emprisonnement, ce que la France applique d’ailleurs elle-même lorsque les condamnés sont des hommes politiques.

Dans les centres de rétention, on doit se souvenir que les personnes enfermées ne sont accusées d’aucun autre délit que de ne pas être en situation régulière, ce qui se révèle de surcroît parfois inexact. La libération des personnes retenues, que certains centres ont commencée et que l’Observatoire de l’enfermement des étrangers demande, est une décision de bon sens, car il n’y a de toute façon plus moyen de les éloigner du territoire faute de transport possible.
Exposés à l’infection

La question se pose donc. L’Etat français peut-il continuer à se désintéresser du sort des personnes qu’il emprisonne, souvent sans les avoir jugées, et qu’il retient, souvent sans fondement juridique ? La vie des détenus et des retenus a-t-elle moins de valeur que celle des autres membres de la société pour qu’on accepte de les exposer à une infection dont on protège le reste de la population ? Le « sens des responsabilités et de la solidarité » s’arrête-t-il aux portes des établissements pénitentiaires et des centres de rétention ?

Le gouvernement n’a pris aucune mesure en faveur de ces populations exposées que sont les détenus et les retenus. Mais il dit s’appuyer sur l’avis des chercheurs. Que les membres de son Conseil scientifique exigent donc que toutes les vies soient protégées de manière égale.

▻https://www.liberation.fr/debats/2020/03/18/l-inegalite-des-vies-en-temps-d-epidemie_1782169

Personnes migrantes en centres de rétention et campements. #Désencamper pour protéger

La situation inquiétante des centres de rétention et des campements montre la dangerosité de l’encampement pour la sécurité sanitaire des personnes migrantes, ce que confirme en creux l’intervention « urgentiste » de l’État qui concède un accès partiel et provisoire des exilé⋅e⋅s aux droits humains pendant la pandémie.

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Qu’en est-il du confinement comme protection sanitaire pour des populations qui vivent déjà une première sorte de confinement, leur enfermement dans les centres de rétention, les hotspots (en Grèce) ou les nombreux campements et bidonvilles ? Dans ces lieux de mise à l’écart et de promiscuité forcée, leurs occupants vivent « dans des conditions d’exiguïté et d’insalubrité particulièrement préoccupante » selon le Communiqué conjoint du Haut-commissariat des Nations unies pour les Droits de l’Homme (HCDH), de l’Organisation internationale des migrations (OIM), du Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) du 31 mars 2020. Et le même communiqué poursuit : « Compte tenu des conséquences mortelles qu’aurait une épidémie de Covid-19 dans ce contexte, ils devraient être libérés sans délai. » Les premiers signes de diffusion du Covid-19 sont révélés début avril aussi bien dans les hotspots grecs qu’en France dans les campements et les Centres de rétention administrative (CRA). C’est cette urgence qui a motivé l’état des lieux présenté ici, une pièce au dossier de la dangerosité de l’encampement.

Ce texte ne fait pas l’état d’une enquête de terrain, mais du recueil d’informations le plus à jour possible (début avril 2020) auprès des aidants et intervenants dans les CRA, les campements et les bidonvilles, principalement dans les régions parisienne et calaisienne.
CRA, mineurs isolés et demandeurs d’asile

Concernant les CRA, plusieurs décisions de justice ont libéré les retenus car, en l’absence d’expulsion possible, la rétention « en attente » d’expulsion ne se justifiait plus. Seule exception notable encore fin mars : le CRA de Paris-Vincennes avec une cinquantaine de personnes retenues. Si l’on constate ainsi une diminution de la population retenue en CRA (soit un total de 120 occupants environ pour 1 500 places), on note aussi que l’administration ne veut pas prendre de décision officielle telle que la fermeture de ces centres. La responsabilité de libérer les personnes retenues en rétention a ainsi été laissée aux juges (les Juges de la liberté et de la détention – les JLD). Les centres de rétention se sont donc vidés progressivement au gré de décisions judiciaires parfois contradictoires.

La fermeture des CRA est une urgence évidente : plusieurs personnes par chambre, les réfectoires pleins, plus de personnels de nettoyage à cause du confinement, pas de masques ni de gel hydro-alcoolique. De nombreuses recommandations vont dans ce sens : Défenseur des droits, contrôleure générale des lieux de privation de libertés (CGLPL), Commissaire aux Droits de l’Homme de l’Union européenne. Des demandes de fermeture des CRA ont été faites par le Groupe d’information et de soutien aux immigrés (Gisti), le Syndicat des avocats de France, la Cimade et le Conseil national des barreaux — fermeture refusée par le Conseil d’État. Il est intéressant d’observer que, dans l’attente d’une reprise du cours « normal » des activités, l’administration semble décidée à ne mettre en rétention que les personnes sortant de prison, et ainsi de ne pas remettre en cause l’ensemble du dispositif. Cependant, début avril, des grèves de la faim de « retenus » ont lieu dans plusieurs CRA, dont ceux de Mesnil-Amelot et de Oissel. Dans ce dernier centre en particulier, les occupants déclarent être malades et ont peur.

Concernant les démarches de la demande d’asile, presque toutes les procédures ont été suspendues. Les Guichets uniques pour demandeurs d’asile (Guda) ferment, par manque de moyens pour se protéger, et les entretiens de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) sont annulés et reportés. Étonnamment, à ce jour, l’obligation de pointage dans les commissariats et gendarmeries est maintenue pour les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure d’expulsion vers un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de la Convention Dublin, ce qui est contradictoire avec les recommandations concernant le confinement et a été contesté par différentes associations et journaux.

Pour ce qui concerne les mineurs isolés, il y a une contradiction entre les déclarations faites au niveau national et leur mise en œuvre aux échelles locales. Depuis le 16 mars 2020, l’évaluation de minorité et de prise en charge via la Croix rouge est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Officiellement, l’accès à leur accueil provisoire d’urgence se fait « via les commissariats ». En fait, département par département, les choses se passent plus mal. Ainsi, par exemple le 25 mars à Paris, 7 jeunes primo-arrivants ont trouvé la Croix rouge fermée, ont été conduits dans différents commissariats qui ne pouvaient rien faire… Le foyer d’urgence les a fait attendre, leur a finalement dit de retourner vers les commissariats… et ils ont passé la nuit dehors. Cette situation semble généralisée, et l’abandon concerne en premier lieu les personnes non reconnues mineures.
Les campements
À Paris

Concernant les migrants à la rue et/ou en campements (déboutés, « dublinés », ou primo-arrivants sans aucun titre) dans la région parisienne, il est important de comprendre la situation actuelle au regard des dernières évolutions depuis début novembre 2019. Plus de 3 000 migrants se trouvaient à ce moment-là au nord de Paris entre Porte de la Chapelle et Porte d’Aubervilliers. Cette situation était le résultat de quatre années d’un « cycle infernal » de formation de campements, démantèlement, dispersion policière, reformation de campements, etc., dans des conditions sanitaires très dégradées. De novembre 2019 à février 2020, il y a eu trois séquences d’évacuation, un mot d’ordre de « fermeté » de la Préfecture de Police et un dispositif policier important visant à « évincer » les personnes qui arrivaient et à « contenir sur leur camp » celles qui étaient déjà installées.

