Una parte de las devoluciones se hace de forma oficial, pero otra sin avisar a las autoridades españolas y en menos de 20 minutos.
La gendarmería francesa está intensificando este verano sus controles en los pasos fronterizos con el País Vasco y el aumento de la presencia de patrullas ha cuadruplicado desde principios de año las cifras de migrantes, sobre todo subsaharianos, devueltos en tiempo récord a territorio español. Una parte de las devoluciones se hace de forma oficial y amparadas legalmente, al menos en el papel, en un acuerdo bilateral de readmisión, pero otra de manera extraoficial, en ocasiones en menos de 20 minutos y sin siquiera avisar a las autoridades españolas.
La fórmula francesa, justificada en el restablecimiento de los controles fronterizos vigente desde finales de 2015 tras el atentado en el teatro Bataclán, resulta un quebradero de cabeza a este lado de la frontera. La policía no tiene control de las expulsiones y las instituciones que amparan a los migrantes están desbordadas. Por cada persona devuelta con garantías hay más de diez rechazadas sin ellas. Ya son 3.200 subsaharianos que se han quedado atrapadosen Euskadi en su viaje hacia Europa y que han tenido que ser atendidos por entidades humanitarias, según el Gobierno vasco. Las readmisiones oficiales contempladas en un acuerdo entre Francia y España, de 2002, han sido apenas 411 desde enero. Del resto no hay registro oficial. “Es completamente ilegal, además de un abuso. Ya existe un protocolo para readmitirles más o menos garantista, pero este procedimiento incumple todas garantías”, critica un agente de la Brigada de Extranjería. Al Ministerio del Interior le consta el problema y la Comisaría General de Extranjería ya busca una solución con sus homólogos franceses, según una portavoz.
Los datos de devoluciones de años anteriores han puesto de manifiesto la deportación de potenciales refugiados que intentan llegar a países como Alemania o Reino Unido a través de la frontera sur. En 2014 y 2015, por ejemplo, España aceptó 407 sirios expulsados por Francia. “Uno de los fundamentos para una buena defensa es saber en qué procedimiento se encuentra la persona. Si no hay procedimiento no hay garantías. A los que llevan a la comisaría al menos se les da asistencia, a los otros los dejan en la calle”, denuncia el profesor de la Universidad del País Vasco, Iker Barbero.
La policía francesa se ampara en el restablecimiento de los controles fronterizos, vigente desde finales de 2015, para devolver a España a los migrantes, sin pasar por las autoridades españolas, a migrantes interceptados en los puntos de paso entre ambos países. Tras los atentados de noviembre de aquel año, el Francia recurrió al artículo 2.2 del Convenio de Schengen, que permite estos controles entre las fronteras entre Estados de la Unión Europea, “cuando el orden público o la seguridad nacional lo exigen”. Desde entonces ha prolongado varias veces esta medida, en principio, extraordinaria, que deja en suspenso labata apertura de las fronteras interiores de la UE y la libre circulación de personas.
A efectos prácticos, la policía francesa de fronteras puede verificar si la persona que entra en Francia dispone de los documentos válidos. Si a esta persona le falta algún documento, los agentes pueden impedirle la entrada en Francia. Las autoridades francesas no lo consideran una expulsión ni una devolución, sino una «no-admisión». Una fuente francesa que pidió el anonimato explicó que a estas personas se les suele entregar un papel con los motivos de la «no-admisión», pero no es necesario avisar a las autoridades españolas. Según denuncian, no solo las asociaciones humanitarias españolas, sino también alguna francesa como La Cimade, los gendarmes no discriminan entre adultos y menores, vayan o no acompañados.
Cuatro horas
Otra cosa ocurre cuando la persona que entra en Francia ya ha pisado territorio francés. Entonces, según la citada fuente, sí se aplica el acuerdo entre Francia y España. Este acuerdo estipula los procedimientos por los que un migrante de un tercer país puede ser devuelto al país vecino en el plazo de cuatro horas tras su entrada, y obliga a rellenar unos formularios y a avisar a las autoridades vecinas.
Varias ONG llevan años denunciando la prolongación de los controles fronterizos dentro de la UE. También señalan que la medida se usa para un fin distinto al que estaba previsto. “Mientras que el motivo invocado para poner en práctica este arsenal de controles en las fronteras es la lucha antiterrorista, está claro que el objetivo primero es limitar drásticamente la libertad de circulación de las personas migrantes dentro de la UE y en particular las que vienen de Italia, Grecia y España”, se quejaron en noviembre de 2017 tres asociaciones francesas de apoyo al migrante. La nota criticaba que los controles eran discriminatorios, basados en el color de la piel y el aspecto físico. Las tres asociaciones presentaron una demanda ante el Consejo de Estado francés, que validó el sistema actual.