En février, un campement s’est reconstitué à Aubervilliers au bord du canal Saint-Denis. Au deuxième jour de confinement, le 17 mars, environ 500 personnes y étaient enfermées, dans une grande promiscuité, sans eau, ni sanitaires, ni nourriture. La police refoulait de force les personnes voulant en sortir. Selon l’ONG Médecins du Monde (MDM), aucun respect des « gestes barrières » n’était possible, ce qui signifiait une mise en danger des personnes et de leurs contacts. Le 24 mars, sur décision de la Préfecture d’Île-de-France, environ 730 personnes ont été mises à l’abri, principalement dans des gymnases, et pour une part dans des hôtels. Durant l’évacuation, aucune précaution sanitaire n’a pu être instaurée, laissant les 700 personnes collées les unes aux autres pour monter dans les bus, non désinfectés, etc.

Si cette mise à l’abri est un soulagement, il faut cependant noter que, parmi les dispositifs d’hébergement retenus, les gymnases créent une nouvelle forme de promiscuité et facilitent la circulation du virus entre les personnes. Par ailleurs, des inquiétudes existent sur les moyens dont disposent les gestionnaires de ces centres pour protéger les personnes et pour les équipes associatives d’accompagnement. Il paraît important de faire des tests systématiques de dépistage du Covid-19 dans ces lieux.

Enfin, on estime entre 50 et 100 le nombre de personnes ayant « raté » l’évacuation et restant à la rue sans prise en charge, étant donnée la suspension des dispositifs habituels. Elles se réunissent par petits groupes dans des micro-campements le long des canaux de l’Ourcq et Saint-Denis.
Dans le Calaisis

Dans la région littorale du Nord, la situation est contrastée entre les différentes communes de la région d’une part, et les villes de Calais et Grande-Synthe d’autre part.

Ce qui se passe à Ouistreham est vu comme « l’exemple à suivre » bien qu’en l’absence d’une intervention de l’administration : la soixantaine de personnes exilées présentes dans la ville sont hébergées depuis fin mars dans un centre de vacances géré pour l’occasion par la Croix Rouge.

D’une manière générale, dans plusieurs petites communes du littoral du Nord, où sont dispersées de nombreuses personnes exilées en petits groupes, la situation semble bien maîtrisée par un tissu associatif actif de longue date, très présent, et des hébergeurs qui offrent des logements quand c’est nécessaire. Cela concerne notamment les communes de Quernes, Saint-Hilaire Cottes, Angres, Cherbourg, Steenvoorde, où l’accueil et la mise en sécurité des personnes migrantes s’y fait localement sans intervention de l’État.

À Calais et Grande-Synthe, en revanche, la situation est marquée par l’existence ancienne et répétée de campements dispersés dans la ville et ses alentours. Ils abritent de 800 à 1 000 personnes à Calais, et 500 à 600 à Grande-Synthe. Les conditions sanitaires sont dramatiquement insuffisantes, en particulier l’accès à l’eau, au savon, etc. Jusqu’au début du mois d’avril, il n’y a eu aucun signe des autorités, les collectifs, associations et ONG travaillant seules, et beaucoup ont dû cesser leurs activités compte tenu de leur propre confinement.

Plusieurs cas de Covid-19 ont été diagnostiqués fin mars et début avril dans les campements de Calais, mais il a fallu attendre le 3 avril pour que la Préfecture du Pas-de-Calais annonce le démarrage d’une opération de « mise à l’abri », étalée sur deux semaines. Au 8 avril, 200 personnes avaient été effectivement sorties des campements de rue et réparties dans divers centres d’accueil. Enfin, c’est le 6 avril que la préfecture annonçait à Grande-Synthe le début de la mise à l’abri des personnes en campements.
La situation des bidonvilles en région parisienne

Il existe à ce jour à Paris et en région parisienne, six bidonvilles (ou « campements roms »), regroupant environ 370 personnes. Elles sont aidées dans la limite des possibilités actuelles par des voisins et des associations (Restos du cœur, Secours catholique) mais leurs conditions sanitaires dans le cadre du confinement inquiètent.

D’autres données à jour, fin mars, sur l’ensemble des bidonvilles en France métropolitaine, réunies par la cellule de crise Covid-19 du Collectif National Droits de l’Homme Romeurope, montrent de nombreuses situations inquiétantes en campements (concernant un total d’environ 15 000 personnes) sur le plan sanitaire, d’accès à l’eau, à l’hygiène, etc. Il existe une forte mobilisation associative autour de ces campements mais la situation devient plus critique à cause du confinement des résidents et des aidants eux-mêmes, notamment pour la fourniture d’aides, alimentaire entre autres.
Conclusion. Dangerosité de l’encampement

Les populations exilées, circulant en Europe et en France et en situation précaire sont en grande majorité des personnes plutôt jeunes et robustes. Si elles sont, en principe, à moindre risque face au coronavirus, elles ont été considérablement fragilisées par leurs parcours migratoires. Dans tous les instants de la vie quotidienne des campements, le manque de moyens d’hygiène et de protection (eau, savon, mais aussi masques, lunettes, lingettes, etc.) représente un risque majeur pour ces exilé⋅e⋅s comme pour les aidants.

Le confinement social et politique (l’encampement des migrants) ne représente évidemment pas une sécurité sanitaire pour les personnes, ce que les autorités publiques françaises reconnaissent implicitement lorsqu’elles « désencampent » celles et ceux qui ont été maintenus dans ces situations de mise à l’écart. Faute d’anticipation, elles le font dans l’urgence au moment où apparaissent les premiers cas de contamination.

Ce qui est en train de se passer dans les hotspots des îles grecques donne effectivement à réfléchir. L’inquiétante propagation du virus, qui y entraîne davantage d’enfermement pour environ 40 000 exilé⋅e⋅s enfermé⋅e⋅s — une « double peine » selon certains commentateurs —, montre la dangerosité de ces dispositifs d’encampement du point de vue de l’accès aux soins et aux droits humains en général.

Les mesures de mises à l’abri prises récemment par les autorités montrent que dès qu’il y a une volonté politique, les solutions de relogement et mise en sécurité sont rapidement possibles. L’administration française a aussi décidé de renouveler pour trois mois tous les titres de séjour qui arrivaient prochainement à expiration, ce qui revient à concéder un court accès aux droits humains, limité dans le temps et sans remise en cause du traitement habituel.

Cependant l’attitude « urgentiste » de l’État semble avoir pour unique souci de ne pas étendre la crise sanitaire dans ou à partir des lieux de confinement habituels des migrants, mais sans remettre en cause le dispositif de leur rétention (CRA) et de leur maintien à l’écart (campements). Il en résulte un processus de désencampement partiel et inachevé, beaucoup de personnes restant livrées à elles-mêmes ou maintenues dans des conditions sanitaires et d’accès aux droits inquiétantes.
Pour aller plus loin

Communiqué de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE), « Face à la crise sanitaire, l’enfermement administratif des personnes étrangères doit immédiatement cesser », blog de l’OEE, 18 mars 2020.
Julien Mucchielli, « Les centres de rétention se vident, l’administration persiste », Dalloz actualités, 25 mars 2020.
Communiqué de presse conjoint du HCDH, de l’OIM, du HCR et de l’OMS, « Les droits et la santé des réfugiés, des migrants et des apatrides doivent être protégés dans le cadre des efforts de lutte contre la Covid-19 », 31 mars 2020.
Note d’information de la Cimade, « Rétention : comment la Cimade agit-elle en période de confinement ? », 6 avril 2020.
Babels, De Lesbos à Calais : comment l’Europe fabrique des camps (sous la direction de Yasmine Bouagga), éditions Passager clandestin (Bibliothèque des frontières), 2017.

▻http://icmigrations.fr/2020/04/07/defacto-018-01
#désencampement #Paris #Calais #CRA

Fermeture des CRA : en temps de confinement, plus que jamais une exigence impérieuse !

Dès le 18 mars 2020, l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE) [1] appelait le gouvernement à faire immédiatement cesser l’enfermement des personnes étrangères retenues dans les centres et locaux de rétention administrative, dans les zones d’attente et au poste de police de Menton pont Saint-Louis. Il soulignait déjà que leur libération s’imposait dans le contexte de lutte contre la pandémie du Covid 19 : d’une part, parce que la fermeture des frontières et la mise à l’arrêt du trafic aérien privent la rétention de sa justification – expulser les étranger.es –, d’autre part parce que ces lieux de privation de liberté sont propices à la propagation rapide du virus [2].

Dans de nombreux cas, les juges chargé·es de vérifier les conditions d’enfermement des personnes retenues ont précisément refusé, pour ces deux raisons, de les maintenir en rétention [3].

Le gouvernement est resté sourd à ces alertes : de nombreuses personnes ont continué d’être retenues ou placées dans des CRA, le plus souvent après avoir été transférées depuis un établissement pénitentiaire où elles avaient définitivement purgé leur peine. C’est pourquoi plusieurs organisations membres de l’OEE, accompagnées du Conseil national des barreaux (CNB), ont saisi le Conseil d’État d’une requête en référé liberté afin de voir ordonner la fermeture des centres de rétention administrative (CRA).

Dans son ordonnance du 27 mars, le Conseil d’État a rejeté cette requête. Accordant un crédit inconditionnel aux affirmations du ministre de l’intérieur, il a considéré :
– qu’il n’y avait "pas de carences dans l’accès aux soins des personnes retenues"
– que des instructions avaient été diffusées pour "l’observation des mesures d’hygiène et une répartition spatiale de l’occupation à l’intérieur des centres" [4].

Les informations et témoignages recueillis depuis lors sur la situation dans les CRA montrent que le Conseil d’État a entériné le principe d’une « protection au rabais pour les étranger.es » [5]. Les retenu·es aux CRA de Oissel et du Mesnil Amelot, les représentant·es des associations intervenant au CRA de Vincennes ou de soutien aux personnes qui y sont retenues, les député·es et élu·es qui ont visité les CRA de Cornebarrieu et du Mesnil-Amelot, [6] tous et toutes apportent un démenti formel aux assurances du ministre et établissent clairement :
– que les retenu·es sont maintenu·es dans une promiscuité et dans des conditions d’hygiène déplorables, incompatibles avec les recommandations de distanciation sociale et de protection individuelle ;
– que les mesures sanitaires de prévention contre la diffusion du Covid-19 ne sont pas et ne peuvent pas être mises en place compte tenu de la configuration des lieux et des modalités de fonctionnement des centres ;
– que ni les retenu·es, ni les personnels de service, ni les effectifs de police ne sont doté·es de masques et de produits désinfectants ;
– que la mise en danger de contamination de l’ensemble des personnes présentes est permanente ;
– que plusieurs cas de contamination au Covid 19 ont au demeurant été confirmés, notamment de trois personnes retenues au CRA de Vincennes, dont une depuis le 7 mars.

Dans son ordonnance du 27 mars, le Conseil d’État a également justifié l’inconcevable refus du gouvernement de fermer les centres de rétention au motif que l’administration avait pu procéder, dans la période récente, à des expulsions "en dépit des restrictions mises par de nombreux Etats à l’entrée sur leur territoire et de la très forte diminution des transports aériens". Depuis lors et selon nos informations, aucune expulsion n’a été réalisée - à l’exception d’une expulsion vers le Brésil … depuis la Guyane - faute de vols disponibles ou d’accord des pays de renvoi. Que les personnes encore retenues dans les CRA soient, ou non, d’ancien·nes détenu·es n’y changera rien : leur expulsion reste impossible et leur rétention privée de base légale.

Les lettres ouvertes, les pétitions, les interpellations directes des préfets se multiplient. Les personnes retenues, excédées et désespérées, s’organisent pour lutter collectivement contre cette aberration. Il faut se rendre à l’évidence : l’obstination du gouvernement défie tous les principes aussi bien que le bon sens. Ni les centres et locaux de rétention ni les zones d’attente, ne sont des centres de confinement. En y maintenant coûte que coûte et côte à côte, dans des conditions matérielles honteuses, des étranger·es qu’il ne pourra pas expulser, le personnel assurant les services de livraison et d’entretien des locaux et des effectifs de police qui vont et viennent quotidiennement - tou·tes et tous privé·es des dispositifs de protection qu’il recommande ailleurs - il brave les principes de précaution sanitaire élémentaires et expose toutes ces personnes à des risques de contamination majeurs.

C’est ce qu’a déjà admis, le 15 avril, le juge des référés du tribunal administratif de Paris en estimant que « le préfet de police (…) entretient le foyer de contamination qui a été récemment identifié au sein de ce centre, et méconnaît de ce fait les impératifs de santé publique qui s’imposent à lui en vertu de l’état de catastrophe sanitaire mettant en péril la santé de la population ».

L’état d’urgence sanitaire doit agir comme un révélateur : les CRA et autres lieux où sont parqués les étranger·es, sont incompatibles avec le respect des droits. Sans plus attendre, leur fermeture s’impose. Mais au-delà de la période de crise que nous traversons, qui en démontre de façon criante le caractère discriminatoire et mortifère, il faut en finir avec l’enfermement administratif des étranger·es.
Paris, le 16 avril 2020

ANNEXES
(1) TÉMOIGNAGES

Témoignages de retenus aux CRA de Oissel (29 mars)
– « Ici tout est fermé, tout. Y’a rien qui est aéré ya pas de vent qui sort dehors pour pouvoir aérer la cellule. Ça veut dire on est tous comme si on était dans un sac-poubelle fermé quoi ! Enfermés avec le virus qui se multiplie. On utilise tous le même téléphone [cabines téléphoniques du centre], ça veut dire que quand y’a un mec qui décroche, qui parle, et qu’il y a un autre mec qui prend le téléphone après, et ben y’a tous les microbes laissées par le premier mec. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, le virus, il se propage. Même pas de désinfectant pour nettoyer les cabines ».
– « Il n’y a pas de médecin. Il y a une infirmière, quand t’as mal, quand on a des symptômes tout ça, elle donne des doliprane c’est tout, elle peut rien faire d’autre. Même elle, elle te dit : « Mais moi je suis en bas de l’échelle. Et moi aussi je peux vous contaminer parce que je vais chez moi, je vais voir mes enfants, je vais dehors et après je suis parmi vous tous les jours. »

Témoignages de retenus au CRA du Mesnil-Amelot, 30 mars
« On a peur de la contamination du coronavirus. Il y a encore de nouvelles arrivées. Ici il n’y a pas d’hygiène, donc c’est plus risqué que dans d’autres endroits. Y a pas de vol, y a rien ici. Pourquoi on est là encore ? »

Visite du député européen Manuel Bompard au CRA de Cornebarrieu, 2 avril
« (...) l’organisation physique des bureaux ne permet absolument pas aux agents, pourtant nombreux, de respecter les distances sociales nécessaires. J’ai ensuite constaté qu’aucun des membres du personnel nous accueillant ne portait de masque. Ce ne sera finalement le cas d’aucune des personnes que j’ai croisées au cours de la visite. Aux dires des gardiens, seul le personnel médical du centre, que je n’ai pas pu rencontrer, dispose d’un tel équipement qui lui a été fourni par le centre hospitalier de Toulouse. Il m’a été indiqué que les sous-traitants travaillant sur les lieux ne disposaient pas non plus de protocoles sanitaires particuliers. Les salariés de l’entreprise en charge de la préparation et de la livraison des repas ne disposent par exemple pas de masques. Seule la personne servant les repas en dispose d’un … qu’elle s’est procuré elle-même (…) Bref, j’ai pu constater sur place que les conditions sanitaires n’étaient pas acceptables. Elles constituent bien sûr une mise en danger des retenus, mais aussi des personnes travaillant sur les lieux. »

Témoignage de retenu au CRA du Mesnil-Amelot, 6 avril
Y a des gros problèmes sanitaires : c’est sale. Y a des gens qui toussent donc c’est bizarre comme ambiance ici. On vit tous dans le même pays mais pas dans la même situation. On confine les gens dehors. Ici, le coronavirus le virus n’existe pas : vous mangez dans la salle à manger où vous êtes plus de 25. Les policiers sont en face de vous et ne sont pas masqués. Ils viennent de l’extérieur eux. Tous les jours il y a des gens qui arrivent.

Selon l’Assfam, à propos de la situation au CRA de Vincennes, 9 avril
« Une personne retenue vient d’être testée positive au Covid-19 dans les CRA de Paris-Vincennes, où 54 personnes sont encore enfermées (…) La santé et la vie des personnes retenues sont mises en danger dans ces centres, où les mesures sanitaires de prévention et protection contre le Covid-19 ne sont pas, et ne peuvent pas, être mises en place ».
(Infomigrants, 10 avril)

Plainte déposée par l’association Sôs Soutien Ô sans-papiers à propos de la situation dans le CRA de Vincennes, 10 avril
« Les conditions sanitaires dans ce centre sont déplorables. Il n’y a pas de gel hydroalcoolique et quelques masques sont arrivés il y a trois jours seulement. Le confinement et la distance entre les retenus sont impossibles à respecter du fait de la configuration des lieux.
Au vu de la chronologie, il est plus que probable que la majorité des personnes infectées l’ont été pendant leur séjour au centre de rétention. Il est d’ailleurs surprenant qu’aucun retenu n’ait été hospitalisé malgré la présence de plusieurs facteurs de comorbidité tels que des affections respiratoires chroniques. Les retenus ne disposent pas d’un réel accès aux soins et n’ont pas la possibilité de recourir aux services d’un interprète ».

Visite de deux élus, Pascal Troadec et Éric Coquerel, au CRA du Mesnil-Amelot, 12 avril
Les élus ont également eu confirmation que les consignes minimales de sécurité ne peuvent être observées. Personne ne porte de gants ni de masques, ni les retenus ni les policiers. L’adjoint avait emporté avec lui soixante masques, il raconte que les fonctionnaires étaient aussi contents que les retenus de les récupérer. « Par ailleurs, nous avons pu vérifier que, dans plusieurs cellules, les hommes sont à deux, voire à trois. Dans la salle de télévision, impossible d’observer les distances et je ne vous parle pas du risque de transmission dans les toilettes avec leur état. »
(Mediapart, 13 avril)
(2) DÉCLARATIONS, APPELS ET PÉTITIONS POUR LA FERMETURE DES LIEUX D’ENFERMEMENT ADMINISTRATIF DES PERSONNES ÉTRANGÈRES

Commissaire aux droits de l’Homme Conseil de l’Europe
La Commissaire appelle à libérer les migrants en détention administrative pendant la crise du Covid-19
▻https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-c

Tribune : Coronavirus : « Sauvegardons les droits fondamentaux pendant la crise sanitaire »
Par Jacques Toubon, Défenseur des droits, Adeline Hazan, Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Burguburu, Président de de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme.
►https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-droits-fondamentaux-pendant-la-crise-sanitaire_

Défenseur des droits
Covid-19 - Face aux risques de contamination, le Défenseur des droits demande la fermeture des centres de rétention administrative
▻https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2020/03/covid-19-face-aux-risques-de-contamination-le-defenseur-des-droit),

Contrôle général des lieux de privation des libertés
Situation sanitaire des prisons et centres de rétention administrative : le CGLPL demande la prise de mesures pour la protection des personnes privées de liberté
▻https://www.cglpl.fr/2020/situation-sanitaire-des-prisons-et-centres-de-retention-administrative-le-cglp

États généraux des migrations de Rouen
Pétition pour la fermeture du Centre de Oissel et de tous les CRA
▻https://www.change.org/p/préfecture-de-la-seine-maritime-fermeture-des-centres-de-rétention-administr

Cercle des Voisins du Centre de Rétention de Cornebarrieu
Fermez les Centres de Rétention !
▻https://www.change.org/p/emmanuel-macron-fermez-les-centres-de-rétention-557ca213-75a5-4c64-9710-bbbf

Le Paria
Urgent : Fermez les centres de rétention administratives !
▻https://fermez-les-cra.wesign.it/fr

Appel de mail bombing par A bas les CRA
Les prisonniers des CRA crient Liberté, faisons de même !
►https://abaslescra.noblogs.org/les-prisonniers-des-cra-crient-liberte-faisons-de-meme

Communiqué des retenus du CRA du Mesnil-Amelot, 12 avril
▻https://leparia.fr/urgent-appel-de-sos-emeutes-et-repression-au-centre-de-retention-du-mesnil-a
(3) QUESTIONS ÉCRITES AU GOUVERNEMENT DES PARLEMENTAIRES EN FAVEUR DE LA FERMETURE DES CRA

Question écrite n° 28344 de M. Michel Larive
Date de dépôt : 14/04/2020
étrangers - Rétention des étrangers dans les centres de rétention administrative (CRA)

Question écrite n° 28343 de Mme Elsa Faucillon (GDR) sur le CRA de Vincennes
Date de dépôt : 14/04/2020
étrangers - Fermeture des centres de rétention

Question écrite n° 28109 de M. Ugo Bernalicis (LFI)
Date de dépôt : 07/04/2020
lieux de privation de liberté - Situation des centres de rétention administrative face à l’épidémie de covid-19

Question écrite n° 27839 de M. Adrien Quatennens (LFI)
Date de dépôt : 31/03/2020
lieux de privation de liberté - Risques sanitaires pour les personnes retenues au sein des CRA

Question écrite n° 27712 de Mme Muriel Ressiguier (LFI)
Date de dépôt : 24/03/2020
santé - Covid-19 : faire face à l’urgence !

Situation des personnes migrantes retenues dans les centres de rétention administrative du territoire français
Question n° 15149 posée par Mme Esther Benbassa (CRCE)
En attente de réponse du Ministère de l’intérieur

Fermeture des centres de rétention administrative et épidémie de Covid-19
Question n° 15230 posée par Mme Laurence Cohen (CRCE)
En attente de réponse du Ministère de l’intérieur
(4) INTERPELLATIONS DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

lors de son audition le jeudi 9 avril dernier
par la mission d’information Covid-19 de l’Assemblée nationale

M. Bertrand Pancher (député Libertés et de Territoires de la Meuse) : Par ailleurs, pourquoi continuez-vous, en cette période de crise, à vous acharner sur les migrants ? Quelle logique guide votre action ? Les CRA continuent de fonctionner alors qu’il est impossible de renvoyer quiconque à l’étranger ; ils contribuent donc à propager la maladie. Au CRA de Vincennes, une personne a été testée positive au coronavirus, tandis qu’on a remis en liberté son voisin de chambre, hospitalisé quelques semaines auparavant. Une telle inconséquence est dramatique. De même, le Gouvernement n’a pas suspendu l’obligation de pointer dans les préfectures pour les personnes assignées à résidence. Il n’a pas non plus prolongé les visas de court séjour des personnes dont la santé réclame des soins urgents. Je ne saurais, enfin, ne pas évoquer la situation catastrophique de Mayotte, où l’eau se vend au marché noir.

M. Pierre Dharéville, député GDR des Bouches-du-Rhône : S’agissant des étrangers, lorsque des procédures judiciaires ne sont pas envisagées et en l’absence de perspectives d’éloignement du territoire, il paraît incompréhensible de poursuivre les mesures de placement et de maintien en rétention.

[1] Organisations membres de l’OEE : ANAFE, Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), COMEDE, Droits d’urgence, FASTI, Genepi, GISTI, La Cimade, Ligue des droits de l’homme, MRAP, Observatoire citoyen du CRA de Palaiseau, Syndicat de la magistrature (SM), Syndicat des avocats de France (SAF)

[2] OEE, Face à la crise sanitaire, l’enfermement administratif des personnes étrangères doit immédiatement cesser, 18 mars 2020

[3] Cour d’appel de Rouen, 31 mars 2020 : « la privation de liberté ne peut perdurer sans perspective minimum d’éloignement. Au surplus, M. X se trouve en France où le virus est actif et la pandémie n’a pas atteint son pic ; il est placé en rétention depuis le 23 mars 2020 après avoir été détenu depuis le 27 février 2020 en maison d’arrêt où les mesures contre la contamination ne sont pas optimales ».

[4] Conseil d’État, ordonnance du 27 mars 2020, Gisti et autres, N° 439720.

[5] ADDE, CIMADE, GISTI, SAF et CNB, Le Conseil d’État refuse la fermeture des centres de rétention : une protection au rabais pour les étrangers, 30 mars 2020

[6] Voir le détail de leurs témoignages et déclarations en annexe

▻https://www.gisti.org/spip.php?article6370

COVID–19 : Le #Défenseur_des_droits recommande à nouveau la fermeture immédiate de tous les centres de rétention administrative en activité

Dès le 18 mars, le Défenseur des droits faisait part au ministre de l’Intérieur de son inquiétude au sujet de la situation des personnes étrangères actuellement retenues dans les centres de rétention administrative (#CRA). Il l’interrogeait sur la pertinence et la légalité du maintien en activité de ces centres alors que les perspectives d’éloignement de ces personnes avaient disparu à court terme du fait de la fermeture des frontières.

Le Défenseur des droits relevait que les étrangers retenus et les personnels intervenant en centres de rétention se trouvaient, du fait de la promiscuité inhérente aux lieux et de l’impossibilité d’y mettre pleinement en œuvre les gestes barrières préconisés, exposés à un risque sanitaire particulièrement élevé. Il demandait au ministre de l’Intérieur de procéder à la fermeture immédiate de tous les CRA ainsi qu’à la libération des étrangers encore retenus, dans l’attente de l’amélioration du contexte sanitaire français.

Le 21 mars, le Défenseur des droits réitérait cet appel à la fermeture provisoire des lieux de privation de liberté conjointement avec la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, et le président de la CNCDH, Jean-Marie Burguburu.

Le 25 mars, le Défenseur des droits défendait cette même position devant le juge des référés du Conseil d’Etat dans le cadre d’un contentieux introduit par plusieurs associations (Décision n° 2020-82 du 25 mars 2020).

Par ordonnance du 27 mars, le Conseil d’Etat considérait que la situation ne portait pas une atteinte suffisamment grave aux droits à la vie et à la santé pour justifier la fermeture temporaire de l’ensemble des CRA, notamment parce que le nombre des nouveaux placements en rétention devait devenir marginal à l’avenir et que la carence dans l’accès aux soins des étrangers retenus ou dans la mise à disposition de produits d’hygiène n’était pas avérée.

Depuis cette date, d’une part, les placements se sont poursuivis dans des proportions non marginales, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre de l’Intérieur dans son courrier au Défenseur des droits en date du 9 avril, d’autre part, la situation sanitaire n’a cessé de se dégrader et plusieurs étrangers et personnels du CRA de Vincennes ont été testés positifs au COVID-19, si bien que le tribunal administratif de Paris, par décision du 15 avril 2020, a reconnu la carence des autorités et leur a enjoint de ne plus placer d’étrangers, pour une durée de 14 jours, dans le centre de Vincennes.

Cette carence atteste que les mesures de protection fixées par le ministre de l’Intérieur et mises en œuvres dans les CRA sont insuffisantes pour éviter la propagation du virus. Or, ces mesures étant sensiblement les mêmes d’un CRA à l’autre, le choix des autorités de reporter les placements en rétention vers le centre du Mesnil-Amelot apparait comme une option dangereuse pour la santé des personnes retenues comme des personnels qui y travaillent.

Les constats opérés par la CGLPL lors de ses visites du 15 et 17 avril aux CRA de Vincennes et du Mesnil-Amelot confortent les informations portées à la connaissance du Défenseur des droits ainsi que son analyse.

Dans la mesure où Il existe aujourd’hui, dans l’ensemble des CRA français, un risque indéniable de contamination, tant pour les retenus que pour les personnels, portant au droit à la vie et à la protection de la santé une atteinte disproportionnée et alors même qu’il n’existe pratiquement aucune perspective d’éloignement à bref délai, le Défenseur des droits, par une nouvelle décision n°2020-96 du 18 avril 2020 :

Réitère ses recommandations tendant à la fermeture de tous les CRA encore en activité et à la libération de tous les étrangers actuellement retenus dans l’attente de l’amélioration du contexte sanitaire français. Cette fermeture devrait intervenir immédiatement s’agissant du CRA du Mesnil-Amelot, la situation dans ce centre étant tout à fait préoccupante.

Demande, à défaut :

L’arrêt immédiat de tous les placements en rétention administrative dans tous les CRA
Le renforcement des mesures prises pour protéger les étrangers encore retenus ainsi que l’ensemble des personnels mobilisés pour assurer la surveillance et le suivi médical de ces personnes ainsi que l’entretien des locaux :
Distribution à tous et en quantité suffisante de masques, gels hydro-alcooliques, et tenues de protection adéquates ;
Tests de toutes les personnes susceptibles d’avoir été exposées au virus ;
Isolement systématique de toutes les personnes symptomatiques dans des conditions dignes et de nature à garantir un plein accès aux soins ;
Libération et, le cas échéant, prise en charge médicale des personnes testées positives au COVID-19.

►https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/04/covid-19-le-defenseur-des-droits-recommande-a-nouveau-la-fermetur

#coronavirus #solidarité (manque de) #prisons #Espagne

Voir compile des effets délétères indirects de la pandémie :
►https://seenthis.net/messages/832147

Un juez ordena el desalojo del #CIE de #Las_Palmas para frenar los contagios

Los centros de internamiento mantienen todavía a cerca de 100 inmigrantes, a pesar de la imposibilidad de expulsarlos.

Un juez ha ordenado este martes el desalojo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Las Palmas de #Gran_Canaria, al detectarse “un progesivo contagio” de coronavirus entre los internos. El magistrado justifica la medida en las condiciones de “hacinamiento” de los internos y la imposibilidad de garantizar el aislamiento en el centro. Cerca de un centenar de personas, según el Ministerio del Interior, permanecen aún encerrados en los CIE pese a que las restricciones fronterizas en todo el mundo impiden deportarlos a sus países de origen.

La orden del juez de ordenar la liberación de los internos se suma a la petición que ya había realizado el Defensor del Pueblo el 19 de marzo, cuando aún no había ningún contagio confirmado en los siete centros de internamiento de toda España. Casi dos semanas después, aún hay cerca de 100 personas encerradas (un 12% de un total de 866 plazas, según Interior). El pasado domingo la ocupación se mantenía al 30%. La mayoría de ellos está concentrada en los dos centros de las islas Canarias, según fuentes conocedoras de la ocupación de las instalaciones.

El CIE de Barranco Seco al que se refiere el magistrado, tiene al menos dos internos diagnosticados de Covid-19, según publicó la prensa local la semana pasada. “La decisión adoptada se basa en estrictas razones de salud pública y orden público y por estrictas razones de humanidad”, dicta el magistrado. El resto de centros, algunos como el de Barcelona totalmente vacíos, no ha registrado ningún caso positivo, según Interior.

El juez canario Arcadio Díaz Tejera mantiene que “existe un progresivo empeoramiento de la salud de los servidores públicos que han estado o están prestando servicios en el centro” de Barranco Seco, una antigua cárcel. El magistrado, que ejerce las funciones de control del centro, también se refiere al “progresivo contagio que se ha dado entre los migrantes”. “Es razonable entender que dadas las vías de transmisión de ese microorganismo, el hacinamiento constituye un factor favorable para la expansión de la infección”, recoge la resolución judicial.
Derecho a la salud

El juez Díaz recuerda que la privación de libertad en los centros de internamiento tiene como objetivo la expulsión de los inmigrantes, un procedimiento que en las circunstancias actuales es prácticamente imposible de ejecutar. Prevalece, mantiene el magistrado, el derecho a la salud de los internos y de los servidores públicos que allí trabajan.

El magistrado ordena, por tanto, que se traslade a los migrantes a centros de acogida al ritmo “más ágil posible”, debido a los contagios que se están produciendo y ante la “inexistencia de condiciones adecuadas para garantizar el debido aislamiento de los internos con síntomas o que han dado positivo”.

Este juez, que ejerce la función de control del CIE de Las Palmas, ya había comparado las instalaciones con “las cárceles de la dictadura”. En auto de febrero en el que instaba a las autoridades a subsanar las deficiencias del centro, denunciaba los “sinsentidos, irregularidades y carencias” del lugar.

La liberación de los extranjeros por parte del Ministerio del Interior está siendo más lenta de lo que a las asociaciones humanitarias y a sus propios abogados les gustaría. En Valencia, un juez ha ordenado la puesta en libertad de una mujer marroquí internada en el CIE de Zapadores. “Las especiales circunstancias que concurren en el territorio nacional” y las “dudas razonables de que pudiera llevarse a cabo la expulsión dentro del plazo máximo legal de 60 días” aconsejan “el cese del internamiento”, dispone el auto del magistrado valenciano.

Este juez, sin embargo, ha impuesto a la mujer la obligación de someterse a controles semanales en la Brigada de Extranjería de la Policía y le ha retirado el pasaporte. “Es triste que hayamos tenido que recurrir a la justicia para conseguir una puesta en libertad que ya habíamos solicitado hace dos semanas y que el Defensor del Pueblo respaldó. Esto viene a demostrar que el internamiento no es una medida cautelar para la expulsión, sino que busca castigar la estancia irregular”, afirma Paco Solans, vicepresidente de la Asociación de Abogados de Extranjería.

Huelga de hambre para ir a la Península

Además de la liberación paulatina de los extranjeros internados en los CIE, las autoridades han permitido por motivos sanitarios el traslado a la Península de 142 personas que permanecían en el #Centro_de_Estancia_Temporal_de_Extranjeros (#CETI) de Ceuta. Las instalaciones albergaban a más de 650 personas cuando su capacidad es de 512 plazas. El salvoconducto, que ha beneficiado sobre todo a subsaharianos y argelinos, ha generado malestar entre los marroquíes que aún están en el centro. Un grupo de 13 marroquíes solicitantes de asilo ha iniciado una huelga de hambre para protestar por “la discriminación que sufren ante otras nacionalidades”.

►https://elpais.com/sociedad/2020-03-31/un-juez-ordena-el-desalojo-del-cie-de-las-palmas-para-frenar-los-contagios.h
#évacuation #justice #grève_de_la_faim

El Gobierno prevé liberar a todos los internos de los CIEs antes del lunes

- Mientras que el jueves la ocupación de los CIEs es del 9%, Interior espera que el próximo lunes sea del 0%
- Interior facilita esta información a raíz de la liberación de casi todos los internos del #CIE de #Aluche

El gobierno de España prevé liberar a todos los internos de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en funcionamiento actualmente, según ha confirmado el Ministerio del Interior a Fundación porCausa. La puesta en libertad de los migrantes en situación irregular recluidos en estos centros concluirá el próximo lunes, según señala Interior, aunque dependerá en último extremo de la coordinación con los organismos de acogida. Es la primera vez que España aplica una medida de estas características en estos centros, que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por organizaciones de Derechos Humanos.

Interior explica que lleva varios días liberando de forma progresiva a las personas migrantes recluidas en estos centros, ante la incapacidad de devolverlas a sus países, debido al cierre de fronteras, y para respetar las medidas de distanciamiento social en el marco de la lucha contra el coronavirus. Según la ley, la duración máxima del internamiento en un CIE es de 60 días y para entonces el interno debe ser puesto en libertad o devuelto a su país de origen.

El ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha facilitado esta información a raíz de la liberación de casi todos los internos del CIE de Aluche durante la mañana de este jueves. En el centro madrileño quedan cinco internos, dejando las instalaciones prácticamente vacías.

Antes de que el Gobierno anunciara el estado de alarma el pasado 13 de marzo debido a la crisis de la COVID-19, la ocupación de los CIEs era de un 59%. La crisis sanitaria ha imposibilitado la devolución de los internos a sus países de origen, por lo que la ocupación de estos centros cayó al 25% la semana pasada. Según los datos facilitados por Interior, este jueves la ocupación era del 9% y se espera que el próximo lunes sea del 0%.

Cada uno de los casos se está tratando de manera individual, y la demora de algunos de ellos se debe a la coordinación de los organismos de acogida y las Comunidades Autónomas. El cierre del centro se suma al de Hoya Fría, en Tenerife, y al de Barranco Seco, en Las Palmas de Canaria, a principios de semana. Por el momento siguen abiertos los CIEs de Murcia, Valencia y Algeciras, según informó El Salto.

Estas medidas, aunque no son de la misma magnitud que las que se han tomado recientemente en otros países de la Unión Europea, son las primeras que se llevan a cabo en España al respecto. Esta semana el gobierno de Portugal aprobó regularizaciones exprés para los migrantes que no tuvieran permiso de residencia, mientras que Alemania tiene en cuenta en su lucha contra el coronavirus a los médicos migrantes que llegaron, sobre todo, en la oleada del año 2015.

Voces por el cierre de los centros

Desde el anuncio del estado de alarma, numerosos colectivos pro migrantes se han preguntado qué iba a pasar con los internos de los CIE, ya que la expulsión a sus países de origen era imposible en la mayoría de los casos debido al cierre de fronteras. El 17 de marzo, ante la liberación de varias personas internas en el CIE de València, El Levante publicó que el resto de ingresados en los centros de internamiento españoles podrían ser puestos en libertad ese mismo día. En ese momento el Ministerio del Interior afirmó que el Gobierno no contemplaba liberar a los internos de los CIEs y señaló que ninguno había dado positivo en las pruebas del COVID-19. Interior también aseguró que se estaban aplicando protocolos sanitarios, incluyendo la habilitación de salas vacías higienizadas para posibles casos sospechosos.

Ese mismo día hubo un intento de motín protagonizado por los internos en el CIE de Aluche. SOS Racismo Madrid pidió en un comunicado que todas personas internas en cualquier CIE fueran liberadas y tratadas adecuadamente. Señalaron que, ante la imposibilidad de deportación, la retención era «un sinsentido» y mantenerlos encerrados y expuestos al contagio de coronavirus suponía «un atentado contra su salud y una flagrante violación de los derechos humanos».

También se unieron a la petición de cierre de los CIE otros colectivos, como la plataforma CIEs No Madrid, que advirtió que «si ya en circunstancias normales no cumplen las normas de seguridad e higiene, en este caso se agrava la situación», y denunciaron que los internos están «hacinados en habitaciones, no tienen medidas higiénicas suficientes, no se les está haciendo pruebas, el servicio médico no es el adecuado, no se les va a llevar a servicios externos…». También el Defensor del Pueblo pidió a mediados de marzo la liberación de estas personas, alegando que se encuentran «en una situación particularmente vulnerable» en el escenario de la crisis sanitaria actual.

Opacidad, gastos inútiles y muertes evitables

Las voces que se oponen a la existencia de los CIEs no han hecho más que crecer en los últimos años, denunciando que son espacios donde se violan los Derechos Humanos y cuyos internos son personas inocentes encerradas por faltas administrativas. Son espacios en torno a los que existe mucha opacidad: los periodistas, que sí pueden entrar en prisiones, no pueden acceder al interior de un CIE (pocos lo han conseguido). Pero, además, son herramientas cruciales para sostener el sistema de control migratorio que en ocasiones no suponen más que un gasto inútil (como el caso del CIE de Fuerteventura, que seguía generando millones de euros de gasto a pesar de no estar operativo).

En España hay siete CIE. Algunos han sido denunciados por tener a sus internos en condiciones inhumanas, que en ocasiones han llevado a la muerte de algunos de ellos. Fue el caso de Samba Martine, cuyo fallecimiento en 2011 tras pasar 38 días en el CIE de Aluche podía haberse evitado de haber recibido el tratamiento adecuado, según la Audiencia de Madrid.

Interior no especifica si también liberará a los internos de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), situados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y cuya capacidad total es de 512 y 480 personas, respectivamente. Estos establecimientos dependen de los gobiernos de cada una de estas ciudades, y aunque también se entienden como una primera acogida provisional, las condiciones no son las mismas: los internos pueden entrar y salir con libertad mientras duran los trámites de identificación y reconocimiento médico, así como desempeñar trabajos fuera del mismo. No obstante, la estancia de los migrantes se ha llegado a ampliar varios años y son conocidas las vulneraciones de derechos que se sufren en su interior.

Sumado a esto, la crisis del coronavirus ha acrecentado las ganas de salir de estos centros de internamiento. Al inicio de esta semana, en el CETI de la ciudad de Ceuta trece migrantes solicitantes de asilo, principalmente de origen marroquí, estuvieron en huelga de hambre para denunciar la discriminación que sentían por parte del Gobierno, que trasladó a 142 personas de origen subsahariano a la península. Además, ayer se conoció el contagio por coronavirus de una bebé en el centro, que supone el segundo caso de un menor infectado por el virus en la ciudad de Ceuta.

►https://blogs.publico.es/conmde/2020/04/02/libertad-cies-coronavirus

More than 2,300 refugees to be transferred to mainland after Easter

Greek authorities will begin the gradual transfer of 2,380 asylum seekers and their families from island camps to accommodation facilities on the mainland after Orthodox Easter (April 19), the country’s Migration Ministry said Thursday.

The move, which will take place over two weeks, aims to reduce the risk of refugees being infected by the coronavirus.

The refugees will be housed in camps, apartments or hotels, the ministry said.

Among the 2,380 are 200 people aged over 60, while 1,730 are asylum seekers of all ages with facing chronic illnesses, who will be transferred with their families.

Medical NGOs and human rights groups have beeing appealing to the Greek government since the start of the pandemic to evacuate the country’s overcrowded migrant and refugee camps to protect their residents and workers from infection.

A camp in Ritsona, northeast of the capital, was quarantined earlier this month after 20 residents tested positive for Covid-19.

▻https://www.ekathimerini.com/251769/article/ekathimerini/news/more-than-2300-refugees-to-be-transferred-to-mainland-after-easter

Transfers out of islands continue, but at slow pace

Against this backdrop of criticism, Greece’s government continues to try and ease pressure at the overcrowded reception centers on the north eastern Aegean islands.

According to local media reports, approximately 1,500 people from the notoriously cramped Moria camp on Lesbos are set to be transferred to the mainland on Saturday, despite restrictions on movement. These people will be the first from a total of 2,380 members of “vulnerable” groups, such as people with health problems, disabilities, women and children, who will be transferred over the next few weeks.

Still, HRW said that this is not adequate considering the desperate overcrowding. “This plan is not enough to relieve the severe overcrowding,” Willie concluded.

“Also, the plan also does not address the continued gaps in water, sanitation, hygiene products, and health care — nor the lack of accessibility for people with disabilities — in the camps and adjacent overspill sites for those who will remain.”

▻https://www.infomigrants.net/en/post/24330/greek-migrant-camps-not-prepared-for-covid-19-hrw

Migrants on Greek islands told to wait as Greece extends lockdown

Greece has announced that it will be extending lockdown measures by a week. The Greek government said that the move will delay the planned removal of hundreds of migrants from congested camps.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said that the extension of the lockdown in Greece until May 4 will mean that the planned removal of hundreds of asylum seekers from overcrowded migrant camps on the Greek islands will now have to be postponed. Elderly and ill migrants will be most affected by the change.

Local officials on Lesbos said that one of the largest transfers of migrants, involving 1,500 people from the island’s largest camp, Moria, and another 900 others from elsewhere on Lesbos, will now be delayed and scaled back in size. The move was planned for Saturday.

Greece has already transferred some 10,000 people in the first quarter of 2020, but in April managed to only move 627 migrants away from the unsanitary conditions at island camps. NGOs like Human Rights Watch have issues warnings saying that a potential COVID-19-related health crisis could ensue if the issue of camp decongestion was not immediately addressed.

https://scd.infomigrants.net/media/resize/my_image_big/c3ade1fa2f801639762cfca53bc86436efcdfc83.jpeg

COVID-19 among migrant population

Despite strict quarantine measures across the country, there have been several coronavirus cases recorded in migrant facilities in Greece. Roughly 150 people have tested positive this week at two camps and a migrant hotel on the Greek mainland.

So far, there have been no cases reported at migrant camps on the Greek islands; however, authorities on the islands say they only have limited capacities available for screening procedures.

Slow return to normality

Greece is set to introduce a partial reopening of courts and land registers on April 27, though it remains unclear whether during this relaxation of lockdown rules asylum cases will already be assessed in courts.

Under the current lockdown rules, which are now extended until May 4, Greek citizens must inform authorities when they are planing to leave their homes for necessities such as going to banks or supermarkets (which remain open), or they will risk fines.

The country has managed to keep fatalities at a low level after registering its first virus death on March 12, introducing country-wide lockdown measures ten days later. Greece has so far recorded 121 coronavirus-related deaths, with 55 people still remaining in intensive care.

▻https://www.infomigrants.net/en/post/24339/migrants-on-greek-islands-told-to-wait-as-greece-extends-lockdown

#report

Χωρίς αποσυμφόρηση ελέω… « Αγίας οικογένειας »

Με παρέμβαση Δημάρχου Αθηναίων (και Πρωθυπουργικού ανιψιού) η ακύρωση της μετακίνησης 1500 προσφύγων και αιτούντων άσυλο από τη Μόρια στην ενδοχώρα

Με παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων και πρώην αυτοδιοικητικού στην Ευρυτανία Κώστα Μπακογιάννη ματαιώθηκε η πολυδιαφημισμένη μετακίνηση 1500 αιτούντων άσυλο που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες, από τη Λέσβο στην ενδοχώρα. Επιχείρηση που είχε ανακοινωθεί επίσημα ως αποσυμφόρηση κατά 8% του πληθυσμού της Μόριας για την οποία μάλιστα θα ερχόταν στη Λέσβο ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου.

Σύμφωνα με « αποκλειστική είδηση » της εφημερίδας « Ευρυτανικά Νέα » που δεν διαψεύστηκε ποτέ ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης ανηψιός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κα γιός της βουλευτή και κορυφαίου κομματικού στελέχους Ντόρας Μπακογιάννη, με πολιτική του παρέμβαση ενδιαφέρθηκε προσωπικά για το θέμα.

« Αφουγκραζόμενος », σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, « την κοινή γνώμη αλλά και τα πραγματικά δεδομένα όσον αφορά στην υγειονομική κρίση της Ευρυτανίας, δεδομένου ότι στον νομό δεν υπάρχει κανένα κρούσμα κοροναϊού, αλλά και τη δραματική μείωση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, η έλευση προσφύγων στο Καρπενήσι καθίσταται προβληματική για την τοπική κοινωνία. Ο κ. Μπακογιάννης επιχείρησε παρεμβαίνοντας σε πολύ υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια και πέτυχε την αναβολή έλευσης μεταναστών στο Καρπενήσι ».

Επίσης και εκτός της παρέμβασης Μπακογιάννη, ο βουλευτής και οι δήμαρχοι της Ευρυτανίας απέστειλαν επιστολή, (που δημοσιεύθηκε στα evrytanika.gr), στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την παρέμβασή του για την αποτροπή μεταφοράς « λαθρομεταναστών » στο Καρπενήσι.

Ενώ συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εν μέσω καραντίνας, κάτοικοι του Καρπενησίου όπως μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ του τοπικού tvstar.gr, μετά από πληροφορίες πως λεωφορεία πρόσφυγες θα έφταναν στην πόλη για να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο. Μαζί τους ο « γαλάζιος » βουλευτής του νομού Κώστας Κοντογεώργος και οι δύο Δήμαρχοι, Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης και Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

▻https://www.stonisi.gr/post/8586/xwris-aposymforhsh-elew-agias-oikogeneias

Commentaire/traduction de Eirini Markidi reçu via la mailing-list Migreurop, le 26.04.2020 :

Par l’intervention du Maire d’Athènes (et neveu du Premier Ministre) #Kostas_Mpakogiannis, le transport de 1500 réfugiés et demandeurs d’asile depuis Moria vers le continent a été annulé.

Par l’intervention du Maire d’Athènes et ancien Maire d’Eurytanie Kostas Mpakogiannis (neveu en plus du Premier Ministre Kyriakos Mitsotakis), a été annulé le transport de 1500 demandeurs d’asile appartenant à des groupes vulnérables, depuis Lesbos vers le continent. L’annonce officielle parlait d’une décongestion de l’ordre de 8% de la population de Moria.

Selon le quotidien « Eurytanika Nea » (Les Nouvelles d’Eurytanie), le Maire d’Athènes s’est intéressé personnellement à l’affaire : « en prêtant une oreille attentive à l’opinion publique ainsi qu’aux données réelles en ce qui concerne la pandémie, vu qu’il n’existe aucun cas de coronavirus dans le département d’Eurytanie, mais aussi en prenant en compte la diminution dramatique de la population les dernières années à cause de la crise économique, l’arrivée des réfugiés à Karpenisi est jugée problématique par la société locale. En faisant recours à des étapes gouvernementales supérieures, Monsieur Mpakogiannis est parvenu à annuler l’arrivée de migrants à Karpenisi ».
A part l’intervention de Mpakogiannis, les maires d’Eurytanie ont envoyé une lettre au Premier Ministre (lettre publiée sur ▻https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1440291:2020-04-23-21-49-37& ) lui demandant d’intervenir afin que le transport d’ « immigrants illégaux » à Karpenisi soit empêché.
En pleine quarantaine, un rassemblement de protestation d’habitants de Karpenisi a eu lieu, auquel ont participé le débuté de l’Eurytanie en provenance de la Nouvelle Démocratie (le parti au pouvoir) ainsi que les Maires de Karpenisi et d’Agrafa.

Notons pourtant qu’une plainte a été déposée par Greek Helsinki Monitor contre le député de l’Eurytanie, le Maire de Karpenisi et le Maire d’Agrafa pour l’usage du terme d’ « immigrants illégaux » dans leur lettre « xénophobique » au Premier Ministre.
Source en grec : ▻https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1441618:2020-04-26-18-00-40&

Coronavirus : 400 demandeurs d’asile transférés de l’île grecque de Lesbos sur le continent

Des centaines de demandeurs d’asile se sont rassemblés dimanche à l’entrée du camp surpeuplé de Moria, sur l’île de Lesbos, après avoir été informés du transfert imminent de 392 personnes vers la Grèce continentale, a constaté l’AFP.

Deux groupes de 142 et 250 personnes « vulnérables » devaient être transférés dimanche à bord de ferries de Lesbos, en mer Egée, vers le port du Pirée près d’Athènes, a-t-on appris de source policière locale.

Il s’agit du premier transfert massif de demandeurs d’asile du camp de Moria depuis le début du confinement imposé par le gouvernement grec le 23 mars pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Le dernier transfert massif avait eu lieu le 20 mars : 600 personnes avaient alors quitté les camps des îles, avant deux groupes moins nombreux quelques jours plus tard.

La surpopulation des camps installés sur cinq îles de la mer Egée, dont Lesbos, est un casse-tête pour le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis.

Au total, près de 37.000 personnes vivent dans des conditions épouvantables dans ces camps, dont la capacité n’est que de 6.200 places.

Surnommé « la jungle », le camp de Moria abrite 19.300 personnes, plus de six fois sa capacité.

Le plan de décongestionnement des camps a connu un nouveau retard après l’apparition de la pandémie et les mesures de restriction en vigueur jusqu’à lundi.

Outre les 392 personnes qui vont quitter Lesbos dimanche, 2.000 seront transférées graduellement dans les semaines à venir vers la Grèce continentale.

Au cours du premier trimestre, 10.000 personnes ont quitté les îles pour le continent, a récemment indiqué le ministre des Migrations et de l’Asile, Notis Mitarachi.

De nombreuses ONG de défense des droits de l’homme, dont Human Rights Watch, ont appelé le gouvernement grec à décongestionner « immédiatement » ces camps, craignant une crise sanitaire.

▻https://www.lalibre.be/international/europe/coronavirus-400-demandeurs-d-asile-transferes-de-l-ile-grecque-de-lesbos-sur